La pérdida de la libertad, la tiranía, el maltrato y el hambre
habrían sido más fáciles de soportar sin la obligación de llamarlos
libertad, justicia, el bien del pueblo.

Aleksander Wat, Mi siglo

En los últimos años el debate sobre el iliberalismo¹ ha copado numerosos espacios académicos y de opinión. Sendos handbooks de Routledge (2021) y Oxford (2023), una revista científica (The Journal of Illiberalism Studies) y diversos programas de investigación en ambos lados del Atlántico coinciden con centenares de columnas de opinión escritas sobre el tema. Un amplio sector de la academia norteamericana y europea ubica al fenómeno iliberal como una expresión política e ideológica alineada con extremas derechas. El problema de esta perspectiva, para la Latinoamérica actual, es que se ignora la presencia e incidencia de los regímenes de izquierda extrema latinoamericanos que combinan elementos iliberales con otros francamente despóticos y antiliberales. Así, el único régimen de matriz totalitaria de la región –el cubano– ha consolidado un ecosistema afín con los regímenes aliados –iliberales y autoritarios– de Nicaragua y Venezuela. Encontramos que, en buena parte de Latinoamérica, no han sido especialmente exitosas aquellas izquierdas moderadas que propugnan una convivencia democrática –desde la defensa y ampliación de derechos en pos de una sociedad que sea progresivamente más libre e igualitaria– frente a expresiones ubicadas a la extrema izquierda, cuya tendencia iliberal conduce al populismo y procura modificar los pesos y contrapesos característicos del orden constitucional de una democracia representativa, llegando en ocasiones a la ruptura autocrática.

Pese a haber sufrido cambios importantes durante las últimas tres décadas, las izquierdas extremas latinoamericanas mantienen una orientación revolucionaria de tipo antiliberal, proveniente de las “viejas izquierdas”, que convive con agendas de una supuesta “nueva izquierda”. La antigua izquierda revolucionaria ha estado conformada en gran medida por los partidos comunistas tradicionales, así como por otras organizaciones políticas que durante la Guerra Fría tendieron a comportarse como “oposiciones desleales” o a lo sumo “semileales” a los sistemas políticos de turno. La nueva izquierda, por otro lado, se compone de partidos, movimientos, liderazgos e intelectuales de “ismos” un tanto difusos. Semejante realidad obliga a cuestionar la supuesta tendencia mayoritaria del iliberalismo de derechas.

Iliberalismo e ideologías: recorriendo el debate

Como las ha definido Michael Freeden, las ideologías son complejos de ideas y valores que orientan la percepción y transformación política del mundo en colectividades específicas, y deben ser siempre reconocidas en su diversidad, hibridez y concreción. Admitiendo eso, podemos apreciar que en el campo contingente de la acción humana lo político delimita el marco y los recursos, mientras lo ideológico delinea los principios y horizontes. Y, en el cruce de estos campos, se abren diversos modos de concretar la política, en tanto esfera particular orientada al ejercicio del poder, en sus distintas expresiones institucionales y sociales, de dominio y de resistencia. Las izquierdas denuncian la pobreza y la desigualdad, confiando al Estado un rol regulador y redistributivo. Hacen de la justicia social un fin y a menudo afirman la superioridad moral de su causa. Las derechas desconfían de una amplia intervención pública, bien sea desde un acercamiento conservador del orden social tradicional, bien desde la defensa de la iniciativa privada, realizada por individuos en el mercado, como motor para la producción de bienes. También apuestan por la superioridad de su agenda moral desde el tradicionalismo, o racional desde su versión liberal. Desde ambas coordenadas, es posible hallar versiones iliberales de izquierda y derecha.

Coincido con Benjamín Arditi cuando, en su artículo “Politics after the normalization of shamelessness”, presenta al iliberalismo –para diferenciarlo del antiliberalismo y de los autoritarismos– como un fenómeno político específico que desafía y socava los principios del liberalismo desde el interior mismo de la democracia. A diferencia de los regímenes abiertamente autoritarios, los Estados iliberales no eliminan formalmente las instituciones y procesos democráticos, sino que los socavan y manipulan para debilitar el pluralismo, restringir libertades y consolidar el poder del ejecutivo. En estos regímenes se mantienen las elecciones, pero el partido en el poder modifica las reglas para garantizar su permanencia; al tiempo que erosiona otras garantías de la democracia liberal, como la independencia judicial, la protección de las minorías y la libertad de prensa.

La comprensión del fenómeno iliberal –para seguir con Arditi– no puede reducirse al ámbito político institucional, pues hay una serie de cambios y conflictos ocurridos desde dentro de las democracias liberales que favorecen la expansión del iliberalismo. La degradación del discurso político –que incluye la mentira sistemática, la difamación de adversarios y la negación de la evidencia científica– y la normalización de un comportamiento abusivo, violento y desvergonzado es uno de ellos. La desigualdad económica es otro factor clave, con una mayor precarización, descontento y frustración sociales, que los líderes iliberales aprovechan para movilizar apoyo popular prometiendo orden y estabilidad a cambio de restringir libertades fundamentales.

El iliberalismo ha sido tradicionalmente asociado con movimientos de derecha. No obstante, en los últimos años han surgido estudios que vinculan el iliberalismo con movimientos de izquierda. En su introducción al libro colectivo The Oxford handbook of illiberalism, Marlene Laruelle identifica tres tradiciones dentro de la izquierda que han adoptado estrategias iliberales: la izquierda revolucionaria, la socialdemocracia y la nueva izquierda identitaria. La izquierda revolucionaria, con antecedentes en el marxismo-leninismo, rechaza el liberalismo por considerarlo un instrumento del capitalismo y en algunos casos adopta prácticas autoritarias en nombre de la justicia social. La socialdemocracia, un esfuerzo tradicionalmente enfocado a moderar el liberalismo económico, ha enfrentado crisis que han permitido la emergencia de alternativas iliberales dentro de su seno. Finalmente, la nueva izquierda identitaria ha desarrollado un colectivismo ideológico que, aunque alineado con el progresismo en temas de género y diversidad, a veces entra en tensión con el pluralismo y la libertad de expresión.

En paralelo, existen estudios que, aun reconociendo la existencia de un iliberalismo de izquierda, lo interpretan de manera diferente, con rasgos positivos. Emmy Eklundh sostiene en “Is there a left-wing illiberalism?” que este fenómeno no debe ser visto exclusivamente como una amenaza a la democracia, sino como una respuesta a las limitaciones del liberalismo clásico. Argumenta que el liberalismo ha sido excluyente y que el iliberalismo de izquierda busca expandir la participación política y transformar las estructuras democráticas en favor de una mayor equidad. En su análisis, Eklundh se distancia de la idea de que el iliberalismo es necesariamente autoritario y sugiere que puede ser una herramienta para democratizar el poder y desafiar estructuras de dominación establecidas. No obstante, su interpretación ignora el récord antidemocrático y antipluralista de algunos regímenes de izquierda que han restringido derechos y han consolidado el poder en manos de una élite gobernante. Ejemplos como el chavismo en Venezuela muestran que el iliberalismo de izquierda puede generar estructuras autoritarias disfrazadas de participación popular.

El iliberalismo de izquierda ha sido abordado con mayor profundidad por autores como Zsolt Enyedi (“Concept and varieties of illiberalism”) y Eszter Kóvats (“An illiberal left? Assessing current anti-pluralist political practices in the West”), quienes han analizado cómo ciertos proyectos progresistas han adoptado prácticas iliberales que erosionan la democracia, el pluralismo y las libertades individuales. Enyedi sostiene que el iliberalismo de izquierda se manifiesta en regímenes que concentran el poder en nombre de la soberanía popular, debilitando el Estado de derecho y la autonomía de las instituciones. Por su parte, Kóvats examina cómo ciertos sectores progresistas han promovido una moralización cuasirreligiosa que limita el debate público y castiga la disidencia, ejemplificando esta tendencia con el lenguaje inclusivo y las regulaciones sobre identidad de género. Ambas perspectivas reconocen –a mi juicio, mucho mejor que buena parte de sus colegas– que la amenaza iliberal a las democracias puede venir tanto de la derecha como de la izquierda.

La gran transformación política de nuestro tiempo, la consolidación de la república liberal de masas soportada por un Estado social de derecho, fue el fruto de una labor que por generaciones realizaron las sociedades europeas, latinoamericanas y de otras regiones del orbe. Desde una perspectiva histórica, las izquierdas reformistas y democráticas, fundamentalmente, han sido protagonistas sociopolíticas de esta transformación. Las izquierdas radicales y autoritarias han impulsado el proceso inverso, al establecer mecanismos de control centralizado, eliminando la autonomía ciudadana y las libertades. A pesar de ello muchos partidos de izquierda del continente tienen un doble rasero para evaluar la violación de los derechos humanos y los procesos de autocratización. La falta de un consenso real, orgánico, acerca de por qué es preferible la vía reformista y democrática, representada en la república liberal de masas, se ha hecho desde entonces evidente en el seno del campo de las izquierdas.

Iliberalismos e izquierdas en América Latina

Desde el contexto de América Latina el iliberalismo ha sido visto (por ejemplo, por Roberto Gargarella) como una corriente política que restringe libertades fundamentales, limitando tanto la autonomía individual como el autogobierno colectivo. Se trataría de un fenómeno presente en distintos momentos de la historia regional: una reacción recurrente que, frente a los intentos de democratización y ampliación de derechos, se manifiesta a través de regímenes que concentran el poder en el ejecutivo, restringen derechos y promueven un moralismo como justificación para la limitación de libertades. Este autor sostiene que el iliberalismo no es exclusivo de una única ideología política, sino que se ha manifestado tanto en la derecha como en la izquierda.

Desde tal perspectiva, el iliberalismo ha sido una constante a lo largo de la historia política de América Latina, pues ha surgido en diferentes momentos y con distintas justificaciones. Durante el siglo XIX, los sectores conservadores impulsaron constituciones que restringían la participación política y favorecían el dominio de las élites. En el siglo XX, las dictaduras militares de Argentina, Chile y Brasil impusieron formas de iliberalismo mediante regímenes autoritarios que suprimieron derechos y concentraron el poder en nombre del orden y el desarrollo. Desde la otra acera, el régimen que derivó de la Revolución cubana fue una expresión antiliberal del modelo leninista, cuya acción se prolonga hasta el presente.

En la América Latina del siglo XXI, el iliberalismo de izquierda se ha expresado principalmente a través del populismo radical, que promueve un modelo de gobierno que debilita los contrapesos institucionales en nombre de la soberanía popular. Regímenes iliberales y populistas como los de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador se basan en una narrativa en la que el líder encarna la voz del pueblo, justificando así la eliminación de límites al poder ejecutivo y el debilitamiento de instituciones democráticas como el Congreso y la Corte Suprema. Estos gobiernos implementaron prácticas iliberales justificándolas en la lucha contra el imperialismo o en la necesidad de fortalecer el Estado para llevar a cabo reformas sociales.

Es preciso reconocer que los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (desde 2013) en Venezuela y de Daniel Ortega (desde 2007) en Nicaragua derivaron en un proceso de autocratización, con crecientes conflictos sociales y altos niveles de violencia política, con violación sistemática de los derechos humanos. Aquí tendríamos la clara expresión de una izquierda autoritaria, con prácticas neopatrimonialistas y personalistas. En el medio encontramos a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019), Rafael Correa (2007-2017) o a los de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Casos estos también polarizadores, conflictivos y de alta movilización, pero con niveles más bajos de violencia política; sin que su acción hubiera derivado en la instauración de un régimen autoritario, más allá de intentos continuistas y personalistas.

Una característica clave de este iliberalismo es la reestructuración constitucional dirigida a fortalecer el poder presidencial. En Venezuela, Bolivia y Ecuador, los gobiernos populistas promovieron nuevas constituciones que permitieron la reelección indefinida y redujeron el poder del legislativo y el judicial. En estos países, los líderes justificaron dichos cambios argumentando que estaban devolviendo el poder al pueblo, aunque en la práctica esas reformas consolidaron gobiernos personalistas con menor rendición de cuentas. Además, estos gobiernos han utilizado mecanismos como referéndums y reformas legislativas para legitimar la acumulación de un poder crecientemente autoritario.

Otro rasgo distintivo del iliberalismo de izquierda en la región es el ataque a organizaciones y movimientos autónomos de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes que cuestionan su gestión. En Venezuela, el gobierno de Chávez y Maduro ha usado leyes restrictivas para perseguir ong y sindicatos. En Bolivia, el gobierno de Morales promovió regulaciones que permitían al Estado disolver organizaciones civiles que hablaran mal de su gestión. En Ecuador, Correa implementó políticas para censurar la prensa y hostigar a periodistas críticos. Este patrón revela un desprecio por el pluralismo y una tendencia a monopolizar la representación política bajo el argumento de que solo el líder y su movimiento representan al verdadero pueblo.

El populismo iliberal de izquierda busca también socavar las elecciones libres y justas. Si bien estos regímenes llegaron al poder mediante comicios democráticos, con el tiempo han manipulado los procesos electorales para asegurar su permanencia. En Venezuela, el gobierno de Maduro ha controlado el sistema electoral y descalificado a opositores. En Bolivia, Morales intentó perpetuarse en el poder a pesar de haber perdido un referéndum sobre la reelección. En Ecuador, Correa utilizó recursos estatales para favorecer a su partido y limitar la competencia electoral. Estas prácticas han llevado a que la calidad democrática en estos países se deteriore: aunque estos gobiernos justifican sus acciones en la idea de ampliar la soberanía popular, en la práctica han restringido la participación democrática y han erosionado las libertades políticas. La reducción de los controles liberales sobre el poder no ha fortalecido la soberanía popular, sino que ha debilitado las instituciones necesarias para proteger la democracia.

En América Latina, tras las transiciones democráticas de la década de 1980, se lograron avances en derechos humanos y participación ciudadana. Sin embargo, persistieron desigualdades económicas y sociales significativas. En años recientes, la combinación de recesión económica, políticas de ajuste y endeudamiento, junto con la incapacidad del Estado para responder a las demandas ciudadanas, ha generado descontento social y movilizaciones populares. Este contexto ha propiciado que ciertos movimientos de izquierda, en su afán por implementar agendas de justicia social, adopten medidas que limitan la libertad de expresión, persigan a opositores políticos y coopten instituciones estatales para consolidar su poder. Un ejemplo de esta dinámica es Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha desaparecido medios de comunicación críticos, perseguido a líderes opositores y manipulado procesos electorales. Aunque el régimen se presenta como socialista y antiimperialista, estas acciones han llevado al país hacia un modelo iliberal, con dañadas bases democráticas y libertades civiles restringidas.

Conclusión

La resistencia al iliberalismo debe combinar la defensa de elementos esenciales de la tradición liberal con el refuerzo de mecanismos de innovación y participación democráticos. En su reflexión –más centrada en criticar a los iliberalismos de derecha–, Arditi reconoce que algunos principios liberales, como la protección de derechos y el Estado de derecho, son fundamentales para cualquier democracia funcional. Pero la defensa de los valores democráticos, alerta el autor, pasa por combinar reformas a las instituciones existentes con movilización ciudadana para defenderlas. Pasa por incrementar la participación individual y colectiva, por combatir la degradación del debate y discurso públicos y por garantizar una mayor equidad social para evitar que el descontento sea explotado por fuerzas iliberales. Coincido con estas apreciaciones, aunque –por las razones mencionadas en este texto– me parece que también funcionan para resistir los iliberalismos de izquierda.

Más allá de su orientación ideológica, el resultado del iliberalismo ha sido el mismo en distintos contextos: la erosión del pluralismo y la concentración del poder en manos de líderes con escasa rendición de cuentas. Tanto desde la derecha como desde la izquierda, los movimientos iliberales han debilitado las instituciones democráticas, restringido derechos y promovido liderazgos personalistas que buscan perpetuarse en el poder. América Latina ha experimentado ciclos recurrentes de avances democráticos seguidos de reacciones iliberales, lo que ha generado una crisis de representación y una creciente desconfianza en la capacidad transformadora de la democracia. En un continente como Latinoamérica, con tanto rezago en equidad, justicia y desarrollo, las izquierdas tienen todavía mucho por hacer. Para conseguirlo, deben asumir y defender los derechos civiles, políticos, económicos y culturales que expanden la ciudadanía democrática. Justificar su supresión, por ideología o lealtad, niega ese gran cambio civilizatorio –la democratización– que posibilita las luchas por la inclusión y el reconocimiento en el mundo contemporáneo. ~

1. Este texto es deudor de los diálogos y debates con diferentes colegas, entre quienes destaco a César Eduardo Santos, John Keane, María Isabel Puerta, Sergio Ortiz Leroux y Yanina Welp. El libro de Santos (Viejas ideas. ¿Nuevos desafíos? Un estudio teórico sobre el ascenso del iliberalismo) ha sido, en particular, un temprano y necesario resultado e impulso para esta reflexión. ↩︎