La tensión entre los gobiernos y las grandes empresas tecnológicas de las comunicaciones está resultando en una acotación de la cobertura, penetración y transmisión de la información y el funcionamiento de las redes sociales. En 2021, la libre expresión en línea declinó por onceavo año consecutivo, según un estudio realizado por Freedom House que incluye 70 países y 88% de los usuarios de internet en el mundo.
Hoy tenemos, por un lado, la posibilidad de recoger y transmitir información como nunca antes, por ejemplo, desde el campo de batalla de Ucrania. Las fotos, videos, informes, y análisis enviados en forma instantánea desde los lugares donde están ocurriendo los hechos no tiene precedentes, ni tampoco el dolor instantáneo que genera en quienes observan estos contenidos. Es la guerra con mayor acceso digital de la historia, como menciona un artículo reciente de Foreign Policy, convirtiendo a Twitter y TikTok, entre otras plataformas de internet, en “fuentes primarias de información sobre la guerra”. Por supuesto, esta tecnología tiene aplicaciones mucho más alentadoras, cuando se trata de acercar a las familias o difundir la cultura, conciertos, conferencias, educación o aplicaciones en salud.
Por otra parte, el acceso a estas plataformas comienza a cerrarse en muchas partes, echando abajo la ilusión de que todos podían tener acceso a la inmensa cantidad de información y contenidos del internet y, a la vez, tener enormes posibilidades de interactuar con terceros a través de ellas. Sin embargo, por diversos motivos –algunos legítimos, como garantizar la seguridad en las redes, y otros más controvertidos, como controlar contenidos supuestamente sesgados o peligrosos–, tanto los gigantes tecnológicos como diversos gobiernos han estado acotando o incluso eliminando la libertad en el acceso.
La ilusión de la neutralidad del contenido que se transmite a través de las redes se erosiona cada vez más. La distorsión de la “verdad” va desde la alteración sutil hasta las tergiversaciones más abyectas. El uso de las redes para influir políticamente incluye la transmisión de información falsa enfocada a ciertos segmentos de la población con el propósito de tener injerencia sobre opiniones y decisiones e incidir en los resultados de elecciones específicas. También, pero mucho más drásticamente, se usan estos medios para movilizar a la población con el fin de subvertirla: un ejemplo emblemático fue la toma del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
La diseminación y uso de la información en plataformas y redes sociales en internet en forma caótica ha conducido a diferentes actores a tomar cartas en el asunto. Las empresas tecnológicas, por convicción propia –al verse repetida y crecientemente cuestionadas por dar vía libre a contenidos peligrosos, ofensivos o sesgados– o por presiones de los gobiernos de los países donde prestan sus servicios (el negocio es el negocio), han estado controlando contenidos cada vez más, pero de formas que a veces han desatado críticas aun mayores. Los gobiernos, por su lado, han introducido nuevas leyes y regulaciones, asumiendo un rol de policía en el internet, tratando de compensar lo que consideran una inadecuada supervisión por parte de las empresas digitales internacionales. Sin embargo, aunque a veces lo hacen con la intención de garantizar los derechos humanos de las personas en internet, como ocurre en la Unión Europea, en otros casos estas regulaciones se han vuelto instrumentos de control total. Así lo consigna Freedom House en el informe mencionado, que documenta la interrupción del internet por los gobiernos de numerosos países en 2021. Son también cuantiosos los gobiernos que persiguen a los críticos que se expresan en redes sociales. Un caso dramático, por ejemplo, fue la ejecución, en diciembre de 2020, de Ruhollah Zam, director del canal Amad News en Telegram por parte de las autoridades iraníes, después de habérsele responsabilizado de incitar a protestas y de estar afiliado a servicios de inteligencia extranjera.
A raíz de la irrupción de la covid-19, los gobiernos de prácticamente todos los países se apoyaron en internet para llevar a cabo distintas e importantes labores, incluyendo la difusión de las medidas y reglas adoptadas por el gobierno frente a la pandemia, el seguimiento de personas contagiadas, la supervisión de las cuarentenas de las personas infectadas, el diagnóstico a personas que pudieran haber contraído la enfermedad, entre otras.
Varias de estas medidas, a pesar de su utilidad, impusieron restricciones severas sobre la libertad de las personas y sus derechos esenciales. En ciertos casos, los gobiernos hicieron un uso extremo de estos instrumentos, sometiendo a la población a medidas inhumanas, como en el caso de China. Otros países no han reducido la severidad de varias de las medidas ni el control del gobierno sobre la población. Es el caso de Canadá, cuyos habitantes hasta hace pocos días no podían cruzar sus fronteras sin comprobantes de vacunación.
Estamos viviendo en un momento delicado respecto a las redes sociales y las plataformas digitales. Las grandes empresas digitales están frente a dos fuegos: algunos las critican por la supuesta arbitrariedad con que están moderando sus contenidos (se les acusa de bloquear información y mensajes inocuos que desde su punto de vista son peligrosos o distorsionantes) y otros consideran que las plataformas son demasiado permisivas y dejan que circule información falsa que tendrían que frenar. Las plataformas difícilmente pueden hacer un trabajo adecuado y sin sesgos, por motivos técnicos o porque es imposible la neutralidad de los seres humanos que crean los algoritmos de vigilancia o que intervienen directamente en la revisión de contenidos.
Lo que está ocurriendo en la práctica es que, en medio del caos informativo y de comunicaciones digitales, hay una pugna entre las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos. Las primeras, que transmiten y facilitan la operación de las redes sociales a nivel internacional, tienen todo tipo de dificultades para ofrecer un servicio confiablemente neutro (están muy lejos de ser la “plaza pública” a la que aspira Elon Musk, en la que todos tienen una posibilidad de expresión y de réplica).
Por su parte, muchos gobiernos exigen a las plataformas digitales operar en forma más efectiva, por ejemplo, para que no haya interferencia en los procesos electorales desde países extranjeros. La Unión Europea (UE) ha tomado una serie de medidas para que las plataformas eliminen material ilegal de las redes, entre otras conductas no deseables, y este año está discutiendo una nueva Ley de Servicios Digitales que dará “mejor protección a los usuarios y a los derecho fundamentales en línea”. Exigirá a los gigantes tecnológicos filtrar más eficazmente los contenidos ilegales y les aplicará multas que pueden llegar a 6% de sus ingresos anuales globales en caso de incumplimiento. En Estados Unidos se han introducido una serie de iniciativas de ley (que aún no han sido aprobadas) para evitar , entre otras prácticas, la desinformación, la intromisión y el rastreo de personas a través de internet con el fin de transmitirle publicidad personalizada.
Una historia distinta es la de China y Rusia, que tienen una postura mucho más radical hacia las compañías digitales que la UE y Estados Unidos, pues pretenden controlar el internet a su voluntad. En una declaración conjunta en Beijing durante los Juegos de Invierno, Xi Jingpin y Vladimir Putin se pronunciaron por internacionalizar la gobernanza del internet, y consideraron que “cualquier intento de limitar su derecho soberano de regular segmentos nacionales del internet y asegurar su seguridad son inaceptables”, con lo que se descarta el libre acceso de sus poblaciones a estos medios de comunicación digital.
Entre la postura más abierta de la Unión Europea y sobre todo de Estados Unidos, que intentan poner reglas del juego para que las plataformas digitales se autorregulen mejor de lo que lo hacen actualmente, y la del otro extremo, es decir, de China y Rusia (especialmente desde que empezó la invasión a Ucrania), que no dejan un ápice del terreno para el funcionamiento espontáneo de las plataformas digitales, están gobiernos como los de India y Turquía, que aumentan su intervención en las comunicaciones digitales apoyándose en leyes o regulaciones que limitan la libertad de la ciudadanía en las redes.
En 2018, India comenzó a elaborar nuevas reglas para los medios sociales, que puso en efecto en febrero de 2021. Estas aparecieron pocas semanas después de que Twitter se rehusara a cumplir instrucciones del gobierno para que dejara de transmitir cierta información relacionada con amplias protestas de sus agricultores. Al introducir el nuevo conjunto de normas, el ministro de Justicia Ravi Shankar Prasad expresó lo siguiente: “India es la mayor sociedad abierta al internet [700 millones de usuarios] y el gobierno le da la bienvenida a las compañías de medios sociales para operar en la India, para hacer negocios y recibir ganancias. Sin embargo, tendrán que respetar la Constitución y las leyes de India”. Las compañías digitales de comunicación deberán permitir la trazabilidad de punta a cabo de mensajes encriptados y el gobierno contará con oficinas que se encargarán de la aplicación de la ley así como de recibir las quejas de los usuarios. Los contenidos inaceptables deberán ser eliminados en 24 horas pues, de lo contrario, serán fuertemente sancionadas. Las plataformas están adecuándose para cumplir con los nuevos reglamentos del país.
Turquía, por su parte, ha estado interviniendo en internet al menos desde 2014, cuando con una nueva ley se dieron atribuciones a la agencia gubernamental Presidencia de Telecomunicaciones y Comunicaciones (TIB) para bloquear sitios web sin previa decisión de las cortes, en caso de que violen la privacidad de las personas o transmitan contenidos insultantes. Desde entonces, las normas se han vuelto más restrictivas. Actualmente se está diseñando una nueva ley contra la desinformación que introducirá más censura en el mundo de comunicaciones digitales, lo que coincide con la preparación del país para las elecciones de 2023. En Turquía cerca del 90% de los medios informativos están controlados por el gobierno y, de acuerdo a DW, están bajo fuerte presión financiera y judicial. La nueva ley, que incluiría una nueva ofensa definida como el “diseminar información dirigida a engañar al público”, promete ser un instrumento para inhibir la libre expresión a través de todos los medios.
La intervención de los gobiernos en internet ha ido en aumento, con 182 cierres de estos medios en 2021 en 34 países, en contraste con 159 de estos episodios en 2020 en 29 países. India fue responsable de más de la mitad de ellos (106 cierres) en 2021. Muchos de estos apagones de internet han estado vinculados a situaciones de descontento social y circunstancias en las cuales los gobiernos han recurrido a estas acciones para acallar a sus críticos, en períodos electorales o durante golpes de estado, como en Myanmar.
En un mundo en el que diversos regímenes autoritarios se están endureciendo, la balanza parece cargarse más hacia el poder de los gobiernos para orillar a los gigantes tecnológicos a plegarse crecientemente a sus dictados, lo que contrasta con la gran influencia supranacional que ostentaban estas grandes empresas hace unos años, cuando podían evadir los controles y deslindarse de la responsabilidad de lo que se transmitía a través de las plataformas. Al igual que está ocurriendo con el emergente nacionalismo en muchos países o con el mayor proteccionismo comercial, la esfera de las comunicaciones se está volviendo menos global y menos abierta, en detrimento de los derechos democráticos de las personas.
es economista y consultora independiente. Su investigación se ha centrado en temas de política industrial; comercio y medio ambiente y políticas de competencia.
