Hace doce meses qué inició en el planeta la peor pandemia en más de 100 años y a México no le está yendo bien. Más de un millón 700 mil personas, entre ellas el presidente de la República, se han contagiado con el virus, que ya ha cobrado más de 150 mil vidas en nuestro país.
En los últimos nueve meses arrancaron cerca de 120 proyectos de desarrollo de vacunas, y al día de hoy diez vacunas ya han obtenido autorización para su uso. Más de 50 países han comenzado sus campañas de vacunación con una o varias de estas vacunas, pero solamente dos han tenido un avance sustancial: Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que ya han administrado primeras o segundas dosis, equivalentes al 44% y al 26% de sus pobladores respectivamente.
En México, el proceso de vacunación comenzó el pasado 25 de diciembre, y no es un secreto que avanza terriblemente lento. Para el 23 de enero, nuestro país había recibido alrededor de 766,000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, de las cuales solo se habían administrado 618,768; apenas 20,600 aplicaciones diarias en promedio.
Y no es que no tengamos prisa. Si hacemos caso a las cifras oficiales, México es el cuarto país en mortalidad por covid-19 en el mundo; en las últimas semanas hemos presenciado un incremento en la pérdida de vidas humanas y una aceleración en el ritmo de los contagios. La ocupación hospitalaria en la Ciudad de México casi llega el 90% y encontrar un tanque de oxígeno para los enfermos que lo requieren se ha vuelto casi imposible.
México está vacunando muy lentamente, y todo parece indicar que esto no mejorará, por lo menos, en el corto plazo.
Con una población de adultos que ronda los 90 millones, nuestro país deberá aplicar alrededor de 150 millones de inyecciones, tomando en cuenta que la mayor parte de las vacunas aprobadas requieren de dos dosis. Para lograr esto en un plazo no mayor de un año se requerirá un esfuerzo impresionante que incluya un agresivo plan táctico para vacunar a cientos de miles de personas cada día. Por desgracia, lo que hemos visto en esta fase de inicio deja mucho que desear.
El 28 de diciembre, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación Covid-19 publicó el documento Priorización inicial y consecutiva para la vacunación contra SARS-CoV-2en la población mexicana. Recomendaciones preliminares, en el cual se establecen los grupos prioritarios para vacunación, así como las primeras recomendaciones sobre los tipos de vacunas que van a ser utilizadas. Sin embargo, los esbozos del plan táctico para la vacunación quedaron establecidos hasta la cuarta versión de la Política Nacional de Vacunación, dada a conocer el 11 de enero.
Este documento ya menciona la formación de diez mil “Brigadas Correcaminos”, mismas que han sido cuestionadas por su conformación: constan de doce personas, de las cuales solamente dos realizan el proceso de vacunación, mientras que cuatro o seis son operadores de la Secretaría del Bienestar, conocidos como “Servidores de la Nación”.
El inicio de la primera vacunación masiva en el mes de enero, dirigida a los profesionales de la salud, se ha caracterizado por retrasos, largas filas y anécdotas de personal de salud frustrado por la metodología. Los “Servidores de la Nación” no han ayudado a hacer más eficiente el proceso.
Tampoco ha sido de ayuda la súbita disminución de los embarques de vacunas por parte de Pfizer, debido a la remodelación de su planta de Bélgica. La semana pasada, el presidente de la República anunció, a pesar de los retrasos, el programa continuaría, seguramente apoyado con otras vacunas como la rusa Sputnik V –López Obrador acordó personalmente con el presidente Putin, la entrega de 24 millones de dosis de esta– o la de CanSino, de origen chino. Ninguna de las dos cuenta, en este momento, con aprobación de uso de emergencia en México.
El querer mantener un cronograma táctico sin tener certeza sobre el volumen de insumos con que se contará siempre es una mala decisión. Aún así, el presidente está empeñado en tener vacunados a todos los adultos mayores (unos 14 millones) a finales de marzo. Esta decisión viene acompañada de un bemol: la gran vacunación a adultos mayores comenzará por las áreas más apartadas y con “mayores necesidades”.
Esta es una decisión planteada sin ninguna justificación mayor que la de una supuesta justicia social: “ahora va a ser al revés: las personas más vulnerables serán vacunadas prioritariamente“. En ningún momento se han mostrado análisis de la prevalencia de covid-19 en estas zonas, que reflejen una mayor necesidad que la de zonas urbanas en donde la gente se concentra en mayor número, se trasladan en transporte público o están obligados a acudir a espacios laborales cerrados.
Independientemente de la falta de rigor epidemiológico de esta decisión, es claro que la medida tiene por objeto la promoción política a través de las brigadas y los “Servidores de la Nación”. De este modo, estamos frente a una decisión política que pasa por encima de una que debió ser 100% técnica y basada en consideraciones de salud pública. El optar por una solución improvisada, coordinada por personal sin entrenamiento ni práctica, echa por tierra el amplio conocimiento en vacunación por el que nuestro país era mundialmente reconocido.
Quizás el mayor reflejo de la intención política de esta estrategia de vacunación se encuentra en el planteamiento mismo de las Brigadas Correcaminos, las cuales son coordinadas por el presidente de la República a través de 32 coordinadores estatales de los “Servidores de la Nación”, cuando debe ser la Secretaría de Salud, sancionada por el Consejo de Salubridad General, quien debe hacerse cargo de las acciones para el control de la pandemia.
Esta estrategia de vacunación inadecuada se conjunta con la carencia de biológicos. Si nos atenemos a las cifras oficiales, al momento de escribir este texto no hay más vacunas en México que las aproximadamente 90 mil dosis remanentes del embarque más reciente de Pfizer / BioNTech.
Sin embargo, en otro giro inesperado de decisiones, el gobierno decidió utilizar parte de estas vacunas para inmunizar a maestros del estado de Campeche, con el argumento de apresurar el regreso a clases en un estado que vive en “semáforo verde”, con dosis que podrían haber sido administradas como refuerzos a profesionales de la salud, los cuales se encuentran –entendiblemente– molestos.
Para lograr el éxito en la campaña de inmunizaciones más grande que México haya organizado en su historia, no se puede pensar en otra alternativa que no sea el utilizar todos los recursos disponibles: sean de gobierno, privados u organizaciones civiles.
Para lograr administrar las cerca de 400 mil dosis diarias que se requerirán en México durante 2021, una estrategia integral que incluya la coordinación, utilización de recursos humanos y materiales, y determinación de los puntos donde se va a llevar a cabo la vacunación debería haberse formulado desde hace tiempo. No tenemos evidencia de que esto haya sucedido.
En la implementación de un programa logístico adecuado, es importante voltear a ver lo que ya se está haciendo, o por lo menos se tiene planeado hacer, en otros países.
Las imágenes que hemos visto de Israel y los Estados Unidos, donde grandes volúmenes de personas reciben la vacuna en estaciones dispuestas para tal fin, y sin siquiera bajarse de su auto, son impresionantes. En Gran Bretaña y en varios estados de la Unión Americana, los centros de vacunación se encuentran abiertos las 24 horas del día, los siete días de la semana.
En México, en cambio, es preocupante la decisión del gobierno de utilizar estas brigadas de vacunación como única metodología por parte del Estado, sin apoyarse en otros actores, algunos de los cuales han mostrado su interés en participar.
México tiene una amplia infraestructura de prestación de servicios médicos, dispersa en universidades, consultorios médicos, clínicas y hospitales privados, cadenas de tiendas de autoservicio con farmacias, cadenas de farmacias que cuentan con consultorios adyacentes y más de 57 mil profesionales en salud, integrantes de las secretarías estatales, que tienen experiencia en la implementación de campañas de inmunización masivas.
Reunir a todos estos actores podría darnos una capacidad impresionante para cumplir con varios objetivos: acercar lo más posible las vacunas a la gente, cubrir geográficamente el mayor territorio posible, alcanzando todas las regiones de una manera más eficiente y, por supuesto, acelerar notablemente la velocidad de la vacunación.
No tenemos tiempo que perder. Si todo sale como lo espera la Cancillería, a partir del 15 de febrero estaremos recibiendo millones de dosis de vacunas de tres fabricantes: Pfizer, Gamaleya (Spunik V) y CanSino; y serán cuatro a partir de la última semana de marzo, cuando contemos con AstraZeneca.
Si hay un momento para conjuntar los esfuerzos de la sociedad, la iniciativa privada y el Estado, es este. La salud de México y la vida de los mexicanos están en juego.
es médico cirujano por la UNAM, analista, conferencista y asesor en políticas de salud. Ha publicado en diarios como Milenio y El Universal, y colaborado como consultor experto para medios de comunicación nacionales y extranjeros.
