Este mes de diciembre, en Venezuela están teniendo lugar dos procesos electorales de signos políticos contrarios, pero de características similares: las elecciones parlamentarias y una consulta popular. Ambos reflejan la severa polarización que sufre el país desde la llegada del chavismo y, por ello, sus resultados, lejos de ayudar a superar los graves problemas que padece la sociedad, los continuarán agravando. El horizonte de una transición democrática para 2021 se aleja del país.
Dos caras de una misma moneda
Las parlamentarias del 6 de diciembre y la consulta que se desarrolla entre el 7 y el 12 del mismo mes son muy similares en sus incoherencias con la democracia liberal. Ambas son presididas por órganos nombrados por las parcialidades políticas antagónicas que copan el espacio político del país, y están plagadas de irregularidades.
Las parlamentarias, organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no siguieron los principios de “independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, trasparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios”, consagrados en el artículo 294 constitucional. De acuerdo con el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), al menos diez aspectos las empañaron. Los rectores del CNE, principales autoridades del organismo, fueron designados por parte del TSJ y no, como dicta la constitución, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Una sentencia del mismo TSJ ordenó al CNE normar el proceso sin atender a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y en virtud de ello el CNE aumentó los escaños para añadir 110 diputados a la composición de la Asamblea, llevándola de 167 a 277 diputados, violando la constitución. El TSJ también cambió el procedimiento para designar la representación indígena, despojando a estos ciudadanos del derecho al sufragio directo y secreto. Además, alteró el cronograma electoral en pleno proceso electoral, despojó a partidos opositores de sus siglas e intervino las directivas de esos partidos para designar otras afines al gobierno. Para el día de la votación se utilizaron nuevas máquinas, compradas sin licitación pública, luego del incendio que destruyó parte de las existentes. Se observaron “puntos rojos” del partido del gobierno en las proximidades de centros de votación, que sirvieron para para chequear, amedrentar u ofrecer dádivas a quienes acudían a votar.
((Solo destacamos algunos aspectos de los innumerables que se dieron en este proceso. Ver los informes aquí y aquí.
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La consulta popular, por su parte, fue organizada por una comisión nombrada por la Asamblea Nacional, aprobada solo con votos de diputados opositores. Esa comisión, así como las preguntas que se formularon, no tienen nada de imparciales
((No hay monitoreo a esta consulta como sí la hay a las parlamentarias. Pero pueden verse declaraciones de expertos electorales como el director del OEV, Luis E. Lander.
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. Tampoco hubo control independiente sobre el mecanismo de votación, o sobre el escrutinio. El sistema de votación a distancia que ideó la oposición ha estado más enfocado en la protección contra los ataques cibernéticos del gobierno que en garantizar el derecho de una persona, un voto o las condiciones libres del votante.
En definitiva, participar y aceptar los resultados de las elecciones o de la consulta popular constituye un acto de fe hacia alguno de los dos polos y no sirve para superar la atroz crisis venezolana.
La dictadura obtiene un respiro
A partir de enero, tendremos una AN donde el gobierno controlará las mayorías. El discurso oficial se hará de un relato donde los resultados fueron impecables y la pasada AN significó una coyuntura desafortunada ya superada. Se estigmatizará aún más a los partidos que hicieron vida allí y se buscará destruir la popularidad que aún le queda a Juan Guaidó, que según Datanálisis, merodea hoy un 25% después de haber alcanzado en 2019 más del 70%. El respaldo que Guaidó y los diputados de la AN que termina sus funciones pudieran tener por parte de Estados Unidos, la Unión Europea o el Grupo de Lima, poco puede revertir esta realidad.
La pérdida de la única institución plural que le quedaba al país le da un respiro importante a Maduro. Ya sin la necesidad de elaborar una nueva constitución, podría disolver la Asamblea Nacional Constituyente que promovió en 2017 y hacer valer su nueva mayoría en la AN para aprobar leyes “constitucionales” –algo inexistente en nuestro orden jurídico– e ir avanzando hacia ese Estado antiliberal que propugna, el llamado Estado Comunal. La Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, recientemente aprobada por la ANC y que concentra aún más poder en el Ejecutivo, es un ejemplo de lo que vendrá.
Los partidos opositores mayoritarios se enfrentarán al reto de sobrevivir a la persecución y represión que previsiblemente aumentará. Además, se han fragmentado hasta el punto de no saberse a ciencia cierta quién los representa: PJ, AD, COPEI –los despojados de sus siglas– y VP parecen tener al menos dos fracciones en pugna, con diagnósticos y propuestas distintas sobre qué hacer. Una parte de los dirigentes están en el exterior y parecieran tener agendas propias, que no coordinan bien con dirigentes en Venezuela. El fracaso de la estrategia opositora, particularmente la diseñada desde enero de 2019, liderada por Guaidó y que se resume en el mantra cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, no alcanzó ninguno de sus objetivos, lo que forzosamente obliga a rectificaciones y nuevas estrategias. Guaidó pierde liderazgo, y estos partidos también. Se cierra un ciclo marcado por el antagonismo frontal, la polarización y un juego de suma cero –uno donde el que gana se lo lleva todo–, donde el autoritarismo triunfó sobre la democracia.
¿Qué esperar entonces?
Si bien la nueva situación implica el fracaso de la lucha por la democracia, también proporciona, en mi opinión, una estructura de oportunidades para rediseñar una estrategia política distinta a la sostenida hasta ahora. Al fracasar las fuerzas opositoras, la democratización ha quedado postergada, y dichos partidos están obligados a sincerar y afinar sus diagnósticos sobre la nueva realidad para encontrar una estrategia exitosa para el ciclo político que se abre en 2021, so riesgo de pasar a la irrelevancia.
Manteniendo el objetivo último de la democratización, podría diseñarse un nuevo plan que busque alcanzar metas graduales y más modestas en el corto plazo, para ir hacia objetivos más ambiciosos en plazos posteriores. Atender a la población en tres de las dimensiones más atroces de la crisis –salud pública, alimentación y migración forzosa– parece prioritario. Asimismo, es preciso concebir una agenda unitaria que en lo económico privilegie la reactivación del aparato productivo, y en lo social la generación de empleo y el combate al hambre y la pandemia, para detener la migración forzosa. En lo político, debe centrarse en mejores condiciones para participar en las venideras elecciones regionales y luego las municipales, como formas de acumular fuerza desde abajo.
Sin embargo, un plan de estas características es imposible sin cambiar la mentalidad de la dirección política, que debe reconocer la necesidad de acuerdos. Y ahí viene lo más difícil: superar el juego suma cero que la oposición ha seguido durante todos estos años y que ha empeorado la situación. Los actores sociales y la ciudadanía, como parecen mostrar múltiples declaraciones y encuestas recientes, están desencantados de los políticos y desean alguna negociación despolarizada que supere esta pavorosa crisis. Empresarios y organizaciones civiles se vienen moviendo en busca de alternativas. ¿Llenarán el vacío dejado por estos partidos que parecen haber perdido la brújula? Cierto temor se deja ver en la dictadura, que ha venido acosando crecientemente a organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y ayuda humanitaria.
Venezuela se encuentra en caída libre. Lograr acuerdos enfocados en detener el sufrimiento de la población, sin perder el objetivo de caminar hacia la democratización – pero ahora a mediano plazo, en un esfuerzo de acumular fuerza social y política mediante la inclusión y la renovación de su liderazgo–, es el gran desafío de los venezolanos en los meses por venir.
Es analista política y doctora en ciencias sociales por la Universidad Central de Venezuela. Autora, entre otros libros, de El ocaso del chavismo. Venezuela 2005-2015 (Alfa, 2016)
