Los ejes comunes de las propuestas de los candidatos a la presidencia para este 2018 son seguridad, educación, desarrollo económico y combate a la corrupción. Salvo El Bronco, todos los candidatos hacen mención de la tecnología como una herramienta para lograr tales objetivos, sin mencionar concretamente cómo la aplicarían. Esto ha sido una constante en sus participaciones individuales y una falta muy evidente en el debate que se llevó a cabo el mes pasado.
El uso de la tecnología es muy socorrido en el discurso de los candidatos; pero las particularidades se pierden en la perorata de promesas. El documento que contiene las propuestas de campaña de Anaya contiene 18 veces la palabra tecnología; el de Meade la menciona 32 veces; López Obrador lo hace 106 veces y Margarita Zavala, 6.
Anaya, Meade y López Obrador sugieren ampliar la inversión en tecnología y se refieren a su aplicación más o menos con los mismos fines: incrementar el gobierno electrónico, mejorar la educación, el campo, el sistema penal y la policía y la política de ciencia y tecnología, apoyar a las PYMES y promover el acceso universal a internet. Muchas menciones y nada concreto.
Hasta el momento, solo Anaya ha mencionado, por encima, una tecnología específica: el blockchain para el combate a la corrupción. Esto significa que solo un candidato se ha salpicado del que ahora es uno de los temas más populares en torno a la tecnología; una moda que ha sido cuestionada porque se le han atribuido propiedades para arreglar prácticamente todos los problemas del mundo (¡hasta la deforestación en el Amazonas!). Sin embargo, nadie reviró a Anaya, ni construyó sobre su propuesta. Nadie la repitió. Ni el propio candidato.
Se ha dicho que la necesidad de propuestas tecnológicas específicas no es tan imperiosa como la de arreglar otro tipo de problemas que son un lastre para el país, como la inseguridad y la pobreza, y que la discusión tecnología puede esperar al nuevo gobierno. La cuestión es que, una vez pasada la etapa nebulosa de las promesas de campaña, alguna tecnología específica será implementada, y una planeación errada podría significar tropiezos que costarían recursos públicos millonarios.
Un ejemplo del uso fallido de la tecnología es Enciclomedia. Durante el sexenio de Vicente Fox, este proyecto educativo prometía mejorar el desempeño y las habilidades digitales de estudiantes de educación básica. El proyecto era una buena idea cuya puesta en marcha pareció olvidar el rezago digital y la carencia de servicios básicos en nuestro país (imposible que funcionara en escuelas sin luz), y terminó ahogándose en un mar de burocracia. Al final, significó un desperdicio de talento, esfuerzo y dinero –según lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación, implicó pérdidas por 4 mil millones de pesos, sin mejorar el desempeño educativo–, pero sobre todo un fracaso para la educación.
El ejemplo de Enciclomedia debería servir como referencia para uno de los proyectos estrella de este sexenio: el Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de los pilares de dicho sistema es la plataforma digital nacional que, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley general del sistema nacional anticorrupción, tiene como objetivo la integración, interconexión y consulta de toda la información relativa a contrataciones públicas, servidores públicos y particulares sancionados, denuncias públicas respecto de faltas administrativas y hechos de corrupción, evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de servidores públicos, entre otros.
Esto significa que hay que crear una plataforma que, si bien no parte de cero porque ya existen otros sistemas como Compranet y el Registro de servidores públicos sancionados, tendrá una arquitectura aparte, independiente. Si no funciona, lo “nacional” se le caerá a la plataforma y la idea de evitar que la información relacionada al combate a la corrupción se fragmente se verá diluida. Existe ya una propuesta de modelo que pretende alinearse con los estándares internacionales propuestos por la OCDE.
En nuestro país, diversas organizaciones de la sociedad civil han creado herramientas tecnológicas concretas que podrían servir a los candidatos como base para resolver otros problemas de imperiosa solución. Un ejemplo es el Instituto Mexicano para la Competitividad, que recientemente presentó un Índice de riesgos en el sistema mexicano de contrataciones públicas, en el que se deja al descubierto lo que ya se sospechaba: que a través del clientelismo y el compadrazgo se otorgan contratos millonarios a quienes tienen el favor de la administración en turno. El titánico estudio fue posible gracias a la utilización de big data y permite identificar a aquellas dependencias y procedimientos que, según los datos, entrañan mayores riesgos de corrupción.
El primer paso para crear una plataforma digital nacional sería reconocer tales riesgos y hacer planes específicos para enfrentarlos, antes de decantarse por una opción que requiera más recursos o un desarrollo desde cero, como lo sería blockchain.
Si los candidatos tienen la intención de implementar aquellas propuestas que involucran tecnología, es preciso que entiendan el contexto y las limitaciones. Para que funcione como medio para lograr un fin, la tecnología debe adaptarse al lugar en el que se aplica. No es lo mismo buscar el acceso universal a internet en un país que tiene solucionado el acceso a servicios básicos a buscarlo en uno en el que no se tiene resuelto el tema. Es preciso que se tenga muy claro ese punto antes de proponer tecnologías concretas cuyo uso puede representar más pérdidas que beneficios.
Por otro lado, las soluciones tecnológicas que se propongan no necesariamente tienen que ser las más revolucionarias o de moda, sino las que puedan realmente implementarse y lograr sus objetivos. Es decir, que sean una solución efectiva y no solo una apantallante carta de presentación. Es entonces cuando el diálogo en torno a la aplicación de esas tecnologías se vuelve necesario: ayudará a evitar costosos castillos en el aire.
Nació el mismo año que se estrenó Blade Runner. Abogada, especialista en tecnología y protección de datos.
