En un Estado democrático de derecho, todo poder debe tener límites y controles, primero que nada los planteados en la Constitución. Por ello resulta lamentable que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya violado una disposición expresa de la carta magna mexicana, la que señala que no es competente tratándose de asuntos electorales, para actuar como ariete en un ataque al Instituto Nacional Electoral y recomendarle que se transforme. La ironía del asunto es que la entidad que requiere una reforma es la comisión, no el INE, que se distingue por sus resultados y profesionalismo.
En efecto, en términos de factibilidad,
{{ Se entiende por factibilidad a aquel atributo de las acciones públicas por el que lo proyectado se puede hacer, se lleva a la realidad, a la práctica. Por ejemplo, las soluciones de política pública deben cumplir con seis criterios de factibilidad: presupuestal, socioeconómico, legal, político, ambiental y administrativo. }}
la CNDH es un órgano fallido, porque no es eficaz para la defensa de los derechos fundamentales.
{{ Según la investigación “La violación de los derechos humanos en México 2000-2018: algunas características y tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH”, “El análisis comparativo por sexenios arroja que en cada administración aumenta considerablemente el número de quejas. Así, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, el promedio anual de quejas fue de 4,168.5; con el presidente Felipe Calderón fue de 7,608.3 y con el presidente Enrique Peña Nieto fue de 9,197.3. Para el caso de las recomendaciones, la administración del presidente Calderón registró el mayor promedio anual, con 81.5 instrumentos. La administración del presidente Peña Nieto tuvo un promedio anual de 73.3 recomendaciones, mientras que en el gobierno de Fox se emitieron un promedio de 54.6 recomendaciones por año”. }}
Esta situación se ha visto agravada por su captura en este sexenio, al imponer el presidente López Obrador al frente de la Comisión a una incondicional de su movimiento, que no ha estado presente en el discurso público por cumplir con su función de controlar al poder ejecutivo, sino por actuaciones muy penosas, por los sueldos que ella y su equipo reciben, por el descubrimiento de que se alimentaba lujosamente con cargo al presupuesto, por su silencio ante las frecuentes violaciones a derechos humanos que la sociedad reclama al gobierno federal y, para rematar, por la mezcla de sesgo y desconocimiento desplegada en la mencionada recomendación contra el INE y su subsecuente demanda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que solicitó que se invalidara el comunicado del instituto electoral que responde a su pronunciamiento.
Esta CNDH tiene un doble estándar, ya que por un lado emite recomendaciones al INE de dudosa constitucionalidad, pero demanda ante la SCJN que el INE cuestione esas recomendaciones. Es decir, se arroga facultades de recomendar sobre temas en los que no tiene competencia, pero se indigna porque le responden, como si fuera un monarca incuestionable. Pero, de nuevo, esta es una situación agravada: la normalidad de la CNDH ha sido de ineficacia, porque tiene un diseño institucional inadecuado para la realidad nacional. El modelo de la Comisión imita al ombudsman sueco, a pesar de que la cultura mexicana es indulgente y, por ende, no respeta la ley, y mucho menos recomendaciones no vinculantes, como las que hace la CNDH.
{{ El economista y psicólogo social Geert Hofstede ha analizado las diferencias culturales entre países. Caracteriza a la sociedad mexicana como indulgente y colectivista, que no respeta la ley y muy diferente a la sueca. La descripción que hizo de de México puede consultarse aquí. }}
Las críticas y propuestas de reforma a la CNDH han venido de distintos espacios e ideologías, desde Human Rights Watch (HRW), que ya en 2008 ponía en evidencia su pasividad, defectos de transparencia e ineficacia, pasando por los reproches del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro porque la comisión, en 2020, fue omisa en impugnar el acuerdo presidencial que dispone de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, hasta la propuesta de legisladores de Morena para desaparecer a la CNDH y, junto con el PT, para sustituirla por una “defensoría del pueblo”. La misma titular de la CNDH, a tres meses de llegar a la Comisión, afirmó que había encontrado dispendio e “inmensidad de quejas a las cuales no se les dio seguimiento”. Al parecer, la situación ha empeorado durante su gestión.
Organismos de la sociedad civil, partidos que se suponen de izquierda y críticos liberales ven en la CNDH a un órgano que no cumple satisfactoriamente su función o, peor aún, como a una entidad cuyas metas y diseño no corresponden con las necesidades sociales de garantía de los derechos fundamentales.
La reforma de la CNDH es necesaria por cuatro razones principales: a) su alta susceptibilidad a ser capturada por los actores públicos que debería regular, como ya aconteció con Rosario Piedra; b) su poca eficacia para garantizar derechos, que tiene que ver con su diseño institucional y que trabaja con medidas no obligatorias; c) la ausencia de criterios de membresía que no responden al conocimiento y especialidad (la misma presidenta de la comisión es prueba de ello); y d) la comisión es nacional, pero no tiene presencia en los estados.
¿Qué hacer? En primer lugar, establecer un perfil mínimo para ser presidente de la comisión. Si bien el conocimiento de los derechos humanos es transversal, la CNDH debe estar encabezada por una persona especialista en la materia, no por alguien que deba el cargo a su amistad o el parentesco. Este requisito de aptitud debe extenderse a todo el personal que decide sobre temas de fondo. En segundo término, la propuesta de aspirantes debe venir de la sociedad y no del titular del Ejecutivo. Si va a ser aprobada por el Senado, debe ser por una mayoría calificada que impida que el oficialismo designe al funcionario. Y, sobre todo, la CNDH debe emitir decisiones vinculantes, obligatorias para el gobierno, que solo sean revisables por la Suprema Corte de Justicia y en supuestos muy específicos. Estas medidas deben incluir las de reparación del daño, restitución de derechos y garantía de no repetición, e incluso la destitución y cárcel para funcionarios omisos y renuentes.
La CNDH tiene un presupuesto de mil 722 millones 324 mil 772 pesos, casi el doble del que tiene asignado el INAI. Al presidente López Obrador no le molesta la partida de la comisión, pero critica recurrentemente el gasto del instituto de transparencia; el doble estándar presidencial tiene una explicación evidente. En lo que aquí importa, la CNDH debería tener oficinas en todo el país, lo que es menos complicado para la Comisión que para el órgano nacional de acceso a la información pública.
En suma, la CNDH debe dejar de ser una entidad con funciones testimoniales y constituirse en un efectivo control del poder que violenta derechos fundamentales. Mucho tiempo la Comisión fungió como coto de un grupo de interés y hoy es peor: no es ni la mitad de lo que solía ser. Esta es una tragedia para la vida democrática del país, que debe terminar. Como sociedad, debemos insistir en la reforma de la CNDH, recordando dos palabras inmortales: nunca más.
