El Consejo General del INE aprobó el 6 de agosto un incremento del 5.5% al financiamiento público de los partidos políticos. En total, los partidos contarán con 5 mil 239 millones de pesos para sus gastos durante 2020. La elevada suma provocó la reacción del presidente López Obrador, quien en su conferencia matutina del día 7 propuso a los partidos políticos devolver la mitad de su presupuesto, pues “no puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”.
Los partidos políticos son las instituciones en las que menos confían los mexicanos. Por lo que la asignación de presupuesto es un tema delicado. Su fórmula de financiamiento público está establecida en los artículos 51 de la Constitución y 41 de la Ley General de Partidos Políticos. El monto para las actividades permanentes ordinarias –gastos en selección de candidatos, sueldos, arrendamiento de inmuebles, propaganda institucional y campañas de consolidación democrática– se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% se distribuye entre todos los partidos de manera igualitaria, mientras que el resto de acuerdo con el porcentaje de votos que obtuvieron en la elección de diputados. Para las actividades específicas –capacitación, investigación y proyectos editoriales– se asigna el equivalente al 3% del total del presupuesto para actividades permanentes. Este se reparte siguiendo el mismo esquema igualitario y proporcional que las actividades permanentes. En caso de que surjan nuevos partidos políticos, el INE volverá a distribuir el presupuesto para el segundo semestre del año, sin que esto implique un aumento de recursos.
De tal manera que en 2020 Morena recibirá un total de mil 760 millones 357 mil pesos; el PAN, 970 millones 494 mil pesos; el PRI, 914 millones 603 mil pesos y el PRD, 451 millones 135 mil pesos.
En su exhorto a los dirigentes de los partidos políticos, el presidente señaló que aunque la cifra puede ser “legal” resulta “inmoral”. Sin embargo, Ciro Murayama, consejero del INE, defendió el presupuesto para los partidos, pues, dijo, “si [lo] sustraemos de la política, difícilmente se va a resolver algún problema nacional. Ni la pobreza, ni la desigualdad, ni los rezagos en salud, educación, en infraestructura. No vamos a resolver nada, pero sí podemos crear una gran problema político que es el de la privatización de la contienda electoral”.
La única dirigente nacional que ha apoyado la propuesta del presidente es Yeidckol Polevnsky, quien aseguró que Morena podría devolver el 75% de sus prerrogativas pues “quiere ser un partido austero y no hacer despilfarros”. En marzo, los diputados Mario Delgado y Tatiana Clouthier presentaron una iniciativa para reducir el presupuesto de los partidos políticos. Ahora, el grupo parlamentario de Morena piensa darle seguimiento en el nuevo periodo ordinario de sesiones. Pero al 19 de agosto ningún partido político había renunciado a los recursos aprobados por el INE.
El presidente ha insistido en que los partidos pueden rechazar parte de su presupuesto y realizar sus actividades sin problemas. En su conferencia del 15 de agosto, recordó que en 1997, cuando era dirigente del PRD, el partido destinó una parte de las prerrogativas a programas sociales, entre ellos la entrega de libros de texto a estudiantes de secundaria. Sin embargo, el presidente olvidó que en aquella ocasión la SEP señaló al PRD por realizar propaganda política a través de la distribución de libros en los 235 municipios que gobernaba. La segunda de forros tenía impresa una carta donde se exponían los motivos por los que el PRD había decidido editar los libros de texto, entre ellos “devolver a la sociedad los recursos económicos que le pertenecen”. En junio de ese año, el presidente Ernesto Zedillo decretó que los alumnos de secundaria recibirían de manera gratuita libros de texto, por lo que la acción del PRD de editar y distribuir los libros era innecesaria. La polémica concluyó con la aceptación del CEN del PRD de modificar las cubiertas para evitar el uso clientelar, aunque para julio de ese año el 20% de los libros ya habían sido entregados en Nezahualcóyotl, Estado de México, y algunos municipios de Oaxaca y de la montaña de Guerrero. En septiembre de ese año, el PRD utilizó los recursos para gastos de campaña en la entrega de útiles escolares y becas a estudiantes de secundaria en el estado de Tabasco.
Para Greta Ríos, presidente de Ollin, Jóvenes en Movimiento A.C., hay un “riesgo altísimo” al destinar los recursos a otras actividades que no estén relacionadas con el funcionamiento de los partidos políticos. En primer lugar, se fomenta su uso en actividades proselitistas, pues podrían asignarse a publicidad o a alguna secretaría. Por otro lado, reducir el presupuesto de los partidos a la mitad, como el presidente propone, incrementaría las diferencias presupuestarias entre partidos y faltaría al principio de equidad de las contiendas políticas. Por ejemplo, el PAN contaría con 485 millones 247 mil pesos, el PRI con 457 millones 301 mil pesos y el PRD con 225 millones 567 mil pesos, frente a Morena, que conservaría 880 millones 178 mil pesos. Como señala Ríos, “se restringen los recursos a los partidos de oposición, mientras que el partido en el poder tiene acceso a mucho más dinero para fines electorales”.
En 2017 surgió la iniciativa ciudadana #SinVotoNoHayDinero, cuyo objetivo era modificar la fórmula que calcula las prerrogativas de los partidos para sus actividades ordinarias. En vez de que el total destinado a los partidos dependiera del número de ciudadanos registrados en el padrón electoral, se proponía contar únicamente el número total de votos menos los nulos de las últimas elecciones. Esa cantidad se repartiría entre los partidos, de acuerdo con su porcentaje de votación. A nivel federal la iniciativa no trascendió, pero el Congreso de Jalisco la aprobó y entró en vigor este año. Hasta el momento no ha sido posible evaluar los resultados de su promulgación, pero es un paso hacia la restricción de los recursos para los partidos.
A su vez, la discusión en torno al financiamiento de los partidos también tendría que contemplar la posibilidad de que reciban recursos de fuentes privadas, como en Estados Unidos. Pero “surge la duda de si estos financiadores serán lícitos y qué tanto podrán incidir en la agenda pública de resultar electos los candidatos y partidos que hayan apoyado”, opina Ríos.
Más allá de debatir si debe reducirse el financiamiento de los partidos, los legisladores que deseen reformar la ley tendrían que considerar restringir los rubros en los que los partidos tienen permitido gastar sus recursos. En la opinión de Ríos, “si pudiéramos poner un candado, por ejemplo, a la compra de productos promocionales (gorras, camisetas, bolsas, mochilas, etc.), así como material asistencial (tinacos, medicinas, sillas de ruedas), entre otros, podríamos reducir considerablemente el gasto de los partidos, al tiempo que atendemos el problema de la venta de votos”. La iniciativa de reducir a la mitad el presupuesto debe analizarse de manera profunda y en su lugar impulsar “una estrategia que permita un ahorro real, al tiempo que promueva el fortalecimiento de la democracia”, concluye Ríos.
Con investigación de Karla Sánchez.
