Tras meses negociando, el partido independentista Junts (liderado por el prófugo Carles Puigdemont) y el PSOE han hecho público su acuerdo de pacto de investidura. El PSOE compra esencialmente el relato independentista sobre el procès. A continuación, unas anotaciones sobre el texto (he omitido algunos fragmentos reiterativos).
El Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya constatan que la situación política actual permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya [todo pacto intolerable tiene una prosa inaguantable: “constatan, permite, alcanzar, abrir, contribuir, resolver”], incluso partiendo de posiciones divergentes, desarrollar una dinámica para su resolución [“desarrollar una dinámica para su resolución”: he leído resoluciones del PCUS más claras] en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura atendiendo a la composición de las Cortes Generales resultante de las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023. [La clave de esta morralla: habla de “conflicto histórico”, “conflicto histórico” sobre el “futuro político” de Cataluña. Hay un conflicto desde el pasado y sobre el futuro (?). La otra clave: esto se hace para que el gobierno pueda seguir gobernando.]
Una parte importante de la sociedad catalana [menos de la mitad de su población, una parte que no aparece nunca] ha protagonizado en los últimos años una gran movilización en favor de la independencia. Este período no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, a raíz fundamentalmente de un recurso del PP contra el Estatut aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y en referéndum [un Estatut inconstitucional que cualquier democracia federal habría rechazado. El Tribunal Constitucional eliminó 14 artículos de los 223 del Estatut. En él se decían cosas como que “El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial”. Era una declaración de independencia judicial. ]
Con la aprobación de un nuevo Estatut, la sociedad catalana, que lo refrendó, buscaba tanto el reconocimiento de Catalunya como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits acumulados [los déficits acumulados significa “España nos roba”, el supuesto reconocimiento de Cataluña como nación es una trampa: eso no significa que los catalanes quisieran la independencia. En 2006, el apoyo a la independencia no llegaba al 15%. A la Diada de 2011, el año posterior a la sentencia sobre el Estatut que supuestamente activó los deseos secesionistas, acudieron 10.000 asistentes. En el año posterior CiU y el PP pactaron en varias ocasiones: Xavier Trías se convirtió en alcalde de Barcelona gracias a los votos del PP y Xavier García-Albiol alcalde de Badalona gracias a los votos de CiU. En junio de 2011, durante los sucesos del 15M, el presidente de la Generalitat Artur Mas tuvo que acudir en helicóptero al Parlament porque el parque de la Ciudadela estaba bloqueado por manifestantes “indignados”. CiU representaba a la “casta”: los recortes en sanidad y educación en Cataluña fueron devastadores. El giro secesionista de Artur Mas fue en parte para redirigir ese odio hacia España.]
Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya. [Como es normal en un acuerdo para “abrir una nueva etapa” sobre el “futuro”, tiene que haber una mención al siglo XVIII, cuando gobernaba la derecha]. Unas reivindicaciones donde las cuestiones lingüísticas, culturales e institucionales han tenido un papel destacado, especialmente en periodos en los que estas fueron objeto de una limitación legal severa e incluso de una prohibición o persecución activa [Ahora hablan de Franco. Cataluña hoy tiene una autonomía fiscal, cultural y lingüística envidiable; en el terreno concreto de la cultura y la lengua nada cambiaría con una independencia. Lo que realmente cambiaría con una independencia es que Cataluña dejaría de ser una democracia liberal]
La complejidad histórica y política de estas cuestiones ha conllevado que una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España [El 90% de los catalanes votó en 1978 a favor de la Constitución, uno de los porcentajes más altos]. La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Catalunya sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía. [De nuevo, el TC no impidió el Estatut de Cataluña, solo recortó 14 artículos que consideraba inconstitucionales.] Como reacción, se produjo una gran manifestación de protesta y, desde 2015, se han ido repitiendo mayorías absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de signo independentista. En ese período, se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern de Catalunya en materia fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia para la autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica. Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada. [La frase “hechas desde la lealtad y el marco legal vigente” es falsa. En primer lugar, la Generalitat lleva años ignorando las sentencias del TSJC sobre el castellano. Todas las propuestas que han hecho los gobiernos independentistas o catalanistas en esos años implicaban saltarse la Constitución; Artur Mas ofreció al presidente Mariano Rajoy en 2012 un pacto fiscal que sabía que sería rechazado, y utilizó ese rechazo para promover un proceso independentista.]
Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 —ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya. El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras. [Aquí se obvian cosas muy importantes, como los hechos del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando la mayoría en el Parlament se saltó sus propias normas, los derechos de la oposición y la legalidad para aprobar una ley (la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república) que ponía por encima al poder ejecutivo sobre el judicial, cuestionaba la libertad de prensa y permitía vaticinar cómo sería la república catalana independiente: un régimen iliberal y autoritario. Se obvia el robo de datos de ciudadanos para hacer un censo ilegal para el referéndum del 1 de octubre, se obvia la malversación de fondos, se obvia el hecho de que el referéndum no tenía garantías, era un referéndum no vinculante al que fueron a votar solo los partidarios del Sí] Todo ello llevó a la aprobación del artículo 155 de la CE, mediante la cual se decretó la disolución del Parlament, la destitución del Gobierno catalán y la convocatoria anticipada de elecciones, que volvieron a dar mayoría absoluta a los partidos independentistas [Es cierto que los partidos independentistas obtuvieron una mayoría, también es cierto que el partido que ganó las elecciones fue Ciudadanos, un partido inequívocamente constitucionalista y contrario a la independencia. La unanimidad y la idea de que el mandato surge del parlament siempre ha sido falsa]. Y a raíz de lo acontecido se iniciaron múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas.
Dichas causas judiciales han tenido una incidencia política relevante, al igual que diversas resoluciones de organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. [Que el PSOE acepte incluir esto en un documento es un ejemplo de la victoria del lenguaje independentista, que siempre ha querido internacionalizar el conflicto y vender España como un país antidemocrático, “cárcel de pueblos”. Los independentistas han comparado a España con Turquía y en los informes que enviaron a las instituciones arriba mencionadas aparece esa comparación.]
Este relato sintético de hechos acredita objetivamente las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución [La falacia de que es un problema político y debe solucionarse políticamente, es decir, que no pueda corregirse, matizarse o vetarse judicialmente una decisión política, clave en una democracia que pueda considerarse como tal], dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue sin resolverse [¿Cuál es la cuestión de fondo? Los independentistas quieren la independencia de Cataluña; la mayoría de Cataluña no quiere la independencia] Y, a pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales, estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto. [“Respeto y reconocimiento del otro”. De nuevo el gobierno compra el relato independentista, en el que el conflicto es entre España y Cataluña, cuando siempre ha sido entre los catalanes partidarios de la independencia y los contrarios a ella. No hay absolutamente ninguna mención a los ciudadanos catalanes no independentistas en el documento, que son mayoría.]
[…]
Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones. [La cesión que hace aquí el PSOE es grave. Es una equiparación entre fantasía y la realidad. El resultado del 1 de octubre no puede ser legítimo porque no fue realmente un referéndum, sino una escenificación manipulada. El mandato del referéndum del 1 de octubre tampoco puede ser tal: a los propios dirigentes independentistas les daba igual el resultado, porque la ley de transitoriedad que aprobaron antes del referéndum ya asumía la independencia antes incluso de que hubiera resultados sobre el referéndum. En el 1 de octubre podría haber ganado el no por mayoría y el proceso independentista habría continuado. No hay un discurso más antidemocrático que el del “derecho a decidir”. No existen unos “resultados” y no existe un “mandato”, y que el PSOE simplemente discrepe frente a eso legitima el discurso independentista]
Para la consecución de estos acuerdos, y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos [da mucha tranquilidad la constante mención a las discrepancias y desconfianzas], el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue. [El famoso relator, pero sin mencionar el concepto. Utilizar una figura internacional de nuevo legitima el discurso independentista, que sostiene que España no es una democracia fiable y es necesario un mediador extranjero]
Es en ese marco en el que ambas partes tendrán que acordar, en su caso:
• La metodología de la negociación para dotar al proceso de certidumbre [¿proceso de certidumbre?], en la que el mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del que se han dotado, desarrollará la negociación entre las partes. En ese espacio se negociará, se acordará y se abordarán los disensos, así como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos. [Una mezcla de neolengua procesista y lenguaje corporativo de consultoría]
[…]
En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya. [Esto es delirante. Junts insiste en que propondrá un referéndum a través del artículo 92 de la Constitución: el Tribunal Constitucional ha recordado en numerosas ocasiones que ese instrumento consultivo (es decir, su resultado no tiene por qué ser vinculante) no puede usarse para una secesión. Y hay otros obstáculos: el artículo habla de que votan en un referéndum consultivo “todos los ciudadanos”. Volvemos a los años previos a 2017, cuando se debatía sobre esta vía y se concluía siempre que no había nada que debatir. Y el PSOE insiste con el Estatut de 2006, supongo que incluyendo los 14 puntos considerados anticonstitucionales. ¿A quién beneficia el Estatut? El independentismo no lo pide, porque quiere ir más allá. Lo que proponía el Estatut de 2006 no es nada en comparación con lo que ha exigido (y ha obtenido) el nacionalismo en años posteriores. Pero tiene un potencial simbólico, sobre todo para el votante del PSC al que le gusta mucho el concepto “autogobierno” sin saber muy bien qué significa. “Pleno despliegue y respeto a las instituciones del autogobierno”. Pues eso.]
Y en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años. [Es todo el rato lo mismo. El gobierno no puede ofrecerle a los independentistas lo que quieren, así que les da otras muchas cosas que sí puede pero no debería darle. Recompensa su irresponsabilidad e incumplimiento de leyes con regalos fiscales e incentivos, y le ayuda a recuperarse de la estampida de empresas que se produjo después del procés. El gobierno premia la irresponsabilidad fiscal, los delitos y la inseguridad jurídica. Además, ¿cómo va a conseguir el gobierno que vuelvan las empresas que se marcharon de Cataluña?]
• La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. [Este es el punto más grave. En primer lugar, la amnistía no solo es sobre los delitos cometidos durante el procés, sino mucho antes: se incluyen delitos de corrupción, desórdenes públicos, malversación. No es una amnistía a unos delitos sino a unos individuos. Es una individualización de la justicia. Por ejemplo, Puigdemont quiere amnistiar a su abogado Gonzalo Boye, que está acusado de blanquear capitales para el narco Sito Miñanco (Boye estuvo seis años en la cárcel por participar en dos secuestros de ETA). En segundo lugar, el uso del concepto lawfare es una clara victoria del independentismo. Es una palabra que usa el nacionalismo y parte de la izquierda para criticar la “judicialización” de la política, es decir, el control judicial de las decisiones políticas (que la actuación de los políticos esté sometida a la ley, al fin y al cabo). Lo que promueve este relato es que un político, por el hecho de ser político, no puede ser juzgado, y cualquier límite que se imponga a su acción es considerado una violación a sus derechos políticos. Todas las asociaciones judiciales han hecho un comunicado en el que dicen sobre este punto que “ podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno del Poder Judicial, ha dicho que “la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes”.]
La investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts [Todo lo anterior para justificar esto]
La estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo. [En fin]
