I
Tan pronto Claudia Curiel de Icaza fue nombrada secretaria de Cultura, integrantes del INAH le enviaron una carta pública, solicitándole dirigiera su atención a los graves problemas que enfrenta el Instituto y conminándola a que buscara a un nuevo titular para la dirección que pudiera encararlos. Los abajofirmantes expresaban su rechazo a una eventual tercera ratificación del director general, Diego Prieto, quien ha estado al frente del Instituto desde 2016. Lo nombró Rafael Tovar de Teresa, secretario de Cultura. Luego, lo ratificó María Cristina García Cepeda. Lo propio hizo Alejandra Frausto, la titular del sector durante el sexenio de AMLO.
La secretaria respondió a los abajofirmantes que en ese momento estaba dedicada a las tareas correspondientes a la entrega-recepción –de las cuales en realidad se ocupaba desde antes de su designación–, pero que tan pronto tomara posesión se encontraría con ellos para abordar dichos temas. Curiel de Icaza no cumplió lo que prometió. En primer orden ratificó a Prieto, quien estará al frente del INAH por tercer sexenio consecutivo, el titular más longevo en la historia del Instituto. Luego, la secretaria visitó la ENAH y más tarde se reunió con los sindicatos de cultura, entre quienes figuraban los representantes del INAH, conminándolos a que fueran pacientes y realistas en sus demandas. Eso sí, estableció que las escuelas –las del INAH y las del INBAL– serían prioridad durante su gestión.
Curiel instruyó a Prieto para que se reuniera con aquellos que dentro del INAH veían su ratificación con animosidad. Los inconformes rechazaron la invitación, pues consideraron que no era el interlocutor adecuado. Prieto entonces congregó a abajofirmantes para un documento en su apoyo, entre los que figuraban académicos, funcionarios del Instituto y responsables de los salvamentos arqueológicos del Tren Maya que han sido puestos bajo cuestión. Posteriormente, organizó el foro “Caminos abiertos hacia el INAH del futuro”, de tres días de duración, que clausuró Curiel. La secretaria soltó una promesa más: “el INAH tendrá respaldo a corto, mediano y largo plazo”.
II
En tres documentos elaborados en 2024 –“Diagnóstico”; “Informe sobre estudio de regionalización de los Centros INAH en los estados” y “Memorial de agravios”–, el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores del INAH ha ofrecido su reflexión acerca del estatus actual del Instituto. De su lectura se concluye que el cambio de rumbo es no solo apremiante, sino que demorarlo acentuaría aún más la gravedad de la situación. El documento central es el “Diagnóstico”, que revisa la historia del INAH y de sus escuelas, el nacimiento de los sindicatos, la relación conflictiva del Instituto con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y luego con la Secretaría de Cultura. Es igualmente un repaso de los años recientes, el estatus de los proyectos institucionales y de la plantilla laboral, los desafíos más graves, como los sismos de 2017, la pandemia de covid y la política presupuestal de los últimos sexenios –no solo dentro del INAH, sino en el sector cultural y de la administración pública federal–, más el Tren Maya, entre muchos otros aspectos.
Mientras, el “Memorial de agravios” deriva de una amplia consulta con los trabajadores del Instituto, para determinar “las omisiones más graves que han dejado al INAH en la situación actual”, y se divide en cuatro secciones: 1) recursos materiales, herramientas y equipos de trabajo, 2) deficiencias en el estado físico y de funcionamiento de las instalaciones del INAH, 3) eficiencia en la organización, planeación y gestión y 4) incumplimiento del marco normativo. La consulta puede considerarse “nacional”, pues contempló a 31 centros estatales del INAH, a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, a las tres escuelas –la ENAH, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México–, a distintas coordinaciones, direcciones y subdirecciones, al Sistema Nacional de Fototecas, a los museos Nacional de Antropología, Nacional de Historia, del Templo Mayor, del Virreinato, del Carmen y de las Intervenciones, entre otros, más dos zonas arqueológicas: Teotihuacán y Huapalcalco. Finalmente, el “Informe sobre estudio de regionalización de los Centros INAH en los estados” es la consulta que le da soporte al “Memorial”. En ella participó personal de base, eventual y confianza de 72 centros de trabajo: 62% de la región centro, 14% de la centro-occidente, 8% de la noroeste, 7% de la sur-sureste, 5% de la noreste y 4% de la norte-centro.
Dediquemos la atención a algunos de los aspectos centrales de este relevante documento.
III
Lo que ya sabíamos: no hay certidumbre acerca del patrimonio bajo custodia del INAH.
Las fuentes a las que acude el diagnóstico del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores del INAH son las plataformas del INAH, los registros públicos, los catálogos nacionales y el Sistema de Información Cultural (SIC) de la Secretaría de Cultura (que, sea dicho al calce, basta visitar para advertir sus penosas deficiencias, más aún en contraste con el SIC que dejó Consuelo Sáizar cuando concluyó su periodo como presidenta del CONACULTA en 2012. ¿Qué se hizo con esa información?). El colectivo indica, acaso con demasiado tacto, que las fuentes consultadas para determinar el patrimonio con el que cuenta México “presentan problemas de confiabilidad” puesto que “las variaciones estadísticas cuantitativas y cualitativas son significativas”. Para el objeto del documento, el colectivo las asume como válidas “a pesar de las inconsistencias”.
“De acuerdo con las cifras no oficiales y manejadas por expertos dentro y fuera del instituto”, indica el diagnóstico, hay “más de 200,000 sitios arqueológicos”. No se puntualiza la procedencia de esas cifras no oficiales ni el nombre de los expertos. Las cifras “oficiales” del Sistema Único del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, ofrecen un escenario totalmente distinto:
• 49 mil 200 sitios registrados
• 210 zonas arqueológicas abiertas oficialmente al público, y
• 130 sitios arqueológicos con algún grado de visita pública (49 mil 540 en total, es decir, 150 mil 540 menos que los que reportan las “fuentes no oficiales” y “los expertos”)
El propio INAH, a través de la Dirección de Registro Arqueológico, plantea otro conteo:
• 54 mil 000 bienes arqueológicos inmuebles (cuatro mil 800 más que el Sistema Único de Registro Público, y 146 mil menos que los reportados por las “fuentes no oficiales” y “los expertos”)
• 2 millones 217 mil 325 bienes arqueológicos muebles
Y, el 12 de junio de 2024, Diego Prieto compartió cifras tan solo de lo rescatado durante las obras del Tren Maya:
• 62 mil 24 elementos constructivos, de los cuales no se especifican sus características (ocho mil 24 más que la Dirección de Registro Arqueológico; 12 mil 824 más que el Sistema Único del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, y 137 mil 976 menos de los que estiman las “fuentes no oficiales” y “los expertos”)
• Un millón 453 mil 196 fragmentos de cerámica
• Mil 992 bienes arqueológicos muebles
Lo mismo, indica el diagnóstico, sucede con los monumentos históricos: “de acuerdo con el vox populi la información de dominio público existe un universo estimado de 500,000 monumentos históricos en todo el país” (así redactado en el original). Mientras, en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles desparecen 380 mil 767, pues apenas se reportan 119 mil 233 monumentos. Y en el reporte más reciente del Catálogo, de junio de 2024, la cifra baja aún más, pues solo se menciona la existencia de 86 mil 699 fichas. Lo cual el colectivo, de nuevo con una excesiva cortesía, considera que “no es del todo explicable, sino hasta preocupante”.
Por su parte, el Informe anual de labores del INAH de 2023 reporta tan solo 11 sitios paleontológicos, más 11 cédulas susceptibles de identificación y catalogación.
Es así que persiste la interrogante acerca de las dimensiones del patrimonio bajo su custodia, a 86 años de su creación.
IV
El diagnóstico señala que las secuelas de los sismos de 2017 expusieron las flaquezas del Instituto, como la desaparición del FONDEN, la cancelación del seguro privado con que contaba, estadísticas no confiables de los daños en bienes muebles e inmuebles, y criterios laxos para la reconstrucción, entre otros aspectos que documentamos en su oportunidad. El rescate se concluiría en 2018, según estableció la propia administración de Enrique Peña Nieto. Finalizado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aún no acaban las faenas: “La magnitud de los sismos revel[ó] la vulnerabilidad de la institución para cumplir sus funciones normativas en la protección del patrimonio cultural”.
Al respecto, el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores enfatiza las deficiencias en los documentos normativos para la atención del patrimonio cultural afectado por los sismos. Tal fue el caso del “Manual de Políticas y Lineamientos para la Atención del Patrimonio Cultural Afectado por Desastres Naturales o Antropogénicos”. En otros casos, apunta el Colectivo, la operación de la normatividad no se ha implementado ni monitoreado de manera adecuada, debido a fallas en la “gestión institucional”, como sucedió con el “Programa de Prevención de Desastres en Materia de Patrimonio Cultural (PREVINAH)”.
Si bien desde el sexenio de Peña Nieto se afirmó que existía un plan de trabajo para la reconstrucción, el diagnóstico asegura que, por el contrario, privó “la falta de un plan estratégico nacional y la desigualdad en la atención entre bienes muebles e inmuebles”. Las coordinaciones nacionales de Monumentos Históricos, Conservación del Patrimonio Cultural y Obras y Proyectos presentaron sus respectivas propuestas pero “no recibieron apoyo para su implementación”. En 2021, cuatro años después de los sismos, se entregó “un protocolo para un manual de actuación institucional, pero no se ha recibido respuesta”.
V
Al interior del INAH, las reglas de operación institucional tampoco están consensuadas.
El documento destaca que, desde la promulgación de la Ley Orgánica del INAH en 1986, hace casi 40 años, se contempló la creación de un Reglamento que “normara la conformación y funcionamiento del Consejo General Consultivo y los Consejos de Área”. Dichos consejos son los de Investigación en Antropología, Arqueología e Historia; Conservación y restauración de bienes culturales; Museos y exposiciones; y Docencia y formación de recursos humanos. Fue hasta mayo de 2017 que la dirección general designó a los participantes en la elaboración del anteproyecto de Reglamento y fue luego de distintas protestas que se incluyó a representantes sindicales.
La propuesta de Reglamento que el INAH entregó a Palacio Nacional en mayo de 2018 tenía deficiencias, afirma el Colectivo. No se distinguían con claridad las funciones del Consejo General Consultivo y de los consejos de área y se retiró un glosario de conceptos. En la versión promulgada el 24 de mayo de 2021, las atribuciones generales del instituto se circunscriben a los artículos 10 a 13: investigación, conservación, museos y docencia, dedicándole más atención al “pesado andamiaje administrativo que se superpone indebidamente a las tareas sustantivas y a quienes las realizamos”. Luego de revisarlo, la aseveración es un tanto cuánto categórica, aunque el Reglamento sea naturalmente perfectible.
La dirección del INAH realizó, del 24 al 28 de febrero de 2022, el foro “Al encuentro con el INAH del futuro”, para definir los criterios y procedimientos de elección de los consejeros y abordar distintas problemáticas de la institución. Entre otros aspectos, el foro planteó el “establecimiento de criterios y perfiles claros para la designación de autoridades, especialmente de quien ocupe la Dirección General, pero también en lo referente a los Centros INAH y mandos medios”.
Igual de apremiante es “el reconocimiento amplio del registro de las Condiciones Generales de Trabajo ante la Secretaría de Hacienda […] para garantizar derechos laborales adecuados y estabilidad para los trabajadores del Instituto, y la regularización de los precarios esquemas de contratación del personal eventual y bajo el capítulo 3000”. Como resultado del recorte al gasto derivado de la pandemia –75% destinado a la operación, tal como ocurrió en el resto del gobierno–, el INAH redujo su plantilla laboral. Las plazas vacantes, planteó el foro hace tres años, tienen que volver a ser ocupadas y debe incrementarse el personal. No hay avances en ese rubro.
Junto a ello, existen “graves problemas administrativos” que obstaculizan el funcionamiento de las áreas del Instituto. Si bien “están formalmente establecidas y reconocidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), esto no garantiza un funcionamiento automático ni la resolución óptima de los problemas cotidianos. Esta situación ha llevado a la existencia de un organigrama paralelo, caracterizado por la creación de cargos y funciones que no están formalmente reconocidos”.
El colectivo denuncia:
En muchos casos, se observa un despotismo voluntarista, especialmente en los ámbitos administrativos y en la conducción de los Centros INAH en los estados [Ello se debe a] la tendencia de la administración actual del instituto, que, al igual que las anteriores, ha buscado debilitar y controlar a través de sus operadores políticos, generando una intrusión manifiesta en los sindicatos.
VI
Y claro, el presupuesto y el personal.
El diagnóstico coincide con lo que varios hemos reiterado a lo largo de varios años: los minúsculos aumentos al presupuesto de años recientes han quedado abajo de la inflación, no solo en el INAH, sino en el sector cultural. Entre 2016 y 2023, informa el documento, el presupuesto del INAH aumentó en 13%, mientras que la inflación acumulada ascendió a 44%, una pérdida de 31%. En tanto, en 2024, el presupuesto del INAH se repartió así: servicios personales, 43.7%; inversión física 40.9%; gastos de operación 15.1%; subsidios 0.1% y otros de gasto corriente 0.8%. Ese 40.90% para inversión física –el Tren Maya– se tomó de la partida de servicios personales –actividades sustantivas del Instituto–, que de otra manera hubiera superado el 80%.
Los recortes en las partidas de servicios personales y de gastos de operación no solo asfixian al INAH, sino que alientan la corrupción, subraya el diagnóstico. Las comisiones del personal del Instituto fuera de sus centros de trabajo, para realizar inspecciones, supervisiones y dictaminaciones a obras o proyectos de gobiernos estatales, municipales, parroquias, empresas o particulares, enfrentan dos importantes limitaciones: una duración máxima de siete días y tope en gastos (gasolina, peaje y viáticos). Estos costos tienden a ser cubiertos por las partes sujetas a inspección, lo que les puede hacer suponer que tienen la capacidad de influir en el dictamen del personal, incluso a través de amenazas. Añadiríamos también que el propio personal del Instituto, por fatiga, desinterés o conveniencia, podría deliberadamente ignorar el patente conflicto de interés.
El diagnóstico establece que ha habido “la acumulación de cientos de plazas vacantes autorizadas por la SHCP”, por lo que “el número de empleados de base es insuficiente […] en todas las áreas […] especialmente entre los trabajadores administrativos, técnicos y manuales”. Esta ambigüedad –“la acumulación de cientos”– es una deficiencia del diagnóstico, dado que entre los autores figuran representantes sindicales, y contaban con acceso a ellos. Al respecto, lo que podemos señalar es que, durante el sexenio de AMLO, Hacienda instruyó, al menos al INAH y al INBAL, que aquella plaza que quedara vacante no podría ocuparse de nuevo.
Una parte de ese personal faltante fue contratado bajo la modalidad de subcontratación o outsourcing, solo en los dichos repudiada por el expresidente, como sucedió y sucede en otras áreas de la administración federal. El INAH, entonces, “subroga la contratación de servicios de seguridad, arquitectura, albañiles, restauradores, secretarias, museógrafos, arqueólogos, diseñadores, montajistas, impresores”, etcétera, puestos que la SHCP y el INAH reconocen como “actividades de base reguladas mediante tabuladores salariales”. Para los trabajadores esto supone, como ya se ha dicho varias veces, falta de acceso a servicios de salud, salarios no dignos e inestabilidad laboral.
Hoy día, eso sí precisa el diagnóstico, la mitad del personal del INAH es de base y la mitad es de confianza, cuyos contratos duran cinco o cinco meses y medio para renovarse después y así no generen antigüedad. ¿Qué significa mitad y mitad? Un diagnóstico institucional del INAH de 2013, elaborado a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, reportó una plantilla de 7 mil 364 trabajadores. Para 2023, un informe de la Secretaría Administrativa del INAH reportó una cifra de siete mil 6. En una década, a pesar del aumento en la apertura de zonas, sitios, bienes inmuebles y museos y bienes muebles, la cifra descendió. No mucho, 358 trabajadores, pero descendió.
De cualquier manera, en este tema las cifras tampoco son confiables.
Un informe de 2019 –cuatro años antes– planteó un descenso más drástico, estableciéndose la plantilla laboral en 6 mil 640 trabajadores. Y en 2021 –dos años antes– el director del INAH informó de una cifra más baja, seis mil 468. Es decir, entre 2013 y 2021, una baja de 896 trabajadores, el 12.1% Ese diagnóstico de 2013 estableció asimismo que, en ese momento, el INAH debería aumentar su plantilla un 38.4%, lo que habría dado un total de 10 mil 160 trabajadores. Para este 2025, el aumento tendría que ascender al 45%, equivalente a tres mil 146 trabajadores, casi la mitad de la plantilla actual, al margen de las contrataciones extras derivadas de los megaproyectos federales, como el Tren Maya.
El INAH es un instituto nacional, pero el documento llama la atención al hecho de que el personal de base está distribuido de manera desigual a lo largo de México, lo que afecta de manera preponderante a las entidades del norte. Un corte a 2024, tan solo en el área de restauración: cero restauradores de base en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California Norte y Tabasco; uno en Sinaloa, Colima, Durango, Zacatecas y Guerrero; dos en Sonora, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Campeche y Quintana Roo; tres en San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Chiapas; Yucatán es una excepción, con nueve restauradores.
Además de la devastación arqueológica, ecológica y comunitaria que han causado el inconcluso Tren Maya y, en menor medida, el inoperante Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ambas obras han afectado también la plantilla laboral del Instituto. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica, vueltos contratistas de personal, desplazan al INAH de esa función que le corresponde por ley. El Ejército también es el custodio de los salvamentos arqueológicos que realizan los expertos del Instituto, quienes carecen de autoridad para solicitar más plazo para sus tareas, menos aún para proponer modificaciones relativas al trazo del tren.
La inseguridad, predominantemente en los estados, fue denunciada por algunos medios desde principios del sexenio de AMLO, aunque llamó más la atención mediática en años recientes, cuando algunas células del crimen organizado orillaron al cierre temporal de zonas arqueológicas en el sur de México. El diagnóstico del colectivo enlista las situaciones que habitualmente enfrentan los trabajadores: asaltos y robos, agresiones físicas, amenazas y extorsiones, y hasta levantamientos y secuestros. Debido al pago de derecho de piso, los bloqueos de los caminos para el cobro por el derecho a tránsito, o los enfrentamientos entre células del crimen, fuerzas policiales de gobiernos locales y autodefensas, no es infrecuente que los trabajadores deban ser cambiados de ubicación por cuestiones de seguridad. El diagnóstico del colectivo no incluye un reporte a detalle de sucesos de esta naturaleza ocurridos durante la administración de AMLO.
VII
Remata el “Memorial de agravios”:
[…] el INAH no había tenido una crisis tan severa de pobreza, desatención, inoperancia y descoordinación administrativa como la actual. Peor aún [es] que la Dirección General minimizara, como sucede hoy en día, los serios problemas que atravesamos, negándolos mediáticamente, e incluso aseverando que ‘es la mejor época del Instituto’. Se aduce que el presupuesto de éste sigue siendo el mismo, como si las problemáticas a atender no se hubieran multiplicado y como si el problema fuera solamente de números y no de política institucional de fondo. Como sea, esta afirmación en relación a un supuesto presente de fortaleza en el INAH la consideramos irresponsable e insultante […] somos conscientes de que varios problemas que se han agudizado en la institución no provienen de la administración actual; sin embargo, nos parece que la presente directiva del Instituto, no solo no ha tenido una política de atención a estos problemas, sino que además, ha creado otros que han llevado a nuestra institución a su peor momento”.
“El INAH tendrá respaldo a corto, mediano y largo plazo”, prometió la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza, y aquí tiene mucho por dónde empezar.
El INAH, dice el diagnóstico, requiere cirugía mayor. ~
