El empleo informal se refiere tanto a las personas que laboran sin un esquema de protección social ligado a su trabajo, así como a empresarios cuyas industrias y negocios no pagan impuestos e ignoran el marco legal establecido. Una de las razones de que prolifere el empleo informal es que el Estado no tiene la capacidad de generar las condiciones que incentiven la inversión productiva ni de consolidar un marco regulatorio eficiente que evite evasiones.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2013, la prevalencia que tenía el empleo informal en la economía mexicana era de 58.8%,que equivale a 29.6 millones de trabajadores informales, y no es de sorprender que los estados donde existe mayor pobreza sean los que mayor incidencia de informalidad laboral presenten (Oaxaca 81.3%, Chiapas 78.5%, Guerrero 77.7% y Puebla 73.3%).
Asimismo, solo el 37% de las personas ocupadas en la informalidad a nivel nacional perciben ingresos por arriba de dos salarios mínimos, mientras que el 80% de los ocupados en el sector formal ganan más de dos salarios mínimos. Además un empleo informal no brinda acceso a los servicios de salud, esquemas de protección social, ni créditos para una vivienda digna, por lo que los indicadores de carencias sociales que se cuantifican con la medición multidimensional de la pobreza también se ven afectados.
La década de los sesenta es fundamental para comprender el surgimiento del empleo informal en México[1], ya que la explosión demográfica posterior a la Segunda Guerra, provocó que México pasara de 19.7 millones en 1940 a 48.2 millones en 1970. Sumado a esto, la apuesta económica del Estado mexicano de favorecer la industrialización del país incrementó la movilidad interna. En 1940 el 70% de población vivía en zonas rurales y para 1970 el 50% lo hacía en zonas urbanas. Adicionalmente el gobierno abandonó la disciplina del gasto público y optó por políticas monetarias expansivas y el endeudamiento externo apalancado en el auge petrolero de la segunda mitad de la década de los setenta.
La crisis de 1982 provocó un desequilibrio que se trató de corregir con cambios estructurales en la política económica como reducir el tamaño y complejidad del sector público[2], y abrir la economía a la competencia exterior. Estos dos cambios son factores que pueden explicar la expansión de la economía informal a partir de los años ochenta, ya que por un lado –como parte de la política de menor déficit y privatización de activos del gobierno– el sector público redujo su participación como empleador neto, y por otro, la apertura comercial mostró la vulnerabilidad del aparato productivo que no pudo generar empleos sin las medidas proteccionistas del Estado.
El insuficiente crecimiento de la economía provocó un menor ritmo de absorción del empleo que combinado con el aumento del número de miembros de la familia buscando trabajo remunerado para hacer frente a las adversidades la crisis de 1982, favoreció la expansión de la economía informal.
Mientras que la población económicamente activa seguía creciendo durante los años de crisis, la economía perdió la capacidad de absorber a la nueva fuerza laboral y no le fue posible atender adecuadamente a la población que demandaba oportunidades de empleo y bienestar.
La informalidad puede entenderse desde una doble perspectiva: desde la lógica de la supervivencia, es decir, una fuerza de trabajo que presiona por encontrar empleo, que se encuentra ante una demanda insuficiente para absorber la oferta, quienes se ven en la necesidad de buscar soluciones alternas produciendo o vendiendo algo que les permita obtener un ingreso para sobrevivir. Y desde la lógica de la descentralización productiva, esta se relaciona con la globalización y la apertura económica acelerada que basa sus procesos en la subcontratación que permite mayores posibilidades de evasión de las obligaciones patronales. Algunos determinantes del empleo informal, que asocian a las personas con este tipo de trabajos son la edad, la educación y el estatus migratorio.
Para el caso de la edad los grupos más propensos para incorporarse a la informalidad son los ancianos y jóvenes, ya que para el mercado formal no es eficiente asumir los costos de contratar a una persona de la tercera edad y los jóvenes están dispuestos a trabajar en la informalidad dada su impaciencia en su consumo intertemporal[3], mientras aguardan por un empleo formal, acumulan experiencia o culminan sus estudios.
Para el caso de la educación, un individuo con bajo nivel de educación tiene mayores dificultades de incorporarse a un empleo formal, siendo un problema que se acentúa en los países cuyo nivel de escolaridad es bajo, ya que el capital humano se construye inicialmente con la educación pública. Por ello uno de los retos fundamentales para México es, en un principio, homogenizar la calidad de la educación y aumentar el promedio de escolaridad.
Finalmente, cuando una persona migra, ya sea a una ciudad dentro de su mismo país o una fuera del mismo, un empleo informal es la primera opción para muchos inmigrantes que comienzan a buscar oportunidades, ya que la motivación de salir de su comunidad de origen es justamente ocuparse.
Es necesario implementar políticas públicas que incentiven la ocupación en el sector formal y no solamente a la población económicamente activa. Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población, en los próximos diez años la población en edad de trabajar llegará a su nivel más alto, el famoso “bono demográfico”, lo que permitirá contar con una fuerza laboral sin precedentes que apuntale la actividad económica. No obstante, este “bono” viene acompañado de una considerable presión en el mercado de trabajo, por lo que se requerirá que la economía mexicana sea capaz de crear un mayor número de empleos formales y bien remunerados. Para lograrlo se necesitan herramientas que permitan, por un lado, aumentar la productividad a fin de impulsar el crecimiento, y por otro, facilitar la transición al mercado formal y posicionar al empleo digno como la vía para mejorar las condiciones de los trabajadores.
Bibliografía
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“La Economía Informal: Hacer Posible la Transición al Sector Formal”. Coloquio interregional tripartito sobre la economía informal: hacer posible la transición al sector formal. – Ginebra, OIT, Primera Edición 2007.
[1]En 1972 fue la primera vez que se introdujo el concepto de sector informal en el Informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre Kenia, que si bien difiere de la actual definición, fue el inicio del estudio del tema. La economía informal estaba definida de la siguiente manera: personas ocupadas que reciben un ingreso insuficiente y trabajan con bajos estándares de productividad, pero que resultan funcionales al resto de la economía.
[2]El número de entidades con alguna participación pública paso de 1,115 en 1982 a 617 en 1987, y para fines de 1993 ya solo quedaban 257.
[3]Los jóvenes prefieren tener ingresos en el presente para gastarlo en el corto plazo, y no están pensando en ahorrar, invertir, hipotecas o cualquier consumo de mediano y largo plazo.
Licenciado en Economía por el ITAM, ha trabajado en el CONEVAL, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en SEDESOL y la STPS
