Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende es el nombre de la campaña que el gobierno de nuestro país ha impulsado para recuperar piezas arqueológicas que se encuentran en colecciones privadas y públicas del extranjero. La iniciativa se ha llevado a cabo con la colaboración de la Secretaría de Cultura (SC) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como también con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de las embajadas y consulados, a la que se han sumado la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).
Esta campaña, en apariencia, es congruente con el papel que el Estado debe realizar de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, aún vigente, pues en el artículo 16 se establece que “el Instituto Nacional de Antropología e Historia promoverá la recuperación de los monumentos arqueológicos de especial valor para la nación mexicana que se encuentran en el extranjero”. Sin embargo, el tema presenta aristas que no han sido discutidas y de las cuales no se han ocupado los arqueólogos ni otros estudiosos y trabajadores del patrimonio. Por ejemplo, si bien en dicho artículo se establece la importancia de recobrar aquellos monumentos “de especial valor”, la campaña promueve el regreso de cualquier material sin distingo.
Así pues, considero que iniciativas como esta se han construido desprovistas de una reflexión que sustente las políticas de repatriación. No ha habido un debate sobre qué piezas repatriar ni para qué, tampoco una planeación de dónde y cómo habrán de resguardarse, estudiarse y difundirse. La campaña es, a mi parecer, una ocurrencia mediáticamente impecable, pero metodológicamente vana. Observo en ella la dicotomía reconocida por Manuel Gándara entre la “arqueología oficial” y la “arqueología científica”: la primera sirve para propósitos políticos de los gobernantes en turno, mientras que la segunda parte de preguntas de investigación y se realiza con metodologías minuciosas para comprobar o descartar hipótesis. En pocas palabras: la primera es una arqueología de objetos; la segunda, de contextos.
Si el regreso de nuestro patrimonio partiese de una decisión sustentada contaría con un protocolo que garantizara la autenticidad de las piezas recuperadas y que evitara el oportunismo de las casas subastadoras. Al llevarse a cabo repatriaciones sin planeación ni jerarquización, el regreso de piezas patrimoniales resulta disociado de adecuadas políticas de investigación, resguardo y difusión. La citada ley de 1972 establece en su definición de “monumento arqueológico” una temporalidad que abarca un universo inmenso: el artículo 28 dicta que son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de flora y fauna, relacionados con esas culturas.
Por ello, es imprescindible trazar coordenadas metodológicas que organicen el material recabado. Si bien se ha dicho que el programa Mi patrimonio no se vende ha repatriado alrededor de doce mil piezas arqueológicas y se insiste en que este esfuerzo es inédito en el país, las noticias raramente van acompañadas de imágenes, lo que hace imposible posicionarse al respecto. De hecho, la mayoría de las veces se enfatiza más la presencia de los funcionarios involucrados que las características de las colecciones recibidas.
No basta con almacenar piezas
En 2021, como parte de las conmemoraciones del gobierno federal, se llevó a cabo la exposición La Grandeza de México en el Museo Nacional de Antropología (MNA) y en el edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En su publicidad se insistía en que el acervo presentado no había sido expuesto anteriormente en nuestro país, pues se conformaba por algunas piezas repatriadas. Para habilitar dicha exposición, el INAH hizo una enmienda que permitía el “préstamo” de piezas arqueológicas de origen mexicano en el extranjero con el compromiso de que serían devueltas a sus “dueños” que, en sentido legal, no lo son. Secundo lo que Eduardo Matos Moctezuma ha expresado en varias entrevistas: “México no debe aceptar que le presten su patrimonio.”
Con el mismo propósito y a través de embajadas y consulados, la SRE convocó a ubicar y repatriar piezas arqueológicas. Hubo respuesta de varios países. El llamado tuvo una particular acogida en Holanda donde se ha construido un discurso decolonialista acompañado por la devolución de patrimonio a países antes colonizados, particularmente de África. La entrega de objetos por parte de particulares inundó de pedacería las colecciones del MNA: distintos fragmentos cerámicos y objetos misceláneos sin contexto, información ni procedencia llegaron para ser registrados, clasificados, resguardados y eventualmente exhibidos. Muchos de ellos, aparentemente, habían sido recolectados de Teotihuacán en viajes turísticos hechos por los holandeses.
El registro de las colecciones ocupó muchas horas de los trabajadores y el resguardo de esa pedacería hoy se lleva a cabo en espacios de almacenaje del INAH. No serán objeto de ninguna investigación ni serán exhibidos, como no lo son los miles y miles de tiestos que los arqueólogos recolectamos en los sitios y que son valiosos en la medida en que se cuantifican mediante bases de datos que constituyen los análisis de materiales para una posterior explicación del sitio explorado. Pero sin esos proyectos que proveen de un marco temporal y espacial a los objetos, la pedacería permanecerá ocupando un lugar en las ya de por sí repletas bodegas de las ceramotecas institucionales sin el propósito de ser estudiada.
Esta historia me recuerda, en escala regional, a la del gobernador de Veracruz Agustín Acosta Lagunes, quien en 1986 solicitó que los presidentes municipales trajeran las piezas arqueológicas de sus municipios al Museo de Antropología de Xalapa (MAX), cuyo edificio actual se encontraba entonces en construcción. Esto significó, en muchos casos, un verdadero atropello y disrupción de los contextos arqueológicos. Así ocurrió, por ejemplo, con la estela de la Mojarra y con las cabezas colosales que, aunque ubicadas y registradas, habían permanecido en San Lorenzo. Al ser removidas, se destruyeron sus contextos y se obstaculizó el trabajo de posibles investigaciones ulteriores.
Con el mismo propósito, Acosta Lagunes compró objetos de subastas en EUA, lo que derivó en un escándalo internacional cuando se descubrió que muchos de ellos habían sido manufacturados recientemente por Brígido Lara. Al llegar a las bodegas del flamante nuevo museo, el mismo Brígido –entonces colaborador del MAX– reconoció sus piezas entre las recientemente adquiridas y, a partir de ello, identificó que muchas otras de diversas colecciones de museos en EUA atribuidas a la Costa del Golfo habían sido elaboradas por él.
En el MAX, y en el marco del programa Mi patrimonio no se vende, hoy se exhibe una máscara atribuida a los olmecas que fue recibida con bombo y platillo por el director del INAH y el cónsul general de México en Nueva York, así como por funcionarios del MAX y de la Universidad Veracruzana (UV). Sin embargo, su autenticidad está por revisarse. No se llevaron a cabo pruebas que indiquen las huellas de tallado como se suele hacer con las piezas olmecas de piedra verde en sus colecciones. Las autoridades la validaron sin ningún estudio de por medio. Su apariencia, por la forma de la frente, parece más del estilo teotihuacano; no tiene la redondez habitual de la deformación craneal olmeca. La ausencia de las típicas huellas de orificios en los puntos extremos de los ojos –que sí se observan en la boca y que son tan habituales en todos esos rasgos en las máscaras olmecas– ha suscitado dudas sobre su autenticidad por parte de especialistas, entre ellos el propio curador del acervo olmeca, el Dr. Roberto Lunagómez. A simple vista las huellas de manufactura en su reverso también han causado suspicacia en el jefe del Departamento de Arqueometría del propio MAX, Dr. Henri Noel Bernard Medina.
El programa que nos ocupa, reitero, intenta detener una subasta o recibe nuevas colecciones sin antes haber realizado algún análisis a los objetos que valide su autenticidad. De hecho, en la repatriación se da a todas las piezas el mismo tratamiento: se registran sin revisión alguna. Por ello, sin un análisis minucioso se vuelve más frecuente la autentificación de piezas falsas.
Casos de éxito y de polémica
Si bien ha sido constante la ausencia de la academia en las políticas de repatriación en el periodo del gobierno en turno –y particularmente en la campaña Mi patrimonio no se vende– también hay que reconocer algunos aciertos. Destaca por exitoso, sin lugar a duda, el regreso del monolito denominado “Portal del inframundo”. Se trata del monumento 9 de Chalcatzingo. En este caso, su repatriación procede de la sólida investigación realizada por David C. Grove, quien durante tres décadas se esforzó por localizar su ubicación y lograr su retorno a nuestro país. La pieza escultórica se encontraba en una colección privada en Colorado. Solo había estado expuesta en exhibiciones temporales en los Estados Unidos y se logró repatriar para ser exhibida en su lugar de origen. En una dolorosa coincidencia, Grove falleció justamente un día antes de la repatriación de este “Portal del inframundo”.
Otro ejemplo exitoso ocurrió con un brasero maya procedente de Palenque, que se hallaba en una colección privada en Austin, Texas y que iba a ser subastado en una galería en Arizona. En las noticias de su regreso se reconoce la participación de Dr. David Stuart, mayista que fungió como interlocutor fundamental entre la diplomacia mexicana y los particulares en posesión de la pieza. Estos procesos deberían servir como ejemplo del por qué es importante involucrar a los estudiosos para ubicar aquellos monumentos fundamentales de los cuales se debe solicitar su regreso. Insisto: los procesos de repatriación deben ser acompañados de especialistas, no es un trabajo de cónsules ni de la Guardia Nacional.
Miles de historias de tantos otros objetos a lo largo del tiempo dan cuenta de políticas protagonizadas por funcionarios o políticos con agendas diversas. Una particularmente interesante, larga y tortuosa, ha sido descrita recientemente por Rita Sumano González: la de los murales de Teotihuacán de la colección Wagner en el Museo de Young en San Francisco. En esa ocasión ocurrió una colaboración internacional llena de encuentros y desencuentros, de acuerdos y desacuerdos, pero que por lo menos significó su buen resguardo, difusión e investigación. Fue el propio INAH que decidió la división de la colección entre el Museo de Young y el MNA, lo cual será siempre cuestionable.
La colección era de Harald Wagner, quien los exportó en los sesenta, no se sabe si por saqueo o compra. No fueron conocidos sino hasta que, a su muerte, los heredó al Museo de Young en 1976. Tuvieron que pasar diez años para lograr la entrega de una parte de la colección, pues su salida del país antecedía a la ley federal de 1972, aunque sin duda eran producto de un delito. Una década de trabajo diplomático y la participación de diversos expertos llegaron a la salomónica y controvertida decisión de dividir la colección. Podríamos criticar que algunos fragmentos hayan permanecido del otro lado de la frontera, pero también podríamos celebrarlo siempre y cuando se exhiban y sean objeto de investigación rigurosa.
Hay que recordar que los objetos viajan con los seres humanos, que somos por naturaleza coleccionistas, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Por poner un ejemplo: no se cuestiona éticamente el haber encontrado en el Templo Mayor piezas de otros tiempos y espacios mesoamericanos como la máscara de estilo olmeca u objetos con características mayas o de Mezcala. No obstante, estos son productos adquiridos y guardados a partir de una política dominante por parte de los mexicas que buscaban poseer y ofrendar objetos ajenos como propios.
En ese mismo sentido, no hay una reflexión sobre los beneficios de exhibir piezas fuera de nuestro territorio. Los objetos, como las personas, migran. ¿No es recomendable que algunas piezas ejemplares sean, bajo estrictos convenios, exhibidas fuera de nuestro país? Si nos enorgullecemos cuando la UNESCO reconoce sitios arqueológicos como patrimonio de la humanidad, ¿ello no significaría reconocer el derecho de cualquier persona en cualquier lugar de acceder al conocimiento de ese patrimonio? En el caso de los mexicanos viviendo en los EUA –hoy se calculan unos 36 millones–, ¿no tendrían el derecho de admirar piezas prehispánicas en museos de los EUA, como de hecho ocurre? El argumento de la identidad nacional que el patrimonio prehispánico nos provee, ¿no vale también más allá de nuestras fronteras?
Las colecciones fuera de nuestro territorio son diversas: las hay privadas, que son las éticamente más criticadas, pero también las hay en museos e instituciones de investigación y de educación superior. Las historias son distintas, como sus orígenes. En el caso de las instituciones educativas y de investigación fuera del país que tienen colecciones legalmente exportadas, ¿deben repatriarse sin tomar en cuenta las investigaciones en curso o potenciales?
Existen colecciones en dichas instituciones que se originaron gracias al saqueo, el tráfico ilegal, el coleccionismo previo a su prohibición y hasta las exportaciones legales temporales que nunca fueron regresadas. Precisamente en el contexto de la campaña de Mi patrimonio no se vende, en la Universidad Colgate recientemente se devolvieron piezas a través del consulado de México en Nueva York que desproveyeron a la colección cerámica de referentes para su estudio.
Más allá del coleccionismo y las buenas intenciones
Como hemos revisado, las repatriaciones ocurren por la buena voluntad o por el desinterés de los coleccionistas por conservar sus piezas. No hay una jerarquización, ni una selección por parte de México a este respecto. No se lleva a cabo un estudio sistemático de las colecciones fuera de nuestro territorio. Simplemente dependemos de los buenos oficios de los cónsules y embajadores, así como de la voluntad de los responsables de las colecciones en el extranjero.
Cada objeto, cada colección, cada historia, requiere de una revisión a profundidad que debe partir de preguntas como: ¿Qué repatriamos? ¿Para qué repatriamos? ¿Para quién repatriamos? Habría que preguntarnos también: ¿Dónde están las piezas? ¿Quién aprovecha su aprecio o estudio? ¿Cómo salieron de nuestro país? ¿Fue legal su exportación o no?
Hace falta una autocrítica de parte del INAH ante el establecimiento de políticas irreflexivas, de relumbrón, que en poco benefician al conocimiento y la difusión de las culturas precolombinas. Un proyecto arqueológico no tiene como objetivo la recuperación de objetos, sino la comprensión de un periodo situado en un espacio preciso. La miscelánea que nos llega como gran logro diplomático es un distractor para que el gran público no se percate de la indolencia y falta de apoyo a la investigación arqueológica que ha enfrentado disminuciones presupuestales.
Se critica el coleccionismo fuera de nuestro país, pero poco se hace para evitar el saqueo. No se multiplican los esfuerzos de resguardo de nuestros sitios, no se persigue sistemáticamente el tráfico de objetos. De hecho, en la incautación de piezas por repatriar, no se persigue a los dealers que las habrían provisto a las galerías y subastas. E insistimos, lamentablemente, en que no se propicia ni apoya la investigación arqueológica científica. Esa que no se trata del número de objetos “rescatados” sino de la explicación profunda de sus orígenes. Esa que no celebra el objeto per se sino que pretende comprender el marco de los seres humanos que lo crearon, lo usaron, lo intercambiaron, lo coleccionaron, lo desecharon, o lo destruyeron.
De hecho, observo que en la administración actual del INAH las declaraciones triunfalistas parecen devolvernos a los tiempos del coleccionismo. La forzada exploración de los terrenos sobre el trazo del Tren Maya es anunciada mediante un número de piezas localizadas y no como una contribución al desarrollo cultural del territorio penetrado por las máquinas que mutilan tanto la vegetación como los restos culturales para plantar los rieles ferrocarrileros. Pero eso debería ser objeto de otra reflexión, por ahora me basta con señalar que cuando estas acciones han sido criticadas por algún arqueólogo la respuesta institucional ha sido la censura y hasta la sanción laboral.
Con la numeralia presuntuosa del cúmulo de piezas halladas y extraídas de su contexto se tergiversa el valor de la arqueología. Esta disciplina no se trata de traer o sacar objetos, debemos alzar la voz. La campaña Mi patrimonio no se vende, aunque pareciera éticamente correcta, resulta en una reivindicación del coleccionismo de objetos desprovistos de su estudio.
La arqueología mexicana se ha construido en fundamentos teóricos y metodológicos más profundos que el recuento triunfalista del número de fragmentos de cerámica en una estadística vacía. Convoquemos al debate y la reflexión del uso y discurso del patrimonio arqueológico. Participemos en la construcción de mejores políticas públicas para su manejo. Procuremos una legislación más apegada a la investigación arqueológica. Propongamos mejores y más científicas formas de su resguardo, estudio y difusión. ~
Bibliografía
Gándara, Manuel, La arqueología oficial mexicana: causas y efectos, Ciudad de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992.
Grove, David (ed.), Ancient Chalcatzingo, Austin, University of Texas Press, 1987.
Rozental, Sandra, “Restituir el patrimonio del pueblo” en Revista de la Universidad de México, núms. 891-892, 2022, pp. 34-39.
Sumano González, Rita, Saqueo arqueológico, coleccionismo y nación: un estudio sobre los murales de Amanalco, Teotihuacán. Tesis para obtener el Doctorado en Historia, Ciudad de México, El Colegio de México, 2021.
(Xalapa, 1964) es maestra en historia del arte y arqueología por la Sorbona y doctora en antropología por la UNAM.
