Aunque frenáramos las emisiones de gases efecto invernadero ya mismo, los impactos del cambio climático continuarían durante años: se ha estimado que si pudiéramos apagar todas las emisiones inmediatamente la temperatura media global de todos modos se incrementaría en 0.5°C. Se espera que con los esfuerzos de mitigación el aumento sea de 2°C, de lograrse el objetivo del acuerdo de París. Este sería un escenario exitoso; otros implicarían un mayor incremento de temperatura con impactos negativos asociados mucho más fuertes.
En cualquier caso, la adaptación es inevitable y requiere de grandes inversiones públicas y privadas. Hay que insistir en la prevención, pero al mismo tiempo parece recomendable apostarle al desastre. Ya ahora, los eventos climatológicos extremos empujan a 26 millones de personas a la pobreza cada año. Paliar la catástrofe significaría destinar recursos a las acciones de adaptación, tanto en lo que se refiere al modo de actuar frente a los desastres como a la construcción y adecuación de infraestructura.
Se estima que en los próximos quince años tendrán que invertirse alrededor de 90 billones de dólares en nueva infraestructura a nivel global. Esto incluye remodelaciones a lo existente, abarcando lo relacionado con la energía, transporte público, saneamiento y provisión de agua potable, así como la restauración y mantenimiento de ecosistemas forestales, humedales y cuencas. De hecho, la mitigación y adaptación al cambio climático tiene el potencial de mejorar el nivel de calidad de vida en el mediano y largo plazo, e incidir favorablemente en la salud, el acceso a la energía, la seguridad alimentaria, y la creación de empleos.
El año clave para la mitigación del cambio climático es 2020, que es cuando los expertos indican que debe alcanzarse el pico de emisiones. A partir de entonces estas solo deben disminuir y posteriormente mantenerse constantes. La regla es reducir a la mitad las emisiones cada década para lograr el objetivo del acuerdo de París.
Los objetivos globales de adaptación son menos específicos, pero se reconoce ampliamente que las inversiones sobre reducción de emisiones deberán realizarse simultáneamente con inversiones en adaptación. Precipitaciones más frecuentes y más intensas, aumento de la velocidad del viento de ciclones tropicales, desplazamiento de tormentas tropicales, inestabilidad de pendientes, movimiento de tierra, inundaciones, sequías e incendios son algunos de los desastres que se esperan como resultado del cambio climático. De hecho, la evidencia muestra que en 30 años (1980-2011), las pérdidas relacionadas con eventos relacionados al tiempo se incrementaron en 500% en América del Norte, 400% en Asia, 250% en África, 200% en Europa, y 150% en América del Sur. Dichas pérdidas económicas derivan de daños a edificios, equipos e infraestructura, la interrupción de actividades económicas, pérdida de empleos y de producción, y la disminución de ingresos de impuestos[i].
En este escenario, ¿qué significa apostarle al desastre? Además de reducir la exposición al riesgo y promover que la sociedad esté preparada, significa desarrollar los instrumentos financieros necesarios para impulsar la adaptación al cambio climático.
Los seguros son una herramienta prometedora, según la OCDE. Dependiendo de la manera en que se diseñen, pueden incentivar el que los usuarios inviertan en adaptación, al tiempo que proveen a los gobiernos de una mayor flexibilidad para otorgar estímulos fiscales dirigidos a atender las secuelas de desastres naturales. Sin embargo, una de las faltas actuales en el sistema de seguros es la brecha en la proporción de pérdidas económicas que cubren las aseguradoras cuando se trata de desastres. Según Wolfrom y Yokoi-Arai, mientras en los países desarrollados esta proporción es de 51%, en los países en desarrollo los seguros apenas cubrieron menos del 10% entre 2005 y 2014.
Hacer uso de seguros frente a los efectos potenciales del cambio climático puede ser benéfico y por tanto debería ser promovido. A manera de ejemplo, pueden mencionarse los terremotos en Nueva Zelanda y Haití, ambos en 2010. Aunque fueron de la misma magnitud, Nueva Zelanda se recuperó relativamente rápido, gracias, en importante medida, a que 80% de los daños estaba cubierto por un seguro. En comparación, aunque los daños materiales en Haití se estimaron en mucho menor valor monetario, apenas 1% estaba asegurado; cinco años después del terremoto, 80,000 personas seguían viviendo en campamentos. De hecho, se ha sugerido que incrementar la penetración de seguros en 1% significaría reducir los costos de recuperación del desastre, pagados por los contribuyentes, en 22%.
Los usuarios de los seguros pueden ser individuos, organizaciones o gobiernos. Los modelos de aseguramiento más comunes son “de indemnización” (se paga según los daños ocurridos), y “paramétricos” (se pagan suman fijas de acuerdo al evento ocurrido y su magnitud)[ii]. El costo de los seguros de desastres depende del contexto ambiental. Para establecer la tarifa, las aseguradoras emplean series de datos históricos recientes para estimar las sumas involucradas según el tipo de evento natural y la región. En función de la ocurrencia de eventos en la zona, las tarifas van modificándose. En general, se espera que el costo de las primas aumente de manera significativa a nivel global en los años venideros.
Existe una barrera a considerar en el desarrollo futuro de estos instrumentos. Si los eventos climatológicos extremos se vuelven la norma, entonces la posibilidad de asegurar bienes se obstaculiza, o se hace inasequible bajo el modelo de negocio actual de las aseguradoras. Dos ideas surgen aquí: (1) es necesario reducir las emisiones para evitar la intensificación de eventos catastróficos futuros, y (2) es deseable promover la demanda de los seguros por desastres, llegando a reglamentar la adquisición de seguros en zonas de alto riesgo, tal como se hace ya en algunos países.
Hay que considerar que cuando los impactos son predecibles, no son asegurables. Tal es el caso del aumento del nivel del mar, o de la sequía en algunas zonas. De la misma manera, en lugares donde la penetración del mercado de aseguradoras es imposible porque los usuarios potenciales simplemente no pueden pagarla, se requiere invertir en las obras necesarias para reducir el riesgo de desastres. Hechas estas inversiones, los seguros podrían volverse asequibles.
El Foro para el Desarrollo de Seguros (IDF) sugiere que contratar seguros ofrece la capacidad de incentivar la adaptación al cambio climático al crear conciencia entre los usuarios sobre los elementos que las aseguradoras toman en cuenta al momento de determinar la prima. Tales son el mapeo de riesgos, la identificación de zonas de alto riesgo, la determinación de resistencia a peligros en zonas habitaciones e infraestructura, la existencia de zonas amortiguadoras de desastres (como bosques y manglares), y la identificación del estatus de sistemas de alerta y respuesta temprana. Así, conscientes de los riesgos, en el caso en que la respuesta de los gobiernos sea insuficiente o tardía, los ciudadanos pueden empoderarse haciendo uso de algún esquema de seguro.
Más allá de empoderar ciudadanos localmente, el potencial de las aseguradoras resulta atractivo a favor de la adaptación global. Tomando como base que las primas anuales de esta industria ascienden a 6% del PIB global, un artículo publicado en Nature propone que los seguros contratados por las industrias energéticas incluyan un cargo adicional en función de la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero que producen. Propone una política “el que contamina paga”, donde parte del pago del seguro estaría designado para financiar esfuerzos de adaptación. Dada la importancia del sector, se dice que las aseguradoras líderes a nivel mundial tienen la intención y el poder de mover el sistema actual a uno bajo en carbono.
En suma, conviene poner atención a los seguros contra desastres. El impacto que las aseguradoras tendrán sobre los avances en adaptación a nivel macro es incierto aún. Sin embargo, como sociedad civil y ante el inminente impacto del cambio climático, sería positivo tomar control, en la medida de lo posible, sobre nuestro bienestar en el mediano y largo plazo, y cultivar la cultura de aseguramiento si no la tenemos. ¿Con qué urgencia se requiere un seguro, y frente a qué? La respuesta debería encontrarse en los programas locales de acción climática, que deben guardar relación con los planes de desarrollo territorial y mapas de zonas de riesgo. Convendría usarlos como referencia, involucrarse en su implementación, y usarlos como base para tomas decisiones en relación a las necesidades de aseguramiento.
[i] Wolfrom, Leigh, y Mamiko Yokoi-Arai. «Financial instruments for managing disaster risks related to climate change.» OECD Journal: Financial market trends (OECD), 2016: Volumen 2015/1: 25-47.
[ii] IDF. Understanding risk to create resilient platforms for sustainable growth and human dignity. Brochure, Insurance Development Forum, 2017.
Ingeniera ambiental, miembro de la Red Mexicana de Ecología Industrial. Trabaja temas de cambio climático, calidad del aire, agricultura y sustentabilidad.
