Los militares rompen filas
Andar por las calles de Caracas con cámara y micrófono al descubierto es una actividad de alto riesgo. Si, además, el propósito de la expedición es arrancarle unas palabras a algún uniformado, la tarea resulta algo menos que imposible. Y aunque el verde olivo frecuenta el paisaje urbano de la capital, la pregunta es el mejor repelente: “¿Hasta dónde está dispuesto a defender la revolución?”
En centros comerciales, bancos o restaurantes, los militares esquivan el contacto. Un intento tras otro, todos en vano, hasta que la insistencia se topa con su recompensa: el sargento segundo Pineda escucha y accede a responder. “Juré ante Dios y la bandera defender la patria y las instituciones hasta con mi propia vida”, dice sin parpadear, en plena avenida Miranda. ¿Cuántos habrá como él en Venezuela?
La Fuerza Armada Nacional, integrada por unos 150,000 efectivos, es una caja, si no negra, muy opaca. “No se conoce con detalle la posición de la oficialidad hacia el régimen, pero sabemos que no es monolítica”, asegura el general retirado Carlos Julio Peñaloza, exjefe del ejército venezolano, que identifica dos corrientes en la jefatura castrense: un grupo de altos mandos fieles al presidente y una mayoría de rango inferior comprometida con la institucionalidad. “La proporción –calcula– es un 25% de revolucionarios frente a un 75% de la vieja escuela.”
A diferencia de otros analistas, que no conceden poder de fuego a los militares “apolíticos”, Peñaloza sostiene que muchos de los oficiales que dirigen unidades tácticas –indispensables en cualquier intento de golpe– no están con el chavismo. Todos acuerdan, sin embargo, que la ideologización homogénea de los militares venezolanos es una quimera. “En el servicio activo conviven dos décadas de promociones formadas en democracia versus una década de generaciones adoctrinadas por la revolución”, precisa el general, que en 1989 arrestó a Hugo Chávez por conspirar contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez.
Las diferencias entre los jerarcas de la cúpula y la oficialidad institucional podrían terminar en fractura si se evidencia un triunfo claro en las urnas de Henrique Capriles. Los chavistas, comenzando por el ministro de Defensa, Henry Rangel, han advertido que no permitirán bajo ningún concepto una victoria de la oposición. El resto se mantiene a la expectativa, en silencio corporativo, mientras se acerca el desenlace. Salvo el sargento Pineda, que no tiene dudas: respetará el orden constitucional, “al margen de cualquier consideración de índole política”.
Un caudillo antisemita
Fin de las vacaciones. Los estudiantes de la escuela del centro judío de Caracas regresan a clases. Son cerca de mil alumnos, la mitad de los que había cuando Hugo Chávez llegó al poder. “La caída en los registros del colegio es el único indicador que tenemos para estimar cuánta de nuestra gente ha abandonado el país en estos trece años”, explica Paulina Gamus, figura prominente de la política venezolana de origen sefardí. “En 1998 éramos catorce mil; hoy no creo que pasemos de ocho mil”, apunta.
Los judíos se han ido en tropel de Venezuela. También huyeron muchos españoles y portugueses. Colectividades prósperas, azotadas como el resto de la sociedad por el crimen sin freno, aunque con especial saña por las bandas de secuestradores.
El éxodo, sin embargo, tiene para los judíos venezolanos un motor añadido: la política antisemita del régimen chavista. “Un experimento sistemático inducido desde el gobierno que trata de sembrar el pensamiento extremo en una población que nunca lo tuvo”, observa Sammy Eppel, columnista del diario caraqueño El Universal. “El objetivo –dice– es implantar el absolutismo caudillista, la conexión directa del hombre providencial con su pueblo, anulando a quien sea distinto.”
A lo largo del mandato de Chávez, la comunidad semita ha sufrido un acoso sin precedentes en un país hasta entonces abierto a las diferencias religiosas. Desde allanamientos policiales de su centro escolar en 2004 y 2007 –con el pretexto oficioso de una inaudita búsqueda de armas del Mossad–, hasta la profanación de la sinagoga capitalina Tiferet Israel en 2009, que dejó sus muros tapizados de esvásticas y consignas de “¡Muerte a los sionistas!”. Mientras, el aparato mediático del gobierno hacía un trabajo constante de agitación, con más de mil quinientas menciones antijudías al mes en los momentos álgidos o con la difusión en Aporrea–la web de propaganda chavista con mayor impacto– de una guía de instrucciones antisemitas que llama a denunciar públicamente “con nombres y apellidos” a los miembros de la colectividad hebrea, a nacionalizar sus bienes y a cuestionar la existencia de sus centros educativos.
De nada sirvieron los regaños de Fidel Castro ni el compromiso firmado con Lula da Silva y Cristina Kirchner contra la intolerancia religiosa. La andanada –que llegó al clímax en 2009 cuando Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel en apoyo al régimen teocrático de Irán– escaló de nuevo a partir de febrero pasado tras la elección de Henrique Capriles, católico y fervoroso mariano pero descendiente de judíos, como candidato presidencial de todas las fuerzas de oposición. Chávez le llamó “cochino”, en alusión al clásico marrano converso. Luego lo tildó de “nazi” y “fascista”, aunque su abuela vivió en el gueto de Varsovia y sus bisabuelos fueron asesinados en Treblinka. Para los medios oficiales no hubo duda: Capriles encabeza la “conspiración del sionismo internacional contra la revolución bolivariana”. La misma que, si tiene oportunidad de profundizar en su antisemitismo, puede acabar vaciando las aulas del colegio hebraico.
Desertores del chavismo: dos gobernadores se pasan a la oposición
“¡Esto no lo para nadie! La gente no quiere comunismo, quiere democracia.” La voz que estalla al otro lado de la línea telefónica es la de José Gregorio Briceño, gobernador de Monagas, estratégico estado petrolero en el oriente de Venezuela. “El Gato” se desgañita porque está en pleno
mitin electoral, con la megafonía a todo gas. Acaba de terminar un encendido discurso de apoyo a Henrique Capriles, a cuya campaña presidencial se sumó tras romper con el chavismo en marzo pasado. Augura para la oposición un triunfo arrollador.
Briceño fue expulsado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela por negarse a cumplir las órdenes del gobierno central en la gestión de un gravísimo derrame de crudo en el río Guarapiche, donde se abastecen las plantas potabilizadoras que surten el 80% del agua que consume la ciudad de Maturín, capital del estado.
Aconsejado por sus técnicos, que detectaron componentes letales en el vertido, “el Gato” cerró la llave de paso. “Desde Caracas me dijeron que por ética revolucionaria tenía que mandar igualmente el agua y yo les respondí que primero estaba la gente y después la revolución.” Ahí terminó su amistad con Chávez, que quiere verle “reducido a polvo cósmico”, y emprendió su particular “cruzada” por la derrota del caudillo.
El fuerte liderazgo de Briceño en Monagas, cimentado como dirigente juvenil de la socialdemocracia prerrevolucionaria, nunca se subordinó a los dictados del palacio de Miraflores. Como tampoco lo hizo Henri Falcón, chavista de primera hora y gobernador del central estado Lara, cuando en febrero de 2010 abandonó las filas del psuv por sus profundas discrepancias con el presidente. “La forma autocrática de conducir el gobierno y el partido, donde se niega la crítica; la imposición centralista frente a nuestra autoridad legítima; las instituciones secuestradas y sometidas al dictamen de Chávez…”, son algunas de las recriminaciones de Falcón que, sin embargo, niega su condición de disidente. “Solo soy un demócrata”, dice desde Barquisimeto, capital de su estado, interrumpiendo una reunión de trabajo. “Lo que sí reivindico –precisa– es haber sido el primero que apoyó a Capriles, el primero que dio un paso al frente para forjar la alianza que lo llevará al poder. Porque la encuesta de la calle muestra, sin duda, que él va adelante y que el desaliento ya se apoderó de muchos sectores del oficialismo.”
El régimen bolivariano ha reaccionado con virulencia contra sus dos gobernadores rebeldes, “porque se atrevieron a desafiar el pensamiento único, la falta de democracia interna y el centralismo autoritario”, apunta Vladimir Villegas, exembajador de Venezuela en México, igualmente desertor. Falcón es objeto de acoso permanente. “Me siguen, tengo todos los teléfonos pinchados y el gobierno central aplica un sabotaje institucional sistemático, negándome recursos o paralizando obras”, explica el gobernador de Lara. Contra Briceño, las represalias han ido mucho más allá. “Me quitaron el mando de la policía local, sufrí un atentado en el que murió uno de mis guardaespaldas, allanaron mis oficinas, encarcelaron a varios de mis colaboradores, amenazaron a mi esposa y revocaron el registro de mi partido”, denuncia “el Gato”.
Al otro lado de la línea su voz truena de nuevo: “¡Que me maten si quieren, pero no renunciaré!”
Árbitro bajo sospecha
El Consejo Nacional Electoral (cne) de Venezuela se ha tropezado con una gorra de beisbol. Es la cachucha con los colores de la bandera nacional que Henrique Capriles siempre lleva puesta: un éxito de ventas en todo el país. El bombazo comercial estalló semanas atrás, cuando el candidato opositor se resistió a acatar el exhorto del cne para que dejara de usarla. “No puede valerse de símbolos patrios para fines políticos”, dijo la autoridad electoral, que obtuvo el efecto contrario. La insumisión de Capriles se contagió a la población y la gorra beisbolera ha entrado en franca competencia con la boina roja chavista.
“No queda claro si el cne cometió un error de cálculo o pretendía distraer la atención sobre los riesgos que enfrentan las presidenciales del 7 de octubre”, dice Alfredo Weil, exdirector de sistemas electorales de la institución entre 1974 y 1984 y respetado consultor en la materia.
Sobre la autoridad electoral venezolana pesan toda clase de sospechas. “La primera, orgánica, se debe a que la
Constitución bolivariana de 1999 eliminó la presencia de los partidos en la directiva del Consejo. Ahora quedó reducida a cinco rectores, elegidos por mayoría calificada en la Asamblea Nacional a propuesta de la sociedad civil”, explica Weil. El control chavista del legislativo configuró un cne integrado por cuatro rectores del oficialismo y uno de la oposición, dejando toda la estructura política, técnica y operativa en manos del régimen. “La transparencia que históricamente caracterizó al Consejo fue desmontada y los partidos perdieron su derecho de vigilar las elecciones. Por eso hoy tenemos un cne que no castiga el desvío masivo de recursos del Estado a favor de Hugo Chávez y mira hacia otro lado cuando el presidente usa toda clase de símbolos patrios en su campaña o se sirve a su antojo de los medios de comunicación públicos”, observa el analista.
A pesar de las condiciones de enorme desigualdad en las que compite, Capriles aceptó jugar con las reglas del gobierno para tratar de derrotarlo en las urnas. Es más, en la alianza opositora que impulsa su candidatura existe la convicción de que es posible custodiar el voto y, en el peor de los casos, obligar al gobierno a cometer un fraude abierto.
Sin embargo, Weil considera un escenario muy distinto e identifica la principal amenaza en el polémico sistema automatizado de votación “que técnicamente permite vincular el sufragio con la identidad del elector”. Se trata, a su juicio, de “una violación del voto libre, secreto y sin coacción”. Registra, además, otros cuellos de botella que pueden poner en peligro la decisión de los diecinueve millones de venezolanos llamados a sufragar: cuadruplicación de las mesas electorales, en un acto administrativo sesgado para dificultar la supervisión opositora; entrega de la vigilancia de los centros de votación a la milicia bolivariana, con lo que el oficialismo tiene presencia garantizada en las cuarenta mil mesas que se instalarán; un crecimiento inexplicable del padrón que distorsiona su progresión histórica y no guarda proporción alguna con el aumento de la población (incluidas las nuevas inscripciones y las naturalizaciones), y el veto del cne a la presencia de observadores internacionales profesionalizados.
“No es casual –concluye– que el 63% de los venezolanos piense que su voto no es secreto y que más de la mitad de ellos dé por hecho que el cne está del lado del gobierno.”
Cerco a la libertad de prensa
20 de agosto de 2012. Guayana. Hugo Chávez suelta una de sus peroratas. Esta vez, dirigida al sindicato de la cvg, corporación de empresas públicas que explota los recursos naturales de este rico territorio en el sur de Venezuela. Lo que parecía ser una cadena más –otro de los enlaces que invaden todas las estaciones radiotelevisivas del país en una sola señal oficial por orden del caudillo– se convierte, de golpe, en una pesadilla mediática para el régimen.
La rechifla contra el presidente se oye a lo largo y ancho del país por unos instantes. Gritos de los trabajadores que reclaman un contrato colectivo. Los venezolanos que aún no han migrado a la señal de cable o no han apagado la televisión –según las encuestas, dos tercios de ellos lo hacen cada vez que hay una cadena– contemplan, atónitos, el abucheo. La visión, sin embargo, es efímera. A los pocos segundos, las imágenes de una presa hidroeléctrica local irrumpen en la pantalla, amenizadas por el disparatado informe de un locutor sobre la producción de kilowatios… Censura chavista en marcha.
“Esto es una telepresidencia, ahora menguada por la enfermedad de Chávez”, explica Oscar Lucien, comunicólogo de la Universidad Central de Venezuela (ucv).
En plena campaña electoral, la abrumadora presencia mediática del líder bolivariano se ha reducido por orden médica. Su programa semanal Aló presidente ha sido suspendido y las habituales cadenas son más esporádicas. Obligado a dosificar las apariciones públicas del presidente, el régimen contrarresta sus ausencias escalando el acoso contra los medios independientes. La última agresión, denunciada por organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa, enfiló contra Globovisión, canal privado especializado en noticias, que a mediados de agosto tuvo que pagar una multa astronómica para neutralizar el “embargo ejecutivo” de sus bienes, dictado por el Tribunal Supremo –bajo control oficial–, tras ser acusado de incitar al “miedo, el odio y la intolerancia” en la cobertura de un motín carcelario.
El caso de Globovisión puso de nuevo en guardia a todos los medios no alineados con el gobierno, activando el recuerdo de los procesos de hostigamiento que terminaron con la clausura, en 2007, del canal de televisión rctv y, en 2009, de 34 emisoras de radio. “Hay una política de Estado orientada a atacar a los que piensan distinto y difunden algo que disgusta al régimen”, afirma Carlos Correa, director de Espacio Público, ong que promueve la libertad de expresión. Se trata, opina Lucien, de un “plan sistemático para cercar a la prensa libre, que se ejecuta en el frente legal, con normativas que limitan los contenidos; en el ámbito económico, mediante el uso discrecional de la pauta publicitaria del gobierno; criminalizando a la prensa con avalanchas de procesos judiciales contra medios e informadores, y con agresiones físicas a periodistas”.
El resultado es la autocensura que muchos periodistas y sus empresas se imponen para sobrevivir. “Sin duda, [es] la consecuencia más perversa del hostigamiento oficial porque no deja huella y amenaza con distorsionar de forma muy severa la función de la prensa frente a un régimen que aspira a un modelo mediático de Estado”, subraya el investigador de la ucv.
Pugna entre delfines: facciones en lucha por la herencia de Chávez
“Lo más seguro es que quién sabe…” Nunca como ahora el viejo dicho caraqueño había expresado mejor el estado de máxima incertidumbre que impera en Venezuela. El hermetismo que envuelve la enfermedad del presidente, blindada como un secreto de Estado, no solo genera dudas sobre la suerte física de Hugo Chávez sino toda clase de conjeturas sobre el futuro de su liderazgo y la fecha de caducidad de su régimen.
¿Puede sobrevivir el chavismo sin su caudillo? El franquismo no lo logró en España, pero en Argentina los herederos de Juan Domingo Perón siguen en el poder…
El caso venezolano es –parafraseando a Churchill– una incógnita envuelta en un misterio rodeado de un enigma. Por su naturaleza conspirativa y autoritaria, asentada en el culto a la personalidad del líder, las conductas del chavismo son imprevisibles. No obstante, el cáncer presidencial ha hecho aflorar una única certeza: la lucha por la sucesión ha comenzado y puede ser canibalesca. Pocos observadores descartan una implosión del Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv) si Chávez desaparece. “Construyó un movimiento a su imagen y semejanza, mató todos los liderazgos naturales que le pudieran hacer sombra y eso le pasa factura”, observa el analista Asdrúbal Oliveros.
Las quinielas de aspirantes al relevo son múltiples y cambian sin cesar. Pero hay cuatro hombres que aparecen en todas las apuestas, invariablemente. Son los delfines con mayor peso específico, que cuentan con bases o relaciones de poder bien definidas:
Diosdado Cabello (49 años, militar retirado e ingeniero) es, tal vez, el faccioso más temido del régimen. Impopular entre los sectores civiles del chavismo por sus sólidos vínculos con las fuerzas armadas, tiene agenda propia y goza de relativa independencia. Compañero de armas de Hugo Chávez, es el actual presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del psuv. Por su influencia en los cuarteles se le señala como la cabeza de una eventual junta cívico-militar en caso de un colapso final del proceso bolivariano.
Elías Jaua (42 años, sociólogo), vicepresidente de la República. Abandera los grupos radicales del chavismo ideológico y, al parecer, tiene autoridad sobre las milicias, una fuerza irregular de 150,000 civiles armados, presuntamente dispuestos a dar la vida por la revolución. Hombre de poco carisma, cuenta con la confianza del presidente, y ha ocupado numerosos cargos públicos durante su mandato. Comenzó su carrera política en los grupos de choque universitarios semiclandestinos y se cree que podría volver por sus fueros, al frente de una resistencia civil, si una hipotética derrota de Chávez en las urnas deriva en una crisis institucional.
Nicolás Maduro (49 años, extrabajador del metro de Caracas), ministro de Relaciones Exteriores. Su principal activo es el excelente nivel de relaciones que mantiene con el gobierno de La Habana y, por tanto, con el aparato militar, de inteligencia y seguridad cubano que opera en Venezuela. Negociador político de cierta habilidad, ha sido la voz del régimen mientras el presidente trataba sus dolencias, mostrando hacia Chávez una lealtad sin fisuras. Carece, no obstante, de base popular.
Adán Chávez (59 años, físico, hermano mayor del presidente), actual gobernador del estado Barinas, terruño familiar. Representa los intereses de la sangre y la posibilidad de una salida nepotista o sucesión tutelada al modo de los hermanos Fidel y Raúl Castro. ~
(Barcelona, 1964) es periodista. Es coautora de La torna de la torna. Salvador Puig Antich i el MIL (Empúries, 1985) y de Ciudad de México (Lunwerg Editores, 2008).
