Cultura
Al inicio de su gestión el nuevo titular del Consejo para la Cultura y las Artes, Sergio Vela, advirtió que no presentaría de inmediato un proyecto. Primero realizaría un diagnóstico de las instituciones culturales. Pasados algunos meses y luego pasados nueve meses, algunos creadores de renombre, sobresaliendo Víctor Hugo Rascón Banda (dramaturgo y también director de la Sogem) y Gabriel Pascal (escenógrafo), reclamaron en la prensa conocer su proyecto.
Pero el titular de Conaculta no había llegado a un diagnóstico y la comunidad cultural espera todavía su proyecto –con una expectativa naturalmente crecida.
Las razones de la impaciencia no son menores. Vivimos una crisis de la Cultura mexicana definida por la coexistencia de varios factores contradictorios. Gracias a las buenas y gratuitas escuelas de artes y a un abanico considerable de becas, herencia de los años noventa unas y otras, hoy la generación más grande numéricamente de artistas está creando en México. Al mismo tiempo, debido a los muy estrechos canales de distribución y a la lamentable desaparición desde los años sesenta del siglo pasado de la educación artística en las escuelas y la escuálida educación artística para adultos en las casas de cultura del país, los públicos de las artes siguen achicándose.
Muchos artistas rodeados de una población mayormente ajena a las artes. Mucho arte que llega a muy pocos. Por tanto, mucho arte irrelevante socialmente –salvo los casos de excepción.
Como en cada área de la vida ciudadana, lo que falta en Cultura hoy es una transición decidida a la democracia. Lo que en Cultura significa el desarrollo de empresas y organizaciones civiles independientes: que sean los ciudadanos los que hagan el arte y los que lo lleven a los otros ciudadanos.
Cabe en una frase la descripción, pero la comunidad artística sabe por ahora que esto no ocurrirá sino a través de un proceso que sólo puede avanzar con la rectoría de un gobierno (¿éste?, ¿otro?, ¿alguno futuro?). Así lo demuestra la experiencia en otros países que transitaron a una democracia cultural recientemente, así lo demuestra la sofocante lucha cotidiana por la sobrevivencia de nuestras escasas empresas culturales actuales y así lo demuestra, por fin y para reiterarlo, el ininterrumpido encogimiento de públicos de las artes que este año prosiguió.
En fin, en este año de espera y reclamos de acción, las instituciones culturales siguieron trabajando con su inercia consabida. Algunas novedades animaron sin embargo el ambiente. El continuado aumento de ventas del Fondo de Cultura Económica y las nuevas librerías que construye en algunas ciudades del país y de otros países de habla hispana. La renovación casi completa de la programación del canal de televisión estatal, el Canal 22. El Fórum de Monterrey, que, más allá de críticas muy pertinentes, significó un aumento de flujos y reflujos creativos en esa ciudad norteña. La aprobación del llamado “226 para el cine”, un estímulo fiscal puesto en uso desde el último año del sexenio anterior, que está permitiendo elevar a cincuenta películas la producción de cada año.
Para cerrar esta nota me pareció importante preguntarle al titular de Conaculta de viva voz cuánto más habremos de esperar el nuevo Plan de Cultura del sexenio. Sergio Vela respondió, de nueva vuelta, que no existe fecha determinada, pero explicó que él mismo espera la fecha que debe ser marcada por el gobierno federal.
Sin embargo sí adelantó los tres ejes del plan que ya está formulando.
1. Una reforma jurídica y administrativa de las instituciones culturales. 2. La renovación de la infraestructura cultural existente. (Lo que, advierte Sergio Vela, requerirá un apoyo extraordinario del gobierno federal.) 3. Y la vinculación entre el sector civil y las artes mediante nuevos mecanismos de mecenazgo, donaciones e inversiones. ~
– Sabina Berman
Estilo personal
El huracán Dean dejó un reguero de muertos en su paso por el Caribe el pasado mes de agosto. En cambio, en la península de Yucatán, a la que el meteoro azotó con vientos de más de doscientos kilómetros por hora el día 21 de aquel mes, el saldo fue blanco. El operativo de protección civil instrumentado desde el gobierno federal había funcionado. Por ello, en el programa Atando Cabos, de Denise Maerker, quisimos entrevistar a the master mind, el funcionario que había ideado tan exitoso plan. “Ya sabes quién fue.” En la respuesta de Los Pinos venía implícita la negativa a nuestra petición: ni modo que el presidente de la República saliera en persona a dar los detalles.
La buena noticia es que el presidente está en efecto en todo. La mala: ese todo es mucho más grande que el sentido de responsabilidad que supuestamente lleva a Felipe Calderón a querer revisar los detalles de cuanta situación surge. Es incluso más grande, por supuesto, que esa extensión de sí mismo en que ha convertido a su equipo en Los Pinos. Y la pésima noticia es que ese afán acarrea efectos contraproducentes: el más visible es tener un gabinete que carece en términos generales de luz propia, donde destaca por su calidad de ornato el secretario de Gobernación.
Así opera Calderón, es el control freak de siempre. Pero también es el pragmático de siempre. En estos primeros doce meses de gobierno, es clara la apuesta de privilegiar el avance, por más pequeño que resulte y así sea a costa de congelar los principios.
Es difícil juzgar si eso, per se, es malo. De hecho, parece una buena estrategia luego de seis años de fallidas negociaciones entre el foxismo y el PRI. Calderón ha sabido aliarse con personajes antagónicos como Elba Esther Gordillo y el tricolor, y ahora puede presumir que es su agenda la que prima en el debate nacional, incluidas algunas reformas legislativas.
Pero si ha logrado eso, qué es lo que Calderón ha ofrecido a cambio: ¿Impunidad para Ulises Ruiz, pacífica convivencia con Mario Marín, complacencia ante los manejos discrecionales de Elba Esther, tolerancia a los escándalos del ex presidente Fox y su familia política, permanencia del statu quo que privilegia a los grandes monopolios? En otras palabras, ¿dejar de lado su historia personal de panista contra ese sistema que era representado, precisamente, por muchos de los que hoy son sus aliados?
Tras un año de amasiato con los priistas, la cuestión es si Calderón logrará luego, para decirlo en palabras usadas cuando se cuestiona la labor del Ejército en el combate a la delincuencia, regresar el pri a su cuartel y despojar a Elba Esther de sus privilegios. Si quieren desbaratar esta especie de cogobierno, los azules tendrían que ganar aplastantemente las legislativas en 2009, lo que parece imposible si vemos los recientes resultados electorales, en los que los gobernadores priistas han dejado sentir que dominan jugando de locales.
Además del poder de su equipo (Juan Camilo Mouriño se ha dado el lujo de reprender al procurador delante de periodistas) y de las alianzas sin rubores, el primer año de Calderón también muestra a un presidente más sobrio en su actuar que su antecesor (lo cual no era tan difícil), con cierta nostalgia de formatos del pasado (el llamado Informe de Gobierno fue típicamente setentero y preocupantemente autocomplaciente) y cuyo arrojo ha sepultado la imagen de un Ejecutivo paralizado.
Calderón no mintió cuando en la campaña dijo que sabría negociar y que tenía el carácter necesario para enfrentar los problemas. Pero hoy no es claro si podrá deshacerse del apoyo priista para acelerar en algunas agendas que uno podría esperar de un panista clásico. O si en cambio se conformará con ser un presidente continuista, logrando avances que siempre supondrán enormes facturas de impunidad hacia el PRI, Elba Esther, los monopolios… Si terminará siendo un presidente de pequeños avances sustanciales y, justo es reconocerlo, grandes despliegues de reacción ante catástrofes naturales; pero incapaz de construir nuevas realidades políticas. ~
– Salvador Camarena
Economía
Felipe Calderón recibió una economía caracterizada por el deficiente marco institucional en que se desenvuelven los diferentes mercados debido, en gran medida, a una ineficiente y excesiva regulación, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Esto implica que los costos de transacción a los cuales se enfrentan los agentes económicos, empresas e individuos, son relativamente elevados; el resultado ha sido una tasa de crecimiento económico notablemente baja y, en consecuencia, menor crecimiento del empleo formal y de los salarios reales, así como menores posibilidades de abatir la pobreza. Aunado a lo anterior, el gobierno se enfrenta a una “precariedad fiscal” derivada de la baja carga tributaria, la alta dependencia de los ingresos petroleros y diversos compromisos ineludibles de gasto como las pensiones de los empleados públicos y las transferencias federales a los estados y municipios.
El problema fiscal se ha tratado de resolver con dos medidas, que, aunque importantes, no atacan a fondo el problema estructural de las finanzas públicas. La primera es la reforma de las pensiones del ISSSTE con un esquema similar al que rige para los empleados del sector privado bajo el sistema de las afores. La segunda es la reforma que introdujo el Impuesto Empresarial a Tasa Única. Ésta, sin embargo, no resuelve la debilidad tributaria ya que no atiende la necesidad de pasar de un sistema basado en impuestos al ingreso a uno sustentado en impuestos al consumo homogeneizando el IVA.
El primer problema, que es la principal causa del mediocre desempeño de la economía, ha recibido muy poca atención, al menos en los hechos. Para que la economía crezca a tasas elevadas y sostenidas, se necesita de un marco legal y regulatorio que minimice los costos de transacción, garantizando la existencia de mercados competitivos, tanto de bienes como de factores de la producción. Y es en esto en lo que se ha avanzado muy poco.
La economía mexicana está excesiva e ineficientemente regulada, lo cual impone altos costos sobre prácticamente cualquier actividad, además de establecer significativas barreras de entrada a los mercados, tanto para productores como para consumidores, y genera, por consecuencia, una asignación ineficiente de recursos, así como una muy baja productividad de los factores de la producción. Adicionalmente, la excesiva regulación genera una incidencia en la corrupción por parte de los tres niveles de gobierno, lo que desincentiva la inversión privada, nacional y extranjera. Por otro lado, hay importantes sectores de la economía en donde imperan los monopolios y las prácticas monopólicas, tanto gubernamentales como privadas; destacan los sectores de energía y telecomunicaciones, generando no sólo un menor bienestar de los consumidores, sino también una menor tasa de inversión en la economía y una menor competitividad de las empresas mexicanas frente a las extranjeras.
Vencer la resistencia de aquellos que se oponen a modificar el marco institucional porque se benefician del statu quo ineficiente (burócratas, sindicatos y empresas) y hacer a la economía más eficiente es el reto más importante que tendrá en los próximos años el gobierno de Calderón. No atenderlo implicará que la economía siga sumida en una dinámica con una muy baja tasa de crecimiento económico. ~
– Isaac Katz
Izquierda
El 3 de julio de 2006 y el 2 de diciembre de ese año, eran muchos los que aventuraban que en el gobierno de Felipe Calderón se viviría una “guerra sin cuartel” entre la derecha gobernante y una izquierda mexicana que se decía despojada del poder. A casi diecisiete meses de esa elección y a doce meses de iniciado el nuevo gobierno, la “guerra” nunca llegó. En cambio la izquierda partidista caminó junto con la derecha –y con el PRI– para hacer posible una controvertida e impensable reforma electoral cuyos ganadores resultaron ser los opositores al gobierno de la derecha.
Las primeras señales de que la confrontación entre la derecha y la izquierda no sería como muchos imaginaron se dieron desde los días siguientes de julio de ese 2006, cuando los estrategas del candidato derrotado no lograron documentar jurídicamente las supuestas irregularidades. El “voto por voto y casilla por casilla”, que pregonaron como grito de guerra, era inoperante para la propia izquierda. Desde ese momento quedó claro que no habría la guerra anunciada y que, en cambio, se abriría paso la realidad política y del poder. Vinieron escaramuzas que hicieron creer a muchos que Calderón no tomaría posesión; los no menos ociosos jaloneos en torno al Informe de Gobierno y al Grito de Independencia, sin olvidar los obstáculos colocados a la reforma a la Ley del ISSSTE y a la fiscal.
En todos los casos se impusieron las dos variables fundamentales de la política: la realidad y el poder. Y es que, al conformarse los nuevos poderes Ejecutivo y Legislativo, la realidad política y el nuevo reparto del poder desactivaron por completo la guerra anunciada. El PAN mantuvo el poder presidencial, el PRI cayó al tercer lugar, pero en el Congreso se convirtió en el “fiel de la balanza”, mientras que la izquierda, derrotada en su afán presidencial, alcanzó una histórica victoria en el Congreso.
En el sexenio previo –2000-2006–, el PRD había sufrido su más notable mutación, que lo llevó del liderazgo fuerte y vertical de Cárdenas, afianzado a sus raíces fundacionales, al de Andrés Manuel López Obrador, no menos sólido y aplomado, pero marcado por una contradicción con su origen; López Obrador pactó con un sector del PRI que en 1988 combatió al PRD.
Pero el PRD sufrió otro cambio espectacular cuando los sometidos “Chuchos” amanecieron como los grandes ganadores de julio de 2006. Así, desde el Congreso no hicieron más que poner en práctica la política de negociaciones y acuerdos que en su momento, desde que eran presidentes del PAN y el PRD de manera simultánea, ejecutaron Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, viejos conocidos desde que los dos fueron actores centrales en la gran reforma electoral de 1996. Calderón y un sector del PRD reeditaron esos acuerdos y pactaron la nueva reforma electoral. Y con ello desactivaron la guerra. ~
– Ricardo Alemán
Seguridad
En once meses hemos vivido grandes acciones antinarco: 86 extraditados a Estados Unidos, decomisos de cocaína por 105,000,000 de dosis, decenas de toneladas de anfetaminas y precursores aseguradas, más de 250,000,000 de dólares confiscados. Ha habido coordinación con agencias estadounidenses y capitalización de la información que generan. El Ejército y la Policía Federal han mejorado su inteligencia. Se ha detenido a importantes cabezas del narco.
En contra, ningún detenido es capo di tutti capi y poco se ha hecho para combatir secuestros, pedofilia, explotación sexual e infantil, robo de autos e infantes, tráfico de indocumentados y armas.
Se ha hecho mucho en seguridad y justicia contra el narco y muy poco para combatir otros delitos y mejorar la impartición de justicia. Lanzar toda la artillería a aquella lucha abre otros huecos. La guerrilla resurge. Tijuana sigue asolada por los secuestros. Fotos de niños desaparecidos circulan en internet. Prostitutas menores de edad en La Merced. Exportamos miles de indocumentados. La delincuencia y la inseguridad persisten y la falta de justicia prevalece; la impunidad está al 98%. Hay violencia y homicidios in crescendo. México hoy es país de consumo, no de tráfico de drogas, maldita herencia foxiana. El gobierno declara la guerra al narco, apoyado en una campaña mediática que legitima al presidente y consume recursos humanos, económicos y de inteligencia que podrían emplearse para combatir otros delitos.
Se deja a las autoridades estatales el combate a casi todos los delitos que no involucren al narcotráfico y armas de alto poder. Se les entregan recursos federales pero no se les exigen resultados a cambio. El estado que quiere cumple con el Sistema Nacional de Seguridad y el que no, no. Incongruencias.
Se avanza sentando bases para el futuro con acciones de prevención de delitos como “Escuela Segura” y “Rescate de Espacios Públicos”; con capacitación y especialización a ministerios públicos y policías federales y estatales; con el desarrollo de un nuevo modelo de readaptación social en el penal de Islas Marías. Acciones trascendentes.
Se puede lograr mucho apoyando campañas de cultura de la legalidad (México Unido Contra la Delincuencia), contra la violencia intrafamiliar y de género; con apoyo franco a los juicios orales; impulsando la autonomía real del Ministerio Público y acabando con su monopolio en el ejercicio de la acción penal; formando jueces de instrucción, de sentencia y recursos procesales que acorten juicios; brindando protección real a las víctimas y facilitando las denuncias; fomentando más la justicia alternativa; impulsando un Código Penal Nacional Tipo que reduzca la prisión preventiva; creando un nuevo modelo de readaptación social que funcione; con un nuevo modelo de reclutamiento y evaluación de personal en las áreas de seguridad y justicia, no sólo de policía; rindiendo cuentas públicas de la ineficiencia en seguridad e impartición de justicia y aceptando la fiscalización ciudadana real; y estableciendo compromisos de reducción de los índices delictivos.
Se ha hecho mucho, pero falta más, e incluir para ello a los tres Poderes de la Unión. ~
– Eduardo Joaquín
Gallo y Tello
Reforma Fiscal
En el contexto del avance de la Reestructuración Económica Integral (REI), realizada durante los cuatro sexenios previos al actual (tres priistas y un panista, 1982-2006), la reciente Reforma Fiscal, al inicio del sexenio de Calderón (RFC), puede verse como la adición de una pieza faltante, que había quedado pendiente desde el gran logro del equilibrio fiscal, con una de las primeras reformas de la REI, de mediados de los ochenta, que limitó el gasto al ingreso, pero no reformó significativa e incrementalmente el ingreso.
Puede verse, también, como el reinicio del proceso de modernización económica, que la REI significa, y que avanzó paso a paso, hasta acabalar una media docena de grandes reformas durante los tres sexenios priistas, pero se estancó durante el foxista, con el arribo de la alternancia democrática. Fox fracasó en el Congreso en su intento de completar la Reforma Fiscal.
Aquí debe recordarse que la REI se inició con la debacle económica de 1982 (que marcó el fin del desarrollo “desestabilizador”, de 1971 a 1982), al buscar reparar el sistema económico, gravemente dañado, y recuperar su capacidad de volver a crecer, sin crisis recurrentes de pare-siga, a ritmos de pleno empleo (de seis a siete por ciento), logrados previamente de 1955 a 1970. Además, la REI procuró robustecer a México para competir en la economía global. Sus grandes componentes o reformas, además del equilibrio fiscal, fueron la disciplina monetaria, la apertura externa (TLC), el adelgazamiento del sector paraestatal y la flotación cambiaria.
Entre las pendientes se hallan, todavía, las reformas que completen la hacendaria y las que extiendan la apertura fronteriza a la inversión internacional, en los sectores claves, empezando con el de energía, donde los cuellos de botella están sofocando el crecimiento del empleo nacional e impidiendo el alivio del gran éxodo laboral.
Vista desde el ángulo de la superación y el pragmatismo políticos, la RFC es “mucha” por lo que muestra y permite esperar sobre:
I. La habilidad del gobierno de Calderón para sacar adelante los proyectos legislativos, a base de proponer lo posible y no lo deseable.
II. La habilidad de la oposición en el Congreso para negociar, lograr coaliciones y acuerdos y dejar atrás el “no” sistemático y la parálisis legislativa –y ganar simpatía ciudadana hacia las próximas elecciones.
III. La posibilidad de que este pragmatismo permita reformas tributarias subsecuentes, que reconsideren el impuesto al consumo (IVA), para completar la reforma de hoy, que es insuficiente, como veremos enseguida.
Vista desde el ángulo económico, de suficiencia del ingreso público, la RFC es “poca”, según las consideraciones siguientes:
I. A la luz de la REI, los ingresos tributarios federales requieren un incremento y mayor participación en el PIB, actualmente de once por ciento. Esto para seguir garantizando el equilibrio fiscal logrado (no más deuda), para aligerar la carga aplastante del “contribuyente de última instancia” en que se ha convertido a Pemex, y para afrontar el atraso de la infraestructura productiva nacional, correspondiente a la inversión pública.
II. Las reducciones de la evasión y de la corrupción fiscales deben contribuir al aumento escalonado del ingreso público. Aunque esto no se logra en un año, sí deben aportar, a partir del próximo, al menos 0.2 por ciento anualmente, para completar un uno por ciento al concluir el sexenio.
III. Si medimos las necesidades recaudatorias con un criterio moderado de lo deseable, basado en la equiparabilidad con naciones semejantes iberoamericanas, las de un México que busca el pleno empleo, como camino para abatir la pobreza, y las de hacer frente a los rezagos carreteros, portuarios, de escuelas y hospitales, etc., es fácil convergir hacia una meta de cinco por ciento de incremento deseable de los ingresos tributarios mexicanos. Incrementarlos del once por ciento actual a dieciséis por ciento del PIB.
IV. Las primeras estimaciones, aún sujetas a rectificación, arrojan que la RFC (incluido el uno por ciento de mejora de la eficiencia recaudatoria) generará un incremento final de 2.5% –solamente la mitad de lo deseable.
El escenario esperable que emerge, a manera de conclusión, ante lo mucho logrado políticamente y lo poco alcanzado tributariamente, contiene dos elementos: la posibilidad de subsanar la deficiencia fiscal de la RFC con una reforma complementaria, fechable a partir de mediados de 2009; contiene, además, la reforma energética, posible en la primera parte de 2008.
La puerta parece haber quedado abierta a la materialización de este escenario optimista, y de reanudación de la REI, gracias al destrabe político, con un presidente que sabe proponer lo alcanzable y con un Congreso, más pragmático también, que sabe cuándo sumar y cuándo restar –con vistas a las próximas elecciones. ~
– Abel Beltrán del Río
Educación
Resulta más que aventurado realizar un balance de la actual política educativa, debido a una serie de factores que dificultan reconocer su rumbo: las publicitadas disputas al interior de la SEP y con el SNTE parecen haber trastocado la dinámica institucional al inicio del sexenio; ante una anunciada reforma, nos topamos todavía con la ausencia de un programa sectorial y la falta de señales que anticipen su ruta. A lo anterior se agrega que en educación se requieren plazos largos para promover los cambios y valorar las intervenciones. Y ahora quedan sólo cinco años para decidir, comunicar, ejecutar y valorar lo realizado. En México se anuncia cada gobierno una revolución, reformas, cambios, que al final del sexenio nadie recuerda y pocos pueden valorar.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 anuncia “la transformación del sistema educativo mexicano”; sin embargo, el primer año de gobierno de Felipe Calderón pareciera, hasta hoy, caracterizarse por una cautela que en la práctica no deja de parecer una confiada continuidad. El PND identifica los problemas educativos reconocidos durante las últimas administraciones, en que destacan las fuertes deudas en la calidad y la desatención u olvido de poblaciones vulnerables. La educación se presenta como el medio para lograr la igualdad de oportunidades regionales y entre grupos sociales. Así, se propone la ampliación de la cobertura, el fortalecimiento de las acciones compensatorias, la expansión de becas y una mayor articulación entre niveles educativos.
Hasta hoy sólo se ha presentado una propuesta de reforma en la educación media superior que plantea la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato y pone el acento en la formación de habilidades básicas, flexibilidad y comunicación entre las modalidades y la búsqueda de la eficiencia y ampliación de la oferta, con un ambicioso sistema de becas. La propuesta parece prometedora y habrá que valorar su ejecución efectiva.
Una línea de acción priorizada es la evaluación. Destaca la aplicación de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), que inició al final del sexenio anterior, con muchos cuestionamientos a su validez para producir un ranking de escuelas y de limitada capacidad para informar sobre la toma de decisiones. Se anuncia también un sistema nacional de evaluación, cuya propuesta aún se desconoce.
Es probable que para diciembre se publiquen todas estas propuestas, por lo que sólo queda apuntar que sería deseable que el nuevo programa sectorial ofrezca un diagnóstico sensato y presente alternativas pertinentes y viables sobre el rumbo que tomará la transformación educativa. Que reconozca el valor de la evaluación como medio de informar la toma de decisiones, más que como un objetivo del sistema por sí mismo.
El tamaño de los problemas en un sistema con más de un tercio de la población nacional involucrada no es un desafío menor y requiere atención urgente. Frente a esta complejidad, no se imaginan caminos que no involucren la cooperación, la coordinación y la articulación de esfuerzos. Sin duda, ello demanda una clara toma de decisiones contundentes que no puede perder de vista que son los niños y jóvenes los destinatarios finales de esas decisiones. Sería deseable, finalmente, que se haga hincapié en el logro de la reforma, no en su promesa. ~
– Teresa Bracho y Mariana Castro
