I
Un confuso anteproyecto de decreto enviado por el Ejecutivo a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) modificaría el artículo 2 del Decreto del 26 julio de 1994 que convirtió al Fondo de Cultura Económica en un organismo descentralizado. Los cambios violentan el espíritu que en 1934 dio origen al emblemático sello, orientado a la publicación de obras de calidad en las distintas áreas del conocimiento, las artes y las letras, así como de asuntos de interés general y de actualidad, para su divulgación entre amplios sectores de la población, a través de colecciones como Breviarios y Colección Popular, entre otras.
De aprobarse la modificación del artículo y sus 8 incisos –propuesta que le tomó a la Consejería Jurídica de la Presidencia y al titular del FCE, Paco Ignacio Taibo II, cinco años redactar–, el Fondo se ocuparía de promover y distribuir sus obras con énfasis en “los sectores vulnerables de la población”. Debido a que este perfil social, por su condición educativa y económica, lamentablemente no contaría con la formación adecuada para la compresión de los materiales en que se ha especializado el Fondo, el sello incorporaría a su catálogo “obras técnicas, informativas y recreativas”, según establece el documento.
Esa carga editorial extra no necesariamente redundaría en un aumento del presupuesto, dado que las asignaciones otorgadas al Fondo han experimentado una tendencia a la baja durante el sexenio, salvo la partida que se apropió de la ex Dirección General de Publicaciones. La editorial, además, arrancó 2023 con un déficit de 170 millones de pesos en relación con el presupuesto promedio de los años precedentes, y las ventas aún no alcanzan las cifras de 2019, previas a la pandemia.
Ello derivará entonces en la reducción de los títulos dedicados a su vocación original. Las obras técnicas, informativas y recreativas podrían corresponder a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como un complemento a su programa editorial, o al sector privado, que en buena medida suele ocuparse de materiales de esa naturaleza, a precios accesibles en general. De tal manera, el nuevo decreto acabaría traduciéndose también en competencia desleal y en un ejemplo más del encono federal contra las editoriales privadas.
El anteproyecto establece asimismo que el FCE pondrá énfasis en la distribución “onerosa o gratuita” de “las ediciones de sus publicaciones, así como de casas editoriales nacionales o extranjeras”, a nivel nacional e internacional, por lo que da a entender que obsequiaría libros de otras editoriales, tanto mexicanas como de otros países, lo cual también es competencia desleal. Junto a ello, el sello queda facultado para la “recepción y el otorgamiento de donaciones de obras”, bajo el argumento del fomento a la lectura y el libro. La declaratoria de guerra, así, es frontal.
II
Paco Ignacio Taibo II no ha cesado de dar muestras de su animadversión contra el gremio editorial nacional. En tanto autodenominado director de facto de la red de librerías Educal, redujo en 20% su adeudo con las editoriales. Era eso o nada, amenazó. A través de las colecciones Vientos del pueblo y 21 para el 21, destacó Roberto Banchik, director de Penguin Random House para México, Centroamérica y Estados Unidos, Taibo II incurrió en piratería y refrendó la competencia desleal que se ha vuelto su práctica habitual. Penguin demandó al FCE por la publicación no autorizada de Paseo de la Reforma, de Elena Poniatowska, en la colección 21 para el 21. Por orden de un juez federal, algunos ejemplares fueron asegurados.
Las prácticas desleales alcanzaron a los propios círculos de lectura del FCE. Dado que Vientos del Pueblo no resultó el éxito que se esperaba, con el fin de reducir el inventario Taibo II les propuso que se convirtieran en “microlibreros”. Los círculos firmarían con el Fondo un convenio por mil pesos, de los cuales pagarían 800 en un plazo de 60 días, para tener una ganancia de 200 pesos, sin la posibilidad de devolver lo que no se haya vendido. El abuso es más grave si tomamos en cuenta que los responsables de los círculos no reciben un sueldo, pues se desempeñan como voluntarios. El biógrafo del Che Guevara salió “neoliberal”.
Mientras, a través de la extinta Dirección General de Publicaciones, Taibo II boicoteó la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, lo cual lamentaron los sellos participantes, pero en cambio el FCE sí participó en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que fue inaugurada por el presidente Nicolás Maduro. En la línea establecida por el presidente López Obrador, embistió contra la FIL Guadalajara, calificándola de “conservadora”. Más recientemente, compró con recursos del Fondo los saldos de una editorial de la cual fue coeditor y autor.
Desde esta perspectiva, el decreto sobre el FCE formalizaría la acometida contra el sector editorial.
III
El anteproyecto también está orientado a validar las irregularidades de índole administrativa y presupuestal en las que Taibo II, como director del FCE, que está adscrito a la SEP, incurrió desde que tomó posesión del sello, al disponer de los recursos y el personal tanto de Publicaciones como de Educal, ambas dependientes de la Secretaría de Cultura (SC). No cumplió la promesa de fusión, que garantizó sucedería para diciembre de 2019. Publicaciones, que no publicó libros a lo largo del sexenio, finalmente desapareció, como consta en el decreto publicado en el DOF del pasado 4 de abril. Educal sigue sin fusionarse al Fondo, y en el anteproyecto no se plantea nada en concreto.
La “fusión de facto”, como la llamó el titular del Fondo, fue una subordinación de facto. La SC no presentó ninguna objeción. Lo que se busca entonces es dar sustento legal a las fechorías de Taibo II, a través de los considerandos, las modificaciones y los transitorios del anteproyecto de decreto. En los considerandos se enumeran actividades realizadas durante el sexenio, algunas reportadas por López Obrador en sus incontables informes de gobierno, y se va construyendo la narrativa para exonerarlo.
El párrafo cinco del considerando señala: “Que en la Estrategia Nacional de Lectura, presentada en Mocorito, Sinaloa, el 27 de enero de 2019, se determinó la colaboración del Fondo de Cultura Económica, Educal S. A. de C. V. y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, y en su segundo eje rector (…) ‘la disponibilidad de libros’ dispone que (…) deben estar fácilmente disponibles, y a costos asequibles”. El considerando utiliza el eufemismo “se determinó la colaboración”, que nunca contó con base legal. Se remite como único sustento al boletín de prensa de la Presidencia que reportó el acto.
Lo mismo sucede al respecto del párrafo 11 de los considerandos. En los dos primeros incisos se establece que “el Fondo (…) ha llevado a cabo diversas acciones para acercar los libros a los diferentes sectores de la población”: las colecciones Vientos del Pueblo y 21 para el 21, sin que haya claridad acerca de la procedencia del presupuesto. En tanto, en el inciso 3 se establece que “en colaboración con Educal”, “se ha logrado establecer” una red a lo largo de la República mexicana “en 114 puntos, de esta forma la red (…) es incluyente para todos los sectores”. Solo que se falta a la verdad.
La red ya existía, así que no se “estableció” durante este sexenio. En 2012, el Fondo arrancó con 17 librerías y cerró el sexenio con 36, de acuerdo con Anatomía de FCE: informe de actividades, de su exdirector, José Carreño Carlón. Esas 36 más las 83 de Educal dan un total de 119, incluso 5 más. El propio sitio de internet del FCE establece la existencia de 119 librerías entre ambas partes, y aparecen ubicadas con exactitud por entidad y dirección. Es decir, o cerraron cinco o se trata de otro error del desaseado anteproyecto.
Es cierto, no son muchas las librerías que habrían cerrado, sobre todo las de Educal, aunque no se debió a la buena administración sino al subsidio federal. Durante la pandemia, la Asociación de Libreros de México, ALMAC, reportó el cierre de 20% de las librerías, tanto independientes como sucursales de importantes cadenas, y 30% estaban considerando hacerlo. Educal, además, adeudaba 80 millones de pesos y Taibo II exigía que la deuda fuera condonada por la Secretaría de Hacienda, pues de otra manera corría el riesgo de ser declarada en quiebra.
Por otra parte, extraña que en el recuento de los “logros” mencionados en los considerandos no figuren, como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, los círculos de lectura que Taibo II ha creado para el adoctrinamiento político, como parte de sus funciones en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Habrían alcanzado la cifra de 12 mil para finales de 2022, entre comunidades campesinas, secundarias técnicas y bachilleratos. Sorprende esa ausencia, pues el párrafo 15 de los considerandos establece con claridad como “objetivo prioritario” para el gobierno de México “otorgar un papel central a la lectura para la construcción del pensamiento crítico y de nuevas formas de pensar”.
Tampoco aparecen los “Fandangos por la Lectura”, que se organizan en distintos estados del país desde Palacio Nacional, que han servido para la agenda política del Ejecutivo y figurado en eventos de envergadura internacional, como la cumbre del TMEC, realizada del 9 al 11 de enero de este año en México. Llamó la atención el fandango realizado el pasado 25 de abril en Villa Tamulté de las Sabanas, Tabasco, con la asistencia del precandidato a candidato a la presidencia Marcelo Ebrard, el gobernador Carlos Manuel Merino y, en representación de Alemania, el país invitado, el embajador alemán Wolfgang Dold, mientras convalecía, supuestamente de covid-19, el presidente López Obrador.
IV
El primer párrafo del artículo 2 del decreto del 26 de julio de 1994, aún vigente, señala que el Fondo “(…) tiene por objeto la promoción, fomento, edición, ubicación, exhibición y comercialización de obras escritas o registradas en toda clase de medios (…) con la finalidad de difundirlas y facilitar su acceso a todos los sectores de la población”. Por su naturaleza incluyente, hace innecesario el énfasis que quiere dársele a “los sectores más vulnerables de la población”. No obstante, en la propuesta del anteproyecto se elimina, de ese primer párrafo, “a todos los sectores de la población” para, en las modificaciones subsecuentes, comenzar a alterar la vocación original de la editorial.
Buena parte de los cambios que plantea el anteproyecto de decreto son de orden de ideas y de redacción, sin necesariamente mejorarla, más bien volviéndola confusa y en ocasiones reiterativa. La propuesta de cambio al artículo 2 enfatiza que el Fondo fomentaría el libro y la lectura “en escenarios nacionales e internacionales”, sin que se especifique más al respecto. Las modificaciones que alteran la naturaleza del Fondo figuran en los incisos y los transitorios. Es en el inciso I donde se obliga al FCE a publicar obras “técnicas”, “informativas o recreativas, de carácter venal o no venal”.
En la nueva versión del inciso II, el Fondo asume el compromiso de dedicar “especial atención a los sectores vulnerables de la población” –lo que cambia su perfil— y desaparece por completo su compromiso a “editar revistas, folletos y publicaciones periódicas”, como establece el decreto del 26 de julio de 1994. Esto le permitiría a Taibo II la desaparición de la Gaceta del Fondo y del Trimestre Económico, con las que no empatiza. Tan pronto llegó a la dirección, la versión digital de la Gaceta, actualizada hasta 2018, desapareció del sitio de internet. La versión digital completa del Trimestre fue mutilada: no figuran del número 41 –abril-junio de 1944– al número 286 –abril-junio de 2005. La animadversión contra esta publicación quedó de manifiesto desde el 21 de enero de 2019, cuando Taibo cesó al comité editorial.
En la propuesta de inciso IV, el Fondo asume “distribuir de forma onerosa o gratuita dentro del territorio nacional las ediciones de sus publicaciones, así como de casas editoriales nacionales y extranjeras” –lo que legaliza la competencia desleal. El VIII se modifica en su totalidad. La versión actual indica: “Llevar a cabo todos los actos necesarios, en el país y en el extranjero, para el adecuado cumplimiento de su objeto.” La nueva acentúa la competencia desleal: “Recibir y otorgar donaciones de material bibliográfico dirigidos a acciones de fomento a la lectura y el libro”. Lo cual además beneficia a sus Brigadas para Leer en Libertad y a sus Círculos de Lectura. En un corte realizado a principios de este 2023, Taibo aseguró que había regalado 2 millones 100 mil libros. El anteproyecto añade dos incisos más, de carácter protocolario.
El Fondo cuenta, a partir de la fecha de la publicación del decreto, con 90 días hábiles para ajustar el marco normativo de su objeto y de su estructura orgánica, publicada en el DOF el 14 de junio de 2018, para lo cual tendrá que convocar a la Junta Directiva. Lo mismo tendría que convocarla para modificar el Estatuto Orgánico, del 21 de febrero de 2018, tal como establece su artículo 46, dado que forma parte del marco normativo. A la junta la integran los titulares de la SEP, SRE, SHCP, SC, los directores generales del IPN, el Conahcyt y el CIDE, el presidente del Banco de México, los rectores de la UNAM, la UAM y el ITAM, y el presidente de El Colegio de México. Los únicos votos seguros con los que cuenta en principio son los de la SEP, la SC y el Conahcyt.
El anteproyecto de decreto se ajusta a los atropellados criterios con los que Taibo II ha intentado conducir al FCE. En buena medida, transmite la impresión de que, en el caso de que fuera aprobado, sentaría las bases para el sexenio siguiente; de que Taibo da por hecho que Morena ganaría las elecciones de 2024 y su apuesta por la candidatura de Claudia Sheinbaum, a quien apoya en lo que llama su campaña “clandestina”, lo haría repetir en el Fondo. Veremos si sucede. ~
Es autor del libro digital 80 años: las batallas culturales del Fondo (México, Nieve de Chamoy, 2014), de Política cultural, ¿qué hacer? (México, Raya en el Agua, 2001, y de La palabra dicha. Entrevistas con escritores mexicanos (Conaculta, 2000), entre otros. Ha sido agregado cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú y en el Consulado General de México en Toronto.
