Nuestro actual sistema electoral permitió el triunfo morenista en todos los ámbitos (alcaldías, diputaciones, senadurías, gubernaturas y finalmente en la presidencia de la república). Es un claro ejemplo de que el sistema electoral funciona. Sin embargo, Morena quiere cambiarlo. ¿Para qué si funciona bien? Para que no exista la posibilidad de que pierdan el poder. Morena en esto sigue la ruta de otros partidos populistas en el mundo: se valen de procedimientos democráticos para terminar con la democracia.

Tres actores de primera importancia analizan para Letras Libres lo que puede ser la reforma electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum y la califican de una reforma regresiva y violatoria de los derechos políticos y por tanto de los derechos humanos de los mexicanos. Arturo Núñez (director general del Instituto Federal Electoral, 1993-1994), José Woldenberg (consejero presidente del IFE, 1996-2003) y Luis Carlos Ugalde (presidente del IFE, 2003-2007) ofrecen a nuestros lectores una visión crítica de lo que parece ser una reforma electoral innecesaria cuya finalidad es la de perpetuar al partido gobernante en el poder.

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Arturo Núñez: Una reforma regresiva y antidemocrática

No hay ley electoral perfecta, sin embargo, ¿consideras que es necesaria en estos momentos una nueva reforma electoral? A partir de lo que se ha dado a conocer por la comisión presidida por Pablo Gómez y por las declaraciones de la propia presidenta, ¿qué crees que sale sobrando y qué es necesario que contenga la nueva reforma electoral?

Efectivamente, no hay sistema electoral perfecto. Nuestro sistema electoral requiere algunos ajustes obligados a raíz de lo sucedido en los últimos años. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es ¿cuál reforma? Si bien a la fecha no se ha presentado formalmente una nueva iniciativa sí contamos con la que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024. Claudia Sheinbaum no ha presentado una iniciativa gubernamental ni tampoco su partido. Ella al parecer tiene el propósito de presentarla y para tal efecto constituyó una comisión de reforma electoral con elementos afines al gobierno de Morena y al partido oficial. Vuelvo a mi punto inicial: ¿cuál reforma? Lo que empezamos a visualizar –a partir de la propuesta heredada de López Obrador y de lo que ha ido apareciendo a cuentagotas en los medios– parece ser una reforma profundamente regresiva y antidemocrática.

Es la primera vez, desde la reforma política que presentó Jesús Reyes Heroles en 1977, que no se toma en cuenta a la oposición. Las reformas previas se hicieron a partir de propuestas de la oposición. El gobierno organizaba consultas, deliberaciones y debates para escuchar las propuestas de los opositores, y muchas se tomaron en consideración. Esta vez se trata de una reforma promovida y surgida desde el oficialismo. No se han hecho consultas colegiadas, participativas, plurales y pluripartidistas que permitieran tener el punto de vista de todos los jugadores del proceso electoral, lo que de entrada provoca suspicacia. Los contenidos de los que se está hablando refuerzan la sospecha. Se quiere reducir o desaparecer las diputaciones, las senadurías, las diputaciones locales y las regidurías de representación proporcional en los órdenes de gobierno, en la federación, lo cual distorsionaría la representación porque la mayoría es certera para decir quién gana, pero es injusta en la representación porque el que gana por un voto se lleva todo, y el que pierde por un voto lo pierde todo. El principio de mayoría es, por su propia naturaleza, excluyente. El principio de representación proporcional tiende a darle a cada participante en el proceso electoral un porcentaje de posiciones de elección que se corresponde más o menos con el porcentaje de votación obtenido en las urnas. Todos los votos valen. El paradigma de que el voto es igual para todos vale solo con el principio de representación proporcional, no con el de mayoría donde solo tienen valor los votos del que gana y no los votos de los que pierden; estos se desperdician. En cambio, la representación proporcional valida todos los votos. Desde luego, el voto en mayoría es obligado cuando se trata de cargos uninominales. No se puede tener un presidente de la república que sea 10% de Morena, 10% del PRI, 10% del pan, 10% del pt. Ahí es ineludible el principio de mayoría. Pero en los órganos colegiados, como lo son la Cámara de Diputados, la de Senadores, el Ayuntamiento, ahí la representación debe ser proporcional a la votación obtenida. Suprimirla totalmente es un despropósito que retrocedería el país al momento en que solo una mayoría imponía su criterio.

Ahora se dice que de lo que se trata es de democratizar las listas. La lista de plurinominales la presenta el partido en una circunscripción con cuarenta posiciones y a uno como elector solo le queda aceptarla con tu voto de mayoría o rechazarla. Se puede votar en contra, pero no se le puede meter mano a la lista. En algunos países se ha incorporado la llamada lista abierta en la que el elector puede cambiar el orden de los enlistados por el partido. No se puede modificar la lista del partido, pero sí el orden, para que a la hora de distribuir se pueda cambiar según las preferencias de los electores. En otros países, existe también la lista desbloqueada donde el elector
no solo puede cambiar el orden de la lista del partido, sino hacer su propia lista. Pero, ojo, esto deriva en un despropósito peor que lo que ocurrió en la reforma judicial y
los acordeones. Como observador electoral participé en los
comicios de Ecuador donde utilizaron listas desbloqueadas. El elector se hincaba sobre una boleta gigantesca e iba cambiando los candidatos según su preferencia. A la hora del escrutinio, llevado a cabo por los funcionarios de casilla, se armaba un lío pavoroso, lo que provocaba retrasos en los cómputos que derivaban en la suspicacia de que se estaba haciendo fraude electoral. Un desastre.

El mecanismo de democracia interna lo han puesto a la vanguardia Argentina y Uruguay. Otros países de América Latina usan lo que se conoce como paso: votaciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La autoridad electoral convoca a todos los partidos a que el mismo día hagan su elección primaria interna para seleccionar a los candidatos. Esa elección primaria partidista orienta por dónde viene la elección constitucional ya que se ve quién tuvo más votos de cada partido. Con este mecanismo sí participa el ciudadano sin necesidad de ponerlo el día de la elección a modificar una lista. Advierto en algunos actores gubernamentales mucho entusiasmo en abrir la lista porque eso la democratiza, y en efecto lo hace pero a un costo de complejidad para el elector y para la organización electoral.

Mencionaste que la reforma electoral, por lo que se ha visto, puede ser regresiva. Las sucesivas reformas que se realizaron iban democratizando más la ley electoral. Sin embargo, en este caso, ¿podríamos estar hablando de una contrarreforma electoral?

Sí, desde luego. Me tocó participar en la reforma electoral de 1989-90, en la que se creó el IFE. En la de 1993, en la que desaparecieron los colegios electorales de diputados y senadores. En la reforma electoral se decidió que fuera el Tribunal Electoral el que validaría el resultado de la elección presidencial. En 1994 la reforma permitió la acción de observadores electorales nacionales e internacionales y cambió los consejeros magistrados por consejeros ciudadanos, todo esto en medio de la crisis del EZNL y del asesinato de Luis Donaldo Colosio. En 1996 me tocó coordinar la mesa –junto a Santiago Oñate del PRI, Carlos Castillo Peraza del pan y Porfirio Muñoz Ledo del PRD– que creó las condiciones de equidad en la competencia con un financiamiento generoso para los partidos que buscó quitarle prebendas al PRI, brindarle condiciones de equidad y competitividad al sistema de partidos y evitar la tentación del dinero ilícito, ya fuera del narcotráfico o de intereses económicos. Evidentemente lo que menos se logró fue esto último porque hoy la presencia del crimen organizado en las elecciones es muy grave.

Cada reforma iba aportando y avanzando en la democratización. En la de 2007 se cambió el modelo de comunicación política para usar los tiempos fiscales y los tiempos del Estado en los medios de comunicación electrónicos, y con esto evitar que el financiamiento de los partidos fuera a desembocar exclusivamente en la propaganda televisiva.

A través de aproximaciones sucesivas fuimos construyendo un sistema electoral que pudimos presentar al mundo luego del descrédito provocado por “la caída del sistema” en 1988. México recuperó su prestigio democrático. Se nos invitó a varios países para ser asesores. El modelo del IFE se consideraba un ejemplo a seguir. Se hicieron reformas que, acumuladas, formaron un muy buen sistema electoral. Hoy en cambio tenemos unas autoridades electorales que han perdido ese prestigio internacional. Ese deterioro se advierte, por ejemplo, en la súper sobrerrepresentación que tiene Morena en las cámaras del Congreso. Nuestro sistema electoral está hoy dañado, es necesario hacerle ajustes. Pero, por lo que se ha dejado ver, se va a continuar profundizando el daño a la institucionalidad electoral de México.

La presencia del crimen organizado en las elecciones fue muy patente en los comicios de 2021. La disminución del dinero público a los partidos abonará aún más en la participación del crimen organizado y al parecer en la reforma electoral que se prepara no hay ninguna iniciativa para contener esa presencia negativa. Esto es algo muy peligroso. Todo parece indicar que vamos hacia un rumbo absolutamente aterrador en términos de la participación del crimen organizado en la democracia mexicana.

Necesitamos una reforma que detenga la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral. Eso buscábamos al crear el sistema de financiamiento equitativo. Ernesto Zedillo afirmó: “Mi elección fue legal pero no fue equitativa.” Se buscó entonces darle equidad al sistema. Lo primero que se hizo fue terminar con el financiamiento público debajo de la mesa y ponerlo a la vista de todos. Si el financiamiento del PRI era alto, eso obligaba, por razones de equidad, a elevarle también el financiamiento a los demás partidos opositores. Se pretendía terminar con el financiamiento ilícito del PRI, dar equidad al sistema de partidos, reducir la tentación del dinero ilícito. No se logró. El dinero sucio sigue llegando a los partidos. Las cantidades que los partidos presentan como gastos de campaña son totalmente absurdas. A nadie le alcanza con los actuales topes de gastos de campaña, no alcanzan para una elección presidencial, ni para una gubernatura, ni siquiera para competir por una alcaldía o una diputación. El dinero debajo de la mesa, no solo para al partido en el gobierno sino para el conjunto de los partidos de oposición, sigue fluyendo. Hay que inventar métodos para evitar la injerencia en esta modalidad del financiamiento de los partidos. Ahora bien, la injerencia ya no es solo a través del dinero ilícito, se da también en la imposición de funcionarios al alcalde, como el tesorero municipal, el director de Obras Públicas, para que estos contraten a los proveedores y los contratistas preferidos del crimen organizado.

A partir de la reforma electoral que vislumbró López Obrador siendo presidente y de los atisbos que tenemos de la comisión presidida por Pablo Gómez, pareciera que la finalidad última de la reforma que se pretende presentar es la de perpetuar en el poder al partido gobernante, como dice Lorenzo Córdoba: quitar la escalera con la que ellos mismos llegaron.

No sé si sea la finalidad expresa, puede serlo, no lo descarto. Pero sí creo que es la consecuencia obligada. Desde el momento en que se suprime la representatividad de toda la sociedad mexicana y modificas las reglas de financiamiento para que les queda menos dinero a los opositores, vas creando las condiciones para que el gran hermano, el Big brother, gane las elecciones con todos sus candidatos. 

Creo que las propuestas tendientes a reducir el número de plurinominales, ya no digamos a suprimirlo, reducir el financiamiento de los partidos y el presupuesto a la autoridad electoral son claramente regresivas. Si se pasa de doscientos representantes plurinominales a cero, o de doscientos a cien, se disminuye el número de la representatividad ciudadana, sobre todo de las minorías. Si se recorta el financiamiento de los partidos se reducen las condiciones de equidad y de competencia. En 1996 se otorgó un financiamiento generoso a los partidos de oposición. Como consecuencia, en 1997 la oposición gana la mayoría en la Cámara de Diputados, gana el gobierno del Distrito Federal, esto porque cambian las condiciones de equidad. Giovanni Sartori señalaba que el elemento que influye más en la competitividad electoral es el dinero. Recientemente, un grupo de organizaciones –entre las que destacan el Laboratorio Electoral, la fundación Konrad-Adenauer, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y la Rule of Law Lab de la NYU– elaboraron un estudio de estándares internacionales orientadores para la próxima reforma electoral en México. En este documento detallan doce compromisos internacionales que México ha asumido con los derechos humanos, que incluyen los derechos políticos y con la democracia. Analizan varios puntos que se perfilan para la reforma electoral que viene y señalan que la reforma sería regresiva, ya que violaría el primer punto del compromiso en materia de derechos humanos contraído por México, tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos de San José Costa Rica, que da origen al Pacto Democrático Americano, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que coordina el Comité de Derechos Humanos de la onu. El documento indica que los derechos humanos incluyen los derechos políticos y que en estos no puede haber regresividad.

La reforma electoral que se pretende, según todos los indicios, no solo es antidemocrática que para los mexicanos sino que es violatoria de los compromisos asumidos por México en materia internacional, lo que sería lamentable y muy grave.

La elección judicial que se llevó a cabo en 2024 fue legal, pero ilegítima. Una reforma electoral como la que se plantea, sin el consenso de los partidos, ¿tendría esa característica? ¿Sería una reforma legal pero adolecería de legitimidad?

Desde luego. Se asume que las reglas del juego de la competencia electoral deben ser asumidas por todos los jugadores. Si un jugador dice: “Yo no respeto esas reglas”, ya de entrada tenemos dificultades. Eso ocurrió con la elección de 2006. En la reforma electoral que la precedió no participó el PRD, a instancias de Pablo Gómez. El PRD llegó a esa elección difiriendo de muchas cosas que se habían adoptado. La distancia entre los candidatos, que fue de 0.56%, dio origen a una protesta poselectoral prolongada y molesta. Lo deseable es que una reforma electoral se haga por unanimidad y hay que hacer todo lo posible por lograrlo. Me parece que todos los jugadores tienen interés en participar en una elección limpia porque pueden ganar. Hay que perseverar en la idea de que sea una reforma plural.

José Woldenberg: Una reforma electoral desde el gobierno para el gobierno

¿Consideras que es necesaria en estos momentos una nueva reforma electoral?

Por las condiciones políticas del país quizá lo mejor sería no tocarla. Lo que hoy conocemos son los tres intentos de modificación del expresidente López Obrador. Los tres tenían un claro sentido autoritario. No conocemos todavía la iniciativa de reforma pero sí las declaraciones de la presidenta y de algunos funcionarios. Lo que anuncian no presagia nada bueno.

Siempre hay zonas que una nueva legislación podría mejorar. Pero hoy las condiciones son muy adversas. En los últimos años hemos asistido a una deconstrucción de todo lo que se había hecho en términos democráticos. Un breve recuento. Prácticamente se eliminó a la Suprema Corte al alinearla al poder ejecutivo. La manera en que las autoridades electorales concedieron una sobrerrepresentación excedida a la coalición gobernante, violando preceptos constitucionales. La adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. La desaparición de los órganos autónomos del Estado para concentrar sus facultades en el ejecutivo. Estos antecedentes no pronostican nada bueno.

Debido a que la coalición gobernante tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados (construida de manera espuria y anticonstitucional) y que la alcanzaron también en el Senado gracias a chantajes y presiones, soy muy pesimista respecto a la posible reforma. Además, el método que el gobierno ha utilizado para confeccionar esta ley también deja mucho que desear. Baste recordar que en 1994, en 1996, en 2007 y en 2014 las diferentes fuerzas políticas fueron las encargadas de diseñar y negociar las reformas electorales respectivas. Su horizonte era el de lograr el consenso en esas normas. Se pensaba que lo electoral tenía un tinte distintivo en relación a otras leyes. La ley electoral es la que debe cobijar la coexistencia y la competencia de la diversidad política. Si esto es así, lo que vale la pena es construir un consenso en torno a esa normatividad.

¿Consideras que la desaparición o reducción de los plurinominales ampliará la vida democrática o se trata de una regresión democrática?

Considero que en esta discusión se ha perdido lo central. El asunto no es si deben conservarse o no los plurinominales sino ¿cuántos diputados debe tener cada partido de acuerdo a su votación? Este es el quid del asunto. Pongo un ejemplo reciente. En 2024 la coalición gobernante obtuvo el 54% de los votos y le fue concedido el 73% de la representación. La pregunta clave es: ¿los votos se van a traducir o no en escaños de manera más o menos equilibrada? Si esto no es así, el principio de representación –que consiste en que cada una de las fuerzas políticas tenga tantos diputados como votación haya obtenido– se vulnera. Se ha construido una mala fama en relación a los diputados plurinominales, sobre los que se han dicho sandeces como la siguiente: “nadie vota por los plurinominales”. Todos sabemos que, al momento en que uno vota por el diputado uninominal, está votando por la lista plurinominal que se encuentra en el reverso de la boleta.

Hay que entender el sentido profundo de los plurinominales. Existen porque el método exclusivamente uninominal tiende a sobrerrepresentar a la mayoría y subrepresentar a las minorías. Los plurinominales tratan de ajustar el porcentaje de votos al porcentaje de escaños. Existe la idea de que la fórmula normal o tradicional de votación es la uninominal. Esto se debe a que, en la historia constitucional de México, la que arranca en 1824, siempre se eligieron uninominales. Es el método a través del cual Gran Bretaña y Estados Unidos eligen sus respectivas cámaras bajas. Pero debemos recordar que en la mayor parte de los países europeos y de América Latina los diputados se eligen por listas porque este método es el que mejor permite que la representación sea tal que, si un partido obtiene el 20% de los votos, tenga alrededor del 20% de los diputados.

Si no existieran los plurinominales en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en 2024 la coalición gobernante, que obtuvo el 54% de la votación, hubiera obtenido el 85% de los escaños: una desproporción de más de treinta puntos porcentuales, con lo cual se acabaría desvirtuando la representación. La oposición, que obtuvo el 46% de los votos, se habría quedado tan solo con el 15% de la representación. Esto regresaría a México a un estado anterior a 1963, que fue cuando se introdujo la figura de los diputados de partido. Ya desde entonces se hablaba de que el método uninominal premiaba a la primera fuerza de manera excesiva. El PRI obtenía el 70% y terminaba con el 90% de los escaños en la cámara.

Si algo se hizo en los últimos cincuenta años en la vida política en nuestro país, fue precisamente el ajuste entre votos y escaños. Incluso en la reforma de 1996, donde la izquierda democrática, y subrayo lo de democrática, peleó por una representación proporcional estricta (es decir, que si un partido obtenía el 20% de los votos iba a tener el 20% de los escaños), quien estuvo en contra fue el PRI, que argumentaba que por esa vía la cámara se volvería ingobernable. Claro, a partir de 1997 vimos que se podía gobernar una cámara sin tener mayoría absoluta. En ese entonces el pri aceptó que había que poner límites a la sobrerrepresentación, por eso la Constitución determina que no puede haber una diferencia de más del 8% entre los votos obtenidos y los escaños asignados. Más aún, la Constitución señala que ningún partido –y se entiende que ninguna coalición– puede tener más de trescientos diputados. Quien revise la prensa de 1996 encontrará que se anunciaba como un logro que cualquier cambio constitucional tendría que ser pactado por más de dos fuerzas políticas.

Otro aspecto muy grave es que aparentemente se propone la desaparición del servicio de carrera en el instituto electoral, ¿no representa esto un serio retroceso para la institución?

Uno de los grandes aciertos de quienes diseñaron el Instituto Federal Electoral fue la creación de un servicio civil de carrera. Hasta antes de la existencia del IFE, lo que había era funcionarios temporales. A muchos se les contrataba por tres, seis o nueve meses a lo largo del proceso electoral. Muchas de estas personas, pensando en su futuro, entraban en contacto con el presidente municipal o el gobernador debido a que necesitaban un trabajo y un ingreso fijo. Su fidelidad no estaba puesta en los órganos electorales. Al crearse el servicio civil de carrera, los funcionarios, que entraban por concurso, eran evaluados de manera periódica, gozaban de estabilidad en el empleo si cumplían con el instituto. Una doble ventaja: los trabajadores lograban un empleo estable y el instituto ganaba al obtener la lealtad de esos funcionarios. La construcción de un servicio civil de carrera brindó una garantía de imparcialidad al IFE.

Por lo dado a conocer en las iniciativas electorales de López Obrador y por la comisión presidida por Pablo Gómez, ¿consideras que la reforma electoral que viene tiene el fin de perpetuar a Morena en el poder?

Por lo que se ha filtrado considero que más bien se trata de una reforma hecha desde el gobierno para el gobierno. El acicate de las ocho reformas precedentes siempre fueron las oposiciones. Honra a los partidos gobernantes de entonces el haber sido receptivos a esas demandas. Te pongo un ejemplo que conocí de primera mano: el del registro condicionado. Gilberto Rincón Gallardo contaba que, cuando se empezó a discutir la reforma de 1976-1977, se pretendía abrir la puerta al ingreso de nuevos partidos. La primera propuesta fue que las organizaciones que querían su registro como partido tendrían que presentar listas de sus afiliados. El Partido Comunista Mexicano, por boca de Gilberto Rincón Gallardo, dijo que ellos no estaban en disposición de entregar las listas de sus afiliados a la Secretaría de Gobernación. Eso llevó a la creación del registro condicionado. Esto es, el partido tenía que probar que había actuado públicamente en los últimos cuatro años, que tenía una declaración de principios, un programa de acción, unos estatutos, pero no tenía que entregar la lista de sus afiliados. Su registro se refrendaría si alcanzaba el 1.5% de la votación. El gobierno fue receptivo a los problemas y las necesidades que tenían las oposiciones. Este es un ejemplo minúsculo de este proceso transformador. La creación del IFE, de los plurinominales, la creación de los tribunales electorales, la salida del gobierno de la organización de las elecciones, las urnas translúcidas, la credencial de elector con fotografía, todos estos procesos fueron en su inicio demandas de la oposición que finalmente se llevaron a la ley.

Si se sigue por el mismo camino que vamos, esta será la primera reforma desde 1977 que no retomaría las demandas y exigencias de las oposiciones. Se van a imponer los objetivos y las metas del gobierno y su coalición. De una manera bastante miope. No se dan cuenta de que los humores públicos suelen cambiar y quien hoy es mayoría, mañana puede ser minoría. No tengo muchas esperanzas al respecto, pero ojalá sucediera que se retomara el espíritu de las anteriores reformas, de tal suerte que en el Congreso se abriera una discusión seria entre la diversidad política buscando una legislación electoral de consenso. Esto no es una utopía, las últimas cuatro reformas se hicieron de esta manera.

Luis Carlos Ugalde: La mejor reforma electoral sería la no reforma electoral

¿Es necesaria en estos momentos una nueva reforma electoral?

En primer lugar, no conocemos el contenido de la propuesta de la presidencia porque no se ha presentado. Lo que conocemos son filtraciones. No hay claridad en el objetivo ni en los instrumentos. Pero lo más grave es que no existe un diagnóstico del estado de la democracia mexicana. Mientras ese diagnóstico no exista, el remedio por definición será errático e incompleto. El gran problema que enfrentamos es la falta de visión del futuro de la democracia que requerimos. Da la impresión de que se trata de un tema inercial. López Obrador, desde 2022, propuso una serie de reformas electorales, conocidas como el Plan A, luego el B y el C. Esto puede ser inercial o mera propaganda, no se sabe.

¿Hace falta una reforma electoral? La respuesta es sí, siempre y cuando se trate de una buena reforma electoral. No hace falta si se presenta una mala propuesta de reforma electoral. Por lo que conocemos hasta el momento, lo mejor sería no hacer la reforma electoral.

De acuerdo a lo que conocemos de las propuestas
de la comisión presidida por Pablo Gómez parecería
que lo que se busca es cerrar las vías de acceso al
poder por parte de la oposición, eternizarse en
el poder. ¿Estás de acuerdo con esta impresión?

Eso se infiere por algunas cosas que han dicho. En primer lugar, que no necesitan consensar la reforma porque representan a la mayoría legítima del pueblo de México. Según ellos, como representan al pueblo, pueden hacer lo que les plazca. Por cierto, es necesario recordar que el voto popular les otorgó el 54% de los votos, no el 73% de los diputados. Esta distorsión de la representación política real el gobierno la ha usado para transformar muchos aspectos de la Constitución. En el caso de la reforma electoral ni siquiera tienen ese respaldo porque hay dos partidos de su alianza que no están de acuerdo con los términos de la reforma. En segundo lugar, algunas de las cosas que están proponiendo podrían poner en riesgo la
representación legislativa, me refiero a la pretensión de eliminar o disminuir los diputados plurinominales. No queda claro qué están proponiendo, si la eliminación o la reducción. Tampoco si solo se refieren a la forma en como se eligen. Esto podría reducir el impacto de los plurinominales sobre la representatividad del Congreso. Pareciera que lo que quieren es cerrar el acceso de la escalera a la competencia. En tercer lugar, existe el riesgo de que disminuya el financiamiento público de los partidos, no sabemos en qué magnitud. Estoy convencido de que el exceso de dinero a los partidos los corrompió moral y políticamente, los burocratizó, dañando profundamente la vitalidad y la vocación de su lucha política. Habiendo dicho eso, depende de cómo se reduce el financiamiento. Si se hace de manera drástica, se afectaría la competencia dado que Morena tiene un financiamiento en especie que también habría que eliminar. Me refiero al financiamiento en especie a través del uso clientelar de los programas sociales y al uso que se les da a los servidores de la nación, que son alrededor de veinte mil personas.

Sin embargo, el mayor riesgo de la reforma electoral es que pretendan desmontar el servicio profesional electoral del INE. Ese servicio profesional es el corazón de la vida real y de la contribución democrática del INE. El servicio profesional electoral está integrado por funcionarios de carrera que integran las juntas y las vocalías ejecutivas del INE a nivel estatal y a nivel distrital. Estos funcionarios son quienes realmente organizan las elecciones, quienes garantizan la operatividad del INE, ellos son los que posibilitan que se cuenten los votos. Si en aras de reducir el costo de las elecciones el gobierno propone desmantelar el servicio profesional electoral y contratar a personas temporales cada tres años, se terminaría por completo la certeza y la integridad de la organización de las elecciones en México. Por las razones que he mencionado, por supuesto que se corre el riesgo de que Morena quiera cerrar la ventanilla de la competencia electoral en México.

Otro de los grandes riesgos de la reforma es que no busque evitar la participación del crimen organizado en las elecciones. Ya incidió en las elecciones de 2021, existe la sospecha de que se está utilizando dinero sucio en las campañas. No se vislumbra que la reforma electoral vaya a incluir algunos de estos puntos.

No solo es necesario, es urgente que la reforma electoral aborde el tema de la penetración del crimen organizado en la captura política de territorios y de gobiernos locales. La violencia política, un subconjunto de la violencia general del país, es un tema gravísimo, un tema de supervivencia. Recientemente dos políticos sufrieron atentados en Sinaloa, uno fue ejecutado y la mujer resultó gravemente afectada. La violencia que se vive en Sinaloa es una alerta para los políticos de todo el país. Su vida estará en riesgo si no se alinean con los intereses de las bandas delincuenciales locales. Este es el gran problema de México. Una reforma que no aborde este tema estaría incompleta, sufriría una omisión escandalosa. La Guardia Nacional no es el único instrumento para combatir a los maleantes. Debemos pensar cómo aislamos la competencia política de la influencia indebida del crimen organizado. No es con guardaespaldas como vamos a proteger a los políticos de los maleantes. Ahora nos conformamos con que se pongan escoltas a los candidatos en las campañas, creyendo que así se resuelve el problema. Se trata de una solución irrelevante. Este es el tema nodal de la democracia mexicana y no está sobre la mesa. Por lo que hemos entrevisto, la reforma electoral incluye puras superficialidades y algunas cosas que pueden ser dañinas para la democracia. Por eso digo que hoy por hoy la mejor reforma electoral sería la no reforma electoral.

En el pasado las reformas electorales se hacían por consenso. Si la reforma electoral que ahora se promueve no es consensuada, ¿qué viabilidad tendrá? Será legal pero ilegítima, como lo fue la elección judicial.

Habría que reflexionar sobre este concepto de legitimidad. Morena ha tratado de dinamitar la legitimidad del consenso –que fue parte del paradigma de la llamada transición mexicana a la democracia– sugiriendo que ellos representan al verdadero pueblo y que el pueblo no necesita consensuar con nadie. Tienen además la idea de que su misión histórica es destruir todo el andamiaje neoliberal porque propició una democracia simulada. Para ellos la legitimidad estriba justamente en no consensuar con los partidos del neoliberalismo porque estos contaminan la democracia. Lo que hay ahora es una lucha entre dos formas de ver la legitimidad democrática. Una como consenso y diálogo, y otra como imposición del pueblo sobre una minoría rapaz y contaminante. Esa es una primera reflexión.

La segunda tiene que ver con qué significa viabilidad. Si ellos tienen el control del poder judicial, de los órganos electorales y de la Guardia Nacional, la reforma va a ser viable porque tienen el poder de ejecutarla. Tendríamos que preguntarnos cuáles son las implicaciones de esto a mediano plazo. Mi impresión es que una reforma sin consenso va a generar un enorme daño político al país y al mismo gobierno. Cuando se construye un sistema en el que el gobierno es inamovible y la competencia inexistente, hay elecciones pero estas no son realmente significativas porque gana siempre un partido. Esto es lo que ocurrió en México durante gran parte del siglo xx. Lo que se genera es un sistema de degradación política y moral, porque un gobierno que no es desplazable por nada ni por nadie, donde no hay castigos y sanciones a su desempeño, acaba siendo un gobierno que se degrada, que abusa, que se corrompe y que al final siembra las semillas de su propia destrucción. Su final tiende a ser trágico. Ahí está el caso de Venezuela, que es el ejemplo más reciente. Siempre acaba mal. ~