Uno de los objetivos del presidente López Obrador es lograr en tres años atención médica y medicamentos gratuitos para todos los mexicanos, con un sistema de salud comparable al “de Dinamarca, de Suecia, igual que el del Canadá”. Para que haya “seguridad social desde la cuna hasta la tumba”, el presidente propuso la creación de un sistema de salud universal en el que la Secretaría de Salud asuma el control de hospitales estatales para atender a la población que no tiene seguro social y que no está en posibilidades de pagar un seguro privado. No obstante, los desafíos son numerosos: acceso, cobertura, financiamiento, calidad de los servicios, infraestructura, abasto de medicamentos y material médico, así como la capacitación del personal y el déficit de médicos. De no atenderse estas carencias, la anhelada cobertura universal no se logrará.
El sistema público de salud está integrado por secretarías, instituciones y programas cuyos recursos provienen del Estado. Entre dichas instituciones se encuentran el IMSS (para la atención del sector privado), el ISSSTE (para los trabajadores del gobierno federal), el ISSFAM (para los miembros de las Fuerzas Armadas) y los servicios médicos de Pemex. Además, existen el Seguro Popular e IMSS-Bienestar, orientados a brindar servicios a personas que no están afiliadas y que pertenecen a grupos vulnerables. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el sector salud recibió un incremento presupuestal del 1.7% con respecto al año anterior, y cuenta con 601 mil millones 335 mil pesos.
De acuerdo con el último análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dicho presupuesto resulta insuficiente para construir un sistema de salud universal dadas las condiciones epidemiológicas y demográficas del país. Hacen falta médicos, enfermeras, insumos y material. En comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el 23 de abril, Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, señaló que se requieren al menos 10 mil millones de pesos para eliminar las presiones financieras actuales y permitir la operación mínima de las instituciones de salud.
Uno de los principales desafíos es contar con profesionales de la salud capacitados para atender a la población. Según cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en 2016, en México había una tasa de 2.4 médicos por cada mil habitantes. Mientras que el promedio de los países que integran la organización corresponde a 3.0. En México hay 291 mil 596 médicos ocupados, de acuerdo con la última actualización de la Encuesta Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; una cifra insuficiente para atender a los más de 129 millones de habitantes del país.
La principal fuerza laboral de los hospitales son los médicos residentes. En el 2015, se contabilizaron 22,613 residentes. El residente es un médico que ha completado los estudios de medicina general y realiza una especialidad en algún hospital del sector público o privado. Su figura es controversial, explica Amparo Vera, integrante del comité de comunicación y difusión de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR), porque es un “híbrido entre becario y trabajador de la salud”. Dependiendo de la institución y de la especialidad, presta sus servicios profesionales en jornadas que van de las 8 a las 36 horas y su sueldo oscila entre 8 mil y los 14 mil pesos mensuales. “El pago que recibimos es como becario, pero realizamos trabajo como médico de base, en teoría con supervisión, aunque eso muchas veces no se cumple”, dice Vera.
El camino para convertirse en médico especialista no es sencillo. El año pasado, 55 mil aspirantes se registraron al Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM) pero solo 8 mil 500 plazas estaban disponibles. Aprobar el examen tampoco es garantía de que el médico será aceptado en el hospital o instituto de su elección. Deberá realizar entrevistas y pasar los filtros de selección. Una vez dentro, el residente tiene que brindar consultas, atender servicios de urgencias, levantar notas de seguimiento a los pacientes, cubrir guardias y apoyar a los médicos de base del hospital. Además, tiene que ir a clases, presentar evaluaciones, asistir a congresos y cursos y realizar rotaciones en otros institutos. Según la especialidad, la residencia puede tener una duración de dos a seis años. Al terminarla, se debe presentar un examen de conocimientos y realizar una tesis. Para que el médico sea considerado especialista, necesita aprobar la certificación del consejo de la especialidad correspondiente.
Las largas jornadas laborales, la falta de sueño, la mala alimentación y el estrés son algunas de las consecuencias de quienes estudian una especialidad médica. De acuerdo con María A., residente del primer año de pediatría en un hospital del ISSSTE, esas no son las principales dificultades que viven los residentes, sino el maltrato que sufren por parte de las autoridades dentro y fuera de los hospitales. Algunos médicos de mayor jerarquía los explotan laboralmente, les impiden descansar, comer o salir aunque sus guardias hayan concluido. “Por nuestra edad nos tratan como practicantes, pero ya somos médicos titulados”, comenta. Los abusos de poder son reforzados por las instituciones de salud y universidades, dejando en el desamparo a los residentes, cuyo trabajo no es remunerado de manera justa.
A inicios de abril, más de 8 mil residentes de diferentes hospitales del sector público denunciaron la falta de pagos y la retención del bono sexenal. La ANMR, integrada por médicos de 93 hospitales en 23 estados, inició un paro laboral para exigir sus derechos y la dignificación de su profesión. En algunos hospitales, los residentes usaron un gafete o insignia donde se leía “Soy médico residente y trabajo bajo protesta”.
Tras pláticas con representantes de la Secretaría de Salud, el 95.7% de los sueldos retrasados fueron pagados el 16 de abril. Pedro Flores Jiménez, director de la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia, explicó que por cuestiones administrativas los pagos no fueron depositados a tiempo.
Aunque los pagos han sido cubiertos casi en su totalidad, los miembros de la ANMR mantendrán el paro laboral hasta el 30 de abril para reclamar la creación de un marco normativo común que especifique sus derechos y obligaciones académicos y laborales. “Existe una normativa, sin embargo, esta se implementa de diferente manera en cada institución. La misma norma señala que cada institución vea por su cumplimiento”, aclara Vera. Por lo tanto, el 23 de abril, representantes de la ANMR presentaron a la comisión de Salud de la Cámara de Diputados la propuesta para generar la figura jurídica del médico residente en México. Entre sus peticiones se encuentran establecer una relación laboral esencialmente de carácter formativo, la firma de un contrato laboral anual, evaluaciones físicas y mentales, jornadas laborales de máximo ocho horas en el turno diurno y siete en el turno nocturno, guardias dos veces por semana, una duración total de la jornada laboral que no supere las 72 horas semanales, sueldo base y prestaciones.
Además de una mejora salarial, María A. considera que es necesario brindarle apoyo psicológico y psiquiátrico a los residentes debido a la depresión, ansiedad y estrés que genera la sobrecarga laboral. Según algunas fuentes, la incidencia del síndrome de burnout, o agotamiento físico y emocional oscila entre el 25 al 60% en los residentes. Dichos trastornos mentales son las principales causas de deserción en la residencia médica y de no atenderse incluso pueden llevar al suicidio. Un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la UNAM en 2018 mostró que uno de cada 10 estudiantes de Medicina tuvo un intento de suicidio a lo largo de su carrera.
No es la primera vez que los médicos residentes se organizan para defender sus derechos. En 1964, los residentes del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE se fueron a paro porque no recibieron tres meses de sueldo como aguinaldo. Durante dieciocho meses, los médicos sufrieron represión por parte del gobierno de Díaz Ordaz y varios fueron cesados de sus plazas e incluso encarcelados. Las demandas de los médicos en aquel entonces tienen resonancia con las actuales: contratos individuales y mejores salarios y condiciones de trabajo. El gremio médico tiene más de cinco décadas luchando, pero la misma carga laboral había impedido la unión que hasta estas semanas se ha conseguido. “Estamos presentes a lo largo y ancho del país, cada uno en diferentes institutos con diferentes realidades y problemáticas día a día, pero se ha dado la coyuntura social, económica y política para unirnos y trabajar como un organismo que puede y debe alzar la voz para mejorar las condiciones laborales”, señala Vera.
Debido a la falta de claridad en su figura jurídica, los residentes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. “Somos quienes damos la cara y quienes pagamos los platos rotos”, asegura María A. Su nivel de responsabilidad es alto y en ocasiones realizan tareas o toman decisiones sin supervisión, aunque las normas lo prohiban. Por lo tanto, los riesgos legales y sanitarios a los que se exponen son numerosos. La ANMR propone que el nivel de responsabilidad del residente sea acorde a su experiencia y a las habilidades adquiridas a lo largo de su formación, pero sin sustituir al médico titular o al adscrito, quienes están al frente.
La protección a los residentes también debe contemplar su seguridad. En una ocasión, un vehículo con personas armadas disparó al hospital donde María A. labora para atacar a un paciente que acababa de ingresar a urgencias. El personal de seguridad no estaba armado y con ayuda de los residentes improvisaron una barricada en la puerta con las sillas y mesas disponibles. El paciente fue trasladado a otro hospital sin que las autoridades hicieran una investigación sobre lo que ocurrió esa noche y sin que se reforzara la seguridad de los pacientes y el personal médico. Al día siguiente, los residentes continuaron con sus tareas como si nada hubiera pasado.
En aras de reformar el sistema público de salud habría que empezar por la capacitación de los médicos residentes, pues son quienes tienen el primer contacto con los pacientes y quienes realizan la mayoría de las tareas de los hospitales públicos y privados. La mejora en sus condiciones de trabajo y enseñanza se traduciría en atención médica de calidad.
La ANMR quiere contribuir a que los estudiantes de medicina y futuros residentes puedan aspirar a un trabajo digno. Vera concluye: “Deseamos que sin importar estados, instituciones o jerarquía, los médicos residentes mexicanos tengamos los mismos derechos y que estos se vigilen y se cumplan”.
Con investigación de Karla Sánchez.
