I
En México no hay una Secretaría de Cultura.
Es cierto que el 2 de septiembre de 2015, Enrique Peña Nieto anunció que enviaría al Congreso una iniciativa para crearla, y que el 18 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que formalizaba su existencia. No obstante, luego de cinco años, todavía no existe. Lo que existe se encuentra, inclusive, en una etapa previa a la creación, el 8 de diciembre de 1988, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta): un retroceso de más de 30 años.
Rafael Tovar y de Teresa, primer titular y emblemático impulsor de la Secretaría de Cultura (SC), además de presidente del Conaculta en tres ocasiones, falleció un año después del decreto de creación de la SC, el 10 de diciembre de 2016. Por supuesto, un año no era suficiente para ejecutar los cambios estructurales y las reformas legales que la volvieran realidad. Pero hoy, luego de cinco años, podría esperarse algo más. No ha sido el caso.
Según versiones, tras la muerte de Tovar y de Teresa, Peña Nieto le propuso a Claudia Ruiz Massieu la encomienda de SC. Ruiz Massieu inició el sexenio como secretaria de Turismo y luego se volvió canciller, función desde la que se opuso a la visita a México, el 31 de agosto de 2016, del entonces candidato republicano Donald Trump. El suceso la confrontó con el secretario de Hacienda Luis Videgaray, gestor de la reunión.
La canciller rechazó dos veces la propuesta del presidente. La relevó, en Relaciones Exteriores, el 4 de enero de 2017, el propio Videgaray. En esa fecha, María Cristina García Cepeda asumió como secretaria de Cultura. Peña Nieto, entonces, no había contemplado inicialmente a nadie del sector cultural como sucesor de Tovar de Teresa. Ante las negativas de Ruiz Massieu, al final se decidió por la funcionaria que había cultivado mayor trato con el Ejecutivo.
Hasta ese punto, lo que había cambiado era nominal: los secretarios ejecutivos y técnicos se volvieron subsecretarios y el administrador se convirtió en oficial mayor. María Cristina García Cepeda no contó con tiempo ni con presupuesto, por lo que su gestión fue, en los hechos, un interinato. Durante su breve periodo se formalizó el Manual de Organización General, el 12 de octubre de 2017. Le entregó la secretaría a su sucesora, Alejandra Frausto, el 3 de diciembre de 2018.
El de Peña Nieto fue el sexenio de la creación de la SC, con la que culminaba un largo trayecto que inició con la creación del Conaculta, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fue el principio del salinato cultural, cuyas bases se consolidaron durante la administración de Ernesto Zedillo, y a las que se les dio continuidad en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
II
Al comienzo, sobre todo dentro del INAH y el INBA, se decía que el Conaculta era un logo y nada más, lo cual era inexacto. Desde el primer programa de cultura, que se implementó de 1989 a 1994, se establecieron los llamados programas sustantivos
((Estos primeros programas fueron: la Preservación del Patrimonio Cultural, el Aliento a la Creatividad Artística y a la Difusión de las Artes, la Preservación y Difusión de las Culturas Populares, el Fomento del Libro y la Lectura, la Cultura a través de los Medios Audiovisuales de Comunicación, la Educación e Investigación en el Campo de la Cultura y las Artes, y los Proyectos Estratégicos.
))
, que tenían la función de reunir a las distintas dependencias y a la infraestructura cultural del Estado en torno a metas concretas.
Tales programas cambiaron de nombre durante los sexenios de Fox y Calderón, y llegaron a modificarse y añadirse algunos más, pero el espíritu se conservó y dio resultados. Fox los llamó “campos, objetivos y líneas de acción”, mientras que Calderón, “ejes de la política cultural”. Era una solución práctica ante la diversidad –y, en algunos aspectos, la dispersión– del sector, concebida por el primer titular del Consejo, Víctor Flores Olea, quien falleció a finales de noviembre pasado.
También se afirmaba con ligereza que el Consejo se concentraba en las bellas artes y favorecía a una élite. Lo desmiente, a lo largo de tres décadas, el remozamiento de la infraestructura cultural en los estados, la expansión de los espacios que conforman la Red Nacional de Bibliotecas –que en muchas ocasiones fungen como auténticos centros culturales dirigidos a la población infantil y juvenil–, el rescate del patrimonio indígena y la apuesta por las culturas populares, entre otras facetas.
Además, dos de sus primeros programas sustantivos se dedicaron a estrechar la distancia entre la cultura y distintos sectores de la población. A través del Programa para la Preservación y Difusión de las Culturas Populares, el Conaculta definió acciones orientadas a las culturas urbanas, municipales y comunitarias, a la música popular y a las artesanías.
En tanto, varios de los llamados Proyectos Estratégicos abrían brechas para que la política cultural alcanzase una dimensión nacional: la Descentralización de los Servicios Culturales, el Programa Cultural de las Fronteras, la Cultura para los Jóvenes, la Cultura para los Trabajadores, entre otros.
Adicionalmente, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Sistema Nacional de Creadores y el Centro Nacional de las Artes, cuestionados en su momento, se volvieron referentes de la política cultural nacional. Porque formaba parte de su concepción y porque buscaba equilibrios en las relaciones entre intelectuales y poder, Salinas apoyó estas y otras apuestas de envergadura nacional. Lo que se construyó es equiparable, aunque para algunos suene profano, al impulso que le dio Lázaro Cárdenas a la cultura y las artes.
El mérito fue también de Tovar y de Teresa, quien advirtió ese interés, le propuso proyectos de largo alcance, gestionó los recursos tanto del Estado como de la iniciativa privada, y defendió la independencia del sector, al mismo tiempo que definió las bases de una nueva política cultural de Estado.
Está por hacerse un análisis de los alcances, aciertos, errores y ajustes sobre la marcha del periodo que transcurre del nacimiento del Conaculta al nacimiento de la SC. Sea cual sea el balance final, favorable a todas luces, sería insensato ignorar un cuarto de siglo de faena como si no hubiera existido, así como sería mezquino presentar programas y proyectos como si fueran inéditos. Sería también descabellado deshacerse de un día para otro de una generación de gestores forjados a lo largo de cinco sexenios, para improvisar con inexpertos.
Lo necesario, lo prudente, lo recomendable, lo que dictaba el sentido común, era ocuparse de un buen diagnóstico, retomar lo que había pasado la prueba, corregir lo que ameritara hacerlo, y conformar un equipo de trabajo que incluyera a parte de los funcionarios de las administraciones pasadas, junto al deseable y saludable relevo, al menos durante la primera etapa.
Esto fue precisamente lo que no hizo la secretaria Alejandra Frausto.
III
El 19 de junio de 2018, antes de las elecciones del 1 de julio, Alejandra Frausto difundió un documento titulado El poder de la cultura, un glosario de principios, líneas de trabajo y temas prioritarios basado, según explica, en encuentros variopintos. Luego, durante la transición, Frausto dio inicio, el 8 de octubre, a distintas mesas de diálogo temáticas. El registro era en línea y el cupo limitado. Las participaciones no excederían los cinco minutos, aunque los involucrados contaban con la posibilidad de explayarse por escrito, bajo la promesa de que sus aportaciones serían leídas.
Se llevaron a cabo las mesas de arquitectura y diseño, artes visuales, cine, cultura comunitaria y de paz, cultura infantil y cultura joven, danza, economía cultural, gobernanza, letras e industria editorial, música, patrimonio inmaterial/culturas populares, patrimonio cultural material, y teatro. En tanto, los “ejes del diálogo” serían redistribución de la riqueza cultural, cultura para la paz y la convivencia, inclusión y equidad, vida creativa e industrias artísticas y culturales.
De último momento agregó tres mesas más: una sobre diplomacia cultural, como respuesta a una carta suscrita por expertos en el tema publicada el 5 de noviembre y enviada a la secretaria; otra sobre periodismo cultural, idea de la propia secretaria, con la expectativa de reforzar lazos con las secciones culturales, y una más sobre archivos y memoria, asuntos del interés de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo. El registro en línea se suspendió y se informó que se anunciarían nuevas fechas. Estas tres mesas no se llevaron a cabo, nunca se explicó por qué.
Frausto prometió que los contenidos de las mesas efectuadas se subirían a la red, lo cual tampoco ocurrió. El sitio transicioncultura.mx desapareció. De tal manera, no hay registro documental de lo que se propuso y debatió, para que pueda contrastarse con el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024, que apareció el 3 de julio de 2020 en el DOF. La impresión inicial –que la consulta era meramente protocolaria– se confirmó.
IV
La conformación del equipo de trabajo fue un sainete.
El 9 de noviembre, Laura Esquivel, subdirectora de Diversidad Cultural, invitada por el propio López Obrador y sin experiencia en la gestión cultural, arrojó los bártulos debido a que, explicó, la carga administrativa era demasiada. El 4 de diciembre se designó a Natalia Toledo como su reemplazo, también sin trayectoria y con un diplomado de escritura creativa de la Sociedad General de Escritores de México como aval académico.
Frausto no se había titulado. Lo hizo, como licenciada en Derecho por la UNAM, el 22 de noviembre de 2018. El 26 de junio de 2019 se difundió que el tema de su tesis fue clasificado como información reservada por el Comité de Transparencia de la UNAM, lo que avaló el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El 6 de enero de 2020, la secretaria desclasificó parcialmente la información. Para obtener su título, Frausto eligió cursar el diplomado “Ampliación y Profundización de Conocimientos de Derecho Constitucional y Amparo”, junto con otras 71 personas, que se impartió del 10 de marzo al 10 de noviembre de 2018, y por el que cubrió una cuota de recuperación de 20 mil pesos.
La secretaria llegó a la oficina de Arenal 40, en la colonia Chimalistac de la Ciudad de México, donde finalmente se quedó, aunque había prometido que se trasladaría a Tlaxcala. Los funcionarios designados se acomodaron en sus oficinas, y tanto en Arenal como en numerosas instituciones despidieron a sus antecesores y al personal.
El 2 de febrero de 2019, Marx Arriaga fue nombrado titular de la Dirección General de Bibliotecas (DGB). El sinodal de la tesis de doctorado por la UAM de Beatriz Gutiérrez Müller y comentarista de varios de sus libros decidió instalarse en la Biblioteca Vasconcelos. Daniel Goldin pasaría de director general del recinto a director de área, adscrito a la DGB. Le pidieron de mala manera que desocupara la oficina y que se trasladara a uno de los escritorios del sótano, para la entrega-recepción. Goldin, naturalmente, lo rechazó y dejó la Vasconcelos. El repudio trascendió México y alcanzó al ámbito del libro y la lectura de Iberoamérica.
El 12 de marzo, Mario Bellatin, secretario ejecutivo, y Roberto Frías, coordinador general, renunciaron al Fonca, en el contexto de una turbulenta controversia. A Bellatin lo sustituyó Marina Núñez Bespalova, exdirectora de Publicaciones del Conaculta durante el sexenio anterior y, al momento del suceso, coordinadora de asesores de la Secretaría. El 15 de agosto dejaría esa responsabilidad a Adriana Konzevick, para reemplazar a Edgar San Juan en la subsecretaría de Desarrollo Cultural.
El 14 de marzo, Abraham Nuncio ocupó el lugar de Eduardo Lizalde en la Biblioteca de México. Justo un año antes, el 15 de marzo de 2018, Nuncio había publicado en La Jornada un azucarado perfil de Gutiérrez Müller, titulado “Beatriz”. El escritor y docente renunció a los tres meses porque advirtió que no tendría presupuesto. Los trabajadores, además, llegaron a cerrarle el recinto. Nuncio aludía también a una razón personal. Las redes tampoco lo habían tratado bien, las acusó de triturarlo y culparlo de cualquier cosa que se les ocurriera. Fechó su renuncia para el 30 de junio, día del vencimiento de su contrato.
Tan pronto llegó, Antonio Martínez Velázquez, titular de Comunicación Social, inició lo que ha sido una larga confrontación con los medios. En enero, el exdirector ejecutivo de la revista Horizontal canceló la colección Periodismo Cultural, que cumplía su 25 aniversario, dado que, según su opinión, nadie la leía, aunque no sustentó su aseveración en datos consistentes. En la colección de 77 títulos figuran Vicente Leñero, Huberto Batis, Hugo Gutiérrez Vega, Ignacio Solares, Jorge Ayala Blanco y Guillermo Fadanelli, entre otros. A cambio propuso un laboratorio para la “profesionalización” de los reporteros culturales –a realizarse en Tlaxcala, de donde es oriundo– que, como es costumbre, tampoco se llevó a cabo.
El 6 de marzo se difundió en medios el manual de comunicación preparado por Martínez Velázquez, un galimatías de recomendaciones capciosas dirigido a los funcionarios para que no cayeran en “trampas” durante las entrevistas. El pasado 27 de octubre confirmó que contemplaba trasladarse como delegado de Bienestar Social a Tlaxcala, en reemplazo de Lorena Cuéllar, quien buscará la gubernatura de la entidad, pero su aspiración se malogró.
La llegada de la 4T al sector cultural estuvo repleta de inexperiencia, tropiezos y prepotencia.
V
En su primera aparición pública relevante, el 7 de enero de 2019 en la reunión de embajadores y cónsules de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandra Frausto afirmó: “La cultura no va a ser nunca más un accesorio, no va a ser nunca más algo prescindible, es uno de los ejes de la transformación social. Nunca más una política cultural excluyente”.
A la exdirectora de Culturas Populares de 2013 a 2017, durante la gestión de Rafael Tovar y de Teresa, no le tembló la voz. Desde esa fecha, la palabra “accesorio”, se volvió un indispensable accesorio en sus intervenciones públicas. Y, para lograr que la cultura dejara de serlo, el Programa Cultura Comunitaria (PCC) se volvió su prioridad.
Dirigido, en su etapa inicial, a los 720 municipios más vulnerables de México, el PCC fue anunciado el 26 de febrero en San Pablo del Monte, Tlaxcala. En realidad, Frausto retomaba el programa Cultura para la Armonía, que ejecutó la pasada administración, para que la cultura y las artes contribuyeran en la “reconstrucción del tejido social”. Era una instrucción de Peña Nieto, puntualizó Tovar y de Teresa en su oportunidad. El nombre del programa cambió y la acepción de “reconstrucción del tejido social” se prohibió en la administración actual.
Para 2019, la partida asignada a la Dirección de Vinculación Cultural, que encabeza Esther Hernández Torres y a la cual está adscrito el PPC, fue de 420 millones de pesos (mdp), y ascendió en 2020 a 600 mdp, pero no pasó la prueba. El seis de julio de 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) subrayó sus graves deficiencias.
El PCC, indicó el reporte, carecía de una estructura operativa definida, de reglas de operación y de mecanismos para el ejercicio fiscal. La coordinación y comunicación con las instancias estatales y municipales, además, era baja y protocolaria. Las actividades se concentraban en las cabeceras municipales o en zonas contiguas, que cuentan con una agenda cultural, por lo que no llegaban a la población que se buscaba. Aunado a lo anterior, el recién lanzado Registro Nacional de Agentes Culturales (Telar) tenía cuellos de botella y no demostraba ser esencialmente útil para la elección de los gestores.
El PCC tampoco cubría sus adeudos. Para los pagos de los eventos realizados entre abril y diciembre de 2019, la Secretaría de Cultura contrató a la empresa Viajes Premier. El acuerdo se formalizó mediante tres contratos abiertos: uno de 150 mdp, más dos ampliaciones de 10 y de 17 mdp. A finales de año, la SC adeudada pagos a cuatro mil 275 artistas y trabajadores. La empresa aseguró que los atrasos se debían a que la dependencia no entregaba la documentación para poder realizarlos, ni tampoco el recurso presupuestal, por lo que en ocasiones tuvo que financiar los pagos y de tal manera evitar que el problema se agravara más. Todavía para el 24 de enero de 2020 la SC debía 40 mdp a Viajes Premier, el 27%. La SC aseguró que cubriría los adeudos a más tardar el 31 de enero. No cumplió. Luego, que para el 20 de febrero, cuando se cubrió la mayor parte del adeudo.
El PCC no alcanzó, pues, los 720 municipios que prometió. Mucho menos cubrirá la totalidad del país, como prometió haría para finales del sexenio, pues el recorte al presupuesto para 2021 anticipa su virtual extinción. La Dirección de Vinculación Cultural recibirá 97.6 mdp, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso. En relación con 2020, el desplome es de un 83.7 por ciento.
El proyecto prioritario de Alejandra Frausto no duró ni año y medio.
No pasó de ser un prescindible accesorio.
VI
En el último año de la gestión de Felipe Calderón se aprobó un presupuesto para la cultura de 16 mil 663 millones de pesos en 2012. En el arranque de la gestión de Peña Nieto, la cifra más o menos se conservó y aumentó en los años inmediatos siguientes: 16 mil 533.63 mdp en 2013 y 18 mil 347 en 2014. Luego hubo injustificados descensos, si tomamos en cuenta que no había recesión, ni crisis financiera, ni crisis sanitaria alguna, tres factores que sí afectaron a su predecesor. La asignación bajó a 15 mil 244 mdp en 2016, luego a 12,428 mdp en 2017, y cerró en 12 mil 916 mdp en 2018.
En la tónica del último trienio de Peña Nieto, el presidente López Obrador ha continuado con el recorte. Para el primer año, 2019, la asignación aprobada fue de 12 mil 394 mdp. Este 2020 acabarán ejerciéndose, luego de los recortes derivados de la desacertada política económica y de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, 10 mil 681 mdp de los 13 mil 517 mdp aprobados por el Congreso. Entre el último año de Peña Nieto y este 2020, el descenso es de 35.3%.
El presupuesto aprobado para 2021 es de 13 mil 985.1 mdp. Parece un aumento, pero en realidad no lo es. La razón es el Proyecto Cultural Chapultepec, anunciado el 2 de abril de 2019 y que, salvo por el gobierno y sus beneficiados, ha sido cuestionado de manera unánime.
Este 2020, el proyecto absorbió el 12.4% del presupuesto cultural, bajo un rubro inédito: “Provisiones para el Desarrollo de la Infraestructura Cultural”. Para 2021, se le destinarán 3 mil 508 mdp, el 25% del recurso total para el sector. De tal manera, el presupuesto para la SC sería de 10 mil 477 mdp, debajo de los 10 mil 681 mdp que acabarán ejerciéndose en 2020. Eso, si no hay un recorte general en algún momento de 2021, pues no se vislumbran escenarios de recuperación económica, la pandemia continuará, el calendario para la autorización y aplicación de la vacuna es incierto y el PEF 2021 no contempla una partida específica para la compra de vacunas.
El presidente, no obstante, está convencido de su apoyo a la cultura. El 18 de junio de 2019, en su conferencia, afirmó:
Nunca se había apoyado tanto a la cultura como ahora, en mi percepción de cultura. Porque cultura es lo que tiene que ver con los pueblos, y nunca los pueblos originarios, los integrantes de nuestras culturas habían sido atendidos como ahora. Imagínense, todos los programas sociales, el objetivo preferente son los pueblos indígenas.
Y el 23 de septiembre de 2020 refrendó su convicción:
[…] se dice, por ejemplo: ‘Se está dejando sin presupuesto a la cultura’. ¿Quién es el elemento fundamental de la cultura? El hombre, la mujer, el ser humano y su dignidad. Entonces, si se está apoyando a la gente, como nunca, a los pobres, a los necesitados, si se están entregando becas como nunca para que puedan estudiar los hijos de familias de escasos recursos, ¿qué?, ¿eso no es cultura?, ¿eso no es educación? Eso es lo principal, el que destinemos todo a los seres humanos, lo demás es accesorio.
VII
Del resto, es decir de lo esencial, ni asomo.
La Secretaría de Cultura no solo no ha avanzado, sino que ha retrocedido. El Programa Sectorial 2020-2024, dado a conocer el 3 de julio de 2020, un año y ocho meses después del relevo, tiene seis “objetivos prioritarios”, que en varios aspectos son redundantes y no abarcan sino solo una parte de la actividad que realiza el sector. Las ideas que expone el documento son las mismas que figuran en los programas sustantivos del extinto Conaculta desde 1989, formuladas en la terminología de la 4T, pero no se explica cómo van a volverse una realidad, función que tenían los programas.
La gestión actual tampoco se ha ocupado de plantear soluciones a diversos aspectos, asociados a su estructura y marco legal, que por diversas razones se pospusieron desde la creación del Conaculta, y que son centrales para acabar de darle un perfil de auténtica secretaría de Estado y remontar la dispersión que todavía aqueja al sector. Limitémonos a enumerarlos.
Uno de ellos compete a la educación artística, dividida entre el Centro Nacional de las Artes y las escuelas del INBAL. El otro, el patrimonio cultural.
Los dos institutos responsables del patrimonio arqueológico-histórico (INAH) y artístico (INBAL) realizan de manera separada su operación y, más allá de sus buenas intenciones, rozan con frecuencia. Junto a ello, la extinción del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (Fideinah) dejó en el desamparo buena parte de la actividad sustantiva del Instituto. Alejandra Frausto no parpadea.
La mismo sucede entre las áreas asociadas a la industria cinematográfica: por una parte, el Centro de Capacitación Cinematográfica, adscrito al Centro Nacional de las Artes, y por la otra el IMCINE y los Estudios Churubusco, que aunque trabajan en colaboración, en buena medida lo hacen debido a las prácticas de colaboración instituidas por el extinto Consejo. También se abolieron los fideicomisos Foprocine y Fidecine, lo que puede interpretarse como una virtual declaratoria de extinción de esta industria nacional. La secretaria asegura que no hay motivo de preocupación.
Las industrias culturales –del libro, radio y televisión, turismo cultural, entre otras– simplemente no figuran en el interés de la funcionaria de Arenal ni, por tanto, las radios y televisoras culturales a nivel federal y estatal.
En el ámbito del libro y la lectura, la fusión del Fondo de Cultura Económica (FCE), que depende de la SEP, con Educal y la Dirección General de Publicaciones, que dependían de la SC y le fueron retiradas, abortó. El Fondo y Educal están al borde de la quiebra técnica. Mientras, la Dirección General de Publicaciones, que en realidad es una dirección del Libro y la Lectura, se da por muerta. La secretaria no se inmuta.
La Estrategia Nacional de Lectura (ENL) también salió del ámbito de la Secretaría de Cultura y pasó a la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México, que dirige Eduardo Villegas Megías y preside de manera honoraria Beatriz Gutiérrez Müller. El anuncio se realizó el 26 de junio de 2019, en Mocorito, Sinaloa; “la Atenas de Sinaloa y el norte del país”, dijo el presidente López Obrador.
La ENL pregonó tres ejes: a) el formativo (del cual se ocupa la SEP, a través de los libros de texto gratuitos, ninguna novedad); b) el sociocultural (los folletos “Vientos del Pueblo” del FCE; que las bibliotecas “no se asocien con el aburrimiento”), y c) el comunicativo (una campaña en medios, tarea de la que se ocuparía la coordinación general de Comunicación Social de la Presidencia, en manos de Jesús Ramírez Cuevas y la cual, a un año y tres meses del anuncio, no ha iniciado).
Es decir, tampoco existe.
La secretaria prefiere dirigir la mirada hacia el Bosque de Chapultepec, al cual intenta asirse para salvar su administración, no importa que ese sí sea un proyecto accesorio y que, en realidad, no está bajo su tutela.
VIII
Por si hiciera falta, hay otros aspectos con un atraso también de varias décadas, acerca de los cuales ni los ayer más entusiastas de la 4T tienen esperanzas. Los principales son la vulnerable situación laboral de los trabajadores adscritos al régimen de capítulos 1000, 2000 y 3000 o contratados vía outsourcing, la cobertura de salud y la seguridad social.
Sobre un replanteamiento del sindicalismo cultural, ni mencionarlo.
Ante la Secretaría de Hacienda, la secretaria, sin capacidad de negociación, solo acata instrucciones.
Tal vez con la mirada puesta en la lustrosa duela de parquet de sus oficinas de Arenal 40, repite una y otra vez: “de la cultura del poder al poder de la cultura; con el poder de la cultura, ¡juntos haremos historia!; la cultura nunca más será un accesorio, nunca más será un accesorio, nunca más un accesorio”.
Sólo que su voz es casi inaudible.
Lleva un cubrebocas, uno de tantos de su colección, tejido por auténticas manos indígenas, un accesorio que utiliza como complemento para sus vestuarios autóctonos.
El pasado primero de diciembre escribió en su cuenta de Twitter: “Hace dos años, las culturas de México empezaron a brillar en el corazón del país. La cultura no es un accesorio sino uno de los ejes de la transformación social.”
Falta a la verdad.
A dos años del inicio de su gestión, la Secretaría de Cultura es solo un accesorio en el gabinete federal.
No, no hay Secretaría de Cultura en México.
Coda (vergonzosa): funcionarios vs organizaciones culturales
El miércoles 2 de diciembre, la reportera Sonia Sierra, de El Universal, documentó que un grupo de funcionarios de la Secretaría de Cultura organizaron un grupo en WhatsApp titulado, en un acto de portentosa sinceridad, “Desarticulación de colectivos”.
Los participantes fueron Esther Hernández, organizadora del chat y directora de Vinculación Cultural, al cual está adscrito el malogrado Programa de Cultura Comunitaria, Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales Culturales, Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de las Artes, Paula Vázquez, asesora jurídica de la subsecretaría de Vinculación Cultural, Alejandra Chávez y Martha Bremauntz, directoras de la subsecretaría de Desarrollo Cultural, y Alejandro Ortiz, Francisco Romero y Valeria López.
El objetivo: el desmantelamiento de los colectivos de trabajadores y artistas, organizados a lo largo de la administración actual, en torno a demandas básicas: el apoyo a la creación, el pago de sueldos vencidos, las garantías de contratación, el derecho a la salud y a las prestaciones básicas que establece la ley, una política cultural con rumbo, el rechazo al dispendioso Proyecto Chapultepec, entre otros aspectos.
¿Un caso de organización delictuosa, protagonizado por servidores públicos de la cultura?
En su comunicado al respecto, la secretaria Alejandra Frausto asegura que no estaba enterada, avisa del cese de un funcionario sin precisar quién es, informa que los demás recibieron un apercibimiento, y anticipa sanciones. Acude a Benito Juárez: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. El sector cultural repudia de inmediato el suceso, califica de vergonzoso lo ocurrido, y queda a la espera de las medidas contra los funcionarios aliados en contra del derecho a la libre organización, que garantiza la Constitución. Ojalá la promesa no forme parte de la lista de los compromisos incumplidos por parte de la secretaria, a lo largo de dos años de 4T cultural.
Es autor del libro digital 80 años: las batallas culturales del Fondo (México, Nieve de Chamoy, 2014), de Política cultural, ¿qué hacer? (México, Raya en el Agua, 2001, y de La palabra dicha. Entrevistas con escritores mexicanos (Conaculta, 2000), entre otros. Ha sido agregado cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú y en el Consulado General de México en Toronto.
