El INBAL degrada al Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes.

En su convocatoria para 2026, excluye como participantes a “aquellas personas que hayan sido objeto de denuncia o sanción por violencia de género, acoso sexual o discriminación racial [o] por otra conducta que vulnere los derechos humanos de terceros”. Lo mismo aplica para el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón. Es de suponerse que, en las futuras convocatorias a los certámenes literarios del Instituto, regirá el mismo criterio.

Iniciemos por lo más ridículo.

El más importante certamen de poesía del país descarta la participación de quienes hayan incurrido en cualquier conducta que “vulnere los derechos humanos”. El jurado –suponemos que diestro en letras– ¿definirá cuáles conductas vulneran un derecho humano, y en qué medida?  Así las cosas, ¿no pasar la prueba del alcoholímetro, negarse a ceder el asiento a un anciano en el Metrobús, proferir alguna maledicencia, desearle el mal al prójimo, son causa de exclusión del certamen, pues en una medida u otra, vulneran “derechos humanos”?

Conductas impías, si se aspira a la santidad, aunque no a un ganar certamen literario.

Son además faltas administrativas, pero la vaguedad de la cláusula permite cualquier interpretación.

En la “Carta bajo protesta de decir la verdad” que deben firmar los participantes, las cosas se complican aún más.

En ella, el eventual galardonado se compromete al infortunio de “orientar [su] actuar a los principios [lo correcto sería decir ‘con base en los principios’, pero es la Coordinación de Literatura, resignémonos], valores, reglas de integridad y compromisos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos.

En realidad, los únicos derechos humanos vulnerados son los de los escritores.

¿Futuras convocatorias de la Secretaría de Cultura incluirán requisitos así?

Los jurados, como Pilatos, ¿tienen así la excusa para lavarse las manos ante aquellos apuntados por el flamígero índice de la cancelación?

¿Los concursantes en los Premios Nacionales de Ciencias y Artes deberán suscribir cartas como las que se les exigen a los participantes en los certámenes Aguascalientes y Juan Ruiz de Alarcón?

¿Lo mismo tendrán que enfrentar quienes deseen aplicar al Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales?

¿La futura recontratación de los trabajadores culturales por concepto de honorarios estará sujeta a estas condiciones?

Este imperativo de santidad, para una grey que se solaza en el pecado ajeno, es ominoso.

El centro de la controversia que se ha suscitado en redes sociales y algunos medios es la exclusión de “aquellas personas que hayan sido objeto de denuncia o sanción por violencia de género, acoso sexual o discriminación racial”.

El combate de estas lacras sociales está fuera de discusión, aunque ocurre que la sola denuncia, en la práctica, convierte al señalado en culpable, que se vería obligado a probar que no lo es, lo cual viola el precepto de la presunción de inocencia que establece la ley.

Más dos objeciones, catedralicias.

Por un lado, en este punto la cláusula está planteada de tal modo que abre las Puertas del Infierno al abuso y la arbitrariedad.

El galardonado podría ser denunciado a posteriori, sea de lo que sea y en la instancia que sea y por quien sea, y las autoridades culturales se otorgarían la potestad de suspenderle o retirarle el galardón.

De la misma manera, los funcionarios culturales caerían en la tentación de inducir en –o pasar por encima de– el fallo del jurado si consideran que el libro galardonado incurre en “misoginia” o “micromachismo”.

Algo similar a lo que sucedió con Los hijos de Sánchez de Óscar Lewis, que en 1965 fue objeto de querella legal por parte de la Sociedad de Geografía, Estadística e Informática porque “ofendía” a México, lo que derivó en el despido de Arnaldo Orfila Reynal como director del FCE.

Por el otro lado –lo más categórico–, de lo que se ocupa año el Premio Aguascalientes es de la expresión más alta de la lengua. No es un asunto de las autoridades eclesiásticas, de los despachos de abogados, de los Comités de Ética, ni de la Tremenda Corte de Justicia del Acordeón.

A la justicia, lo que es de la justicia; a la poesía, lo que es de la poesía.

Es difícil aceptar que los cambios en las cláusulas del certamen fuesen una decisión de la Coordinadora de Literatura, sin el conocimiento al menos de Alejandra de la Paz. La titular del Instituto no ha ocupado puestos de poca monta en el servicio público cultural a lo largo de su trayectoria. La comunidad literaria está a la espera de una explicación y de que se corrija la convocatoria.

Las horas de trabajo social, que por primera ocasión se les exigiría a los galardonados, otra ridiculez, son lo de menos ante esta Inquisición.

Este disparate es más grave de lo que se piensa. ~