–A ver, yo ya tengo identificados a los sujetos… Nosotros ya tenemos resuelto el caso, ¿qué es lo que quieren?
–Queremos la verdad.
–Lo que ustedes me están pidiendo es una exquisitez.
Palabras más, palabras menos, este es el intercambio que relatan los abogados de los familiares de las cinco personas que fueron asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte, el 31 de julio de 2015. Quien responde en son casi de burla, según el testimonio de los abogados, es el entonces subprocurador de la Ciudad de México, Edmundo Garrido. Después de todo, dice el funcionario, él ya tiene detenidos a los tres presuntos homicidas, quienes fueron oportunamente identificados por las cámaras de vigilancia que rodean el edificio de departamentos de la calle Luz Saviñón. Hay una huella digital de uno de ellos en el interior del departamento, hay imágenes de otro al que vemos caminar con una maleta sacada del departamento, se ve claramente en los videos que los acusados llegaron y salieron de ese edificio el día y la hora en la que se cometió el quíntuple homicidio… más claro ni el agua.
Pero, ¿y el motivo? ¿Por qué un chef, un expolicía y un empleado de una tienda de ropa mataron a cinco personas? ¿Un crimen pasional que terminó en multihomicidio, ya que dos de las asesinadas, la michoacana Yesenia y la colombiana Mile, eran aparentemente sexoservidoras? ¿Algo relacionado con el tráfico de drogas, ya que hay rastros de que se habían consumido estupefacientes en el departamento? ¿O será que tiene que ver con la identidad de dos de las víctimas, Nadia Vera, activista política, y Rubén Espinosa, fotorreportero, quienes vivían en la Ciudad de México tras haber huido de Veracruz por las amenazas recibidas de parte de personeros del entonces gobernador Javier Duarte? Vamos, vamos, ¿a quién le interesan los motivos? Ya hay gente en la cárcel, ya están los tres supuestos asesinos debidamente identificados, un juez aceptó que hay suficientes evidencias para mantenerlos en prisión y si hay pequeñas contradicciones y no sabemos bien a bien quién jaló el gatillo para matar a esta víctima o quien usó un pelapapas para torturar a esta otra, qué importa. Exigir saber la verdad en este país es, de plano, una exquisitez.
De todos los testimonios que dan el medio centenar de cabezas parlantes que vemos desfilar en A plena luz: el caso Narvarte (México, 2022), segundo largometraje de Alberto Arnaut Estrada (encabronante opera prima Hasta los dientes, de 2018, sobre los dos estudiantes del Tec de Monterrey asesinados por el ejército en 2010; conmovedor cortometraje Adrenalina, de 2021, centrado en un grupo de adolescentes criminales recluidos en un centro juvenil de Coahuila), el relacionado con la “exquisitez” de la verdad es el que resulta clave para entender el sentido de este notable documental estrenado en Netflix hace pocas semanas.
El filme de Arnaut está construido con una maniática precisión forense, claramente influida por el seminal documental criminal The thin blue line (1988), de Errol Morris. Siguiendo este ejemplo, Arnaut y su equipo de trabajo –los investigadores Carolina Soto, Salma Abo Harp y Pedro G. García, el cinefotógrafo Julio Llorente y la diseñadora de producción Alisarine Ducolomb– se dieron a la tarea de realizar un absorbente whodunit documental en el que, por desgracia y a diferencias del inalcanzable clásico de Morris, hay muchas más preguntas que respuestas. Vemos la reconstrucción del crimen, a partir de una maqueta y de un grupo de actores disfrazados como distanciados maniquíes. Escuchamos las tres posibles hipótesis del multihomicidio –la actividad profesional de las dos muchachas, un asunto de drogas que salió mal, un asesinato ordenado desde Veracruz– a partir de las conversaciones de cuatro muy articulados peritos forenses. Y accedemos, también, a los testimonios de todos los involucrados: el de las propias víctimas, rescatado en videos de archivo; el de sus abogados, amigos y familiares, que aún luchan por saber la verdad; y hasta los de dos de los políticos señalados, como el tristemente célebre Javidú, siempre tan fresco y alegre incluso en la prisión, y el actual senador del PRD Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Al final, si algo queda claro después de ver a A plena luz, es que Arnaut no ha dirigido, en realidad, un whodunit. Ni siquiera un intrigante whydunit. Más bien, y perdonen la acumulación de anglicismos, estamos ante un what-the-fuck-dunit. Y es que el cineasta, sus investigadores y los peritos forenses encargados de encontrar la verdad de lo sucedido aquel día en la Narvarte topan una y otra vez con una pared de distintos colores, sea la de las autoridades priistas de Veracruz, que se deslindan de los asesinatos, sea la de las autoridades perredistas capitalinas que tuvieron mucha prisa por cerrar el caso, sea el de las actuales autoridades morenistas, quienes accedieron a seguir investigando, pero solo a partir de amparos y revisiones solicitadas por los abogados y familiares de las víctimas. ¿Es mera incompetencia, maquiavélico dolo, complicidad criminal? ¿O todas las anteriores?
Como anoté antes, la precisión narrativa de Arnaut es casi forense. Nos presenta las suficientes evidencias para convencernos de que hubo más gente involucrada en el multihomicidio. Que los teléfonos celulares de dos de los acusados indican contacto con un tal “Tormenta”, que señala a cierto mando policial veracruzano del sexenio de Javier Duarte. Que no hubo un auto sino dos, en los que se trasladaron los presuntos homicidas ese día. Y que el Estado mexicano, en todos sus niveles y sin distingos de colores partidarios, ha demostrado una vez más que es incapaz de hacer justicia.
Pero en todo esto hay algo todavía peor: que para seguir sosteniendo esta cadena de complicidades e ineptitudes, al Estado le sobran ayudantes, prestos a seguir instrucciones. Se trata de los medios de comunicación, que aceptan difundir filtraciones ilegales y que participan en la revictimización, propiciada desde el poder. Si los dos estudiantes de posgrado asesinados el 10 de marzo de 2010 en las afueras del Tec de Monterrey fueron identificados inicialmente por el ejército como dos sicarios armados que murieron abatidos por haber atacado a las fuerzas del orden, pues eso son: dos sicarios muertos y nada más. A otra cosa. A leer el boletín, a repetir la noticia y a culpar a las víctimas de su propia muerte.
Y si acá, en A plena luz, una de las asesinadas es de nacionalidad colombiana, pues la razón debe ser que había droga. Y si dos de las cuatro mujeres asesinadas se dedicaban a la prostitución, mejor aún: el caso está resuelto. Nada que ver con Nadia, la combativa activista política, ni con Rubén, el valiente fotoperiodista, ni, mucho menos, con Alejandra, la empleada doméstica que ese día estaba haciendo la limpieza. Ellos estuvieron en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Pero, ¿quién les manda estar en un departamento en donde se consume droga y en donde viven dos sexoservidoras?
Esta revictimización es aún más indignante porque encuentra eco en no pocos medios de información, que ayudan a crear este clima de silencio y complicidad. Así, la culpa sigue siendo, a botepronto, de las víctimas. Quién les manda dedicarse a eso, quién les manda salir a la calle a esa hora, quién les manda estar en su departamento, quién les manda consumir droga, quién les manda ser estudiantes becados… Quién les manda vivir en este país.
(Culiacán, Sinaloa, 1966) es crítico de cine desde hace más de 30 años. Es parte de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey.
