Roberto Madrazo
• En una entrevista con Joaquín López Dóriga, a la pregunta de “IVA en alimentos ¿sí o no?”, Roberto Madrazo respondió: “En IVA en alimentos nos quitamos los candados. Hoy estamos en libertad de ir por ello, evitar evasión fiscal, evitar contrabando y discutir estos temas.”
Calificación promedio: 7
Dr. Rodolfo de la Torre (uia)
Se estima que los requerimientos adicionales de recaudación para financiar el combate a la pobreza y el gasto en infraestructura son de cuatro puntos del PIB. Un IVA de quince por ciento en alimentos prácticamente podría cubrir tales requerimientos. Sin embargo, el gasto social actualmente tiene un impacto mínimo para redistribuir el ingreso, y aún se requiere plantear cómo se alcanzaría la mayor formación de infraestructura acompañando los recursos públicos con recursos privados. Sin detallar como se gastaría el IVA adicional, la propuesta es de impacto modesto.
Calificación: 5
Dr. Manuel Mendoza (itam)
Establecer el IVA en alimentos sin duda produciría un incremento muy importante en la recaudación. Por otra parte, se tienen los aspectos de justicia social. Con más del cuarenta por ciento de la población en diferentes niveles de pobreza, cuyo consumo de alimentos alcanza una proporción que supera el cincuenta por ciento de su ingreso, el impacto del nuevo impuesto puede ser no sólo regresivo sino devastador. Esta medida, entonces, sólo tendría viabilidad política si se acompaña de un programa de compensación para los estratos más desfavorecidos. La propuesta, planteada en general, carece de sentido.
Calificación: 5
Dr. Raúl Feliz (cide)
El tema ha sido estudiado a profundidad y la respuesta es que una tasa uniforme y posiblemente más baja genera una estructura más eficiente y mejor para el crecimiento económico. Los obstáculos continúan siendo políticos.
Calificación: 9
Lic. Julio A. Millán Bojalil (Consultor Privado)
Mientras no exista un control fiscal en la cadena productiva de alimentos, la evasión seguirá siendo una de las áreas críticas, imposible de controlar. Este aspecto se constituye en un elemento que distorsiona el aparato productivo, frenando la capacidad de crecimiento económico. Este proceso de exención/evasión se revierte a los que de alguna u otra manera piensan que otorgan un beneficio no cobrándolo.
Calificación: 10
Dr. Ignacio Trigueros (itam)
Una mayor transferencia de recursos al sector público no necesariamente constituye un beneficio para la sociedad. No es difícil encontrar situaciones en las que un aumento en los ingresos del gobierno ha tenido como destino engrosar la nómina de los empleados públicos, en proporciones que no corresponden con cambios en su productividad, o en la cobertura y calidad de las labores de los mismos. Asimismo, los programas gubernamentales que han probado tener una elevada incidencia sobre el bienestar social, como el programa Oportunidades, absorben una fracción poco significativa del total de las erogaciones del sector público. No estaría de más una aclaración acerca del uso que se daría a los recursos adicionales.
Calificación: 9
Dr. José Luis de la Cruz Gallegos (itesm)
La propuesta tiene más aspectos negativos que positivos. Es un hecho que el aumento en el IVA generaría presiones inflacionarias importantes, ya que elevaría la tasa ponderada del IVA. Ello propiciaría que el Banco de México se viera en la necesidad de ajustar su política monetaria para alcanzar su objetivo inflacionario. Aunado a ello, el ciclo económico del país enfrentaría serias restricciones, ya que, al restringir la política monetaria y la fiscal, el crecimiento se vería seriamente limitado, lo cual acabaría repercutiendo en la generación de empleos. Igualmente, estas presiones harían que las negociaciones salariales fueran más ríspidas, ya que el margen de maniobra para contener la inflación sería menor.
Calificación: 7
Dr. Mijael Altamirano (itesm)
La propuesta tendría más costos sociales que beneficios económicos, pues dicho instrumento reduciría grandemente el excedente del consumidor y el excedente de productor, aunque su impacto en los ingresos públicos sería significativo. Esto último es así, toda vez que hoy día el segundo impuesto tributario más importante es el IVA y se ubica entre el veintitrés y veintiocho por ciento, y muy lejos del Impuesto Sobre la Renta que oscila cerca del 38 y 43 por ciento.
Calificación: 1
Felipe calderón
• El candidato de Acción Nacional ha propuesto permitir que inversionistas privados construyan refinerías de petróleo crudo para dejar de importar gasolinas y contar con combustibles de mejor calidad y a precios más bajos, con el fin de impulsar la competitividad de las empresas nacionales.
Calificación promedio: 6
Lic. Adrián Lajous Vargas (Consultor Privado)
Felipe Calderón ha expresado reiteradamente su posición favorable a la inversión privada nacional y extranjera en este sector. Poco ha dicho, sin embargo, sobre la estrategia que permitiría alcanzar este objetivo y respecto a las salvaguardas que adoptaría para proteger el interés nacional.
Convendría que Pemex se concentrara en modernizar las instalaciones e infraestructura existentes, y que se abriera a la inversión privada nacional e internacional la construcción de nuevas refinerías y la ampliación de la infraestructura. Sólo así se podría evitar una sobrecarga que probablemente llevaría al fracaso.
El diseño de un mecanismo que regule la formación de los precios de productos petrolíferos es un aspecto central del proceso de liberalización de estos mercados.
Los precios artificialmente bajos alientan el consumo, desincentivan las inversiones, relajan la disciplina financiera de Pemex y dañan finanzas públicas precarias.
Calificación: 4
Lic. Antonio Souza (Protego Asesores)
El planteamiento de la propuesta demuestra un pobre conocimiento del problema. Desde hace casi diez años, Pemex ha realizado modificaciones mayores a las refinerías existentes usando cien por ciento la participación de la iniciativa privada, con más de mil millones de dólares en cada una, en refinerías operadas por Pemex y su sindicato. ¿De qué estamos entonces hablando? ¿De que las refinerías sean propiedad de una asociación entre Pemex y empresarios privados, a la imagen del fallido Fénix? Para hacer esto posible se requiere un cambio Constitucional que permita libertad para definir el número de trabajadores en la refinería.
Por otro lado, el precio lo define la Secretaría de Hacienda, y es un importante instrumento de captación de impuestos, por lo que el bajar los precios sólo quiere decir el reducir los impuestos, y no creo que esto sea ni inteligente ni deseable en un país que, como México, captura muy pocos ingresos tributarios y éstos, en particular, están dirigidos a los dueños de los autos, etc.
Calificación: 4
Ing. Enrique Aguilera Hernández (ipn)
Si se considera que la demanda nacional de gasolinas en el 2005 ascendió a 672 miles de barriles diarios (mbd), mostrando un incremento del 5.6 por ciento con respecto a la de 2004, y que fue cubierta con un volumen importado de 170 mbd, el camino más viable para resolver el problema de las importaciones de petrolíferos –incluidas las gasolinas– es la construcción inmediata de cuando menos dos nuevas plantas de proceso en el territorio nacional. Lo importante en esta propuesta es que se considere la aplicación de mecanismos de financiamiento que respeten la soberanía del país y se traduzcan en beneficios para la población.
Calificación: 8
Dr. Leopoldo García Colín (uam)
Éste es un problema muy serio. Desde hace más de treinta años se insistió en que Pemex debió haber incrementado equilibradamente su capacidad de refinación con la producción de crudo. Ahora, exportamos éste para importar desde gasolina hasta petroquímicos intermedios y finos.
Si la inversión privada resuelve el problema, adelante. Creo que la propuesta es buena, aunque su viabilidad tecnológica es cuestionable.
Calificación: 8
Andrés manuel lópez obrador
• Propuesta: López Obrador propone lograr un ahorro de cien mil millones de pesos desde el primer año de su gobierno, a partir de la reducción del costo en el gobierno.
Calificación promedio: 3
Gabriel Zaid
Hay unos cuatro mil funcionarios en el Poder Ejecutivo Federal, desde el presidente de la República hasta los directores generales. La lista por dependencia puede verse en www.buscamex.info, que Ibcon, S. A., actualiza cada semana. Suponiendo, exageradamente, que ganen dos millones de pesos al año, en promedio, le cuestan al erario ocho mil millones de pesos al año. Suponiendo, exageradamente, que fuera posible reducir lo que ganan a la mitad, el ahorro sería de cuatro mil millones de pesos. Sería bueno que el asesor que calculó cien mil millones publicara sus cuentas.
Calificación: 0
Lic. Efraín Gala Palacios (itam)
Es prácticamente imposible lograr tal ahorro, cuando casi el cincuenta por ciento del gasto corresponde a las plazas federalizadas de los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos, y de los servicios de salud. Asimismo, casi el veintiocho por ciento es para las plazas de las entidades paraestatales y diecisiete por ciento para las plazas de personal docente, médico y militar, así como para investigadores y personal de seguridad pública adscritos a las dependencias del Ejecutivo Federal.
Por otra parte, la reducción de sueldos al cincuenta por ciento de los altos funcionarios no es una medida acertada, pues en los puestos públicos de mayor importancia debe haber profesionales con probada preparación y capacidad. La medida sólo traería un mayor empobrecimiento de la calidad de los servidores públicos y seguramente mayor corrupción.
Calificación: 1
Ricardo Samaniego Breach (itam)
Una reducción de cien mil millones de pesos en el presupuesto de la Administración Publica Central significaría una reducción aproximada –prácticamente imposible de alcanzar– de veintitrés por ciento en promedio en todas las partidas presupuestarias, excepto en las correspondientes al sueldo de la alta burocracia, que se reducirían en cincuenta por ciento. De los dos billones de pesos del presupuesto sólo 1.5 billones son gasto programable y, de este gasto programable, la cuarta parte, 375,000 millones de pesos, se destina a la Administración Pública Centralizada.
Para alcanzar una reducción de cien mil millones de pesos, se tendría que reducir en promedio el 26.7por ciento de todo el presupuesto central. Si se redujeran a la mitad los sueldos integrados de los altos burócratas, el resto de las partidas tendría aún así que reducirse en más de veintitrés por ciento, una meta que parece poco factible de alcanzar. Cabe mencionar que, durante todo 2005, las medidas de racionalidad presupuestaria permitieron alcanzar un ahorro de casi novecientos millones de pesos; esta cifra tendría que multiplicarse por más de cien veces para alcanzar la meta de ahorro público propuesta. ~
Calificación: 2
