La causa abierta contra el juez Garzón por su instrucción de los crímenes del franquismo se ha convertido en un nuevo episodio de la politización de la justicia española y ha desatado una polémica irresponsable y sectaria. Infatigable, osado y a veces precipitado, Garzón tiene otras dos causas abiertas y, en su larga carrera –en la que ha combatido el terrorismo, el narcotráfico y ha encausado a Pinochet y a los verdugos de la dictadura argentina– ha incomodado a los partidos políticos: al psoe, con la investigación de los gal, y al pp, con la trama Gürtel. Al declararse competente para investigar el franquismo, realizó una interpretación efectista y discutible de la ley, pero no cometió una injusticia a sabiendas. El auto, que argumentaba que el régimen había cometido crímenes contra la humanidad sobre los que no se aplicaba la Ley de Amnistía, tenía algo de gesto de cara a la galería, como demuestra la petición de entrega de los certificados de defunción de Franco y 34 de sus generales, y esa lectura simbólica se ha extendido a todo el asunto. Los medios conservadores creen que Garzón se puso por encima de la ley; la izquierda ve una persecución de la extrema derecha y los enemigos de Garzón en la judicatura, con el apoyo moral del pp. Si El País decía tras la suspensión del magistrado: “El Supremo vence al juez de la democracia”, como si los otros fueran jueces de otra cosa, el abc titulaba su editorial “Garzón llegó a su destino”, y consideraba que su traslado al Tribunal Penal Internacional sería “una indignidad para España”.
El proceso ha dado una impresión de rigor extremo. El auto del juez progresista Varela era muy duro, y la apertura del juicio oral después de que Garzón pidiera el traslado al tpi fue poco elegante. La Fiscalía aconsejó archivar el proceso, y la querella contra el juez partió de dos asociaciones de extrema derecha, Manos Limpias y Falange Española. Es feo, pero si no se ilegalizó a Falange también hay que reconocer su derecho a presentar una querella. El pp –enfrentado con el juez por el caso Gürtel– apenas ha ocultado su alegría por la suspensión de Garzón, prueba de que “todos los españoles somos iguales ante la ley”, y ha insistido en su respeto a la independencia de la justicia. El argumento sería más convincente si no hubiera demandado a varios funcionarios que investigan la trama Gürtel. Y las declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana –“De momento, de los de la cacería, dos ya están fuera. Bermejo y Garzón”– tienen un inaceptable tono mafioso.
Desde la izquierda, muchos dicen que Garzón no ha caído por saltarse la Ley de Amnistía y asumir presuntamen-te competencias que no eran suyas, sino por luchar contra la barbarie: se convierte en el único hombre que se sienta en el banquillo a causa de la dictadura, en “la última víctima del franquismo”. Esa interpretación incorrecta se ha impuesto en manifestaciones ciudadanas a favor del juez, en asociaciones de defensa de los derechos humanos y en la prensa extranjera, que normalmente ha repetido lo que decían los medios españoles antes de que éstos reprodujeran alarmados sus palabras. El Gobierno ha recalcado su respeto al poder judicial y ha insistido en la presunción de inocencia, pero el ministro de Fomento ha denunciado la “campaña de acoso y derribo” contra Garzón, y el presidente del Congreso le escribió una carta pública ambigua y cursi. Otros han tenido menos sentido de estado y más propensión a la demagogia: el ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo acusó al Tribunal Supremo de convertirse en “instrumento de la actual expresión del fascismo” y dijo que la suspensión –exigida por la ley– “es el mayor golpe a la democracia desde el 23-f”. Sindicatos, escritores, cineastas y actores han apoyado al juez: para ugt el proceso es una “vergüenza histórica”, Saramago dijo que las lágrimas del magistrado eran también las suyas, Almodóvar apadrinó un encierro simbólico y Juan Diego Botto se preguntaba: “Cuando la justicia da cobertura a una dictadura a costa de negar auxilio a sus víctimas, cuando se actúa de espaldas a la voluntad de la mayoría, ¿qué Estado de derecho es éste? ¿Qué democracia es ésta?” Varios medios digitales reproducían una exhortación surrealista que circulaba vía sms, quizá para ganar la Guerra Civil en la prórroga: “Qué Franco no se vaya de rositas, pásalo”.
Esos disparates pueden deslegitimar las instituciones democráticas. La Ley de Amnistía –basada en una iniciativa del Partido Comunista– no fue una im-posición, ni la Transición una conspiración de miedo y silencio, sino un acuerdo para la convivencia: fue un compromiso imperfecto y unos cedieron más que otros, pero ha proporcionado el periodo de mayor libertad y felicidad de la historia de España. Al margen de la conveniencia de juzgar crímenes de hace 70 años, cuyos responsables murieron hace tiempo, ya existe una condena moral contra una rebelión ilegítima y sangrienta que precedió a una dictadura espantosa. Los familiares de las víctimas tienen derecho a enterrar a sus muertos, y hay leyes que lo reconocen. Sería una desgracia que la justicia española perdiera a Garzón, y condenarlo por prevaricación en un tema en el que no hay unanimidad entre los juristas sería excesivo, pero no se le juzga por investigar el franquismo, sino por su instrucción, y dentro de las reglas del Estado de Derecho que nos protegen a todos: en la justicia es esencial el respeto a la transparencia y las formas, y, como advertía Kundera, las metáforas pueden ser muy peligrosas. ~
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).
