Los ataques de Hamรกs a Israel y la respuesta israelรญ han sido desastrosos para los civiles. En la masacre del 7 de octubre, Hamรกs atentรณ contra civiles desarmados, entre ellos, mujeres, niรฑos y ancianos, lo que resultรณ en mil 200 personas muertas y alrededor de 240 rehenes. La subsecuente campaรฑa militar por tierra y aire en Gaza desde marzo de 2024 ha matado a mรกs de 30 mil personas, un tercio de ellas mujeres y niรฑos. La ofensiva israelรญ ha desplazado a alrededor de dos millones de personas (mรกs del 85% de la poblaciรณn de Gaza), ha dejado a mรกs de un millรณn de personas en riesgo de inaniciรณn y ha daรฑado o destruido unos 150 mil edificios. A dรญa de hoy no hay un hospital funcionando en el norte de Gaza. De acuerdo con el gobierno israelรญ, Hamรกs usa edificios civiles como escudos y opera desde ellos o en los tรบneles debajo de ellos, quizรก porque, en el marco del derecho internacional, esos edificios han sido considerados fuera de los lรญmites de las operaciones militares.
El derecho internacional humanitario, tambiรฉn conocido como las leyes de la guerra o la ley de los conflictos armados, existe supuestamente para proteger a los civiles de las peores calamidades de un conflicto. El objetivo de este cuerpo de leyes siempre ha estado claro: los civiles que no se han involucrado en la lucha merecen ser protegidos de todo daรฑo y gozar de acceso libre a la ayuda humanitaria. Pero en la guerra entre Israel y Hamรกs la ley ha fallado. Hamรกs continรบa reteniendo rehenes y ha usado escuelas, hospitales y otros inmuebles pรบblicos como escudo de su infraestructura militar, mientras que Israel ha desplegado una guerra sin cuartel en รกreas densamente pobladas y ha reducido el flujo de la necesitada ayuda a un goteo. El resultado ha sido una devastaciรณn extrema para los civiles en Gaza.
El conflicto en Gaza es un claro ejemplo del colapso de las leyes de la guerra, pero no es un caso aislado. Es el mรกs reciente dentro de una larga serie de guerras posteriores al 11-S, desde la guerra estadounidense โcontra el terrorismoโ hasta la guerra civil siria o la guerra rusa en Ucrania, que han mermado la protecciรณn de los civiles. Por este sombrรญo expediente, es tentador concluir que las protecciones humanitarias que los gobiernos se esforzaron tanto por convertir en leyes desde la Segunda Guerra Mundial ahora tienen poco significado. Sin embargo, un deficiente sistema de derecho internacional humanitario ha vuelto mรกs humano el conflicto. De hecho, a pesar de ser quebrantadas a menudo, la existencia de estas protecciones legales ha ejercido una presiรณn continua sobre los combatientes para que limiten el nรบmero de bajas civiles, ofrezcan zonas seguras para los no combatientes y permitan el acceso a ayuda humanitaria, a sabiendas de que su incumplimiento tendrรก consecuencias internacionales.
Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y sus aliados establecieron los Convenios de Ginebra, los cuatro tratados de 1949 que establecen elaboradas normas que rigen la conducciรณn de la guerra. En un momento donde las leyes de la guerra son severamente puestas a prueba, Estados Unidos, quien especialmente en los aรฑos posteriores al 11-S ayudรณ a debilitarlas, ahora debe actuar para renovarlas y fortalecerlas.
Licencia para matar
Las leyes de la guerra ofrecen un intercambio. Los soldados de naciones soberanas pueden ser legalmente asesinados en conflictos armados. A cambio, obtienen una inmunidad que les permite cometer actos que en otros contextos serรญan considerados crรญmenes, es decir, no solo tienen permiso para matar, sino tambiรฉn para invadir, allanar, robar, agredir, mutilar, secuestrar, destruir bienes y provocar incendios. Esta inmunidad aplica tanto si su causa es justa como si no.
Existen lรญmites, que han sido modestos si pensamos en toda la historia. Hugo Grotius, el diplomรกtico holandรฉs de inicios del siglo XVII considerado โel padre del derecho internacionalโ, escribiรณ que los soldados debรญan tener prohibido el uso de veneno, matar mediante engaรฑo (por ejemplo, despuรฉs de fingir la rendiciรณn) y la violaciรณn. En el marco legal de Grotius, estas tres ofensas eran las รบnicas excepciones en las licencias para matar de los soldados. Podรญa permitirse la esclavitud, la tortura, el robo y la ejecuciรณn de prisioneros, asรญ como matar intencionalmente a civiles desarmados, incluidos mujeres y niรฑos. A pesar de que algunos tratados regulaban la conducciรณn de la guerra en su tiempo, los paรญses de Europa occidental aceptaron ampliamente estas reglas como derecho internacional consuetudinario.
De acuerdo con Grotius, los soldados no tenรญan permitido masacrar civiles cuando quisieran. Estaban legalmente autorizados a dar los pasos necesarios para aplicar los derechos que el enemigo habรญa infringido โy nada mรกsโ. Si matar a mujeres y niรฑos no contribuรญa al esfuerzo bรฉlico, entonces no habรญa justificaciรณn para hacerlo. Incluso si la masacre insensible de civiles inocentes era tรฉcnicamente ilegal en el derecho internacional de la รฉpoca, quienes las llevaran a cabo no podรญan ser considerados responsables. Aquellas faltas, observรณ Grotius, podรญan โcometerse con impunidadโ. La falta de un recurso legal contra los ataques a civiles empezรณ a atenderse a mediados del siglo XVIII, cuando los paรญses adoptaron de manera gradual el principio de distinciรณn, el cual supone hacer una diferencia entre combatientes y civiles.
Las leyes que gobernaban la guerra continuaron evolucionando a lo largo del siglo XIX. La primera Convenciรณn de Ginebra, firmada en 1864, prohibiรณ los ataques a hospitales, personal mรฉdico y pacientes. La Declaraciรณn de San Petersburgo de 1868 prohibiรณ el uso de municiones de fragmentaciรณn, explosivas o incendiarias para armas pequeรฑas. Las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, ratificadas por la mayorรญa de las potencias del momento, prohibieron los ataques a pueblos y edificios que no estaban defendidos por fuerzas militares. Tambiรฉn saquear, ejecutar a los prisioneros de guerra y presionar a los civiles para que jurararan lealtad a un poder extranjero.
Pero los paรญses que estaban en guerra se esforzaban por averiguar cรณmo hacer cumplir estas leyes. Su soluciรณn solรญa ser una represalia: si un adversario violaba las leyes de la guerra en una operaciรณn militar, el paรญs podrรญa responder con otra violaciรณn. A menudo las represalias podrรญan ser infligidas a los prisioneros de guerra, que estaban cerca y podรญan ser fรกcilmente ejecutados. Pero los civiles no estaban aislados de los ataques. Cuando los guerrilleros espaรฑoles atacaron la columna francesa en el Valle de Sil en 1808, durante las guerras napoleรณnicas, el general francรฉs Louis-Henri Loison ordenรณ a sus soldados prender fuego al campo.
El balance de la posguerra
Durante la Segunda Guerra Mundial mรกs de treinta millones de civiles fueron asesinados. Tras esa violencia catastrรณfica estuvo claro que nuevas y mรกs severas leyes eran necesarias para regular la guerra. En 1949, una serie de conferencias internacionales convocadas por el Comitรฉ Internacional de la Cruz Roja estableciรณ los cuatro Convenios de Ginebra en un esfuerzo para prevenir la violencia mรกs brutal de la guerra. A pesar de que Grotius propuso solamente tres prohibiciones para guiar a los Estados en guerra, los Convenios de Ginebra y, mรกs adelante, sus tres protocolos adicionales llenaron cientos de pรกginas con reglas especรญficas para casi cualquier escenario. Los nuevos estatutos se enfocaron en el tratamiento de personal militar enfermo o herido en el campo o en el mar, prisioneros de guerra y civiles.
A diferencia de las primeras leyes de la guerra, los Convenios de Ginebra prohibieron no solo la violencia injustificada, sino ciertas formas de violencia asociadas a los objetivos bรฉlicos. Para cumplir los convenios, las partes en guerra deben distinguir entre civiles y combatientes y entre lugares civiles y militares. Sobre todo, no deben intencionalmente atacar a civiles u โobjetivos civilesโ, como escuelas, residencias, equipo de construcciรณn, negocios, lugares de culto y hospitales que no contribuyan directamente a la acciรณn militar. Y los civiles nunca deben ser blanco de las represalias. El principio de la proporcionalidad, establecido en 1977 en el Protocolo Adicional I, reconoce que algunas veces los ejรฉrcitos van a herir a civiles y objetivos civiles cuando persiguen objetivos militares. Pero la norma requiere que el daรฑo no sea โexcesivo en relaciรณn con la ventaja concreta y directa previstaโ. Por otra parte, el principio de precauciรณn exige que los ejรฉrcitos velen constantemente por preservar a los civiles y sus bienes, aunque eso pueda ralentizar las operaciones militares.
Los Convenios de Ginebra y sus protocolos, asรญ como la ley internacional adicional que ha surgido a raรญz de ellos, dieron un paso adelante en comparaciรณn con las normas anteriores. Su objetivo es proteger a los civiles del daรฑo incluso cuando este podrรญa servir a un propรณsito estratรฉgico. Asรญ, un ataque contra un objetivo militar que ayudarรญa al esfuerzo bรฉlico de un beligerante estรก prohibido si perjudicarรก a demasiados civiles. En muchos sentidos, los Convenios de Ginebra han sido notablemente exitosos. Los cuatro convenios han sido ratificados por todos los Estados miembro de Naciones Unidas. La mayorรญa de los paรญses han adoptado manuales militares que traducen los convenios en reglas concretas hechas para guiar la conducta de sus ejรฉrcitos. Muchos han reforzado estas leyes en contra de sus propios soldados. Sin embargo, estas elaboradas y ambiciosas normas fueron diseรฑadas para conflictos que eran muy distintos a los del presente.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las guerras entre Estados han descendido dramรกticamente, pero los conflictos que involucran a grupos armados se han incrementado. Los Convenios de Ginebra dicen poco acerca de estos รบltimos. Solo un artรญculo, el artรญculo 3, afecta especรญficamente a grupos no estatales. Proteger a los civiles en una guerra resulta mucho mรกs difรญcil cuando uno de los actores no es un Estado. Los combatientes que pertenecen a grupos no estatales generalmente no visten uniformes. A pesar de que sus miembros se agrupen, entrenen en campamentos y se organicen en una estructura jerรกrquica, tienden a operar en lugares donde los civiles tambiรฉn estรกn presentes. Como resultado, puede ser extremadamente difรญcil diferenciarlos de los civiles ordinarios.
Tipos de legรญtima defensa
Los ataques del 11-S y la respuesta estadounidense inauguraron una nueva era de guerra que ha llevado al derecho internacional humanitario a un punto de ruptura. Antes de 2001, el derecho internacional entendรญa que se trataba de legรญtima defensa solo cuando un paรญs se estaba defendiendo del ataque de otro. Hasta entonces, pocos paรญses habรญan mencionado a los actores no estatales como su primera razรณn para usar la fuerza en legรญtima defensa. (Israel era una excepciรณn notable, sus adversarios incluรญan fuerzas irregulares establecidas en Egipto, Jordania, Lรญbano y Siria.)
Despuรฉs del 11-S, las reclamaciones de legรญtima defensa cambiaron. Estados Unidos justificaba su invasiรณn a Afganistรกn argumentando que estaban respondiendo, como la administraciรณn de Bush informรณ al Consejo de Seguridad de la ONU, a la โamenaza continua a Estados Unidos y sus ciudadanos por parte de la organizaciรณn Al-Qaedaโ. En un aรฑo, Australia, Canadรก, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Polonia y el Reino Unido tambiรฉn presentaron reclamaciones de legรญtima defensa contra Al-Qaeda. Y no pasรณ mucho tiempo antes de que los paรญses hicieran lo mismo contra otros grupos no estatales. En 2002, por ejemplo, Ruanda citรณ el derecho a la legรญtima defensa contra la Interahamwe, un grupo paramilitar. Y en 2003, Costa de Marfil citรณ el mismo derecho en contra de las โfuerzas rebeldesโ.
Para enfrentarse a grupos como Al-Qaeda y el Estado Islรกmico, tambiรฉn conocido como isis, Estados Unidos y sus aliados se basaron en lo que denominaron la โdoctrina de la incapacidad o la falta de voluntadโ, es decir, la teorรญa de que la acciรณn contra una amenaza no estatal estรก justificada siempre que el paรญs en el que se encuentra el actor no estatal no quiera o no pueda suprimir la amenaza. En la mayorรญa de los casos, Estados Unidos buscรณ el consentimiento de los gobiernos para atacar grupos no estatales en sus territorios. Irak, Somalia, Yemen y, mientras los talibanes estuvieron lejos del poder, Afganistรกn aceptaron la intervenciรณn estadounidense. Cuando los Estados no otorgaban su consentimiento โpor ejemplo, Siriaโ, el gobierno estadounidense recurrรญa a la doctrina de la incapacidad o de la falta de voluntad, explรญcitamente respaldada por una docena de paรญses, para justificar el uso de la fuerza militar.
Cuando Washington entrรณ en guerra con actores no estatales tuvo problemas para distinguir entre los civiles que podรญa matar segรบn los Convenios de Ginebra โaquellos โque participaban directamente en las hostilidadesโโ y los que no. Si un civil que no era miembro de isis realizaba una tarea para el grupo โpor ejemplo, colocar un artefacto explosivo improvisado en una carreteraโ y luego volvรญa a su trabajo como un obrero normal, ยฟpodรญa ser atacado?
En 2009, el Comitรฉ Internacional de la Cruz Roja publicรณ una guรญa para los gobiernos sobre cรณmo proteger a los civiles en caso de combatir contra actores no estatales. El documento del CICR reiteraba la ley segรบn la cual los civiles deben ser protegidos del ataque directo โa menos que durante un tiempo participaran directamente en las hostilidadesโ. Eso estableciรณ el principio de que los civiles que no participan directamente en las hostilidades deben distinguirse no solo de las fuerzas armadas, sino tambiรฉn de quienes intervienen en las hostilidades โรบnicamente de forma individual, esporรกdica o no organizadaโ. El diablo estรก en los detalles.
El CICR concluyรณ que la participaciรณn directa en las hostilidades โse refiere a actos especรญficos llevados a cabo por individuos como parte de las hostilidades entre los implicados en un conflicto armadoโ. Una persona que forma parte de un grupo armado tiene una โfunciรณn de combate continuaโ y puede ser atacado durante la guerra.
Por lo tanto, los combatientes de isis eran considerados objetivos militares legรญtimos siempre y cuando el conflicto con isis continuara. Pero los miembros de isis que proveen apoyo no combativo, incluidos reclutadores, entrenadores y financiadores, no lo son. Un civil que coloca un explosivo improvisado en apoyo a isis participa directamente en la guerra cuando coloca el arma y en el camino a cumplir con la tarea. Pero una vez que esta ha concluido, termina tambiรฉn su participaciรณn en la guerra, asรญ que ya no puede ser atacado. Muchos paรญses rechazaron las orientaciones del CICR, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, que propusieron sus propias reglas para sus campaรฑas antiterrorismo en Medio Oriente.
ยฟLรญneas borrosas?
Para abordar la realidad cambiante del combate urbano, Estados Unidos y otros paรญses adoptaron nuevas polรญticas que una vez mรกs pusieron a los civiles en el punto de mira. En el centro de su propuesta estaba el concepto de los llamados objetivos de doble uso. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, todos los sitios son militares o civiles, no hay punto medio. Objetivos que normalmente se usan con fines civiles, como lugares de culto, residencias o escuelas, se asumen como civiles. Pero pueden perder este estatus si se utilizan para propรณsitos militares.
La clara divisiรณn entre civil y militar a menudo no se corresponde con la realidad en el terreno. Hay muchos sitios y estructuras que cumplen con propรณsitos civiles importantes, pero por tener cierto uso militar pueden ser considerados objetivos militares, por ejemplo, trenes, puentes, estaciones elรฉctricas y la infraestructura de comunicaciones. Incluso un edificio de apartamentos, si parte de รฉl se usa para almacenar armas, puede ser considerado de doble uso.
Y lo que es mรกs controvertido: Estados Unidos ahora considera como objetivos legรญtimos los sectores econรณmicos del adversario que puedan contribuir a financiar la guerra. En el transcurso de sus operaciones contra isis, por ejemplo, Estados Unidos atacรณ pozos petrolรญferos, refinerรญas y camiones cisterna. Los Estados suelen estar de acuerdo en que las industrias directamente relacionadas con la milicia o la defensa pueden ser atacadas, como aquellas que producen armamento o que suministran combustible a los vehรญculos militares. Pero discrepan sobre si se puede atacar a una industria que solo contribuye indirectamente a las actividades militares, proporcionando apoyo financiero, por ejemplo. El Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa sostiene que la โcontribuciรณn efectiva de una industria o sector determinado a la capacidad de combate o de mantenimiento de la guerra de una fuerza adversaria es suficienteโ. Esto significa que bancos, negocios e incluso cualquier fuente de actividad econรณmica que contribuya a las capacidades del adversario para mantenerse pueden ser objetivos justificados. Y ya que los miembros de los grupos no estatales usualmente se apoyan en los mismos recursos que los civiles ordinarios para obtener comida, combustible o dinero, estas รกreas de la economรญa esenciales para la vida civil estรกn habitualmente en la lรญnea de fuego.
Como resultado, el concepto del doble uso ha hecho que una gran variedad de actividades civiles sean objeto de acciones militares potenciales. Una empresa que es principalmente usada para fines civiles, como una refinerรญa o incluso una panaderรญa, puede convertirse en un objetivo de guerra si contribuye de alguna manera en los esfuerzos del enemigo. Sigue siendo vรกlido que el daรฑo causado a la poblaciรณn civil y a las infraestructuras civiles debe ser proporcional a la ventaja militar potencial obtenida. Pero Estados Unidos e Israel consideran que cualquier sitio que pueda calificarse como de doble uso es legรญtimamente un objetivo militar. El daรฑo a ese objetivo, desde ese punto de vista, no es parte del cรกlculo de proporcionalidad. Si se prevรฉ que se perjudicarรก a civiles no combatientes, hay que sopesar si lanzar el ataque, pero no asรญ la pรฉrdida a largo plazo de servicios civiles vitales, como los que proporciona una planta de tratamiento de agua, una red elรฉctrica, un banco o un hospital.
La lรณgica militar detrรกs de la campaรฑa israelรญ por aire y tierra en Gaza es, en parte, resultado de estos cambios incrementales a los cuales Estados Unidos e Israel han contribuido durante dรฉcadas. Hamรกs es a su vez un actor no estatal y de facto una autoridad gobernante en Gaza. Establecer quiรฉn es un combatiente de Hamรกs y quiรฉn no, particularmente desde el aire, es difรญcil. Incluso en tierra, a menudo las fuerzas israelรญes han fallado a la hora de distinguir entre civiles y combatientes, como en diciembre de 2023, cuando las tropas israelรญes dispararon a tres rehenes mientras ondeaban una bandera blanca. E incluso cuando las fuerzas israelรญes han hecho todo el esfuerzo posible para diferenciar entre combatientes y civiles, disparar a uno sin matar al otro ha demostrado ser casi imposible. Dada la extraordinaria densidad poblacional de Gaza, casi cualquier objetivo militar estรก cerca, encima o debajo de edificios donde un gran nรบmero de civiles vive o trabaja.
En Gaza hay pocos objetos o estructuras que Israel no considere de doble uso. Israel ha empeorado la crisis humanitaria de Gaza al retener en la frontera artรญculos como bombonas de oxรญgeno y postes para tiendas de campaรฑa. Mientras tanto, trata a los hospitales, escuelas, edificios de apartamentos y lugares de culto como objetivos militares legรญtimos si Hamรกs los ha usado con propรณsitos militares. Israel sostiene que Hamรกs conoce la ley de guerra y que ha buscado proteger su infraestructura militar al ocultar sus actividades en tรบneles debajo de estructuras civiles, como hospitales, porque la ley las protege del ataque. El gobierno israelรญ enfatizรณ este punto en su defensa ante el Tribunal Internacional de Justicia contra las acusaciones de Sudรกfrica de que estรก cometiendo un genocidio en Gaza.
La decisiรณn de Israel de tratar las ubicaciones tradicionalmente protegidas de los ataques como objetivos legรญtimos ha significado la devastaciรณn para los civiles en Gaza. Hospitales y escuelas donde los desplazados por la guerra buscaron refugio han sido objeto de ataques a gran escala, provocando la muerte de miles de personas. El problema ha sido resultado de la interpretaciรณn expansiva del principio de proporcionalidad. Como Eylon Levy, portavoz del gobierno israelรญ, dijo a la BBC, la proporcionalidad en la perspectiva de Israel significa que el daรฑo colateral de dicho ataque debe ser proporcional a la ventaja militar esperada. โY la ventaja militar esperada aquรญ โexplicรณโ es destruir la organizaciรณn terrorista que ha perpetrado la mรกs mortรญfera masacre de judรญos desde el Holocausto.โ
Israel ha convertido un principio que estaba hecho para proteger a los civiles en una herramienta para justificar la violencia. Su enfoque para calcular la proporcionalidad โno ataque por ataque sino a la luz del objetivo de la guerra enteraโ no es como se supone que los militares deben realizar sus evaluaciones. Ademรกs, de acuerdo con el derecho internacional codificado en el Protocolo Adicional I, el principio de proporcionalidad prohรญbe un ataque donde el daรฑo esperado a civiles y lugares sea โexcesivoโ en comparaciรณn con la โventaja militar directaโ que el ataque supuestamente deberรญa alcanzar. A la hora de sopesar cualquier daรฑo causado a civiles frente a una amenaza existencial percibida, Israel puede justificar prรกcticamente cualquier ataque que cumpla con los requisitos de la proporcionalidad: los presuntos beneficios siempre superan los costes. Como era de esperar, este enfoque ha desembocado en una guerra con pocas restricciones.
Atrapados en el fuego cruzado
Aunque la cifra de civiles muertos en la guerra de Gaza es extraordinaria, no se trata de un caso excepcional dentro de los conflictos recientes. Durante la guerra civil en Siria, el gobierno sirio ha gaseado repetidamente a su pueblo y ha borrado vecindarios completos en un esfuerzo por suprimir a la oposiciรณn. En 2018, un informe de la ONU revelรณ que las fuerzas sirias, apoyadas por la milicia rusa, habรญan atacado hospitales, escuelas y mercados.
Arabia Saudรญ tambiรฉn ha sido acusada de violar la protecciรณn jurรญdica a los civiles en sus operaciones en contra de los rebeldes hutรญes respaldados por Irรกn en Yemen. En 2015, Arabia Saudรญ liderรณ una coaliciรณn de Estados en una campaรฑa para hacer frente a los hutรญes, quienes habรญan lanzado un ataque entre las fronteras y tomado la capital yemenรญ, Sanรก. Un equipo de investigadores de la ONU hallรณ que los ataques aรฉreos de la coaliciรณn โlos mismos que Estados Unidos apoyรณ con reabastecimiento de combustible, inteligencia y venta de armasโ golpearon zonas residenciales, mercados, funerales, bodas, centros de detenciรณn, embarcaciones civiles e instalaciones mรฉdicas, matando a mรกs de 6.000 civiles e hiriendo a mรกs de 10.000. Los ataques a infraestructura esencial, como plantas de tratamiento de agua, provocaron una epidemia de cรณlera que matรณ a miles de personas, principalmente a niรฑos.
Ucrania tambiรฉn ha sido escenario de ataques bรกrbaros contra civiles. Las fuerzas rusas llevaron a cabo ejecuciones sumarias, desapariciones y tortura en Bucha y otras zonas. Bombardearon de manera indiscriminada Mariรบpol, daรฑando el 77% de las instalaciones mรฉdicas. A lo largo de la guerra, los ataques de Rusia a instalaciones elรฉctricas de Ucrania han dejado a millones de civiles sin electricidad, agua o calefacciรณn.
Mientras tanto, las innovaciones tecnolรณgicas han amenazado con erosionar la lรญnea que separa a civiles y combatientes. En Ucrania, por ejemplo, la misma aplicaciรณn que los ucranianos usan para declarar sus impuestos puede ser usada para rastrear tropas rusas. Al usar la funciรณn โe-enemigoโ, los ucranianos pueden compartir informes, fotos y vรญdeos de los movimientos de las tropas rusas. Sin embargo, esto hace a esos mismos civiles vulnerables a ataques, ya que cualquier civil que use la aplicaciรณn para alertar a las fuerzas ucranianas de actividad rusa puede ser etiquetado como โparticipante directo en las hostilidadesโ y, en consecuencia, ser considerado un objetivo legรญtimo. Los servidores de datos ucranianos almacenan tanto informaciรณn militar como civil, lo que probablemente convierte las redes informรกticas y la informaciรณn almacenada en ellas en objetos de doble uso. Ucrania ha creado un โejรฉrcito informรกticoโ de mรกs de 400.000 voluntarios que trabajan con el Ministerio de Defensa ucraniano para lanzar ciberataques a la infraestructura rusa. Estos ucranianos quizรก no se han dado cuenta de que al ofrecer sus servicios voluntariamente, de acuerdo con el derecho internacional, se han convertido en combatientes en un conflicto armado.
Motivo de restricciรณn
Una conclusiรณn pesimista de las guerras de Gaza y Ucrania puede ser que se han olvidado las duras lecciones de la Segunda Guerra Mundial y que los esfuerzos por utilizar el derecho para proteger a los civiles de la guerra son inรบtiles. Pero, a pesar de lo brutales que son los conflictos actuales, posiblemente serรญan mรกs horrorosos sin estas leyes. Una lectura cuidadosa de la era actual podrรญa demostrar que, lejos de abandonar las protecciones a los civiles ensalzadas en la Convenciรณn de Ginebra, los beligerantes en las guerras recientes han hecho esas protecciones menos efectivas al restringir severamente la definiciรณn de civil. Y Estados Unidos ha jugado un papel crucial en este cambio.
Desde el 11-S, Washington ha usado su poder para debilitar las restricciones al uso de la fuerza, al interpretar agresivamente el derecho a la autodefensa y al permitir ataques mรกs expansivos a los sitios y estructuras de doble uso. Estas posiciones han otorgado una mayor flexibilidad al ejรฉrcito estadounidense, pero tambiรฉn han puesto a mรกs civiles en peligro. Siguiendo el liderazgo de Estados Unidos, otros paรญses, como Francia, Israel, Arabia Saudรญ, Turquรญa y el Reino Unido, tambiรฉn han debilitado las restricciones a su propia milicia.
Para revertir esta tendencia y fortalecer el derecho en los conflictos armados, Washington debe aceptar que las restricciones y la presiรณn a otros a hacer lo mismo son esenciales para los principios fundamentales de la dignidad humana que tanto ha defendido. La administraciรณn de Biden ha dado pasos modestos en esta direcciรณn. En 2022, el Departamento de Defensa anunciรณ un plan detallado para que el ejรฉrcito estadounidense protegiera mejor a los civiles y el pasado mes de febrero la administraciรณn de Biden dijo que exigirรญa que los gobiernos extranjeros prometieran que cualquier arma estadounidense que recibieran no serรญa usada para violar el derecho internacional. Pero hace falta mucho mรกs.
Para empezar, Estados Unidos debe profundizar la colaboraciรณn y cooperaciรณn con el Tribunal Penal Internacional, el mecanismo mรกs efectivo para reforzar el derecho internacional humanitario. De hecho, algunos miembros del Congreso estadounidense han apoyado el ejercicio de la jurisdicciรณn del TPI sobre Rusia por los crรญmenes cometidos durante la guerra en Ucrania y han aprobado una ley que permite a Estados Unidos compartirle a su fiscal pruebas de los crรญmenes rusos en ese paรญs. No obstante, en 2020, la administraciรณn de Trump sancionรณ a los jueces y abogados del TPI en respuesta por haber investigado si los soldados estadounidenses habรญan cometido crรญmenes de guerra en Afganistรกn. Para el resto del mundo, la hipocresรญa es flagrante e instructiva. Una manera en la que Estados Unidos puede mejorar su relaciรณn con el TPI podrรญa ser rechazando la Ley de Protecciรณn del Personal de Servicio Estadounidense, una norma de 2002 conocida como โel acta de invasiรณn de La Hayaโ que permite al presidente ordenar una acciรณn militar para proteger a los estadounidenses de la persecuciรณn del TPI. Ademรกs, prohรญbe a las agencias gubernamentales colaborar con el TPI, a menos que estรฉ especรญficamente permitido, como en el caso de la investigaciรณn sobre Ucrania.
Estados Unidos tambiรฉn deberรญa reconsiderar algunas de las posiciones jurรญdicas expansivas que adoptรณ tras el 11-S. Por ejemplo, deberรญa respaldar lรญmites mรกs estrictos sobre cuรกndo se puede apuntar a objetivos de doble uso. Tambiรฉn tendrรญa que revisar el tratamiento de los principios de proporcionalidad y precauciones factibles en el Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa, para reflejar mejor el derecho internacional humanitario. Y deberรญa implementar por completo un nuevo plan para mitigar el daรฑo a civiles durante operaciones militares.
Ademรกs, Estados Unidos tendrรญa que restringir su apoyo militar รบnicamente a aquellos paรญses que respeten el derecho internacional humanitario, no solo con el suministro de armas, sino tambiรฉn cuando ofrece apoyo financiero, inteligencia y entrenamiento. El gobierno estadounidense tiene programas de respuesta al terrorismo en ochenta paรญses en seis continentes. Si Washington condiciona su apoyo a una mayor adhesiรณn al derecho y lo retira de aquellos paรญses que no lo cumplan, el efecto serรญa potente e inmediato. E Israel no estarรญa exento de esas normas; Estados Unidos deberรญa insistir en que el paรญs deje claras las medidas concretas que piensa adoptar para garantizar que su conducciรณn de la guerra en Gaza se ajusta al derecho internacional.
Esos cambios no se deben hacer solo en forma de acciones, sino que se deben convertir en ley. Cuando el poder ejecutivo ofrece explicaciones legales al comportamiento de Estados Unidos, casi siempre lo hace para justificar sus acciones militares, a menudo traspasando los lรญmites legales existentes. En contraste, cuando apoya las restricciones que protegen mejor a los civiles en la guerra, por lo general enfatiza que lo hace como polรญtica, no porque se lo hayan requerido sino como una decisiรณn. Esto significa que las restricciones pueden fรกcilmente descartarse cuando son inconvenientes. Mientras tanto, los fundamentos jurรญdicos de sus acciones servirรกn de precedente para justificar futuras operaciones militares de Estados Unidos y otros paรญses del mundo.
Para que el derecho de la guerra sobreviva a los desafรญos existenciales de hoy, Estados Unidos y sus aliados deben verlo no como una restricciรณn opcional que puede ser moldeada o eludida en funciรณn de las necesidades, sino como un pilar inamovible del orden jurรญdico mundial. Es cierto que habrรก participantes en la guerra que quebranten la ley y, en consecuencia, civiles que sigan sufriendo. Pero, antes de que Estados Unidos llame a esos infractores a rendir cuentas, debe mostrar que estรก preparado para exigirse a sรญ mismo, y a sus aliados, los mismos estรกndares. ~
Traducciรณn del inglรฉs de Karla Sรกnchez.
Publicado originalmente enย Foreign Affairs.
Distribuido por Tribune Content Agency.
es profesora de derecho internacional en la Facultad de Derecho de Yale y autora, al lado de Scott J. Shapiro, de The internationalists. How a radical plan to outlaw war remade the world (Simon & Schuster, 2017).
