La riqueza petrolera ha sostenido las finanzas públicas desde 1981. Pero la producción petrolera está en declive y los costos y la complejidad de extraer crudo al alza. Como sociedad estamos obligados a enfrentar este hecho con las mejores decisiones posibles, tanto administrativas, dentro de las reglas existentes, como, en su caso, modificando las instituciones vigentes.
El debate, hasta ahora, incluido el convocado por el Senado, ha estado teñido de adjetivos y no siempre se ha centrado en los temas más importantes. En este ensayo trataré de mostrar cuáles son el método y los objetivos que considero fundamentales para tomar democráticamente la mejor decisión posible con respecto a la extracción de la renta petrolera y a nuestra política para la industria de los hidrocarburos, incluida la seguridad energética.
Renta petrolera –el diferencial entre el costo total de extraer los hidrocarburos y el precio al que lo vendemos– e industria de hidrocarburos son dos cosas distintas y conviene tratarlas, en consecuencia, por separado. Corea del Sur, por ejemplo, no tiene renta petrolera que extraer, no tiene hidrocarburos en el subsuelo, pero cuenta con una eficiente política para la industria de hidrocarburos que le da seguridad energética y amplia producción de petroquímicos y refinados. Todo esto lo hace con empresas privadas. Irán importa aún más gasolina que nosotros, pero sigue una política más abierta que la nuestra para maximizar la extracción de renta petrolera y de gas.
También conviene distinguir los fines de los medios. En primer lugar, en relación con la extracción de la renta petrolera, el fin tiene que ser obtener la mayor cantidad de recursos posibles para distribuirlos, de forma equitativa, entre los ciudadanos y las generaciones. Resulta inaceptable agotar hoy un recurso al que también tienen derecho nuestros hijos y nietos. Es igualmente inaceptable no explotar como sociedad todos los beneficios potenciales que ese recurso nos ofrece.
En segundo lugar, en relación con nuestra política en materia de la industria de hidrocarburos, el fin tiene que ser lograr una oferta de energéticos y derivados de buena calidad y precios competitivos, sin subsidios a los consumidores de hoy. A la larga todo subsidio será simplemente transferido a los contribuyentes del mañana.
La cuestión legal
El medio con el que contamos para alcanzar estos fines es la ley. Por ley entiendo el conjunto de reglas que nos damos nosotros mismos, como sociedad, para ordenar nuestras relaciones, regular nuestras actividades procurando el bienestar general y crear certidumbre en el horizonte de nuestras expectativas.
El fondo de la discusión no debe ser la constitucionalidad de una u otra propuesta de reforma. El fondo es una decisión política, soberana, sobre qué hacer con el más estratégico de nuestros recursos. El fondo son las implicaciones de reformar o no reformar o el sentido de una u otra reforma. Si los fines que acordamos democráticamente exigen un cambio constitucional, hay que hacerlo de acuerdo con las reglas que marca nuestra Constitución.
La Constitución es una decisión nuestra. No es producto de un acto divino, aunque en los foros del Senado más de un participante, curiosamente de izquierda, la trató como un texto inmutable. Tan no lo es que la hemos reformado, entre 1921 y 2008, 473 veces. Solamente el texto del artículo 27 lo hemos modificado ya en 16 ocasiones. Tomar el articulado constitucional como si se tratara de escritura sagrada es renunciar al ejercicio de nuestra soberanía democrática, es imponernos restricciones propias de una sociedad dogmática, no de una sociedad libre. Como decía Hume, “las leyes civiles no deben tener otro objetivo más que el interés de la sociedad”.[1] Las leyes son sólo instrumentos y no fines en sí mismos.
Restringir la discusión a la constitucionalidad o no de la reforma es confundir los medios con los fines. Es, además, inútil. El derecho no es álgebra. Como vimos en los foros donde se discutió la constitucionalidad o no de la propuesta del Ejecutivo, hubo diferencia de opiniones. Todas eran igualmente legítimas, pero las posiciones ideológicas distintas de las que partían, y la edad misma de los participantes –a más edad, mayor probabilidad de ver las reformas como inconstitucionales–, condicionaban sus conclusiones.
Es inútil discutir la constitucionalidad de la reforma por otra razón: sólo importa qué opinen al respecto, en su momento, ya aprobada la reforma, la que sea, los once miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que quien impugne la reforma cumpla con los requisitos procedimentales que marcan las leyes. Como marca la Constitución, se requieren ocho de los once votos de los ministros para que sea declarada inconstitucional. Esta exigencia de ocho votos presupone que la Corte, cuyos miembros no han sido democráticamente electos, debe tener cierta deferencia por las decisiones que toma el legislador, quien representa la soberanía popular.
La discusión en el Congreso debería tratar sobre la decisión política de fondo y, en todo caso, sobre la manera de traducir esa decisión en reformas a las normas correspondientes. El debate no debería ocuparse de si la decisión soberana es constitucional o no, sino sobre cómo hacer constitucional esa decisión soberana, incluido el reformar la Constitución si es necesario.
Todas las partes parecen estar paralizadas por el miedo a tocar la Constitución. La oposición ha utilizado esto como estrategia para diluir lo más posible la reforma del gobierno. La escolástica discusión sobre la constitucionalidad o no de las posibles reformas enmascara, en última instancia, la falta de propuestas alternativas.[2] El gobierno, por su parte, no quiso ir más allá, pensando que el costo político de tocar la Constitución era demasiado alto, en parte porque así se lo planteó el PRI como precondición para cualquier negociación.
El estado de Pemex
Tampoco es útil hacer de la “privatización” de Pemex el eje del debate. No lo es porque se trata de una discusión semántica, no sustantiva, que no ayuda a encontrar lo que necesitamos: una política que genere incentivos para extraer la renta al menor costo y modernizar la administración de la industria petrolera.
Si privatizar es que los particulares presten servicios a una empresa estatal, Pemex siempre ha estado privatizado, desde la época de Cárdenas. Como sabemos, contrata miles de millones de pesos cada año de servicios. Pero lo hace mal, entre otras razones, porque no tiene flexibilidad para asociarse con terceros ni pueden contratar con base en riesgo.
El uso compartido hasta hace poco del término privatizar era una cosa: vender activos propiedad del Estado a agentes privados. En este sentido, privatizar es una opción que nadie ha puesto sobre la mesa.[3]
Hay un tercer sentido de privatizar que parece más útil para el debate: quién tiene el control de las decisiones en la materia. Un Estado fuerte como el noruego puede dar un amplio espacio a los inversionistas privados en el sector sin perder control. En México, por otro lado, ya se ha privatizado una parte de las decisiones de la industria a favor de un sindicato, el petrolero, que se sienta en el Consejo de Administración de Pemex en su carácter de defensor de los intereses privados de sus agremiados y que, de entrada, ya tiene derechos sobre una parte de su patrimonio, dadas las generosas pensiones no reservadas adecuadamente y cuyo pago implicará una menor renta petrolera en el futuro.
En las propuestas presentadas Pemex seguirá siendo una empresa pública, propiedad del Estado mexicano. Lo que está en juego no es la propiedad de la empresa, sino la mejor forma de administrarla para beneficio de todos los ciudadanos y no de unos cuantos, contratistas y trabajadores. Lo que está en juego es cómo permitirle hacer mejor su tarea, sobre todo la más importante, pues es donde está la renta: encontrar y extraer hidrocarburos.
La época del petróleo barato se está terminando y tenemos que hacer ajustes importantes en el sector. Los datos que se encuentran en innumerables reportes oficiales[4] se basan, sin embargo, en el supuesto de que simplemente seguiremos haciendo lo que ya hacemos hoy. Ese es, justamente, el problema: ya no podemos darnos el lujo de no hacer nada. Países como Indonesia no hicieron nada y hoy este país, que fue un importante exportador, importa petróleo. Nadie ha mostrado con rigor, por otra parte, que los datos del Ejecutivo no sean correctos.[5]
Hemos sangrado fiscalmente a Pemex con el fin de evitar cobrar más impuestos o gastar menos recursos públicos. Esto para beneficio de los tres niveles de gobierno. Incluso hemos sobreendeudado a Pemex, con lo cual enmascaramos un desequilibrio fiscal.[6] Esa política es irresponsable y egoísta frente a las generaciones futuras, pero nadie ha protestado realmente ni ha sugerido alternativas de ingreso público.
Si invirtiéramos más dinero en Pemex, esta tendencia podría cambiar. Sin embargo, hay que sacar este dinero de algún lado. Cualquiera que desee dar más dinero a Pemex está obligado a indicar, con datos ciertos, de dónde lo va a obtener. Ahora bien, aun si supiéramos de dónde, como dueños que somos del petróleo, lo mejor es invertir lo menos posible y obtener a cambio el mayor rendimiento que se pueda.
No sabemos si Pemex está maximizando nuestra renta, a la que como ciudadanos tenemos derecho. No lo sabemos porque no podemos comparar a Pemex con otras empresas que, en nuestro mismo subsuelo, hicieran algo similar. Lo que sí sabemos es que en los últimos años no ha tenido poco dinero. La inversión en Pemex se ha recuperado de manera gradual. El promedio de inversión durante el periodo comprendido entre 1983 y 2000 fue de 2 mil 900 millones de dólares, mientras que en el periodo entre 2001 y 2007 fue de 9 mil 500 millones de dólares. Para 2007, la inversión total en Pemex fue de 15 mil 600 millones de dólares, y para 2008 la inversión total será de 19 mil 400 millones de dólares.
Lo que Pemex no tiene son los mejores mecanismos para gastar ese dinero de forma eficiente. Más dinero aún que el disponible llevaría sin dudas a mayores problemas de gestión.
En el autocomplaciente diagnóstico de Pemex elaborado por el gobierno federal hay muy poca evidencia comparada que nos permita saber qué tan bien administramos la renta petrolera y la industria de los hidrocarburos. Sin embargo, en una nota al pie de página se dice que en la cuenca de Burgos extraer gas nos cuesta mucho más que en Estados Unidos. En la zona mexicana, cito este diagnóstico, “el costo promedio por pozo es 10% superior; su productividad promedio es de una tercera parte y su costo global de producción es tres veces mayor”.[7] Si así es en el resto de las operaciones de Pemex, y no hay razón para pensar que sea distinto, estamos desaprovechando de forma imperdonable nuestra riqueza.
También sabemos que todas las refinerías de Pemex pierden dinero, según cifras de Pemex mismo, salvo una, la que tenemos en Estados Unidos en sociedad con Shell. También sabemos que todas las reconfiguraciones que hemos hecho nos han costado mucho más dinero y tiempo de lo programado. Pero hay más cosas que no sabemos porque el diagnóstico de Pemex no es tan autocrítico como debería ser y no le da por compararnos con el resto del mundo.
Estudio comparativo
Pareciera que somos un país incomparable. ¿Será, de veras, que como México no hay dos? ¡Cómo si fuéramos el único país en el planeta con recursos petroleros en el subsuelo! No encontré ni una sola referencia en el debate inicial, cuando se presentaron los funcionarios gubernamentales, de cómo han enfrentado otros países este mismo reto ni con qué resultados. A lo largo del Foro fueron muy pocas las referencias comparadas. Pareciera que nos importa más cómo decidimos en 1938 un problema que enfrentaba el país en ese momento, que cómo lo han enfrentado en las últimas décadas las decenas de países que tienen reservas y que han llevado a cabo reformas para maximizar su explotación.
El método adecuado para saber qué hacer en este sector sería encargar un estudio que permita ver qué tan eficiente es Pemex en comparación con sus pares, y luego ver qué marco institucional tienen sus pares más eficientes y tratar de adaptarlos a la realidad nacional. Hay mucho trabajo hecho. No tomaría demasiado tiempo y sí, en cambio, nos dotaría de mayores elementos para tomar una decisión basada en hechos y no en deseos o prejuicios.
Es bien conocido el caso de Petrobras, que era una empresa más ineficiente que Pemex y que ahora es mucho más competitiva que la nuestra. Compite con éxito en el Golfo de México, del lado de Estados Unidos, en la extracción de aguas profundas. Los brasileños cambiaron su Constitución sin cambiar lo esencial: que el petróleo es de los brasileños. Las mejoras en su empresa son notables.[8]
Si tienen una mejor empresa que nosotros no es porque sean más listos; si modificaron su Constitución y abrieron el mercado no es porque sean poco patriotas. Lo hicieron pragmáticamente, pensando en el beneficio de los brasileños, la única forma de tener una soberanía sólida.
Las malas cifras comparativas de Pemex no constituyen una crítica a sus ingenieros ni a su personal. Pemex opera con restricciones e incentivos que la hacen ineficiente. No funciona como empresa que maximiza su utilidad mejorando su eficiencia, porque no es empresa y nadie en Pemex gana nada si es eficiente. Es un organismo público que maximiza otros fines: genera mucho empleo bien pagado, da recursos al fisco, es un espacio político. Eso es lo que maximiza, y lo hace muy bien.
No conozco país alguno que tenga, en la materia, un régimen más cerrado que el nuestro, incluso si se aprobara la iniciativa que ha propuesto el gobierno, más ambiciosa que la del PRI. Mantener ese régimen cerrado debería justificarse con datos que demostraran cómo hoy este régimen regulatorio extinto en el resto del planeta es la mejor opción para el bienestar de los mexicanos. Eso esperaría uno ver de la defensa del actual modelo: datos de su superioridad. No se mostraron en el debate, porque no los hay. Por eso es mejor hablar de constitucionalidad y soberanía.
El factor político
No hay soluciones mágicas y sin riesgos. En estos temas nunca hay conclusiones perfectas ni caminos fáciles para recoger el tesoro y seguir viviendo de ordeñar la vaca.
Sin embargo, esta es una razón de más para no poner todos los huevos en la canasta de Pemex y para buscar opciones que, al aligerar su carga administrativa y de gestión, le permitan concentrarse en los proyectos prioritarios y la obliguen a cierta competencia, capaz de disciplinarla y de dotar a sus dueños, que somos todos los mexicanos, con mejores datos para poder evaluar qué tan bien o mal se desempeña.
Supongamos que los estatistas tienen razón y Pemex es capaz de hacerlo todo; entonces no sería muy costoso haber puesto una parte de nuestra industria, bien acotada constitucionalmente, en manos privadas. Pero si no tienen la razón y ponemos todas nuestras esperanzas en Pemex la situación puede ser muy onerosa para el país.
A la izquierda le ofende la idea de un contrato de riesgo; curiosamente a Lázaro Cárdenas no le ofendía: la prohibición de este tipo de contratos vino hasta los años sesenta. Tampoco le ofendía a Fidel Castro, quien los promovió en su lado del Golfo de México, y nadie lo acusa de privatizar. En aguas profundas, donde se encuentra la mayoría de nuestro potencial en crudo y gas, todos los proyectos petroleros del mundo implican algún tipo de asociación con varias empresas. Quienes están en contra de asociación alguna deberían explicar por qué todos los otros países han optado por no ir con una sola empresa.
En un seminario efectuado en la Facultad de Ingeniería se dieron datos concluyentes de que la complejidad de las aguas profundas requiere asociaciones entre las empresas. Los casos de Brasil y Noruega presentados con detalle son contundentes. Cito la ponencia presentada por Enrique Aguilera del IPN, quien en la lámina 12 afirma:
El reto científico y tecnológico para acceder a los recursos potenciales y reservas en aguas profundas entre 500 y 2000 m y ultraprofundas (mayores de 2000 m) es de tal magnitud que no se puede alcanzar por una sola empresa; en consecuencia, las compañías petroleras, las empresas de servicios, los contratistas de perforación, las instituciones académicas y los grupos gubernamentales están empeñados en la búsqueda de soluciones tanto para la exploración como la producción de hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas.[9]
Sin embargo, en las conclusiones este trabajo no sugiere alianzas entre Pemex y otras empresas. Sería violar nuestros sagrados principios. La ideología nubla la razón.
Cualquier empresa hace negocios con otras cuando esto le resulta más rentable. Toyota no es el principal productor de acero, pero es uno de los principales consumidores; lo compra a empresas que, al estar especializadas, lo producen mejor y más barato. Este principio básico de la economía parece ausente en el debate.
El PRD, cuando es gobierno, no duda en darles negocios a los privados. En los siguientes cinco años el gobierno de la ciudad de México gastará una gran cantidad de recursos fiscales en infraestructura. Sin embargo, el gobierno no ha optado por poner su propia constructora. Saben que les saldría más caro y que la centralización de todos los proyectos en una sola estructura administrativa resultaría inviable.
Administrar la industria petrolera es mucho más complicado que hacer segundos pisos. Si estos resultan de baja calidad, como los nuestros, donde el conductor da de brincos en los desniveles y pierde tiempo en los embudos, no hay que subsidiarlos con recursos, esto lo hace el consumidor con su tiempo o con la vida si choca. Si una refinería se hace mal, pierde, como es el caso de las nuestras hoy en día, salvo en la que estamos asociados con Shell bajo un provechoso contrato de riesgo, aunque se encuentra en Estados Unidos. En México violaría la soberanía.
La evidencia que tenemos muestra que las mejores partes de Pemex son precisamente aquellas donde enfrenta cierta competencia. Los ductos de gas donde Pemex tiene competencia se desempeñan mejor que los de gasolina, donde no compite con nadie.
Las reformas presentadas hasta ahora son muy tímidas y en algunos temas retrocesos frente a la magnitud de los retos del sector. Pareciera que estuvieron diseñadas pensando más en las restricciones políticas que en el objetivo de maximizar el bienestar de los mexicanos.
Reformar Pemex
Hay tres temas adicionales que conviene tener presentes. El primero es el régimen laboral de Pemex, incluidas sus pensiones. Cuando uno habla de derechos laborales, incluido el ingreso de los trabajadores, se entiende que estos normalmente son pagados por el patrón privado a partir de sus utilidades. Si estos derechos se amplían, el patrón tendrá una menor rentabilidad y así se podría dar cierta redistribución de la riqueza a favor de sus trabajadores. Ahora bien, si el patrón otorga derechos de más y quiebra, es problema de los involucrados.
En el caso de una empresa pública, mayores derechos laborales implican mayor dispersión del gasto público en estos trabajadores y menor gasto público en el resto de la población, incluido el gasto social para los mexicanos más pobres. La ecuación, en este caso, no es entre empresarios privados y trabajadores, sino entre ciudadanos, los dueños de la empresa, y trabajadores. Cuando estos tienen, como en México, ingresos, derechos y pensiones muy por arriba del promedio nacional, más derechos laborales es regresivo, es decir, concentra el ingreso nacional. Además, como las empresas públicas no quiebran, cuando los derechos otorgados son excesivos, la empresa sobrevive subsidiada por el erario, como es el caso de LyFC.
Si queremos maximizar la renta petrolera y tener una mejor industria de hidrocarburos, tenemos que enfrentar el tema laboral. Los trabajadores de Pemex deben ganar bien, pero los acuerdos opacos, privilegiados y poco productivos entre contratistas y líderes petroleros, o entre la empresa y el sindicato, no favorecen a los ciudadanos. Las pensiones de los trabajadores de Pemex, muy superiores a las del resto de los mexicanos, tienen que ser redefinidas y estar claramente incorporadas en los costos de operación de la empresa. Hoy suman 5.4 puntos del PIB.[10]
El segundo tema se refiere a los precios de la gasolina y el diesel. El aumento en el precio del crudo ha tenido beneficios indudables para el país, pero en el camino han subido de forma dramática los precios de los combustibles. La fórmula con la que se fijan los impuestos para la gasolina y el diesel en México, que estuvo basada en el principio de que los precios internacionales serían mayores a los nacionales quedó superada. En la medida en que el precio interno se ha ido rezagando, por no haber querido el gobierno reflejar los incrementos del precio mundial de la gasolina, ese impuesto se ha vuelto negativo, es decir, un subsidio del fisco a los consumidores de combustibles.
En 2007 el subsidio al consumidor alcanzó poco más de 60 mil millones de pesos. En 2008 llegará a más de 200 mil millones de pesos. Estamos hablando de cuatro veces lo que se gasta en el programa Oportunidades o casi veinte veces el presupuesto de la UNAM.
Se trata de un gasto fiscal no aprobado explícitamente por los legisladores. Depende de las fluctuaciones del precio de la gasolina y el diesel. Esto es perder soberanía sobre qué hacemos presupuestalmente.
Un último tema se refiere a la falta de un fondo intergeneracional. Nos estamos comiendo, hoy, prácticamente toda la renta petrolera que extraemos. Incluso sobreendeudamos a Pemex. Si bien una parte la invertimos, un porcentaje significativo de esos beneficios no se guardarán para nuestros hijos, por lo que estamos cometiendo una profunda injusticia con los que vienen después. Incorporemos este tema en el debate, aunque nos obligue a tomar decisiones más difíciles. El petróleo es de todos los mexicanos: los nacidos y los que están por nacer.
Ahora bien, hay una forma obtusa de oponerse a cualquier reforma basada, justamente, en esta injusticia intergeneracional. Mejor no reformar Pemex para no extraer la renta que corresponde a las generaciones por venir.
Sin embargo, dada la forma intempestiva en que avanza la tecnología, no sabemos cuándo todo ese petróleo que permanece en el subsuelo dejará de valer. Por ello es mejor extraerlo ahora que vale mucho, a un ritmo razonable, y prever la distribución de la renta entre las generaciones, que dejarlo allá abajo sin saber cuánto valdrá en el futuro, ya que en algún momento no va a valer gran cosa.
México ha sustentado la transición democrática en los ingresos del petróleo. Estos han permitido gastar más de lo recaudado. Pero la fiesta está por terminarse. Más vale que resolvamos cómo reorganizar la industria ahora y no cuando la renta se haya agotado y las presiones políticas sean mucho mayores. Cómo reformar Pemex es quizá la prueba de fuego de nuestra democracia. ~
Una primera versión de este texto fue presentada en los Foros de Debate sobre la Reforma Energética: “Los principios que deben regir la reforma energética en México”, el 13 de mayo de 2008 en el Senado de la República.
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1. David Hume, Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of Morals, Oxford, Open University Set Books, 2003, p. 197 (traducción propia).
2. En el foro del Senado, Claudia Sheinbaum presentó una supuesta propuesta de cinco puntos llamada “Propuesta alternativa para fortalecer el sector energético sin privatizarlo” en los Foros de Debate sobre la Reforma Energética: “Los principios que deben regir la reforma energética en México”, el 15 de mayo de 2008 en el Senado de la República. Son cinco ideas sin unidad ni datos ni detalle. La “propuesta alternativa” contiene muchas ideas sin bases reales o absurdos como “debemos constituir los precios con base en el costo de producción del crudo y gas natural […] esto permitirá reducir los precios de los hidrocarburos y la electricidad a la población”. Esto es cierto, pero se nos iría la renta petrolera en el esfuerzo. Asimismo, esta propuesta deja de lado los problemas urgentes de Pemex, como la ineficacia en su funcionamiento interno, debida en cierta medida a las distorsiones que genera el sindicato y a la falta de competencia.
3. Por lo mismo no es muy interesante la crítica a las privatizaciones del pasado. Con todo, buena parte de estas críticas parecen olvidar dos cosas. Uno: por qué se privatizó en su momento. Telmex funcionaba muy mal antes de ser vendida. Ahora tiene una posición dominante, pero funciona mejor y hay opciones para el consumidor. Para el consumidor y el contribuyente es mucho mejor Telmex que una empresa como LyFC (salvo para los muchos clientes de esta empresa que simplemente no pagan). Dos: las privatizaciones en otros países fueron ajustando el marco regulatorio a los problemas enfrentados. En el caso de las telecomunicaciones se pensaba inicialmente que bastaba liberalizar y permitir a cualquiera poner su red. Pronto descubrieron que se requería obligar a la empresa dominante a conectar a cualquiera a un costo muy bajo. Prácticamente todos los países OCDE ya lo hacen, México no.
4. Diagnóstico: Situación de Pemex, Secretaría de Energía, 2008, disponible también en www.sener.gob.mx; Situación actual y futura de Pemex Refinación, Ing. José Antonio Ceballos Soberanis, 17 de abril de 2008; Situación actual, perspectivas y proyectos, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 12 de diciembre de 2007. También se pueden consultar los estudios anuales publicados por la Secretaría de Energía sobre el sector energético titulados: Las prospectivas de petrolíferos, Las prospectivas del mercado de gas licuado de petróleo y Las prospectivas del mercado de gas natural para los años 2002 a 2007.
5. La crítica más común es que se llegó a esta situación deliberadamente para forzar la privatización. No hay pruebas, simplemente se exhibe el resultado.
6 La deuda de Pemex asciende a aproximadamente 500,879 millones de pesos. La deuda sobre reservas probadas de Pemex para 2007 fue de 3.1 (dólares/barril de petróleo crudo equivalente), la más alta en comparación con compañías como BP, Exxon, Shell, entre otras (www.pemex.com).
7. Diagnóstico: Situación de Pemex, Secretaría de Energía, CD-Rom, 2008, p. 12. Disponible también en www.sener.gob.mx.
8. Mauricio Werneck, “Petrobras’ Experience on Deepwater Oil Production”, ponencia presentada en el Encuentro Tecnológico Internacional sobre Recursos Energéticos del Golfo de México, Facultad de Ingeniería, UNAM, ciudad de México, 2008.
9. Enrique Aguilera et al., “Retos Tecnológicos en la Exploración y Producción en Aguas Profundas”, ponencia presentada en el “Encuentro tecnológico internacional sobre recursos energéticos del Golfo de México”, Facultad de Ingeniería, UNAM, ciudad de México, 2008.
