Ayer, en el periรณdico La Razรณn, Fernando Escalante Gonzalbo dio respuesta a mi texto publicado por Letras Libres sobre las bases de datos disponibles actualmente para contar homicidios en Mรฉxico. Antes de atender algunos de los puntos a los que Escalante se refiere, quisiera dejar en claro que mi texto no “arremetรญa” en contra del gobierno, sino que le exigรญa, como es mi derecho, informaciรณn transparente y accesible.
En efecto, la base de datos del INEGI permite desagregar las razones de muerte e incluso nos permite obtener la informaciรณn sociodemogrรกfica general de las vรญctimas. Sin embargo, es importante hace notar dos puntos. Por un lado, la base de datos del INEGI no naciรณ con la intenciรณn de documentar las consecuencias de la “guerra contra el narco” o de la actividad del crimen organizado. El mismo Adriรกn Franco, Director General Adjunto de Informaciรณn de Gobierno del INEGI, ha declarado que la base de datos de la instituciรณn no puede desagregar muertes asociadas con dichas estrategias. La forma como se captura la informaciรณn deriva de un certificado de muerte, donde solo se certifica la defunciรณn y causas de la misma, pero no pretende ni puede medir el fenรณmeno del crimen organizado ni el saldo de la estrategia del gobierno para enfrentarlo.
Por el otro lado, la desagregaciรณn de la informaciรณn sociodemogrรกfica de la vรญctima no satisface mi denuncia sobre que ninguna de las bases de datos existentes provee informaciรณn acerca de quiรฉn muere. Como tambiรฉn mencionรฉ en mi artรญculo, “para tener una mayor comprensiรณn del impacto de la violencia en la sociedad, necesitamos conocer mรกs sobre los niveles de victimizaciรณn civil”. Aรบn si conocemos el sexo, edad, escolaridad, ocupaciรณn, estado conyugal, etcรฉtera, de la vรญctima –salvo por aquellos que son parte de las fuerzas del orden– seguimos sin poder identificarlas como inocentes y por lo tanto, para las autoridades son fรกcilmente ‘criminalizables’. No obstante, los casos que los medios y la sociedad civil han documentado en los รบltimos 6 aรฑos sobre ciudadanos asesinados en fuegos cruzados, como resultado de extorsiones criminales, o incluso confundidos tanto por grupos criminales como por las mismas fuerzas del orden, no son escasos. Para lo segundo podrรญamos usar los datos de la CNDH sobre violaciones de derechos humanos, pero la victimizaciรณn civil en medio de enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas armadas sigue siendo una incรณgnita.
Sobre la desagregaciรณn de otros tipos de victimizaciรณn, retomo el atinado comentario de Alejandro Hope a mi texto: “En la base de datos del SNSP es posible obtener informaciรณn sobre lesiones (con desglose de culposa/dolosa y por tipo de arma: arma de fuego, arma blanca, otros), privaciรณn ilegal de la libertad (secuestro), extorsiรณn y amenazas”. Concuerdo con la observaciรณn y aprecio mucho la correcciรณn. Definitivamente la considero informaciรณn muy valiosa, pero enfatizo una vez mรกs algunos problemas. Primero, los datos de la SNSP se basan en denuncias y la cifra negra no es menor. De acuerdo con un estudio de CIDAC, “Nรบmeros Rojos del Sistema Penal”, el promedio nacional para 2010 de cifra negra fue de 83%. Basta ver el rubro de extorsiรณn para Coahuila en donde entre 2006 y marzo de 2009 no hubo un solo reporte. Segundo, el secuestro no es lo mismo que la desapariciรณn, un fenรณmeno que se ha multiplicado considerablemente en los รบltimos aรฑos en Mรฉxico y para el cual la base de la SNSP no resulta รบtil. Para los casos en los que las autoridades y fuerzas del orden estรกn involucradas, podrรญamos recurrir a las comisiones de derechos humanos, pero la cifra negra aquรญ tambiรฉn es enorme.
Para llenar el vacรญo de informaciรณn que representa la cifra negra, Hope seรฑala la posibilidad de considerar las encuestas de victimizaciรณn. Creo que serรญa un buen ejercicio complementar informaciรณn de tal manera, pero no estoy segura de que eso sea a lo que debamos aspirar. Aquรญ regreso al comentario de Escalante sobre que “a falta de otra cosa, periodistas, consultores, acadรฉmicos, se quedan con lo que les dice la intuiciรณn, es decir, interpretaciones aproximativas, impresionistas, mรกs o menos verosรญmiles, pero imposibles de verificar –cรณmodas, a la medida de cualquier hipรณtesis.” En un fenรณmeno tan complejo y tan preocupante como es la violencia actual en Mรฉxico no podemos conformarnos con aproximaciones. La preocupaciรณn de Escalante deberรญa ser compartida por todos los mexicanos, incluido el gobierno. Si mรกs de 60,000 personas han muerto, necesitamos darle su debida dimensiรณn al fenรณmeno, exigir una verdadera rendiciรณn de cuentas al respecto que no se base en meras aproximaciones periodรญsticas o acadรฉmicas. Mรกs aรบn, si la guerra contra el narcotrรกfico fue una prioridad para el gobierno federal, este deberรญa proveer informaciรณn actualizada y detallada al respecto. No obstante, como lo seรฑalรฉ en mi texto anterior, la “Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada” que en su momento parecรญa ser la fuente principal para entender mejor el fenรณmeno ya no serรก actualizada y resultรณ ser solamente un ‘experimento de transparencia’.
Escalante pregunta si la base del SNSP reporta homicidios de mรกs o de menos. El grรกfico de mi texto claramente ilustra que entre 1997 y 2007, el SNSP registra un mayor nรบmero de homicidios que la base de INEGI. Curiosamente, a partir de 2008, INEGI registra un mayor nรบmero de homicidios. La base de datos del gobierno federal siempre se mantuvo a la baja en comparaciรณn a estas otras dos bases. Otros trabajos han evidenciado esta misma tendencia. Esta es una relaciรณn esperada dado que, como ya he discutido, cada base tiene diferentes fuentes de informaciรณn. INEGI se basa en certificados de defunciรณn. El SNSP se basa en denuncias, las cuales tienen una enorme cifra negra detrรกs que probablemente crece en medio de un contexto violento que frena aรบn mรกs a los ciudadanos a denunciar. La base del gobierno federal en teorรญa buscaba medir el fenรณmeno de crimen organizado en particular a partir de reportes de diferentes instancias gubernamentales.
Quisiera seรฑalar tambiรฉn que ni siquiera con la desagregaciรณn de las bases del INEGI o del SNSP podemos tener una nociรณn clara del fenรณmeno de desplazamiento. Algunos investigadores han hecho el esfuerzo de hacer aproximaciones basados en flujos migratorios inesperados calculados por CONAPO, pero no conocemos con precisiรณn la dimensiรณn de estos flujos. No es un asunto menor. Hay miles de familias que han tenido que empezar de cero su vida, en un lugar nuevo, con las dificultades que eso conlleva, debido a condiciones de violencia extremas en sus lugares de origen, varios de ellos amenazados por extorsiones que no pueden pagar por mรกs tiempo. Muchos de quienes se quedan lo han hecho debido a que no tienen la oportunidad de salir, viviendo en condiciones que igualmente van en detrimento. El caso de Colombia podrรญa enseรฑarnos mucho. Al igual que aquรญ, ha habido grandes desacuerdos por la cifra de desplazados, pero el trabajo de la sociedad civil colombiana ha sido sumamente importante en el camino hacia conteos mรกs realistas y fidedignos.
Honestamente, me alegra que el tema se discuta. Agradezco la atenciรณn de Fernando Escalante. Esta discusiรณn sรณlo puede enriquecer nuestro ejercicio democrรกtico de disentir, asรญ como nuestras mediciones de un fenรณmeno tan complejo como es la violencia actual en Mรฉxico. Siempre resultarรก mรกs importante debatir sobre estos contenidos que sobre nuestras credenciales o grados acadรฉmicos.
Es doctora en Ciencia Polรญtica por la Universidad de Duke e investigadora visitante en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame.
