Las instituciones de seguridad y justicia que heredó de administraciones anteriores el presidente Calderón no permitían ser optimista en cuanto a la capacidad de su gobierno, no solo para contener los embates de las organizaciones de traficantes, sino para imponer claramente la autoridad del Estado. La falta de acuerdos políticos sustantivos en la administración Fox y las difíciles y polémicas circunstancias en las que Felipe Calderón llegó a la presidencia prefiguraban la continuidad de un escenario de confrontación política que impediría en el corto plazo lograr los acuerdos necesarios para reformar y consolidar las instituciones de seguridad y procuración de justicia, por lo menos. Además, desde la administración Zedillo, en el ocaso del sistema de partido de Estado y los años de la transición democrática, las fuerzas armadas habían empezado a jugar un papel cada vez más importante en la estrategia antidrogas. El presidente Calderón decidió acelerar la participación de los militares con el fin de contener el avance de las organizaciones de traficantes y su belicosidad. Los traficantes no se inhibieron y resultaron ser más tenaces de lo esperado. Intensificaron las agresiones entre ellos, contra policías, militares y funcionarios de seguridad y contra la sociedad civil. Reaccionaron con un ejercicio de la violencia más fuerte, frecuente y espectacular, y un mayor uso de los medios de comunicación para difundir y amplificar la puesta en escena de sus obras macabras, las acusaciones contra funcionarios y los mensajes escritos amenazantes, grotescos, insultantes contra los enemigos, clavados en los cuerpos mutilados o inscritos en la piel de las víctimas. La presencia masiva de militares y policías en varios estados del país no ha sido suficiente ni eficaz para inhibir el negocio ilegal ni la capacidad de los traficantes para corromper y generar violencia y condiciones de ingobernabilidad. La estrategia del gobierno federal no ha mostrado un trabajo de inteligencia suficiente que combine economía de medios y eficacia en los objetivos. Será recordada, dolorosamente, por los ríos de sangre que no supo prever, contener ni evitar, más allá de las buenas intenciones declaradas.

En su primer informe de gobierno el presidente Calderón dijo: “hemos emprendido una lucha frontal contra la violencia y el crimen organizado… Es mi deber recordar a la población que esta será una batalla larga y difícil, que tomará mucho tiempo, implicará enormes recursos económicos y, por desgracia, también costará vidas humanas”. Nadie imaginó las dimensiones de la hecatombe de los años posteriores. En su último informe, el presidente Calderón afirmó que su administración se propuso, a través de la Estrategia Nacional de Seguridad, “recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, así como prevenir la violencia y construir los cimientos de una seguridad auténtica y duradera”. Algunos de los indicadores escogidos fueron el incremento del número de elementos de la Policía Federal, la destrucción de cultivos ilegales, los aseguramientos de drogas, armas y vehículos de los traficantes, la situación de los 37 criminales más buscados por la pgr, y reformas legales sobre seguridad, justicia y tráfico al menudeo. Del costo en vidas humanas ya no se habló. Una parte de la oposición política y la sociedad civil ha insistido más en las críticas a la estrategia desplegada, el papel de los militares, las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, el número de homicidios, y en la adjudicación de responsabilidades por los resultados negativos en varias regiones del país donde no hay paz ni tranquilidad y sí mucha violencia armada incontenible y modalidades de la destrucción del otro no experimentadas anteriormente, solo vistas en el cine de horror.

El INEGIha mostrado estadísticas de homicidios por entidad federativa,^[1] del 2005 a julio del 2012, donde se puede observar un incremento fuerte a partir de 2008 en estados como Chihuahua, Guerrero, Durango y Estado de México, con gobiernos del PRI; Baja California (PAN) y Sinaloa (PRI y PAN-PRD-Convergencia desde 2010); posteriormente en Nuevo León y Tamaulipas; en Coahuila y Colima a partir de 2010, también del PRI, y oscilaciones en Michoacán (PRD y PRI desde el 2011) y Sonora (PAN). ¿Qué cantidad corresponde a los homicidios causados por los grupos delincuenciales, por otros agentes sociales o las fuerzas de seguridad? Nadie lo sabe con certeza, pero todo mundo especula y habla de “ejecuciones” en lugar de homicidios calificados. El gobierno federal proporcionó una base de datos de diciembre de 2006 a septiembre de 2011 según la cual el número de “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”^[2] fue de 47,515. La mitad de esos fallecimientos tuvo lugar en veinticinco municipios, la mayoría con gobiernos del PRIo PRI-PVM, como Juárez, Tijuana, Acapulco, Torreón, Durango y Gómez Palacio, y en algunos de los cuales hubo alternancia en el poder a favor de la alianza PAN-PRD a partir de 2010, 2011 y 2012, como en Culiacán, Mazatlán y Ahome. Pero según Jaime López Aranda, titular del Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esa base de datos “fue un muy buen experimento de transparencia, pero fue un experimento fallido”. Y agregó que las categorías de clasificación “ejecutado” y “homicidios relacionados con delincuencia organizada” no pueden usarse por no estar tipificadas en la ley.^[3] El gobierno federal decidió entonces abandonar ese ejercicio y dejó en manos del INEGI dar a conocer solo la cifra bruta de homicidios.

¿Qué habría ocurrido si el gobierno federal no hubiera decidido utilizar a las fuerzas armadas contra las organizaciones criminales? Se ha planteado la hipótesis de que la tendencia a la baja de los homicidios que se venía observando habría continuado hasta llegar a una relativa estabilidad si todas las condiciones hubieran permanecido constantes. El problema es que eso nunca sucede en la vida real. También la contraria: que las organizaciones criminales habrían continuado e intensificado sus luchas sangrientas, los enfrentamientos contra las autoridades, los intentos de control territorial y la ampliación de su renta criminal ante la inacción, la debilidad, el desinterés y la proclividad a la corrupción de sectores políticos, económicos y sociales. Ambas hipótesis, transmutadas en certezas según las fobias y las filias partidistas, se disputan el monopolio de la versión legítima sobre el tema y han dividido a la opinión pública. Se sabe lo que ha sucedido: un incremento de homicidios, víctimas, desplazados, cultivos ilícitos, consumo de drogas, zonas de inseguridad; la permanencia, mutación y brutalidad de las organizaciones criminales con ejércitos de psicópatas, el peso mayor en este sexenio comparado con los anteriores de las fuerzas armadas en la estrategia de seguridad. De ahí se deduce, o se trata de demostrar, que el detonante de los altos niveles de violencia fueron los operativos federales per se con participación militar. Los grupos criminales podrían haber huido o adoptado un perfil bajo y no haber reaccionado de manera violenta ante la presencia de las fuerzas federales, y quizás lo hicieron en algún momento y en ciertos lugares, pero en el proceso aprendieron muy pronto a medir fuerzas y sacar ventaja del mejor conocimiento del terreno, de sus bases sociales, de las relaciones de corrupción preexistentes con sectores políticos, policiales y económicos, de la inclinación de algunos miembros de las fuerzas federales para ser parte de ese tipo de vínculos, de laimpunidad y de la fragmentación política y la falta decooperación y coordinación entre niveles de gobierno en asuntos de seguridad, no ajenos a las luchas partidistas, que se han traducido en una mayor debilidad del Estado en la etapa de la alternancia en el poder, y se arriesgaron.

La experiencia anterior más importante de grandes operativos con participación militar en el país había sido la Operación Cóndor en los años setenta del siglo pasado y fue clara la superioridad de las fuerzas militares sobre los traficantes, históricamente subordinados al poder político y marginados del mismo en la época del sistema autoritario. En las décadas del PRIno hubo “pactos”, como algunos afirman porque desconocen la historia y la suplen con relatos mitológicos personales, sino una subordinación a las reglas del juego impuestas por el poder político y su aparato de control con atribuciones extralegales, y quienes se negaban a aceptarlas o las rompían en algún momento tenían tres opciones: abandonar el negocio, ir a la cárcel o la muerte. En la etapa de la transición democrática, que implicó una nueva reconfiguración política, redistribución de posiciones de poder entre varios partidos, un mayor equilibrio e independencia de los tres poderes y la desaparición de antiguas instituciones de control político-policiaco con atribuciones extralegales, el Estado está fragmentado y debilitado por divisiones e intereses partidistas, corrupción y problemas estructurales. En ese escenario, los grupos criminales han logrado una mayor autonomía relativa respecto del poder político, el cual tiene tres opciones en su relación con esos grupos: no hacer nada y subordinarse sin ser desplazado de sus posiciones formales de poder, negociar con ellos y las élites económicas para beneficio mutuo, o hacer causa común independientemente del partido al que se pertenezca y con la sociedad civil para aplicarles la ley. Las dos primeras reproducirían y reforzarían relaciones autoritarias y de corrupción, la tercera presupondría la existencia de una política de seguridad de Estado, ausente en la actualidad, y estaría encaminada a la construcción y consolidación de la democracia.

En teoría, cuando una organización o coalición criminal predomina en su propio campo, o hay varias con pesos específicos distintos y una competencia regulada por un árbitro externo que sería el Estado (mediante la corrupción, la represión, o la aplicación de la ley), y este tiene de manera indiscutible el monopolio de la fuerza y sus instituciones son sólidas, o débiles para los estándares democráticos pero eficaces para movilizarlas contra grupos criminales en regímenes autoritarios, la violencia criminal tiende a disminuir y ser utilizada solo como último recurso dentro de su propio campo, y muy raras veces contra el Estado y la sociedad civil ajena a los negocios ilegales. Si el Estado no tiene esas características, solo la autocontención de los criminales o algún improbable y extraño fervor patriótico puede impedir que aprovechen su debilidad para ampliar actividades e influencia.

Las organizaciones del tráfico de drogas actuales han demostrado ser muy violentas y no se puede obviar su combate. No es realista pensar que el Estado puede abdicar del uso de la fuerza legítima para la defensa del orden, particularmente para enfrentar a criminales cada vez mejor armados y que atacan de manera cada vez más indiscriminada a la población. Esto lo aceptan la mayoría de los principales líderes políticos mexicanos que se han expresado a favor del combate a la delincuencia organizada y acerca del papel de las fuerzas armadas. Las diferencias son de forma, no de fondo. Es en sectores de la sociedad civil, organizados o no, en la academia, en algunos medios de comunicación, en grupos de la clase política y en organismos mexicanos e internacionales de defensa de los derechos humanos donde han surgido visiones críticas con distinto grado de intensidad, solidez y fundamento sobre la estrategia de seguridad puesta en marcha por el gobierno federal y sus resultados. Han surgido propuestas razonables que tendrán que ser tomadas en cuenta para lograr los objetivos deseados en asuntos de seguridad con mayor participación y aceptación de la población.

Según el expresidente colombiano César Gaviria, el mensaje que ha enviado el presidente Calderón con su estrategia es adecuado, pero considera que no hay que emplear a un gran número de las fuerzas federales en el combate a los traficantes, sino a grupos de élite apoyados en un trabajo de inteligencia, quienes serían los encargados del aspecto represivo. El despliegue masivo, dice,no funciona y conlleva riesgos de violaciones a los derechos humanos y corrupción en el corto y mediano plazo.^[4] Efectivamente, a raíz del amplio despliegue militar, las denuncias ante la CNDH por violación a los derechos humanos se han multiplicado: casos de detenciones arbitrarias, muertos a tiros por no haber visto un retén militar o no haberse detenido para revisión, desapariciones, golpes y torturas. Informes de Human Rights Watch sobre las fuerzas armadas de México en ese mismo tema muestran las limitaciones, las fallas y la inacción de la justicia militar para resolver los casos que se han presentado. Organizaciones mexicanas de derechos humanos y Amnistía Internacional también han insistido en eso. Ha habido avances. Por ejemplo, la reforma al artículo primero de la Constitución; además, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II inciso adel Código de Justicia Militar.^[5] Hay sin duda necesidad de vigilar que las fuerzas militares no excedan sus atribuciones, de clarificar el marco legal en el que operan.

¿Qué hacer?

Hay tres planos que deben ser considerados para tomar decisiones en asuntos de drogas: el multilateral, el bilateral, con Estados Unidos, y el interno. La “guerra contra las drogas” entró en su cuarta década, pero el andamiaje institucional prohibicionista internacional en el que se sustenta se comenzó a construir desde 1909, en la Conferencia de Shanghái, y ha continuado con las convenciones sobre drogas de la ONU. En la discusión internacional es sin duda la posición de la Comisión Global sobre Política de Drogas la que ha adquirido relevancia, por las personalidades que la componen, sus propuestas y reportes, basados en evidencias científicas que muestran el fracaso de la llamada “guerra contra las drogas” iniciada por Estados Unidos bajo la presidencia de Richard Nixon. El presidente Calderón ordenó materializar esa metáfora en su administración, con resultados catastróficos en términos de vidas humanas perdidas, pero en la 67^ªSesión de la Asamblea General de la onureconoció que la prohibición crea el mercado negro y potencia las ganancias y el poder de los traficantes dados los altos niveles de la demanda. Habló de explorar “opciones regulatorias o de mercado”. Los presidentes de Colombia y Guatemala han insistido igualmente en la necesidad de replantear el paradigma vigente, promover la discusión y encontrar soluciones. Esta preocupación crítica, más la insistencia creciente de dirigentes y amplios sectores de la sociedad civil de distintos países, particularmente en América Latina, donde la violencia asociada al tráfico de drogas tiene efectos devastadores, muestra cambios de actitud frente al fenómeno y una voluntad de influir en la necesaria modificación del paradigma.

Para avanzar en el debate habría que encontrar puntos de acuerdo entre los países de América Latina y ejercer una diplomacia de bloque. Difícil en el corto plazo. Estados Unidos insistirá seguramente en sus posiciones, la “tercera vía” anunciada por Gil Kerlikowske, director de la Oficina sobre Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que consistirían en programas de salud, cumplimiento de las leyes y alianzas internacionales, para debilitar las propuestas que se alejen más de las suyas y dividir a los países. La mariguana y la hoja de coca serían las plantas a considerar en un primer momento. Hoy en día parecerían más viables acuerdos sobre la mariguana. Ningún país está a favor del libre mercado de todas las drogas actualmente ilegales para que la gente decida consumir o no lo ofertado. No se considera apropiado en términos de política de salud.

¿Qué se les puede sugerir a los gobiernos de los países que no sepan ya o no hayan escuchado antes? ¿Un mercado regulado por el Estado o con participación de este y la iniciativa privada de una o varias sustancias prohibidas actualmente? ¿Retirarse de las convenciones y asumir los costos económicos y políticos? ¿Construir alianzas con países que tengan posiciones afines para tratar de modificar las reglas del juego vigentes en asuntos de drogas? ¿Aplicar medidas similares a las puestas en práctica por países con políticas más heterodoxas? El universo de posibilidades no es infinito. Para las burocracias antidrogas y quienes lucran con el negocio del tráfico ilegal, modificar las reglas del juego no es deseable. Tampoco para los tomadores de decisiones, que no están dispuestos a asumir los costos políticos del cambio. Quienes sufren las consecuencias devastadoras de la política prohibicionista estarían más dispuestos a ensayar vías distintas. Donde se hanpuesto en práctica políticas más flexibles los resultadoshan sido alentadores en términos de reducción de los riesgos y los daños a la salud y de la criminalidad. Es cierto que en esos países, Holanda, por ejemplo, no existen grupos poderosos de traficantes como en otros lados que hayan creado problemas de gobernabilidad y que sean considerados como amenazas a la seguridad nacional. También es cierto que en esos países las instituciones de seguridad y de procuración de justicia son generalmente más sólidas y eficaces, y los niveles de corrupción y la distancia entre ricos y pobres son menores. Los retos son más difíciles para países como México, donde esas condiciones institucionales, económicas y sociales son más débiles.

Imaginemos que México legaliza la mariguana y que el Estado se encarga de la producción, distribución y comercialización. En teoría, la superficie cultivada y la producción disminuirían, como el número de productores. El titular de la Sedena, el general Guillermo Galván, declaró en una ocasión ante diputados federales que medio millón de personas dependían del negocio de las drogas en todos sus niveles, desde los productores hasta los líderes. Un alto funcionario del Departamento de Estado redujo la cantidad a 450,000, y otro del gobierno mexicano aseguró que unos cincuenta mil indígenas eran parte del negocio.^[6] Nadie sabe cómo llegaron a precisar esas cifras redondas, pero supongamos que esos números tuvieran algún sustento. ¿Cómo evitar la sobreproducción y el desvío de una parte de lo producido al mercado ilegal de Estados Unidos? ¿Se esperaría un retiro pacífico e inmediato de los cultivadores y los traficantes de esa parte del negocio? ¿Dónde se cultivaría y cuántas personas serían necesarias? ¿Qué hacer con los cultivadores queserían desplazados? Suponiendo que hubiese solo tiendas del Estado, de la iniciativa privada o de inversión mixta, distribuidas en todo el país, ¿cómo se evitarían las extorsiones y las amenazas a esos negocios? ¿Cómo se les protegería? ¿Cómo se evitaría la corrupción de los administradores y trabajadores de esas empresas? Suponer una alineación perfecta, mágica, de todas las condiciones ideales de operación y un disciplinamiento ejemplar de los cultivadores y los traficantes no es realista. Eso no significa que la medida sea imposible o descartable, sino que habría que pensar desde ahora la manera de evitar los efectos indeseables.

Pero, ¿qué hacer con los cultivos de amapola, los laboratorios de metanfetaminas y el tráfico de cocaína? Las estimaciones mejor fundadas, con la metodología e hipótesis más transparentes, hechas por la RAND^[7] en 2010, de las ganancias anuales de las organizaciones mexicanas de traficantes por exportación al mayoreo hacia Estados Unidos de mariguana, cocaína, heroína de México y Colombia y metanfetaminas llegaron a una cifra de 6,600 millones de dólares, o sea el 0.55% del PIB de México en 2011. Los ingresos por mariguana serían de 1,500 millones de dólares y los de cocaína de 3,400 millones de dólares. El estudio señala también, de manera prudente, que no se incluyó la estimación sobre las ganancias de esas mismas organizaciones por producción y distribución dentro de Estados Unidos porque es “extremadamente difícil” hacerlo con los datos existentes. El Departamento de Estado no es tan prudente ni transparente y estimó esas ganancias en 2010 en un rango amplio de ocho a veinticinco mil millones de dólares (0.62-2.1% del PIB de México en 2011^[8]). No se sabe cómo estaría distribuida esa cantidad entre las organizaciones mexicanas, cuál es el peso relativo de cada una en ese mercado; solo especulaciones y declaraciones políticas sin fuentes verificables.

Se dice que atacar las finanzas de los grupos criminales sería más eficaz que las medidas punitivas. Probablemente sí, en teoría, pero en la práctica no resulta tan sencillo, incluso en países con los controles más estrictos. Algunos datos conocidos no permiten ser optimista acerca de los efectos prácticos para afectar los intereses de las organizaciones de traficantes en el corto plazo. Por ejemplo, entre 2004 y 2007, el banco Wachovia procesó en su mayoría a través de casas de cambio en México 378.3 mil millones de dólares, aproximadamente una tercera parte del PIB mexicano en esa época. El banco tuvo que pagarle al gobierno de Estados Unidos ciento diez millones de dólares por realizar transacciones vinculadas con el tráfico de drogas, más una multa de cincuenta millones de dólares. Entre 2007 y 2008, HSBC México transfirió al mismo banco en Estados Unidos siete mil millones de dólares en efectivo y hasta el momento no se sabe qué porcentaje de esa cantidad sería dinero del tráfico de drogas. Por su parte, la DEA tiene autorización legal para realizar lavado de dinero de traficantes para sus investigaciones. No hay conocimiento público de la cantidad que ha lavado ni para quién.^[9] A eso hay que agregarle los resultados escandalosos de operativos como “Rápido y Furioso”. Los ingresos descomunales en el mercado de drogas ilegales más cercano, grande e insaciable del mundo, las facilidades para lavarlos en conocidas e importantes corporaciones financieras internacionales y agencias antidrogas, y el armamento de alto poder facilitado incluso por autoridades federales de Estados Unidos son algunas de las condiciones básicas que han hecho posible el fortalecimiento de las organizaciones de traficantes. Ni las multas a los bancos lavadores, cuando se investiga y llega a algún resultado, ni la lista negra de la OFAC (Office of ForeignAssets Control, Departamento del Tesoro), que muestra las empresas vinculadas a traficantes buscados, familiares y prestanombres, congela sus cuentas en Estados Unidos yprohíbe a los estadounidenses realizar cualquier negocio con ellas, han disminuido sensiblemente, hasta donde se sabe, la capacidad económica y el poder de los traficantes incluidos en la lista.

Hay organizaciones criminales cuyos ingresos no son únicamente por tráfico de drogas, aunque este sea el principal; han diversificado sus actividades y se dedican también al secuestro, la extorsión, la piratería, el robo de combustible, etcétera. La legalización de alguna droga dejaría intacta la renta de las otras y las demás actividadescriminales. Tienen razón quienes dicen que el fin de la legalización no es acabar con las drogas ni con los criminales, sino impedir que los consumidores recreativos o problemáticos sean criminalizados; que se trata de convertir un problema de seguridad en uno de salud. Pero también quienes afirman que la legalización de alguna droga no elimina el problema de la delincuencia organizada ni necesariamente le resta poder de manera significativa. En México, el campo criminal está dominado por un oligopolio de organizaciones de traficantes de drogas, las más fuertes de la delincuencia organizada. Las drogas ilegales son su fuente de ingresos más importante, aunque la diversificación, composición y peso relativo de su renta criminal puede variar según las organizaciones. En ese campo, no existe una organización o coalición que haya logrado la hegemonía y pueda imponerles las reglas del juego a las demás. Hay escisiones y una reconfiguración de nuevas coaliciones, causa y efecto de la competencia bárbara y despiadada por la hegemonía. Las modalidades, más o menos violentas, de la expansión de las organizaciones y coaliciones hacia otros campos (económico, político y social), por ejemplo, y de su relación con las fuerzas de seguridad del Estado tienen que ver con las características de las mismas, es decir, si son predominantemente traficantes o mafiosas-paramilitares. Todas violan la ley, pero hay algunas que compiten más claramente con el Estado en sus atribuciones propias (control territorial, monopolio de la fuerza, aplicación de impuestos) y crean mayores problemas de gobernabilidad.

No hay soluciones rápidas ni mágicas para salir de un problema multidimensional de larga duración, el cual no hay que simplificar al extremo ni reducir en los intentos explicativos a una sola variable, a hipótesis que implicarían poder regresar al pasado para ponerlas a prueba, o a la voluntad de una sola persona a la que se le atribuye la responsabilidad absoluta por todos los homicidios presuntamente derivados de su decisión política en asuntos de seguridad. La cadena de responsabilidades es muy larga. La UNODC, en voz de su titular Yuri Fedotov, advirtió que la modificación de las convenciones sobre drogas es un proceso que llevaría tiempo y que depende de los estados firmantes. El Comando Norte, que entrenó a los marinos que eliminaron a Arturo Beltrán en un enfrentamiento, señaló que la Iniciativa Mérida ha sido insuficiente para parar la violencia y que quiere compartir con los militares y la policía federal de México las lecciones aprendidas y las herramientas empleadas en Iraq y Afganistán. León Panetta, titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, declaró que recurrir a los militares para asuntos que competen alas fuerzas del orden civiles no puede ser una solucióna largo plazo, pero que Estados Unidos debe respetar las decisiones de otros países de emplear a los militares en “papeles no tradicionales”. En México, el coordinador general de Diálogo, Política y Seguridad del equipo de transición del presidente electo habló de la posible creación de una fuerza de seguridad especial para combatir el crimen organizado y de la permanencia de las fuerzas armadas en sus labores actuales. El dirigente nacional del PRI también indicó que los militares seguirán mientras las policías civiles no sean lo “suficientemente eficaces”. Y el exjefe de la policía nacional de Colombia, asesorde seguridad del presidente electo, dijo que la política deseguridad debería legitimarse a partir de la sensibilidad por las víctimas. Veremos cómo incorpora el presidente electo las variables multilaterales, bilaterales y locales; si efectivamente no habrá pacto ni tregua con el crimen organizado,^[10] particularmente en estados y municipios gobernados por su partido, donde se ha concentrado gran parte de la violencia; qué estrategia diferente pondrá en marcha y sus resultados. Ya adelantó que no habrá un cambio radical de la estrategia actual, que está dispuesto a abrir el debate sobre las drogas, pero que no está a favor de su legalización. El reto permanece: o el Estado y la sociedad legal se fortalecen en democracia, y no se puede ignorar el tema de las drogas y la estrategia de seguridad, o lo harán los grupos criminales y sus socios con medidas autoritarias. ~

Luis Astorga

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(Culiacán, Sinaloa, 1953) es doctor en sociología por la Universidad de la Sorbona, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores.

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