En Estados Unidos se ha vuelto costumbre pensar que la culpa del fracaso de una reforma migratoria la tiene la ideología. El ala conservadora del Partido Republicano, dicen algunos, simplemente no puede permitirse algo que se asemeje a una amnistía. Va contra sus principios ideológicos más elementales, suponen. Por supuesto, algo tienen de razón: desde hace décadas, los republicanos han albergado a miembros cuya oposición a la reforma del sistema de migración es tal que solo puede explicarse desde la interpretación más dogmática de la ideología. A esto habría que sumarle una dosis de pragmatismo político. Después de todo, muchos legisladores republicanos representan distritos auténticamente conservadores, en los que una reforma migratoria que incluyera, por ejemplo, un camino hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados no sería vista solo como un atentado contra sus posiciones ideológicas, sino hasta del tejido social estadunidense. En suma, si uno es conservador y representa a votantes conservadores es difícil que respalde una iniciativa de ley progresista.
Pero en el debate sobre el continuo fracaso de la reforma migratoria hace falta un elemento, mucho más cínico pero de enorme importancia: el dinero. Durante la discusión de la última versión de la reforma en Washington, el énfasis exigido por el Partido Republicano estuvo puesto en la seguridad fronteriza. Al oír hablar a los legisladores conservadores estadunidenses sobre la frontera, uno pensaría que describen una auténtica zona de guerra. “Hay que blindarla”, dijo uno. “Hay que volverla 90% segura”, dijo otro. “Hay que agregar decenas de miles de agentes de la patrulla fronteriza”, sugirió alguien más. Lo curioso y dramático es que, para cualquiera con acceso a las cifras reales de la seguridad de la frontera sur estadunidense, este discurso resulta irracional. La frontera nunca ha sido más segura, utilizando la acepción estadunidense del término, es decir, la reducción constante del ingreso de indocumentados a Estados Unidos. Los promotores de mayor protección en la nueva reforma migratoria hablan de una frontera insegura, a la que le hace falta personal y recursos. Pero lo cierto es que la Patrulla Fronteriza ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. En el ’93 había 4 mil agentes de esta corporación. Para 2007 sumaban 15 mil. Y para 2014 ya hay más de 21 mil.
Y no solo eso, pues Barack Obama se ha encargado de poner en práctica un sistema de deportaciones que parece más bien una maquinaria industrial: al final de sus ocho años en la presidencia, Obama, ese gran progresista, habrá expulsado de su país a 2 millones de indocumentados, incluidos varios cientos de miles de padres sin papeles que dejaran atrás familias rotas y miles de huérfanos de facto. El costo de esa crueldad ha sido inmenso, pero los resultados están a la vista para quien de verdad los quiera ver: entre la seguridad fronteriza que ya existe y los procesos de detención y deportación de indocumentados, la frontera y todo lo que implica es mayormente segura.
¿Entonces por qué siguen insistiendo los republicanos en ponerle trabas a la reforma migratoria, específicamente incluyendo como condición sine qua non la adopción de nuevas medidas draconianas y un aumento inmenso de recursos y personal para la seguridad de la frontera? La respuesta está más en el dinero que en la ideología. En pocas palabras: la seguridad fronteriza y la detención de indocumentados es un gran negocio.
Van algunos números.
¿Cuánto cuesta la seguridad fronteriza en Estados Unidos? Lo últimos cálculos ponen la cifra en alrededor de 18 mil millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Para empezar, es un presupuesto mayor al de todas las otras agencias federales concentradas en seguridad. Hace algunos meses, alguien se puso a hacer una lista de las cosas que Estados Unidos podría hacer con esa cantidad de dinero. ¿Entre ellas? Pagar el sueldo anual de 12 mil profesores universitarios o darle alojamiento a más de 250 mil estudiantes en edad también universitaria. De ese calibre es la “inversión”.
Además de agentes y muro, los republicanos quieren aviones no tripulados, quieren drones. Estados Unidos ya cuenta con 10 drones en la frontera. Costaron 18 millones de dólares cada uno. Cada hora de vuelto cuesta 3 mil dólares. Y qué consiguieron? De acuerdo con las cifras más recientes, ayudaron a detectar 66 mil libras de droga y a detener a 164 indocumentados. ¿Le parece mucho? En realidad es muy poco: es menos de 3% de todas las drogas incautadas en el periodo de un año y .04% del total de más de 360 mil indocumentados que cruzaron en el mismo periodo. 180 millones de dólares para ayudar en un .04%. ¡Eso es lo que yo llamo dinero bien invertido!
El asunto, claro, es que esto no se trata de medir la verdadera efectividad de los drones o cualquier otra de las medidas adoptadas. El chiste está en el negocio. Le comparto solo un ejemplo. La empresa encargada de los drones fronterizos se llama General Atomics. Además de los millones de dólares que cobra por los aparatos en sí, la nueva reforma migratoria le daría a la empresa un contrato de mantenimiento y operación que podría valer más de 128 millones de dólares. Tanto se juega General Atomics con la aprobación de la versión que le conviene de la reforma que ha gastado millones de dólares en cabildeo (2.5 millones en solo un año). Y como General Atomics hay otras empresas, desde Lockheed Martin hasta Unisys, que ganarían millones y millones si se aprueba la versión más agresiva de la reforma. Pero —y esto, claro, es la clave— se quedarían con las manos vacías si se aprueba una ley compasiva que enfatice la legalización y no las tácticas punitivas.
¿Qué cree usted que acabe pasando?
(Publicado previamente en el periódico Milenio)
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.
