Se cumplen 45 días desde que la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) recuperó las instalaciones del campus Santa Fe en protesta por la imposición de José Antonio Romero Tellaeche como director. La comunidad ya ha superado el frío de la carretera México-Toluca, las festividades decembrinas lejos del hogar, el ingreso del Servicio de Protección Federal y el tsunami que representa la variante ómicron. Las autoridades nos han plantado en cinco llamados al diálogo y recientemente nos han amenazado con la posible pérdida del semestre que está por iniciar.
Este fin de semana, la resistencia cumplirá un día de toma del plantel por cada año de existencia del Centro y, a manera de lúgubre celebración, la doctora Álvarez-Buylla lleva el conflicto al límite, promoviendo una reforma a los estatutos de nuestra institución que se discutirá el día de mañana, 14 de enero. Esta reforma tiene el objetivo de legalizar la imposición de su personero Romero, adecuar el perfil del secretario académico para ajustarlo a la medida de sus necesidades y reducir al Consejo Académico (actual contrapeso a la dirección) a un órgano meramente decorativo.
Si la reforma es aprobada, la gobernanza y la vida interna del CIDE sufrirán heridas de gravedad: el director podrá realizar su ansiada “purga neoliberal” y modificar libremente los planes de estudio. Además, los estudiantes estaremos en una posición de gran vulnerabilidad frente a su carácter probadamente vengativo. No me extraña que un reportero me preguntara hace unas horas, mientras nos manifestábamos frente al Senado de la República, si abandonaríamos la lucha en el caso de que se modifiquen los estatutos.
Resulta irónico que la primera demanda del movimiento estudiantil fuera la renuncia del doctor Romero y que hoy, ante la adversidad impuesta desde el poder, se nos pregunte si somos nosotros quienes estamos dispuestos a renunciar a nuestra lucha. Confieso que hay frustración, pero también hay conciencia histórica. ¿Por qué habríamos de ser nosotros y no Romero quienes renunciemos, si es él quien está del lado incorrecto de la historia, si es él quien representa la regresión a las viejas prácticas autoritarias que persiguen las opiniones críticas y la libertad académica?
El CIDE es una institución que ha forjado profesionistas de alta calidad que ahora sirven al país procurando mejorar las políticas públicas que atienden los problemas nacionales. Desconozco si el CIDE resistirá con éxito los embates del Conacyt o si perderemos el control de nuestra gobernanza institucional. Lo que sí aseguro es que renunciar no es una opción, pues entendemos que toda acción ciudadana también es pedagogía política. Eventualmente, la doctora Álvarez-Buylla dejará su puesto y tendrá que rendir cuentas a la comunidad científica, de la que proviene y a la que ha traicionado. Mientras tanto, nos toca cuidar que las siguientes generaciones de gobernantes y ciudadanos puedan mirar al pasado y entender, respectivamente, que actuar por sobre la ley debe conllevar un elevado costo.
Estamos en la antesala de una nueva Ley General de Ciencia y Tecnología que, a juzgar por la propuesta hecha por el Conacyt, busca reproducir a gran escala la imposición que ahora amenaza al CIDE. Cuando esta ley se presente en el Congreso de la Unión, cada estudiante, académico e investigador del país deberá preguntarse en su fuero interno si renuncia al llamado que tenemos de cuidar que el quehacer científico esté al servicio de la nación y no de un funcionario fuera de control.
Licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM y actual estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE, sede Santa Fe.
