El recorte presupuestal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se inscribe en un contexto con varias aristas que aparentemente son claras. Digo que son claras porque jurídicamente tendrían su origen en la Ley Federal de Austeridad Republicana
((Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019.
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, misma que dio pie al decreto presidencial promulgado el 23 de abril de 2020, en el cual se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal.
En este decreto se establece que “no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros”, lo cual “incluye a lo supuestamente comprometido”. El ordenamiento establece además que se cancelarán diez subsecretarías, y garantiza “el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos”. Más allá de la crítica que se pueda hacer a la redacción y solidez jurídica de dicho decreto, este pareciera ser solo una recomendación o una especie de guía ética de medidas sugeridas para la austeridad.
El 22 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expidió un oficio circular
((El oficio está firmado por la subsecretaria de Egresos Victoria Rodríguez Ceja y la Oficial Mayor Thalía Lagunas Aragón.
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que ordena a las dependencias de la administración pública federal aplicar un recorte del 75% del gasto público en los capítulos 2000 y 3000, que corresponden a gastos de operación y servicios generales. Los gastos de operación comprenden las compras directas, incluyendo insumos de oficina, consumibles, etc., así como materiales para el mantenimiento de los inmuebles de cada dependencia. Por su parte, el capítulo 3000 implica el pago de todo tipo de servicios contratados, como agua, luz, telefonía e internet, por mencionar algunos. Este capítulo es de vital importancia para el INAH porque a través del mismo se le paga a cientos de trabajadores, quienes de forma injusta, incluso ilegal, devengan no un salario, sino un pago, como cualquier proveedor que vende o entrega una mercancía mediante un contrato de servicios. De acuerdo a datos publicados por el movimiento de trabajadores Ya Págame INAH en 2018, correspondía al 26% de trabajadores contratados eventualmente.
((Ya Págame INAH y otros colectivos de trabajadores realizaron en 2018 un censo con el objeto de cuantificar el total de trabajadores afectados por los recortes en la institución. Actualmente, según información proporcionada por el Sindicato de Investigadores, suman 777 trabajadores contratados por capítulo 3000.
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El recorte presupuestal al instituto también ocurre en el contexto de la extinción de fideicomisos y fondos relevantes para el sector cultural. La Ley de Austeridad Republicana había advertido que estos serían analizados, y que tanto la SHCP como la Secretaría de la Función Pública (SFP) entregarían un informe sobre los mismos. El día 2 de abril del presente año se publicó en el DOF el decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Este decreto contemplaba al Fonca, el Fidecine, el Foprocine y el llamado FideINAH, entre varios fideicomisos o fondos más, y ahora aún está en discusión la cancelación del Fonden, fondo que abarca, entre otros aspectos, la restauración de monumentos históricos y arqueológicos en caso de que resulten afectados por un desastre natural.
Dos argumentos principales se usaron para extinguir estos instrumentos financieros. Por un lado, que había malos manejos o corrupción en su administración; lo que no se nos explicó fue en qué consistieron dichas conductas, que de existir debieron ser denunciadas administrativa o judicialmente. Por otro lado, se argumentó, en el caso del FideINAH, que dichos fondos no contaban con recursos. Este último argumento es realmente absurdo, pues es normal que dichos fideicomisos, fondos y mandatos en algún momento se queden sin recursos, lo que significa que se han invertido los mismos para el cumplimiento de sus fines, y por ende debe convocarse a los participantes a realizar su aportación.
Este es, pues, el contexto del recorte presupuestal aplicado al INAH, mismo que, de acuerdo con la información proporcionada por el propio Instituto, correspondería aproximadamente a 700 millones de pesos.
Pero el panorama se torna más grave si se considera que, desde hace por lo menos tres décadas, el INAH viene arrastrando un déficit que ahora suma aproximadamente 1,200 millones de pesos, ocasionados, según el director del Instituto, por prestaciones no reconocidas por SHCP y que año con año se tienen que solventar. Esto se hace, por una parte, con recursos autogenerados producto de los servicios que el Instituto otorga al público; por la otra, con ampliaciones líquidas que en realidad son préstamos que la SHCP la otorga al Instituto. Cabe aclarar que esas prestaciones son estrictamente similares a las que han sido obtenidas por los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional, de acuerdo a convenios establecidos y respetados por las autoridades desde hace más de cuatro décadas.
Es importante señalar que las ampliaciones presupuestales y la recuperación de una parte de los recursos autogenerados son insuficientes para cubrir el lastre financiero que históricamente arrastra el Instituto. Además, el pasivo o deuda del año fiscal anterior se solventa con el nuevo presupuesto; esto es, los recursos asignados al Instituto llegan disminuidos, pues una parte sustancial se resta para pagar la deuda o préstamo que la SHCP otorga al INAH. De este modo, el quebranto aumenta en vez de disminuir. Pero lo más lamentable es que, debido a las actuales circunstancias sanitarias, las zonas de monumentos arqueológicos, museos, tiendas del Instituto y el resto de servicios que el Instituto presta se encuentran cerrados, lo que significará una notable pérdida de recursos autogenerados.
Acciones y desafíos
Ante este panorama, y siendo plenamente conscientes de la emergencia nacional ocasionada por la pandemia que aqueja al mundo y al país, investigadores, docentes y ahora organizaciones sindicales y sociedad en general nos hemos dirigido al presidente de la República para solicitarle que exente al INAH de la aplicación del recorte del 75% del presupuesto correspondiente a los capítulos ya mencionados. Sabemos que, de forma acertada, ese beneficio se otorgó a los Centros Públicos de Investigación, que en su mayoría son organismos descentralizados o asociaciones civiles incorporados al sector público educativo.
La disminución presupuestal mencionada genera una afectación considerable a la institución, en rubros que ejemplifico a continuación:
1. Un atraso considerable en el pago de salario a trabajadores eventuales.
2. Reducción de personal, pues a varios trabajadores eventuales no se les renovará su contrato.
3. En el caso de las escuelas del Instituto, con sus diferencias en cuanto a afectaciones y serias limitaciones en su infraestructura, un problema común es la carencia de los medios digitales que garanticen la educación a distancia, por lo que la continuidad de los semestres es incierta. Esto conlleva la incertidumbre en la contratación de profesores de asignatura.
4. El mantenimiento de inmuebles, incluyendo sitios arqueológicos, monumentos históricos bajo custodia del INAH y museos.
5. En el rubro de la investigación, es clara la disminución en la asignación presupuestal. Esto quizá se justifica en algunos casos, pues en el contexto actual y probablemente durante el resto del año será difícil viajar a investigar acervos en otros países o entidades federativas. Pero preocupa que, para los casos de la arqueología, la antropología social o la paleontología, en donde el trabajo de campo es fundamental, habrá una considerable merma de recursos. Es más, se dio la instrucción de que de los 1,600 proyectos de investigación se eligiera el más meritorio para ser financiado, cosa absurda, puesto que de entrada es indispensable explicar qué significa ser meritorio y con base en qué criterios se determinaría dicho mérito.
6. La disminución de recursos para el pago de servicios como luz, agua, telefonía, seguros los que, por mandato de la Ley de Obra Pública, todo bien de dominio público debe tener– y la obra pública que realiza el Instituto.
7. A lo anterior se suman ahora los procesos de sanitización de instalaciones para volver a laborar presencialmente, así como la adquisición de implementos indispensables como gel desinfectante, jabones y todo aquello que evite contagios masivos entre los trabajadores y el público en general.
Considero que existe una visión muy corta en la aceptación de este recorte presupuestal por parte de las autoridades. Es indiscutible que la epidemia de covid-19 es un grave problema que debe atender el Estado mexicano. Sin embargo, también es importante la sobrevivencia de miles de familias que directa o indirectamente dependen de la actividad del INAH: prestadores de servicios educativos y turísticos, ejidatarios y comunidades cercanas a los sitios arqueológicos abiertos al público, así como a museos e vendedores establecidos incluso informales, y ahora miles que se han quedado sin empleo.
Pero en todo caso, es fundamental superar esta especie de mundos paralelos en los cuales las autoridades afirman que todo está bien, que saldremos adelante, mientras los trabajadores dan cuenta de problemáticas específicas que viven día con día y que complican o incluso impiden el funcionamiento de la institución.
A mi entender, la transparencia tanto en la información financiera que proporciona la autoridad como en los problemas que denuncian trabajadores es fundamental para resolver el problema de fondo. De no ser así, el Instituto se verá seriamente impactado en su funcionamiento y se pondrá en riesgo su existencia real.
Esta crisis ha dejado ver que hay problemas estructurales que el Ejecutivo, pero sobre todo el poder Legislativo, las autoridades del Instituto, la Secretaría de Cultura y los trabajadores deben atender. Por un lado, la suficiencia presupuestal del Instituto –que es de 5 mil millones de pesos, según ha afirmado el propio director general– debe resolverse por parte de la Cámara de Diputados. Por otro, la creación de nuevas plazas para cuadros profesionales y técnicos jóvenes, las cuales el gobierno se ha negado a resolver sistemáticamente desde administraciones pasadas. Si esta inversión se compara con toda la labor del Instituto, la cantidad de servicios que brinda y lo que aporta a los ingresos del país, tomando como referencia que el sector cultural, según datos del INEGI, aporta aproximadamente el 3.2 del PIB%, se podrá dimensionar entonces el aporte del INAH.
Pero eso es lo medible. Lo que no se mide es la producción de conocimiento y formación de profesionales. La restauración, la conservación, las exposiciones nacionales e internacionales, la difusión de la cultura están fundamentadas en la generación de conocimiento, tomando en cuenta la aportación que el Instituto ha hecho a la discusión teórica universal de temas como el nacionalismo, la diversidad cultural, el patrimonio cultural, la compleja problemática territorial que vincula la cultura con el medio ambiente, así como la defensa de los derechos de los sectores vulnerables. Sobre todo, el tema de la identidad nacional, eso es imposible de medir cuantitativamente.
Finalmente, es impostergable establecer en el marco jurídico correspondiente el derecho del Instituto a que se le reintegre el 100% de sus recursos autogenerados, y que ese reintegro no dependa de negociaciones que debe hacerse cada año fiscal con la SHCP. La Secretaría de Cultura y la autoridad del Instituto deben no solo informar, sino dialogar con la comunidad buscando soluciones reales, y no solo administrar los problemas.
Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH.
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