Alrededor de 2014, el gobierno chino intensificó su campaña para “desextremizar” a los uigures musulmanes en la provincia de Xinjiang, una enorme franja de tierra que conforma el borde noroeste de China. El control gubernamental sobre la región se ha hecho más estricto en los años recientes, y el país ha estado bajo un escrutinio cada vez mayor a medida que los reporteros han ido revelando la profunda y constante vigilancia a la que han estado sometidos los uigures que viven en Xinjiang, así como la detención de más de 1 millón de personas de esta etnia en campos de “reeducación” comunista, en donde se les obliga a estudiar la propaganda comunista e incluso se les somete a tortura.
Además, en 2016 las autoridades chinas lanzaron un programa llamado “Exámenes físicos para todos” cuyo propósito visible era ofrecer atención médica. Sin embargo, como parte de ello, el gobierno también recolectó muestras de ADN, escaneo de iris y otros datos biométricos de más de 36 millones de personas en la región de Xinjiang. En los años siguientes, las autoridades compartieron esa información como parte de sus colaboraciones con científicos de todo el mundo, que han publicado cientos de estudios que incluyen datos de uigures y otros grupos étnicos minoritarios y vulnerables en China. Estos estudios constituyen la base para el desarrollo de tecnologías peligrosas, como el reconocimiento facial que identifica grupos étnicos, o pruebas de ADN que permiten reconstruir el rostro de una persona. Hay cuestionamientos fundados no solamente no solo acerca del aspecto ético de dichas tecnologías, sino también sobre el origen de los datos que contribuyen a su creación: ¿Estos datos se recopilaron voluntariamente? ¿Los participantes proporcionaron su consentimiento informado para su utilización?
En diciembre, dos importantes editoriales académicas –Springer Nature, que publica la prestigiosa revista Nature, y Wiley, que edita más de 1,600 publicaciones– declararon al New York Times que reevaluarán los estudios científicos previamente publicados que contengan datos provenientes de “grupos vulnerables”. Springer Nature anunció que “reforzará” sus lineamientos, y su editor en jefe, Philip Campbell, dijo que la compañía se comunicará con los redactores para “solicitarles que pongan un mayor grado de atención en la verificación y cuidado en el manejo de aquellos estudios donde exista el potencial de que el consentimiento de los participantes no haya sido informado o libremente otorgado”.
Un estudio publicado en 2018, en el que se comparan los rostros de los uigures, tibetanos y coreanos “para fines de reconocimiento facial de grupos étnicos”, parece haber pasado por este proceso de reevaluación. Encontré un tweet difundido en junio pasado con capturas de pantalla del documento original. Ahora incluye un renglón que aclara: “El estudio fue realizado con la aprobación de la Universidad de Dalian y se obtuvo el consentimiento informado, por escrito, de cada uno de los participantes, a quienes se les avisó que sus fotografías se utilizarían para investigación científica sin fines de lucro”.
Hacer más estrictas las normas éticas y establecer un proceso de reevaluación parecen ideas acertadas basadas en buenas intenciones. Al negarse a publicar datos que, a todas luces, se recopilaron faltando a la ética, las editoriales envían un importante mensaje a la comunidad científica, haciéndole saber que no se tolerarán la falta de higiene en la investigación, e instituir un punto de control para garantizar que los investigadores hayan obtenido la aprobación correspondiente del consejo de ética y el consentimiento informado de los participantes es un primer paso sencillo para evaluar la ética de una investigación. Sin embargo, el hecho de que un estudio pase este punto de control básico no significa que se haya realizado de manera ética o que los investigadores hayan considerado cuidadosamente las implicaciones de su trabajo. Cómo determinar la ética de los estudios es una interrogante sin respuesta, y para contestarla los investigadores tendrán que ir más allá de verificar aspectos como la aprobación de las universidades o los registros de consentimiento informado.
Incluso la aplicación de ese primer lineamiento –verificar que los investigadores hayan obtenido la aprobación correspondiente y revisar los documentos de consentimiento antes del inicio de su trabajo– resultaría complicado. Presentar un documento para su publicación en una revista académica ya es un proceso tedioso y difícil que no le deseo ni a mi peor enemigo. Debes darle al archivo el formato exacto, de acuerdo con los extravagantes requisitos de la revista, subirlo a un portal que funciona con la velocidad y eficiencia de una conexión a internet de los años 90, y esperar meses enteros las revisiones de otros académicos con sobrecarga de trabajo, que terminan por destrozar tu escrito.
Yo he presentado varios estudios, todos los cuales contenían datos de niños, a quienes los consejos de ética definen como “población vulnerable”. Jamás un consejo de ética me ha solicitado que presente evidencia alguna de haber obtenido los permisos adecuados ni de haber obtenido el consentimiento informado de cada participante. Estoy agradecida por eso, ya que sería un proceso laborioso subir cientos de páginas de archivos, y alguien en el otro extremo del proceso editorial –posiblemente un revisor que trabaja de manera voluntaria, o un editor mal pagado– tendría que verificar esos documentos. Un proceso mucho más sencillo, pero claramente imperfecto, que yo sí he visto en la presentación de material para revistas científicas, es pedir a los investigadores que marquen una casilla que indica que han obtenido los permisos correspondientes para recopilar los datos de los participantes. Aunque quiero creer que la mayoría de las personas son honestas, resulta irrisoriamente sencillo que algún investigador que actúe de mala fe se limite a marcar la casilla y pase este punto básico de supervisión.
Para conocer más acerca de este proceso, envié correos electrónicos al autor principal del documento sobre reconocimiento facial étnico, así como a tres de los editores de la publicación, pero nadie me ha respondido. También escribí un correo electrónico a un ejecutivo de comunicaciones de Springer Nature, así como a un ejecutivo de comunicaciones de Wiley, a quienes les pregunté sobre su proceso de reevaluación. Tampoco de ellos he obtenido respuesta.
Asumamos que las publicaciones han seguido el procedimiento más riguroso y están determinadas a verificar que los investigadores cuenten con los documentos que muestran que obtuvieron la aprobación y el consentimiento de los participantes antes de recopilar sus datos. Pero los formularios firmados no necesariamente indican que los datos se recopilaron éticamente, dice Yves Moreau, profesor de ingeniería en la Universidad de Leuven, en Bélgica, quien recientemente escribió un artículo de opinión en la revista Nature en defensa de la aplicación de medidas de supervisión más estrictas sobre la “vigilancia genómica” –es decir, el uso de bases de datos de ADN por parte de investigadores y compañías para rastrear o determinar el perfil de individuos. El consentimiento informado exige que los participantes acepten en total libertad, lo cual resulta difícil para grupos vulnerables, como los uigures, quienes enfrentan la amenaza de ser enviados a campos de reeducación por negarse a cooperar. El consentimiento informado también requiere no solo la aquiescencia a la recolección de datos, sino también un entendimiento real sobre la forma en que podrían usarse los datos. “El verdadero consentimiento informado requeriría declaraciones tales como ‘esta tecnología podría desarrollarse en el futuro para discriminar y perseguir a miembros de su grupo étnico, familia o a usted mismo’, con lo cual queda claro que ‘el consentimiento informado’ es, en esencia, un oxímoron en este contexto”, opina Moreau.
Además, si las publicaciones se basan en la aprobación de los distintos comités de ética, esto difícilmente constituye un estándar uniforme, dado que el proceso para la aprobación de una investigación varía de un país a otro. “Aunque se cuente con los formularios de consentimiento y la aprobación ética, los editores no deben sistemáticamente tomar como referencia la decisión del comité de ética”, considera Moreau. “He visto múltiples ejemplos de documentos sobre perfiles de ADN de poblaciones chinas en los que la aprobación venía del comité de ética del Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia”, lo cual es como una versión a gran escala de un jefe que aprueba su propia solicitud de vacaciones o un preadolescente que califica su propia tarea de matemáticas para obtener una mejor nota.
Un sistema así también puede terminar por darle continuidad al legado de la ciencia de paternalismo occidental. “Requerir una regla de verificación y presentar copias de los documentos de consentimiento puede resultar una medida elitista desde el punto de vista cultural, ya que coloca el nivel de autonomía occidental por encima de todas las demás formas de pensar sobre la gente, anteponiendo al individuo sobre el grupo”, considera Craig Klugman, profesor de bioética en la Universidad de DePaul. No todas las comunidades asignan el mismo lugar especial al consentimiento individual que los occidentales. Klugman señala que algunos pueblos pueden solicitar el permiso de un padre, cónyuge o anciano de la aldea. Cualquier buen investigador debería conocer las normas y la cultura de cualquier grupo que esté estudiando antes de solicitar permiso para comenzar a trabajar, y al trabajar con grupos que podrían, digamos, llevar a cabo una toma de decisiones comunitaria, los investigadores podrían abordar a líderes comunitarios, como un concejo o líder, antes de invitar a los individuos a participar. En un estudio sobre consentimiento informado en la investigación internacional, un grupo de investigadores médicos escribe que “los procedimientos de consentimiento informado de los países desarrollados están establecidos y reglamentados de tal forma que resulta difícil para los investigadores considerar alternativas”. Por ejemplo, un consentimiento a nombre de toda una comunidad no sería satisfactorio de acuerdo con las normas de la mayoría de consejos de ética. En ese caso los investigadores de todas formas tendrían que reunir formularios individuales de consentimiento, medida que, según los investigadores, podría suscitar “preocupación y desconfianza”, especialmente si las firmas solo se usan para decisiones de gran seriedad, como los acuerdos comerciales. Cualquier política rígida de una publicación que exija este tipo de formularios podría ocasionar la descalificación de trabajos importantes hechos con comunidades subrepresentadas, aunque se hayan llevado a cabo con toda ética.
Instituir como estándares la aprobación de un comité de ética o la firma de formas de consentimiento también “podría propiciar que se descarte la ciencia hecha en China debido a que no cumple con las ‘normas occidentales’”, advierte Klugman. Como china estadounidense, he escuchado una importante cantidad de amplias generalizaciones sobre el compromiso de los científicos chinos con la ética, así como opiniones contra los chinos en general. En la búsqueda de una salida ética se debe encontrar un delicado equilibrio en el que los investigadores chinos se comprometan a seguir altos estándares éticos sin que los científicos occidentales se erijan como guardianes, imponiendo con todo rigor sus normas. Ya sucede que la mayoría de las revistas prominentes están a cargo de editores en la Unión Europea y Estados Unidos; cualquier norma que apliquen tendrá implicaciones para la ciencia en general.
A medida que las tecnologías y los métodos evolucionen, también lo hará el entendimiento de los científicos acerca de la ética. Moreau desearía ver un sistema en el que redactores y editoriales trabajen en colaboración continua para determinar qué es ético. “No estoy a favor de instituir un mecanismo burocrático para verificar sistemáticamente los formularios de consentimiento ni cuestionar el trabajo de los comités de ética”, reconoce. “Lo que promuevo es que revisores, redactores y editoriales cumplan con su obligación de supervisar”. Sin duda alguna, las políticas de ética de las revistas pueden evitar problemas mayores al servir para detectar documentos problemáticos antes de que se publiquen, pero la raíz del problema persiste: los investigadores mismos deben cuestionarse detenidamente sobre el trabajo que hacen, cómo lo hacen y para qué propósitos podrían utilizarse sus datos, aunque ellos mismos no tengan malas intenciones. (Si usted vio Terminator, sabrá que Miles Dyson no se proponía construir Skynet.)
“Creo que llegó el momento de actuar”, afirma Moreau, aunque todavía no quede claro cómo garantizar que la investigación que se publica se haya llevado a cabo con toda ética. “Necesitamos hacer visibles estos problemas y forzar a la sociedad a entender lo que está en juego, y a tomar buenas decisiones sobre lo que debe hacerse a continuación”.
Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.
es una periodista independiente que escribe sobre ciencia, tecnología y naturaleza.
