En mi primer artículo después de las elecciones estadunidenses de noviembre, sugerí que, a pesar de la larga historia de decepciones y promesas incumplidas, habría reforma migratoria en 2013. Las razones me parecían evidentes: la importancia del voto hispano y la demografía en ciertos estados fundamentales en el mapa electoral de Estados Unidos. Para los demócratas era –y es– clave consolidar la filiación del voto hispano, que favoreció de manera abrumadora a Barack Obama en 2008 y 2012. Pero no solo eso. Los demócratas ahora calculan que, de la mano de la curva demográfica hispana, su partido podría hacerse del control de bastiones tradicionalmente republicanos, como Texas. Y aunque el camino no está tan claro (un porcentaje de latinos texanos son votantes conservadores a los que les importan otro asuntos antes que la migración), lo cierto es que el partido demócrata está tan entusiasmado con la posible cosecha política de la reforma migratoria que ya han puesto en práctica un proyecto encabezado por Jeremy Bird, uno de los más célebres operadores de campaña de Barack Obama, para hacerse de Texas. Para los republicanos, el cálculo es el opuesto: saben que no pueden darse el lujo de ver pasar otro ciclo electoral con el tema de la reforma migratoria encauzando votos a granel para los demócratas. Es tal la desesperación republicana que varios de sus estrategas han insistido en que, tratándose de migración, el partido debe dejar de lado los estrictos valores conservadores y optar por el pragmatismo. Por todo lo anterior, la aprobación de una reforma migratoria parecía probable hace seis meses y resulta casi inevitable ahora.
La pregunta interesante (además de quién se llevará el crédito tras la aprobación) es exactamente qué tipo de ley saldrá de Washington. El principal problema es que la reciente conversión republicana podría toparse con el inmenso poder del ala más conservadora del partido. El asunto es especialmente complejo para aquellos miembros del partido que ven la reforma migratoria como un elemento indispensable en sus propias carreras políticas, pero al mismo tiempo saben que es casi imposible hacerse de la candidatura presidencial republicana sin el apoyo de los ultraconservadores, opuestos por principio a cualquier reforma de este estilo. De ahí, por ejemplo, que el senador de Florida Marco Rubio —que depende por completo del éxito de la reforma para seguir soñando con la candidatura republicana— se haya negado por semanas a hablar de un camino hacia la ciudadanía para los indocumentados. Rubio sabe que camina en la cuerda floja y que un mal paso podría convertirlo en persona non grata para los conservadores de su partido, acabando contadas sus aspiraciones. Lo peor es que la preocupación de Rubio es la preocupación de muchos otros republicanos, que no están dispuestos a inmolarse políticamente en aras de la reforma al sistema de migración.
La dificultad de servir a dos amos —conservadores opuestos a la reforma e hispanos ávidos de la misma— podría hundir a los republicanos en una serie de contradicciones que podrían convertir a la ley en una quimera. El ejemplo perfecto es el camino hacia la ciudadanía que, de acuerdo con varias versiones, incluirá la propuesta que presentarán hoy los senadores que forman el llamado “grupo de los ocho”. Hasta donde se sabe, la reforma propondrá una ruta tortuosa, que podría durar hasta 13 años, para que un indocumentado pueda convertirse en ciudadano estadunidense. El proceso incluirá el pago de multas, una larga lista de exámenes y pruebas cotidianas y hasta reportes frecuentes con un oficial de migración que verificará que el indocumentado no haya cometido infracciones. En suma, algo muy parecido a lo que enfrenta un preso puesto en libertad condicional. Rubio, por ejemplo, lo tiene claro. “Para ellos va a ser más fácil, barato y rápido regresar a sus países de origen y esperar allá diez años”, dijo en una entrevista el domingo. ¿Reforma migratoria auténtica o invitación a la proverbial “autodeportación”? Ya veremos.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.
