Como era de esperarse, en el primer debate entre candidatos a presidente de la República, la y los candidatos aprovecharon para descalificar a sus oponentes y presumir la calidad de impresión de sus gráficas. Con todo, el nuevo formato de discusión propuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) propició el diálogo y quitó en buena medida lo acartonado de los debates pasados.
Ahora, pasado el debate, es fundamental detenernos en las propuestas que nos presentaron. Más allá de la impresión inicial y de las habilidades de oratoria, tenemos que analizar si las distintas estrategias de los candidatos parten de un conocimiento del tema y, sobre todo, si ofrecen una respuesta viable a los problemas que enfrentamos en México.
En este artículo nos enfocaremos en las propuestas para combatir a la corrupción. No está de más aclarar que lo aquí expresado no significa apoyo o rechazo hacia algún candidato, sino que es un análisis imparcial de los temas que ellos mismos expusieron.
#FiscalíaQueSirva
El único tema sobre el que todos los candidatos se pronunciaron fue la necesidad de contar con una Fiscalía General y fiscalías anticorrupción autónomas.
¿Por qué es importante? Simplificando un poco, una fiscalía autónoma garantiza la imparcialidad política al momento de investigar delitos. En el modelo actual, el presidente tiene el control total de la Procuraduría General de la República (PGR), ya que puede nombrar y deponer a su titular a discreción. Esto hace casi imposible que la PGR investigue con seriedad casos donde el gobierno en turno es el principal sospechoso (por ejemplo, la Estafa Maestra y Oderbrecht), y también facilita el uso de la procuraduría como aparato de persecución de opositores políticos. Es decir, con el modelo actual, la PGR tiene la misma independencia política que que Virgilio Andrade cuando Peña Nieto le ordenó investigar el caso de la Casa Blanca.
Al respecto, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez se pronunciaron a favor de fiscalías autónomas. El Bronco incluso propuso que el fiscal fuera nombrado por una comisión de ciudadanos como en Nuevo León. Mientras que José Antonio Meade se pronunció a favor de un Ministerio Público autónomo (llama la atención la diferencia de conceptos) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se limitó a mencionar que no se oponía a la autonomía de la fiscalía y que estaba en contra de la simulación, mas no se pronunció a favor.
Habría que preguntar a los candidatos qué entienden por autonomía y cómo la implementarían. Al respecto, los colectivos de sociedad civil #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás han propuesto a detalle cómo garantizar dicha autonomía[1] mediante una serie de modificaciones a los procesos de designación y remoción con la intervención del Senado y la ciudadanía, la temporalidad de los fiscales, las características de las fiscalías especializadas, la creación de un consejo revisor, entre otros. De los cinco candidatos, solo Anaya y Zavala han aceptado impulsar las propuestas de dichos colectivos.
Adiós al fuero
Otra propuesta compartida por varios candidatos fue la eliminación del fuero. José Antonio Meade aseguró que será el primer presidente sin tenerlo, AMLO ha sido crítico de esta figura desde hace años, mientras que Anaya celebró que la Cámara de Diputados hubiera aprobado un dictamen para eliminarlo y propuso también modificar el 108 constitucional para que el presidente pueda ser juzgado (algo que AMLO ha dicho en ocasiones pasadas, pero no lo hizo durante el debate). Y si bien el fuero se ha convertido dentro de la opinión pública en uno de los mayores males de la clase política, es un tema que debe de ser tratado con cuidado.
Vale la pena recordar que el fuero tiene como origen la necesidad de proteger a disidentes políticos de la discrecionalidad de las instituciones de justicia. De alguna manera, el fuero permite que los políticos opositores se expresen y actúen en contra del Gobierno sin el temor de ser procesados por el simple hecho de ser incómodos, bajo alguna acusación falsa o inventada. Algo que no es difícil de imaginar al recordar la nula independencia política de la PGR.
Ahora bien, es cierto que la repartición del fuero ha sido abusiva pero, ¿en verdad es un freno para combatir la corrupción? Tan solo uno de los recientes casos de corrupción ha sido obstruido por la figura del fuero: el de Tarek Abdalá, extesorero del impresentable Javier Darte. ¿Es necesario desaparecer el fuero? ¿Por qué no pensar en mecanismos de otros países como Brasil, donde para quitar el fuero no se requiere de juicio político, sino que la decisión es tomada por un juez, lejos de la influencia y compadrazgo partidista[2]?
Marcaje personal
El resto de las propuestas carecieron de eco entre candidatos, por lo que toca analizarlas una a una (por orden alfabético, empezando por el apellido).
Además de lo ya comentado, Ricardo Anaya propuso la eliminación del uso de efectivo en todos los niveles de Gobierno, la muerte civil a funcionarios corruptos y una prensa libre. De botepronto, la primera de estas propuestas resulta acertada. El uso de efectivo no deja rastro de las transacciones, lo cual dificulta la fiscalización y por lo tanto abre espacios a la corrupción. Parte fundamental del combate a la corrupción es la capacidad de rastrear y verificar los movimientos de recursos, por lo que dejar atrás el uso de efectivo y transitar a tecnologías como blockchain para el registro de operaciones significaría un gran progreso.
Por otro lado, desterrar a funcionarios corruptos del servicio público de por vida suena atractivo, pero requiere también de un matiz similar al del fuero, ya que es necesario delimitar qué faltas administrativas en específico son meritorias de tal sanción. De lo contrario, la medida pudiera servir también para deshacerse de funcionarios incómodos ante faltas menores, como presentar una declaración fuera de tiempo.
Por su parte, el candidato puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, dedicó la gran mayoría de su tiempo a explicar una sola propuesta para combatir la corrupción: el ejemplo. A su parecer, el hecho de tener un presidente honesto hará que el resto del gobierno se abstenga de realizar actos de corrupción. Habrá que reconocer que la propuesta es la más innovadora de todas, ya que ninguna de las buenas prácticas internacionales o la literatura de combate a la corrupción ha siquiera considerado el combate a la corrupción por contagio. Sin duda alguna, tener un presidente honesto es un punto de partida excelente al intentar acabar con la corrupción. No obstante, dar por hecho que el resto de los funcionarios responde al comportamiento de un solo individuo y no a los incentivos, las instituciones y los contrapesos es bastante ingenuo. Suponiendo, sin conceder, que la medida de López Obrador resulta exitosa, ¿cómo aseguramos que sobreviva más allá de su sexenio?
Valdría la pena ver más allá del debate y revisar la agenda de propuestas que Andrés Manuel presentó en su Proyecto de Nación donde incluye, entre otras cosas, el levantamiento del velo corporativo para los privados que tengan concesiones de gobierno. Una medida sin duda interesante que hubiera podido abonar a su participación en el debate.
José Antonio Meade abundó en el tema de la transparencia en contrataciones, propuso fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y crear sistemas de evaluación patrimonial. Del lado del SNA es acertado proponer la incorporación de la Secretaría de Hacienda, pero más que su presencia, lo que es necesario es interconectar los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT a las fiscalías anticorrupción. Actualmente, la UIF representa una barrera a las investigaciones y su cooperación con las fiscalías estatales es totalmente discrecional. Esperemos que su propuesta tenga en mente este accionar.
Por otro lado, la ley ya contempla un sistema de evolución patrimonial dentro del SNA, donde una Plataforma Digital Nacional incorpora los datos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios[3]. Por lo que las reformas anticorrupción ya contemplan un mecanismo para revisar si lo que declaran los funcionarios es en verdad lo que tienen. Sin duda alguna la implementación de dichos mecanismos requiere del apoyo de toda la clase política.
Mientras que en el tema de contrataciones abiertas, México está muy lejos de alcanzar un sistema óptimo de transparencia en procesos de compras públicas, distinto a lo que expuso el candidato Meade. Prueba de ello es lo difícil que es encontrar documentos básicos como los mismos contratos dentro de Compranet[4]. Más que mantener la política actual de Gobierno abierto, hace falta rediseñar la estrategia y generar plataformas que generen datos y permitan la revisión automática de los mismos, y que además transparenten los documentos de planeación, licitación y contratación de una manera accesible al usuario.
Del lado independiente, “El Bronco” dio la puntada de la elección al proponer cortar la mano, literalmente, a quienes roben. Por respeto a siglos de evolución institucional y a los derechos humanos, no le dedicaremos más líneas a esta barbarie. Pero el mismo Bronco sí resaltó un problema que por momentos olvidamos, la corrupción en el Poder Judicial. Durante décadas los jueces se han desempeñado dentro de un ambiente opaco famoso por sus privilegios, nepotismo y favoritismos. La presencia del Consejo de la Judicatura en el SNA ha pasado desapercibida hasta el momento
Por último, Margarita Zavala apuntó de manera muy acertada que la corrupción no se acaba por decreto, sino que se acaba con instituciones y leyes. Sin embargo, sus propuestas no fueron más que pronunciamientos de lugares comunes. Propuso ser implacable contra los corruptos, cerrar los espacios de corrupción y fortalecer la cultura de la legalidad. Todos estos son buenos deseos, pero sin saber el cómo, es difícil poder hacer un análisis adecuado.
En una democracia el votante tiene total libertad de decidir a quién elegir para los cargos públicos. Y si bien las razones detrás de un voto suelen responder a los sentimientos y a la tradición, vale la pena escuchar y tomar en serio las propuestas de los candidatos, dejando el corazón partidista de lado, y preguntarse qué pasaría si los candidatos pudieran cumplir sus promesas de campaña. ¿En qué México viviríamos? Espero que este artículo sirva como instrumento para comenzar dicha reflexión.
Si quieres profundizar el análisis anticorrupción más allá del debate y revisar el grueso de las propuestas de cada candidato, a continuación, puedes consultar sus distintas plataformas electorales.
Pablo Montes es Investigador del @IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales.
[1] Ambos colectivos lanzaron el reto #Reforma 102 a los candidatos a la presidencia. http://reforma102.mx/
[2] En Brasil, la Corte Suprema se encarga de realizar los juicios políticos. De esta forma fue posible procesar a decenas de políticos con fuero para el caso Lava Jato. https://www.efe.com/efe/america/politica/la-corte-suprema-de-brasil-acepta-abrir-investigaciones-contra-8-ministros/20000035-3235767
[3] Secretaría de la Función Pública. Análisis de modelo de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. http://sna.org.mx/docs/2.pdf
[4] Véalo usted mismo: intente encontrar el documento completo de un solo contrato en https://compranet.funcionpublica.gob.mx
Es coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
