En lo que va de este siglo hemos sido testigos de un cambio profundo en la manera de ejercer el poder a nivel mundial. En escenarios tan dispares como Estados Unidos, Rusia, China y Europa central han emergido líderes cuya retórica y estilo de gobierno se han caracterizado por un autoritarismo creciente y un populismo que, en muchos casos, desafía las estructuras democráticas tradicionales.

La figura de Donald Trump, con su “Estados Unidos primero” y una comunicación directa y polémica; la mano dura de Vladímir Putin en Rusia, que ha permitido la concentración del poder y la limitación de las libertades; el control absoluto de Xi Jinping en China, que ha eliminado barreras institucionales en nombre del desarrollo y la estabilidad; y la “democracia iliberal” promovida por Viktor Orbán en Hungría, que ha erosionado los contrapesos esenciales de un sistema plural, son ejemplos paradigmáticos de este fenómeno global.

Ante este panorama de deterioro de la democracia, surge la interrogante sobre si México ha caído ya en la esfera de estos regímenes autoritarios y populistas, y si, a la vez, debemos preocuparnos por tener de vecino a un Trump en una versión aún más peligrosa que la que se conoció en su primer cuatrienio en la Casa Blanca.

Para responder a estas preguntas resulta indispensable analizar tanto las características del modelo de gobierno que se ha instaurado en México en los últimos años como la naturaleza de la amenaza que representaría la vecindad con un régimen ultradivergente y agresivo en términos internacionales.

El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ha sido objeto de intensos debates en torno de la concentración del poder y la forma en que se han manejado los recursos y las instituciones del Estado. Por un lado, la llegada de AMLO representó para muchos mexicanos una respuesta a la insatisfacción con un sistema percibido como corrupto y distante de las necesidades del pueblo.

Su discurso, en ocasiones simplista y cargado de un tono antiestablishment, se apoyó en un relato que dividía a los gobernados entre “la gente honesta” y “la élite corrupta”, lo cual se asemeja a la narrativa populista observada en otros contextos. En el último tramo de su sexenio, López Obrador arremetió contra instituciones autónomas creadas al calor de la democratización que se inició a finales del siglo pasado, ya sea neutralizándolas, infiltrándolas, alterándolas o desapareciéndolas. Con ello y con el sometimiento del poder legislativo y una reforma judicial que amenaza con capturar también al judicial, el tabasqueño transformó la estructura de mando federal para hacerla girar en torno del ejecutivo y eliminar la descentralización y el sistema de pesos y contrapesos que se había construido, tesoneramente, durante tres décadas.

Para realizar su proyecto, se granjeó el apoyo de la gente mediante un discurso revanchista –que se escuchaba todos los días en sus conferencias mañaneras– contra los grupos que habían dominado hasta entonces la política y la discusión nacionales, haciendo a estos responsables de la desigualdad social, así como un programa creciente de subsidios que repartió centenares de miles de millones de pesos entre la población a lo largo de su sexenio, creando, de paso, un gran déficit en las finanzas públicas.

Un apoyo fundamental para afincar la idea de poder de López Obrador fueron las estructuras militares existentes cuando tomó el mando –el Ejército y la Marina–, a las que agregó la suya propia –la Guardia Nacional– como contrapeso. Aseguró su lealtad con la “transformación” sacándolas de los cuarteles, en un proceso a la inversa de lo que ocurrió en las décadas posteriores a la Revolución mexicana, y haciéndolas partícipes del reparto del erario mediante su involucramiento en grandes obras públicas.

Sin embargo, en la comparación con otras formas de concentración del poder en el mundo, es importante matizar que, si bien el nuevo régimen mexicano tiene varias características autoritarias –como la tendencia a centralizar decisiones, la personalización del liderazgo, el debilitamiento sobre la supervisión del gasto público y un control férreo de la información generada por el gobierno–, México sigue contando con libertades heredadas de la larga lucha por la democracia, incluso más amplias que las que existieron durante el período en que gobernó el pri como partido hegemónico.

La más importante entre ellas es la de expresión. Cuando me preguntaban, durante el sexenio de López Obrador, si me preocupaba ser señalado por el presidente en la conferencia mañanera, yo respondía que hago periodismo desde el sexenio de Miguel de la Madrid y que, con todo y la recentralización del poder que ha llevado a cabo la autodenominada Cuarta Transformación, existe mayor espacio para la crítica que la que había entonces.

Lo mismo se puede decir de la acción de la sociedad civil. Es cierto que muchas organizaciones no gubernamentales se han desarticulado a partir de 2018, ya sea por campañas agresivas del oficialismo en su contra, destinadas a secar su financiamiento, o porque el gobierno les ha arrebatado las tareas que realizaban –con un supuesto propósito de “atender directamente” a la población–, pero también es verdad que otras siguen operando como lo hacían antes de la llegada de Morena a la presidencia.

Los medios y los grupos de la sociedad civil organizada sin duda actúan como salvaguarda ante una deriva total hacia el autoritarismo. Quizá la pregunta sea ¿hasta cuándo? Si el régimen intenta restringir legalmente las libertades de que gozan unos y otros, o si lo hacen poderes fácticos como el crimen organizado –aún más de lo que lo ha hecho, pues ya ha matado a medio centenar de periodistas y otros tantos defensores de derechos humanos de 2018 a la fecha–, entonces tendríamos que hablar de una democracia socavada que nos acercaría a la realidad de países donde el reparto del poder es un espejismo.

El papel del crimen organizado es especialmente inquietante. Ante la inacción de la autoridad durante el sexenio de López Obrador, la delincuencia erosionó e infiltró las estructuras de poder formal en amplias franjas del país y carcomió el tejido social. Al lucrativo negocio de las drogas agregó el robo de combustible y la extorsión como giros de su actividad ilícita. Esta se volvió tan incontrolable, que no se puede descartar que futuras formas de gobierno en México puedan tomar un rumbo represivo, probablemente aplaudidas por los ciudadanos ante la desesperación de ver en riesgo sus vidas y su patrimonio.

Pero hasta ahora, aunque se advierten riesgos en la concentración del poder, la situación mexicana no alcanza, en la actualidad, el nivel de coerción y control absoluto que se observa en otros países donde el autoritarismo se ha instalado de manera más tajante.

Comparativamente, el régimen de Putin en Rusia, por ejemplo, ha permitido la eliminación progresiva de la oposición y el debilitamiento de cualquier contrapoder, mientras que en China la cancelación de los límites de mandato y la censura implacable han generado un control casi total sobre la sociedad. Por su parte, el modelo orbanista en Hungría se caracteriza por un nacionalismo que subvierte la independencia de las instituciones y rebaja la importancia de la pluralidad política. En contraste, el modelo mexicano, a pesar de sus vulnerabilidades, mantiene la alternancia política en ciertos niveles y sigue contando con espacios de debate y crítica, lo cual es fundamental para evitar una transformación irreversible hacia el autoritarismo.

También está por verse si la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo ascenso al poder fue parte sustancial del proyecto lopezobradorista, logra en el largo plazo reproducir el estilo de su predecesor y si se mantiene la alianza política que ha existido entre ambos o si, por el contrario, esta se deshace ante el impacto de las complicadas condiciones económicas que heredó y que, al momento de escribir estas líneas, parecen alineadas para generar una importante contracción de la actividad productiva y en el mercado interno.

La segunda interrogante –si debe preocuparnos tener de vecino a un Trump en una versión más peligrosa que la vista durante su primer cuatrienio– invita a una reflexión sobre la relación entre México y Estados Unidos y las implicaciones de contar con un régimen ultrapopulista en el país vecino.

Durante el primer mandato de Trump, su política de confrontación y su retórica incendiaria generaron tensiones en la frontera, alterando las relaciones en ámbitos como el comercio, la seguridad migratoria y la cooperación bilateral. Si bien esas medidas provocaron reacciones intensas tanto en Estados Unidos como en México, el sistema de pesos y contrapesos y la solidez de las instituciones estadounidenses lograron, en última instancia, limitar el alcance de una transformación radical del modelo democrático.

Su regreso a la Casa Blanca, que apenas se inició el 20 de enero de 2025, se perfila como un escenario en el que su modelo populista se intensifica y se vuelve más autoritario, despojando progresivamente a las instituciones de su capacidad de autocorrección. En ese contexto, las políticas podrían volverse aún más impredecibles y agresivas, generando un ambiente de mayor tensión en la frontera y aumentando la incertidumbre en áreas clave como la economía y la seguridad.

El avance de la versión más peligrosa de Trump implicaría no solo la intensificación de la retórica nacionalista –que seguramente encontraría su reflejo en el lado opuesto de la frontera–, sino también un posible debilitamiento de los mecanismos internos de control que, en su caso, han permitido una cierta estabilidad democrática. Esto, a su vez, podría traducirse en políticas de corte proteccionista y en una mayor confrontación en temas transfronterizos, afectando la vida cotidiana de millones de mexicanos y deteriorando aún más una relación que, pese a sus diferencias, se basa en la interdependencia. ~