Adela Micha recibió en el Congreso del Estado, en Xalapa, capital de Veracruz, un doctorado honoris causa de parte de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Un reconocimiento que premia su trayectoria periodística. Discutibles los elementos de la nota: la trayectoria periodística de la señorita Micha, que incluye labores de conducción en Big Brother y anuncios con pretensiones científicas de Cicatricure; discutible la calidad educativa de la UPAV, institución educativa creada por el gobierno de Javier Duarte, objeto de las miras legales de la SEP, que se planteaba, al menos hasta el mes pasado, entablar una demanda en su contra por operar sin permisos (llamada “fraude educativo y administrativo” por el periodista Luis Velázquez).
El hecho quedó opacado por un acto de menor envergadura pero infinitamente más sonoro: dos estudiantes de la Universidad Veracruzana, máxima casa de estudios del estado, arrojaron dos huevos contra la conductora que recibía el reconocimiento. Uno la golpeó en el hombro; otro se estrelló en el suelo. Interrumpida en su discurso, Micha atinó a lanzar un par de frases con pretensión de ingenio que arrancaron aplausos de los asistentes.
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Los responsables de la agresión –la palabra podría ir entrecomillada– huyeron: saltaron la barda del Congreso y corrieron con el fin de tomar un autobús y escapar. Los alcanzó el personal de seguridad del recinto y fueron trasladados al cuartel de San José donde, después de pagar 300 pesos de multa administrativa, fueron liberados. Declararon pertenecer al movimiento #YoSoy132, con lo que –suponían ellos– estaban justificando ideológicamente su acción.
Veracruz sabe de mordazas: de 2011 a la fecha, según datos del gobierno de Javier Duarte, nueve periodistas han muerto en circunstancias no esclarecidas. La escalada comenzó con un periodista de un medio pequeño: Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan, y los últimos fueron corresponsales de medios con presencia nacional: Báez Chino, de Milenio; y Regina Martínez Pérez, de Proceso. Con la última, la reverberación mediática fue notable: el gobierno de Veracruz invitó a dialogar a Julio Scherer y cientos de personas, en Xalapa, capital del estado, y otras ciudades del país, salieron a las calles a exigir justicia.
Por ello resulta doblemente estéril la acción de estos dos jóvenes inconformes: porque apunta a una presencia en los medios y a una institución educativa con nula credibilidad, dos figuras gastadas en las que sería difícil depositar algo de confianza objetiva; y porque ignora lo importante: las graves y auténticas heridas que ha sufrido la libertad de expresión –y con ello, la democracia– en un estado donde el asesinato de periodistas permanece impune. Ha sido la cruz que dio al traste con las promesas de quienes se adherían a #YoSoy132: han intentado boicotear la boda de Eugenio Derbez; han bajado del escenario a Yordi Rosado. En Veracruz, tal interés resulta particularmente patético: mientras los cadáveres de periodistas yacen esperando justicia y el crimen organizado y la corrupción ahogan al estado, dos supuestos miembros del movimiento causan molestias menores a integrantes del show business nacional.
Luis Reséndiz (Coatzacoalcos, 1988) es crítico de cine y ensayista.
