La teoría establece que existen dos principales alternativas para que el Estado combata las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. La primera (y tradicionalmente la más utilizada) es la “decapitación”. Esta estrategia busca detener o eliminar a los líderes de los cárteles con el objetivo de que una vez removida la cabeza, la organización se desmorone. El problema con emplear esta estrategia es que remover la cabeza da lugar a dos opciones: a que sea remplazado rápidamente por un miembro del segundo escalafón de la organización para continuar operando, o a una disputa por encabezar la organización que genere divisiones que culminan en una espiral de violencia y escisiones que den pie a nuevas organizaciones criminales.

La segunda estrategia implica golpear no solo la cabeza de la organización sino también a los niveles subsecuentes para, por un lado, debilitar la capacidad de seguir operando y reducir el tamaño y capacidad de las posibles organizaciones escindidas. El objetivo último es reducir el tamaño de las organizaciones a niveles locales para hacerlas susceptibles de ser enfrentadas por las autoridades estatales y locales.

El problema de la teoría es que llevarla a la práctica no es nada sencillo y los resultados esperados no siempre son los que se obtienen. En el caso de México, son varios los factores que han impedido llegar a resultados exitosos. Algunos de los más importantes son: brutalidad de las organizaciones criminales para amedrentar a las organizaciones rivales, a las fuerzas del orden y, sobre todo, a la población; uso de nuevas tácticas de las organizaciones criminales; acaparamiento de todas las actividades ilegales en los territorios que controlan (secuestro, extorsión y piratería, entre otros); marco legal e institucional en proceso de adecuación y debilidad de las autoridades estatales y municipales para enfrentar delitos del orden común.

Aun cuando los obstáculos son importantes, podemos ver algunos avances que dan cuenta de que el Gobierno Federal ha intentado emplear la segunda estrategia. Tres ejemplos:

1) En diciembre de 2010 la Policía Federal abatió a Nazario Moreno González, líder operativo y espiritual de La Familia Michoacana. Su sucesión desató una disputa por el liderazgo de esta organización entre Jesús Méndez Vargas  y Servando Gómez Martínez  que culminó con la detención del primero en junio de 2011. Si bien esta organización criminal continua operando, ambos golpes parecen haber afectado de manera importante su capacidad operativa y se ha visto obligada a realizar alianzas con otras organizaciones (Sinaloa y Golfo) para continuar operando.

2) El fallecimiento de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009 dio lugar a una disputa por el liderazgo de la organización Beltrán Leyva entre Héctor Beltrán Leyva (el último de los hermanos en libertad), Sergio Villarreal y Edgar Valdez. Dado que Valdez y Villareal fueron detenidos por las fuerzas federales en agosto y septiembre de 2010 respectivamente, Héctor Beltrán tomó el liderazgo de la organización, le cambio el nombre a Cártel del Pacífico Sur y logró que las personas que operaban bajo las órdenes de Valdez continuaran trabajando para él. Sin embargo, su detención (así como la de Gerardo Álvarez Vázquez) dio lugar a divisiones al interior de la organización. De estas divisiones  surgieron La Mano con Ojos y el Cartel Independiente de Acapulco y aun cuando ambas organizaciones son muy peligrosas, su capacidad operativa pareciera ser más de corte local. La Mano con Ojos está siendo combatida por las autoridades del Estado de México y el del Distrito Federal, mientras que el Cartel Independiente de Acapulco ha recibido golpes de la Policía Federal.

3) En Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha efectuado detenciones en contra de las células de los Zetas, que si bien no son determinantes en el combate global a la organización, si muestra un interés poco visto por parte de autoridades locales por enfrentar a estas organizaciones. Por otra parte, en Tijuana la policía municipal ha comenzado a dar algunos resultados en materia de seguridad (con acusaciones por abuso de derechos humanos), que combinados a los esfuerzos de las fuerzas federales -pero sobre todo de los ciudadanos por recuperar sus espacios- han llevado a que la gente en aquella ciudad fronteriza comience a sentirse un poco más segura.

Claramente esta estrategia tiene una debilidad: supone que las autoridades de los estados y municipios tienen tanto la capacidad como el interés constante de atacar los delitos del orden local (homicidios, secuestro, extorsión o robo). Suposiciones que sin duda están bastante alejadas de la realidad. De acuerdo con datos proporcionados por Eduardo Guerrero, para el periodo 2007-2009 estados como Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Durango y Tamaulipas registraron incrementos nulos o casi nulos en el estado de fuerza de la policía estatal. Por otro lado, de acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en relación a los avances en los procesos de Control de Confianza de Autoridades Estatales podemos ver que a casi tres años de haber acordado la certificación policial aún existen 25% de altos mandos estatales por ser certificadas por este tipo de procesos y que existen estados con nulos o reducidos avances en este tipo de certificaciones. En materia de extorsión y secuestro, los compromisos adquiridos por las autoridades estatales para combatir estos delitos son, por decir lo menos, pobres.

Así, aun cuando parecería que podemos vislumbrar un rumbo en la estrategia contra las organizaciones del narcotráfico, de ser este el objetivo planteado por las autoridades federales, será fundamental que las autoridades estatales y locales aceleren los procesos para fortalecer a sus policías y procuradurías. Tienen que ponerse a hacer su “chamba” cuanto antes. Continuar evadiendo esa responsabilidad, prolongará el miedo e inseguridad que sentimos los ciudadanos.