El presidente López Obrador no ha dejado dudas sobre su intención de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, mediante tres actos igualmente perversos, pero con diferentes niveles de nocividad: 1) el veto a dos nombramientos de comisionados del instituto, haciendo imposible que el pleno de ese órgano sesione; 2) la negativa judicial a que el instituto sesione con cuatro comisionados, operada mediante la ministra Loretta Ortiz, que es su incondicional; y 3) la iniciativa para que las facultades del INAI pasen a otra entidad pública, presentada por el senador Alejandro Armenta. La última es, con mucho, la más peligrosa, y establece una nueva marca en ocurrencias legislativas.
Hay que señalar que, a pesar de la desafortunada e ignorante propuesta del senador Armenta, es factible que una ley sustituya al INAI por otro órgano, ya que la Constitución jamás lo nombra. El artículo 6º constitucional, fracción VIII, solo señala que la Federación contará con un organismo autónomo, con determinados atributos, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. Es decir, el INAI no goza de un blindaje constitucional como el que tiene el Instituto Nacional Electoral, que está definido con ese nombre en la Constitución y es mencionado 37 veces con esa denominación.
En una frase, la existencia del INAI no está protegida constitucionalmente. Y eso es culpa del mal diseño que han tenido las reformas al artículo 6º de la Constitución General de la República.
El doble error de Armenta fue intentar atribuirle las facultades del INAI a dependencias que no tienen el carácter de órgano autónomo: no lo es la Secretaría de la Función Pública, ni tampoco la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, y cuya autonomía solo es técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
Si Armenta hubiera dirigido su mirada al Inegi (por afinidad temática) o a la CNDH (por afinidad competencial), su iniciativa pudo haber dejado de ser solo una mala ocurrencia. La bancada de López Obrador podría traspasar a un órgano autónomo las facultades del INAI o crear una entidad nueva y nombrar nuevos comisionados; la Constitución sí exige que lleven ese nombre, pero los legisladores podrían incluso establecer un Tribunal Nacional de Acceso a la Información cuyo pleno tuviera siete “comisionados”, y se cumpliría con la norma fundamental.
En su discurso, el presidente López Obrador aparenta que no entiende para qué sirve el INAI. Pero claro que lo sabe, por ello en su momento planteó que se hiciera una solicitud de información para conocer el interior del avión presidencial. Ahora alega que el instituto debería ventilar el patrimonio de funcionarios, como si fuera una contraloría, fiscalía anticorrupción o auditoría, cuando resulta claro que su función se reduce a garantizar el acceso a la información pública.
El INAI tiene múltiples fallas, y en más de una ocasión se ha desviado de su mandato de facilitar el acceso a la información, como cuando ha exigido formulación de agravios a quien representa un recurso por negativa de información o cuando ha informado a funcionarios la identidad de personas que han solicitado información de su desempeño. Sin duda, el INAI debe mejorarse, y quizá, en un ambiente de normalidad democrática, discutirse si debe ser sustituido por un mejor órgano. Pero en este momento resulta indispensable que funcione.
Evitemos el cliché: no es que el INAI deba salvarse porque sea una estructura inamovible del Estado, sino porque el presidente no propone algo mejor para sustituirlo. Lo que no quiere es que le exijan transparencia. Lo incongruente del asunto es que el mismo López Obrador exhibió las compras de ese suministro para el avión presidencial, durante el gobierno de Peña Nieto. Hágase la transparencia en los bueyes de mi compadre.
Desde 1967, Estados Unidos tiene un sistema de solicitudes de información en el que, ante la negativa de una dependencia, el ciudadano puede acudir a un tribunal para que le ordene la entrega de esa información. En México sustituimos al tribunal por un “INE de la transparencia”, pero mucha de la indiferencia social frente al asalto al INAI proviene de que este órgano no ha cumplido con las expectativas de su diseño. La saña del presidente contra el INAI obedece a dos razones: la facilidad con que puede ser destruido, y el hecho de que un eficaz acceso a la información es veneno puro para un gobierno populista y corrupto. Los requisitos excesivos en los recursos ante el INAI y sus resoluciones poco garantistas le han facilitado a López Obrador su ataque.
Todos debemos defender al INAI. No porque sea portentoso como el INE (no lo es), ni porque sea la única vía posible para el acceso efectivo a la información pública (tampoco lo es), ni por sus méritos. El INAI debe protegerse porque el Ejecutivo jamás puede ser garante de su propia transparencia. El presidente López quiere que no lo exhiban, que no se sepa cuánto se gasta y en qué, que los ciudadanos no se enteren cómo se ejercen las atribuciones de gobierno. Necesita una transparencia simulada, a cargo de un órgano con tan malos resultados como la Auditoría Superior de la Federación (una instancia que sí debería ser independizada de la Cámara de Diputados o incluso sustituida por otra), porque teme que la información destruya su narrativa de los “otros datos”.
Solo por eso debe defenderse al INAI: para que la información pública sea un antídoto de la mentira y propaganda que diariamente difunde presidencia de la República. Nada más, nada menos. ~
