Para muchas familias y escuelas, los libros electrónicos fueron esenciales para seguir leyendo en medio del confinamiento. El número total de libros digitales prestados por las bibliotecas en Estados Unidos llegó a 289 millones en 2020, un aumento de 33% con respecto a 2019. Eso coloca a la aguerrida biblioteca pública como el principal rival de Amazon, que monopoliza casi por completo las ventas privadas de libros electrónicos y vende alrededor de 487 millones al año.
Pero hay un problema gigantesco.
Muchos libros electrónicos tienen una disponibilidad sumamente limitada o no están disponibles en las bibliotecas públicas, y los presupuestos de las bibliotecas son limitados para cubrir los costos crecientes de la demanda de libros electrónicos.
Las editoriales hacen que los costos de los libros electrónicos sean exorbitantes para las bibliotecas. Por ejemplo, antes de que llegara la covid-19, un acuerdo típico en Macmillan era que las bibliotecas públicas tenían que pagar $60 dólares por cualquier libro electrónico y podían prestarlo solo 52 veces o durante un periodo de dos años, lo que ocurriera primero, después de lo cual tenían que volver a comprar el libro electrónico. Las editoriales bajaron temporalmente algunos precios y relajaron las reglas sobre ciertos títulos durante la pandemia, pero los costos en general aún limitan severamente la capacidad de las bibliotecas para ofrecer muchos libros. Algunas empresas dedicadas a publicar libros electrónicos, en particular Amazon, todavía se niegan a permitir que las bibliotecas tengan acceso a cualquiera de los que publican, mientras que editoriales como Macmillan le han retenido dejados sus novedades fuera del alcance de las bibliotecas.
La razón por la que las editoriales pueden cobrar un precio más alto es debido a una peculiaridad en la ley de derechos de autor, llamada “doctrina de primera venta”. A diferencia de lo que ocurre con los libros físicos, los tribunales estadounidenses han dicho que las bibliotecas no tienen derecho a comprar un libro electrónico y luego prestarlo. En cambio, las editorales solo “otorgan licencias” a los libros electrónicos y pueden negar esa licencia a una biblioteca o condicionar el derecho a prestar el libro electrónico al pago de un precio mucho más alto.
Algunos legisladores estatales en Estados Unidos están lo suficientemente indignados como para haber propuesto una legislación para obligar a los editorales a otorgar las licencias de los libros electrónicos que actualmente están reteniendo de las bibliotecas. El estado de Maryland promulgó una ley de este tipo esta primavera, pero es probable que las editoriales la impugnen en los tribunales, ya que los ordenamientos federales en materia de derechos de autor están por encima.
Para las bibliotecas universitarias y los estudiantes que acuden a ellas, las restricciones sobre los libros de texto electrónicos son aún más severas. Según un estimado, las editoriales se niegan a conceder licencias del 85% de las versiones electrónicas de los libros de texto a las bibliotecas universitarias, lo que obliga a los estudiantes a comprarle directamente a la editorial o prescindir de los libros. Y según una encuesta realizada a 82 campus durante la pandemia por US PIRG, un grupo de consumidores centrado en las preocupaciones de los estudiantes, el 65% de los estudiantes ha evitado realizar al menos una compra de libros de texto debido a los altos costos.
Cuando un libro de texto electrónico sí se pone a disposición de las universidades, a menudo cuesta más de 10 veces el precio de venta al público y puede venir con condiciones y suscripciones adicionales que aumentan los costos aún más. “Tienes que pagar miles por un paquete con algunos libros electrónicos que en serio necesitas y muchas cosas que no necesitas”, dice la bibliotecaria Joanna Anderson, coautora de una carta de protesta por estos costos firmada por 3,000 bibliotecarios, académicos y estudiantes.
La complicada distinción legal entre la venta de libros físicos y la “concesión de licencias” de libros electrónicos es una de las razones por las que los intentos privados de servicios de libros por suscripción por cuotas mensuales han fracasado en su mayoría o han tenido una disponibilidad limitada de libros. En el sector editorial, las editoriales tienen los derechos para vender libros, pero los autores a menudo conservan los derechos de autor que permitirían la concesión de licencias a los servicios de suscripción mensual y tienen sus propias demandas de compensación justa, por lo que los acuerdos de servicios de suscripción suelen ser legalmente imposibles o económicamente insostenibles. Un ejemplo de esto fue el cierre de Oyster hace unos años. Epic! Books ha tenido un éxito modesto con un servicio de suscripción únicamente para un subconjunto de libros para niños que se utilizan principalmente en las escuelas. Incluso Scribd, la versión superviviente de mayor éxito, carece de los libros más populares.
Amazon ha creado una solución en torno a este problema creando un programa de lectura ilimitado para suscriptores, Kindle Unlimited, en el que incluye solo a autores que se autopublican con Amazon y optan por el programa. Se estima que casi el 50% de los libros electrónicos pagados que se descargan ahora se autopublican, en gran parte debido a la popularidad del Kindle Unlimited de Amazon, lo que hace que su programa sea el modelo más exitoso para un servicio de lectura ilimitada mensual, pero solo para un subconjunto limitado de libros.
Lo que está claro es que es poco probable que los acuerdos privados lleguen a brindar algún servicio que ponga una amplia gama de libros electrónicos a disposición de los estadounidenses. Esto, sin mencionar el problema de que los servicios privados pueden excluir a las familias que no pueden pagar una tarifa mensual adicional.
Por lo tanto, mejorar el acceso de las bibliotecas a los libros electrónicos debe ser una prioridad.
El Congreso estadounidense podría solucionar el problema de inmediato si ampliara el alcance de la doctrina de primera venta para permitir que las bibliotecas escolares y públicas compren libros electrónicos a precios minoristas regulares y los mantengan en sus colecciones de forma permanente. Esto triplicaría o cuadriplicaría la cantidad de libros electrónicos que las bibliotecas podrían comprar con los presupuestos actuales y, dado que los libros nunca caducarían, aumentarían sus almacenes de libros electrónicos en órdenes de magnitud a lo largo del tiempo.
En una revisión que hizo en abril de 2020 sobre este tema, el U.S. Congressional Research Service señaló que el Congreso consideró hacer esto en 1998, cuando se actualizó por última vez la ley de derechos de autor. Sin embargo, pospuso esa decisión hasta que el mercado de libros electrónicos “haya madurado lo suficiente y de una manera que justifique nuevas acciones”. Obviamente, con casi $2 mil millones en ventas anuales, los libros electrónicos han llegado a ese punto.
Al mismo tiempo, los autores, quienes a menudo lidian con problemas financieros, tienen temores razonables de que una reducción de las tarifas que cobran las editoriales a las bibliotecas reduciría aún más sus ingresos. Pero en lugar de depender de los limitados presupuestos de las bibliotecas locales para proporcionar los ingresos que los autores necesitan para seguir escribiendo, el Congreso podría, al mismo tiempo que restaura la doctrina de la primera venta, instituir un “derecho de préstamo público” federal –PLR, por sus siglas en inglés–, un mecanismo utilizado por 35 naciones de todo el mundo, incluida casi toda Europa, que ofrecería a los autores pagos por cada libro, físico o digital, prestado de una biblioteca pública.
De hecho, el Authors Guild, que promovió un PLR en los E.U. hace décadas, relanzó una campaña en 2019 para promulgar una legislación para que el National Endowment for Humanities distribuya los pagos a los autores por cada libro prestado de una biblioteca. “El PLR reconoce dos principios fundamentales”, escribió el entonces presidente del Authors Guild, James Gleick, en 2019: “la necesidad de que la sociedad proporcione acceso gratuito a los libros y el derecho de los autores a ser remunerados por su trabajo”.
La combinación de restaurar la doctrina de la primera venta para las bibliotecas e instituir un sistema PLR federal, permitiría a las bibliotecas expandir radicalmente la disponibilidad de libros electrónicos en línea. Y esto abordaría un problema separado que destacan los escritores y editoriales: el aumento de la piratería en línea que, según las estimaciones del Authors Guild, puede estar erosionando las ventas de libros hasta en un 28%. Un sistema de bibliotecas públicas más sólido que ofrezca la mayoría de los libros en línea probablemente trasladaría gran parte de las descargas pirateadas a las bibliotecas y garantizaría una compensación para los autores.
Un beneficio adicional de un sistema de préstamo de libros electrónicos de biblioteca pública fortalecido es poner un control sobre el dominio de Amazon en el sector de libros electrónicos privados, mismo que limitaría cualquier aumento de precios u otras manipulaciones del sector de libros electrónicos por parte de Amazon. Y, como beneficio adicional, este nuevo sistema haría posible que algo como Spotify para libros finalmente se hiciera realidad.
Todo esto protegería los ingresos de los escritores al tiempo que devolvería a las bibliotecas su antiguo rol de proporcionar la más amplia gama de libros para todas las comunidades en la nueva era digital.
Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.
es un escritor y profesor que enseña justicia criminal y sociología en la City University of New York. Durante tres décadas ha escrito sobre temas de tecnología, y es autor de Net loss: Internet prophets, private profits, and the costs to community.
