Antes de tomarse unos días de descanso, el próximo presidente tendió puentes con Estados Unidos y empezó a armar el andamiaje de su gobierno con el nombramiento de coordinadores estatales y la presentación de iniciativas para evitar gastos excesivos, acciones que impactarán en la estructura de la administración pública federal.
La reunión de Andrés Manuel López Obrador y su equipo con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos transmitió un mensaje de confianza en torno a la relación bilateral. El desarrollo de oportunidades en ambos países para evitar la migración fue el tema que se trató, y quedó fuera el muro fronterizo y la deportación de migrantes mexicanos y centroamericanos.
Los secretarios estadounidenses se mostraron complacidos durante su visita y reafirmaron el interés de Trump en mantener una relación exitosa. El futuro canciller mexicano describió el encuentro como “un diálogo respetuoso, cordial, abierto, [con el cual] México va a encontrar bases de entendimiento para tener una mejor relación con Estados Unidos”.
Antes de terminar la reunión, López Obrador le mandó a Donald Trump una propuesta con los puntos clave de su próxima administración: renegociación del TLC, desarrollo, seguridad y migración. Los funcionarios estadounidenses también sostuvieron una charla con Enrique Peña Nieto, quien les solicitó reunir rápidamente a las familias separadas en la frontera, y con Luis Videgaray, actual secretario de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es crear un “frente común” con el equipo entrante para dialogar con Washington de manera cordial. La reacción del gobierno de Trump hacia el de López Obrador parece favorable, considerando que el presidente estadounidense declaró que buscaría un acuerdo comercial bilateral con México antes que con Canadá.
El domingo, López Obrador presentó sus 50 puntos para combatir la corrupción y promover la austeridad. Bajo las premisas “Un buen juez bajo la casa empieza” y “Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, enlistó una serie de medidas, entre las que destacan reformar el artículo 108 para que el presidente pueda ser juzgado por corrupción, eliminar el fuero de los funcionarios públicos, quienes además tendrán que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales; reducir al 50% el gasto en publicidad, eliminar las pensiones a los expresidentes, reducir el sueldo del presidente un 50%, bajar los sueldos a los funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales, prohibir las bebidas alcohólicas en las oficinas gubernamentales y ahorrar en servicios e insumos pagados por el erario. Estas acciones se suman al acuerdo que sostuvo con los legisladores electos de Morena para reducir la dieta de los diputados y senadores un 50% y transparentar las subvenciones a los grupos parlamentarios.
De acuerdo con Federico Rubli Kaiser, la principal motivación de estas medidas de ahorro es el financiamiento de dos programas sociales prometidos en campaña y que requieren el 1.5% del PIB: becas por 3,600 pesos mensuales a jóvenes y el incremento de las pensiones para adultos mayores. Aunque estas acciones son vistosas, no generarían, según el economista, un mayor ahorro: “La austeridad es urgente, pero no con medidas que solo sirvan como simbolismo para satisfacer un reclamo social, sino con acciones efectivas que eliminen el dispendio, pero que no dañen la operación eficaz del gobierno”.
A pesar de la reforma constitucional de 2009, donde se establece que ningún funcionario público puede percibir un ingreso mayor al del presidente de la República, magistrados y jueces del Poder Judicial, consejeros del INE y titulares de órganos, como la CNDH y el INEGI, tienen actualmente salarios más altos que el jefe del Ejecutivo, como muestra esta infografía. Ante ello, Miguel Carbonell propone austeridad en todos los niveles y en todas las áreas del sector público: “[…] debe hacerse un análisis profundo de la forma en que gastamos los impuestos. No para gastar menos, sino para gastar mejor”.
Además, López Obrador planea designar a 32 coordinadores estatales que vigilarán los programas de desarrollo y sustituirán a los delegados de las dependencias federales, con lo que se ahorrarían sueldos.
El poder que tendrán estas figuras ha provocado el rechazo por parte de la oposición. Damián Zepeda, dirigente del PAN, opinó que se trata de “una ofensa al federalismo y a la soberanía de las entidades federativas”. El secretario general del PRD, Ángel Ávila, consideró que los gobernadores electos pueden tener conflictos con los coordinadores. Mientras que Jaime Rodríguez Calderón calificó la propuesta como “una idiotez”. Luis Carlos Ugalde analiza la iniciativa y plantea la neutralidad política de los coordinadores para asegurar la ejecución de los programas.
Los subcomandantes Galeano y Moisés del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) manifestaron que la llegada de López Obrador a la presidencia no significa un cambio, sino una desilusión, por lo que no se sumarán a su movimiento. Ante este mensaje, López Obrador expresó su intención de dialogar con ellos en una carta que el padre Alejandro Solalinde les entregaría. En otro comunicado, los miembros del EZLN aclararon que nunca aceptaron el diálogo con Solalinde y criticaron el comportamiento del tabasqueño cuando ni siquiera ha sido nombrado presidente electo: “No es de nuestra incumbencia, pero mal hacen, quienes se autodenominan ‘el cambio verdadero’, al arrancar con mentiras, calumnias y amenazas”.
Por su parte, el sacerdote declaró que una parte del EZLN está interesada en el diálogo, pero que lo mejor será esperar a que López Obrador sea presidente constitucional para buscar la reunión.
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Después de los resultados de las elecciones, el PRI busca renovarse. René Juárez Cisneros renunció a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido para formar parte de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre. En su lugar queda Claudia Ruiz Massieu, quien estará en funciones hasta agosto del 2019. Massieu fue una de las colaboradoras más cercanas de Peña Nieto: fue secretaria de Turismo de 2012 a 2015 y de Relaciones Exteriores de 2015 a 2017. En una entrevista declaró: “La reforma del PRI tiene que ser profunda y verdadera. Hay que cambiar de forma, pero también de fondo”.
