Por el momento, la maniobra del Secretario de Comercio Wilbur Ross, para incluir en el cuestionario del Censo de población de 2020 una mal intencionada pregunta sobre ciudadanía ha sido denunciada y detenida por el fallo del juez federal Jesse M. Furman, quien calificó la decisión de Ross de arbitraria, caprichosa y atroz.
“Este fallo es una reprensión enérgica al intento de la administración de Trump de convertir el censo en arma para atacar a las comunidades de inmigrantes “, dijo Dale Ho, director del Proyecto de Derechos de Votación en el American Civil Liberties Union, uno de los demandante en el caso”.
Es probable, sin embargo, que el gobierno insista en su empeño y el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia donde finalmente la propuesta debería ser rechazada porque es innecesaria, podría tener un efecto intimidatorio sobre las comunidades de inmigrantes, es una sucia maniobra para despojar de fondos federales a los centros urbanos y favorecer a las comunidades rurales, y es un descarado intento de utilizar el aparato gubernamental con fines partidarios. El diseño de los distritos electorales y el prorrateo del Congreso se hace considerando a la población total, no el número de ciudadanos. Una base menor perjudicaría a las ciudades con mayor número de inmigrantes residentes.
La pregunta es innecesaria porque el dato de la ciudadanía está recabado en la Encuesta de la Comunidad Americana que realiza la misma oficina del Censo pero que no vincula sus datos al expediente personal del Censo.
Es tan intimidatoria que es muy probable que los residentes con o sin papeles migratorios se negarían a completar el cuestionario haciendo inútil el propósito del ejercicio que es averiguar con precisión cuánta gente vive en el país.
No hay garantía de que los datos del censo no serían compartidos con otras dependencias del gobierno. Ya una vez hace una década la oficina del Censo indebidamente le proporcionó datos personales de ciudadanos americanos de origen árabe al Departamento de Seguridad Nacional. Y en 1943 dio libre acceso al Departamento del Tesoro a los expedientes de ciudadanos estadounidenses de origen japonés que fueron injustamente encarcelados por años. Un horrendo crimen por el que después el gobierno estadounidense tuvo que ofrecer una disculpa publica y compensar económicamente a más de 100,000 descendientes de los encarcelados.
El temor de los gobernadores, alcaldes y procuradores de justicia de 18 estados, decenas de ciudades y grupos de defensa de los derechos civiles que demandaron a Ross es que la asignación de fondos federales que se les adjudica va en función del número de personas que habitan en una localidad. Si los inmigrantes no participan en la encuesta del Censo la reducción de fondos podría ser considerable. Y dado que estos tienden a concentrarse en centros urbanos más que en rurales, las ciudades saldrían enormemente perjudicadas. Una circunstancia que en términos prácticos beneficiaría mucho al partido republicano cuya base se concentra mayormente en áreas rurales, y perjudicaría al partido demócrata cuya base es fundamentalmente urbana.
Haciendo a un lado los inconvenientes prácticos de la iniciativa de Ross, lo que a mi más me sorprende es la miopía política del partido Republicano comandada ahora por Donald Trump.
A diferencia de lo que sucedió con los votantes negros que el Partido Republicano perdió para siempre en 1964 con el conservadurismo intransigente de Barry Goldwater, en las comunidades de inmigrantes hay una base de votantes que se sentirían atraídos a un Partido Republicano conservador moderado. Pero cuando se les maltrata, como sucedió en California en 1994, se alejan.
Si los republicanos no quieren que su partido sea una especie en vías de extinción como ya sucede en California, deberían recordar la memorable frase del filósofo español George Santayana, “Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.
Escribe sobre temas políticos en varios periódicos en las Américas.
