El triunfo de Hugo Chávez en la elección presidencial de Venezuela en 1998 marcó el fin de una etapa de estabilidad en las relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos, dando inicio a un largo periodo de tensiones que comenzó bajo la administración de George W. Bush en 2005 con la imposición de sanciones relacionadas con el narcotráfico, bajo el argumento de que Venezuela había incumplido con sus obligaciones bajo acuerdos internacionales sobre estupefacientes. La transformación de los vínculos entre ambos países a lo largo de las últimas dos décadas mantiene a estos antiguos socios comerciales en un pulso que representa el mayor escalamiento militar del hemisferio desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, y que se profundizó con la extracción de Nicolás Maduro en una operación militar los primeros días de 2026. El panorama político de los meses anteriores estuvo condicionado por la agenda política de “América Primero” del presidente Donald Trump. Con la divulgación del “corolario Trump” a la Doctrina Monroe, quedan menos dudas sobre cuál es el modelo de relaciones hemisféricas que le interesa a su administración.

La gesta bolivariana frente al imperio yanqui

Los orígenes del estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela pueden encontrarse en el proyecto de transformación política de Venezuela, iniciado bajo Hugo Chávez a partir de 1999. En la construcción del llamado “socialismo del siglo XXI”, Chávez redefinió la política exterior, utilizando la diplomacia petrolera como herramienta de influencia regional en iniciativas como Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Con esta estrategia, Chávez buscaba desafiar explícitamente la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. Sin embargo, a pesar de la guerra de palabras, las amenazas de Chávez nunca llegaron al extremo de suspender el suministro petrolero a los Estados Unidos. El negocio de los hidrocarburos era la principal fuente de financiamiento para la exportación del modelo chavista, y Estados Unidos, su principal socio comercial.

El comandante tenía aspiraciones de liderazgo regional y se propuso no solo desafiar la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio, sino construir un bloque contrahegemónico financiado por el ingreso petrolero, además del endeudamiento, y así “garantizar” alianzas que le permitieran crear una fuerza regional en oposición al imperialismo. La transición de Chávez a Maduro coincidió con la caída de los ingresos petroleros, lo que desencadenó una profunda crisis económica y, con ello, la progresiva autocratización del país. El chavismo pasó del despliegue de estrategias de soft power –el uso de la diplomacia, la cultura y los valores políticos– a la necesidad del sharp power –el uso de la propaganda– como herramienta política regional. La alianza estratégica con Cuba, Rusia, China e Irán convirtió a Venezuela en un tema de preocupación geopolítica en el hemisferio. Como ha señalado la politóloga Adriana Boersner-Herrera, estos aliados autoritarios habían respaldado a Maduro, proporcionándole “dinero, tecnología, diplomacia, asistencia de seguridad e inteligencia” que le permitieron sobrevivir a múltiples crisis a lo largo de estos años, hasta ahora.

Las dos administraciones de Trump

En su primer mandato (2017-2021), Donald Trump optó por una política de “máxima presión” mediante la aplicación de un paquete de sanciones económicas a partir de 2017. Como he planteado en estudios anteriores, esta aproximación al problema de Venezuela tuvo consecuencias no intencionales, aunque previsibles, pues, en lugar de provocar el colapso del régimen de Maduro, contribuyó a una severa contracción económica que desencadenó el éxodo de más de ocho millones de venezolanos del país. El tema de Venezuela fue clave para el presidente Trump en su campaña de reelección de 2020, concretamente en el sur de Florida, donde reside la comunidad venezolana más grande con derecho a voto del país. Sin embargo, el interés no era precisamente el voto venezolano-americano, electoralmente poco decisivo, sino el del votante cubano-americano, que está persuadido de que la caída de La Habana pasa por el quiebre del régimen en Caracas.

Ya en su segundo mandato, la administración de Donald Trump comenzó –desde principios de septiembre de 2025– una serie de ataques armados contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de que se trataba de una operación antinarcóticos. La acumulación de una armada de buques de guerra en el Caribe representa un escalamiento militar sin precedentes en las relaciones bilaterales modernas. Los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico registran, a la fecha, 115 fallecidos en 35 incursiones. Aun cuando persisten dudas sobre la legalidad de esta operación, la administración de Trump ha reiterado que su propósito se inscribe en una agresiva política de seguridad nacional, apuntando al rol de Venezuela y Nicolás Maduro en el tráfico de sustancias ilícitas. Si bien Venezuela desempeña un papel menor en el flujo de drogas hacia Estados Unidos, más como país de tránsito que como productor, las acusaciones sobre su participación en el tráfico de fentanilo han sido refutadas por expertos en el tema.

Sin embargo, la Estrategia de Seguridad Nacional y específicamente el “corolario Trump” dejan claro que, en materia de seguridad nacional, la lucha antidrogas es una prioridad para la estabilidad en el hemisferio occidental, que, bajo su administración, es un espacio de dominio indisputable. Esta aproximación a las relaciones en la región evidencia el retorno a una modalidad de política intervencionista que se creía superada.

La ambigüedad estratégica

Una de las promesas de campaña del presidente Trump en 2024 fue poner fin a las guerras eternas y comprometerse a no iniciar nuevos conflictos. Luego de su fallida campaña para el Nobel de la Paz, en la que apostó a su rol de mediador en el cese de ocho conflictos armados (sobre lo que hay disputas), la administración de Donald Trump siguió teniendo pendiente el desenlace de la guerra en Ucrania, mientras se preparaba para un conflicto armado inminente con Venezuela.

A principios de 2025, luego de haber criminalizado la inmigración venezolana durante la campaña presidencial de 2024, entre sus primeras decisiones ejecutivas estuvo la terminación de los beneficios migratorios temporales de más de 600 mil venezolanos que vivían legalmente en los Estados Unidos. A diferencia del pasado, cuando reconoció el heroísmo de los venezolanos que luchaban por el retorno de la democracia a su país y les dio una plataforma a exiliados políticos en 2019, las medidas iniciales de reforzamiento migratorio tuvieron como objetivo principal a quienes provenían de Venezuela. Una de las decisiones más severas ha sido, sin duda, la proclamación emitida el 15 de marzo que permitió el envío de más de 250 ciudadanos venezolanos a una prisión en El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

De haber sido el anzuelo electoral en las elecciones de 2020, la migración venezolana en los Estados Unidos se convirtió en el villano del ciclo electoral de 2024. Sin importar que se trataba de acusaciones infundadas, pues en la mayoría de los casos resultaron ser venezolanos con peticiones migratorias legítimas en curso y sin antecedentes criminales, el gentilicio venezolano se asoció invariablemente con la banda delictiva Tren de Aragua. La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros –junto con la designación, el día 20 de enero de 2025, del Tren de Aragua como organización extranjera de terrorismo– no solo supuso la persecución de potenciales criminales venezolanos en el territorio estadounidense, sino también la estigmatización de ciudadanos de origen venezolano que residen legalmente en el país. Las medidas implementadas por la Casa Blanca reflejan la amplificación de la ola xenofóbica contra los inmigrantes, cuya expresión institucional se evidencia en la inclusión de Venezuela en la lista de países sin acceso a beneficios migratorios. Las medidas punitivas abarcan desde la pausa en la tramitación de peticiones hasta la revisión de decisiones sobre beneficios migratorios adjudicados, como asilo, residencia legal permanente y ciudadanía.

En paralelo al proceso de ilegalización de venezolanos en los Estados Unidos se inició una campaña armada en contra del régimen autoritario de Nicolás Maduro, al que la administración de Trump consideraba un enemigo, por su vinculación con el crimen organizado en la región. Si bien hay menciones ocasionales a la naturaleza autoritaria del régimen político venezolano, el énfasis recae en la amenaza que representa para la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, no parece que sea ni el autoritarismo, especialmente viniendo de una administración seriamente cuestionada por sus prácticas autoritarias, ni el tráfico de drogas, luego de los indultos a Ross Ulbricht y Juan Orlando Hernández, quienes cumplían largas condenas por tráfico de drogas en Estados Unidos, lo que verdaderamente anima a esta administración en su lucha frontal contra el régimen de Maduro.

¿La Habana vía Venezuela?

A principios de la segunda presidencia de Trump hubo un pulso entre quienes habrían de definir buena parte de la agenda de política exterior, en particular hacia Latinoamérica: el encargado oficial, Marco Rubio, como secretario de Estado, y Richard Grenell, como enviado de la presidencia para misiones especiales. Al inicio parecía que Grenell llevaba la delantera con su visión pragmática de la negociación diplomática con Maduro, permitiéndole lograr la libertad de un grupo de ciudadanos norteamericanos detenidos por el régimen venezolano.

Sin embargo, para pasar su agenda legislativa por la Cámara Baja del Congreso, el presidente Trump necesitaba el voto de tres legisladores cubanoamericanos del sur de Florida, quienes se oponían a la renovación de la licencia de la compañía petrolera Chevron, la única empresa extranjera que opera en el sector de hidrocarburos en Venezuela. La decisión de permitir la expiración de la licencia de Chevron le confirió a Rubio el margen de influencia necesario para avanzar su agenda política hacia Cuba y Venezuela en los términos que les interesan a las comunidades cubanas y venezolanas americanas del sur de Florida.

Por ello, el giro hacia la confiscación de buques petroleros venezolanos se inscribe en una dirección que sugiere un escenario adicional en el conflicto. Durante años se ha sostenido que el interés de Estados Unidos en Venezuela es más por su riqueza petrolera que por el retorno a la democracia, potenciado ahora por el inocultable interés del secretario Rubio de forzar el quiebre del régimen en La Habana. Con estas intercepciones de buques petroleros, no solo le están asestando un duro golpe a las finanzas del régimen de Maduro, sino también a Cuba, cuya situación económica está bordeando el colapso debido a la falta de suministro de combustible proveniente de Venezuela, como consecuencia del bloqueo marítimo.

De cara a las elecciones intermedias de 2026, la actual estrategia de máxima presión contra Venezuela, y por ende Cuba, podría contrarrestar el efecto negativo que tuvo haber reforzado las políticas migratorias en el sur de Florida en perjuicio de las comunidades cubana y venezolana estadounidenses. Adicionalmente, la presión sobre Maduro contribuyó no solo a debilitar su control sobre el poder, sino también a minimizar su rol como “punto de apoyo antiestadounidense en el hemisferio occidental”, según ha señalado Boersner-Herrera. Por ahora, los halcones parecen llevar la delantera frente a los pragmáticos en esta coyuntura regional.

La reconstrucción de los escenarios políticos

Con la extracción de Nicolás Maduro a comienzos de este año, los escenarios políticos planteados sobre el desenlace de la coyuntura en Venezuela cambiaron drásticamente. De los planteamientos que consideraban, entre otras posibilidades, una salida negociada a un exilio dorado, la realidad sitúa a Venezuela en la incertidumbre de una dudosa transición, luego de las condiciones planteadas por el presidente Trump después de la captura de Nicolás Maduro.

Al descartar la participación de María Corina Machado en la transición, el presidente Trump decidió asumir la tutela de la estabilización en Venezuela. Sin embargo, en lugar de depositar su confianza en las fuerzas de la oposición democrática, reconociendo al presidente electo Edmundo González, en principio se mostró partidario de mantener el statu quo con la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiendo las riendas del ejecutivo. Trump dejó claro que Estados Unidos asumiría el control del país hasta lograr la estabilización de la nación suramericana.

No hay antecedentes para una situación como la que se le presenta a Venezuela, que no sean las históricas intervenciones de Estados Unidos en la política latinoamericana que creíamos superadas. El “corolario Trump” está reviviendo las formas básicas de intervencionismo norteamericano, que en el caso venezolano tiene un propósito claramente económico (el presidente aludió directamente al sector petrolero), además del control migratorio en la región.

Reacción de los aliados

Mientras Trump anunciaba una misión de protectorado de Venezuela, la alianza iliberal respondió con los tradicionales comunicados de condena, sin llegar a niveles inflamatorios. Rusia continúa ocupada con la guerra contra Ucrania, y a pesar de su alianza con Maduro, no parece que la decisión del presidente estadounidense sea suficiente como para forzar a Putin a intervenir de forma más directa. Por su parte, China, que había adoptado una postura de observación durante la ronda de ataques en el Caribe, emitiendo declaraciones en las que abogaba por el respeto a la soberanía venezolana, reaccionó a la captura de Maduro demandando su liberación inmediata. Sin embargo, tanto Rusia como China tienen interés en la efectividad de la estrategia de Estados Unidos para efecto de la resolución de sus conflictos con Ucrania y Taiwán, respectivamente. Por otra parte, Irán y Cuba se encuentran en una posición sumamente precaria, pues además de las sanciones que pesan sobre el país persa y la asfixia financiera que agobia al régimen castrista, el impacto de la crisis económica sigue causando estragos sobre las respectivas poblaciones, anticipando una mayor desestabilización política.

En este sentido, el apoyo simbólico de Rusia es insuficiente en un contexto en el que Venezuela necesita optimizar su apresto militar. China aprovecha la oportunidad para incrementar su influencia en medio de la guerra arancelaria, evitando una confrontación directa con Trump que convertiría a Venezuela en un proxy militar. Los mecanismos de evasión de sanciones en los que Irán tuvo un papel central fueron desmantelados por Estados Unidos, lo cual creó dificultades no solo para el transporte de crudo, sino también para la adquisición de equipos, como drones, entre otros suplementos. La vulnerabilidad de Venezuela la ha hecho presa fácil del intervencionismo.

Reflexión final

La crisis actual representa un preocupante retroceso a la etapa intervencionista que se creía superada en la región. En esta coyuntura, los intereses electorales domésticos, la necesidad de frenar el avance de China y Rusia en Latinoamérica y la erosión democrática condicionan la agenda política del presidente estadounidense. El “corolario Trump” no considera la democracia una prioridad, sino la hegemonía de Estados Unidos.

Han pasado dos siglos desde la introducción de la Doctrina Monroe y volvemos a un Washington D. C. que concibe este hemisferio como su “patio trasero”. Lejos del argumento de proveer protección al continente americano, el “corolario Trump” a la Doctrina Monroe deja claro que su interés es ejercer el control sobre la región para garantizar la seguridad nacional de los Estados Unidos. En esta oportunidad, Latinoamérica se encuentra profundamente fragmentada, ya no entre gobiernos de izquierda y derecha, sino entre democracias y autocracias. El futuro de América Latina dependerá de la cohesión que muestre la región para resistir colectivamente el intervencionismo, o si, por el contrario, la presión económica o arancelaria logra su apaciguamiento.

Venezuela, después de un cuarto de siglo de revolución chavista, cuya promesa de vencer al imperialismo ha convertido al país en el mayor fracaso político de la izquierda latinoamericana, se encuentra hoy a merced de los Estados Unidos. Por una parte, vemos la amenaza militar consumada contra el régimen de Nicolás Maduro y, por la otra, la esperanza de millones de venezolanos de que la intervención estadounidense puede devolverles el país que perdieron a manos del socialismo del siglo XXI. ~