Admitir lo obvio. En una tribuna publicada en La Sexta y el diario Ara, el líder independentista Oriol Junqueras afirma que “la reacción del Estado [al referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia en 2017] fue percibida por gran parte de la sociedad catalana como cada vez menos legítima y alejada de principios democráticos. Pero al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que nuestra respuesta tampoco fue entendida como plenamente legítima por una parte de la sociedad, también de la catalana”. Aunque lleno de sofismas, este nuevo discurso es una buena señal y un avance con respecto a declaraciones pasadas de Junqueras en las que afirmaba que no renunciaría nunca a la vía unilateral.
Pero ¿es admitir lo obvio una cesión? No. Admitir que la mayoría de catalanes no quiere la independencia, o que la lengua más hablada en Cataluña es el castellano, no debería ser una cesión. Y Junqueras ni siquiera admite eso. Solo admite de puntillas que la Cataluña antiindependentista (que no considera mayoritaria aunque lo es) no consideró “legítima” su actitud durante el otoño de 2017. Es volver, o llegar por primera vez, a la realidad. Pero una realidad incompleta. Además, Junqueras solo admite que la unilateralidad no funciona, no que sea indeseable por autoritaria y antidemocrática: “[el referéndum] es la opción que genera más garantías y reconocimiento internacional inmediato. Porque sabemos que otras vías no son viables ni deseables en la medida en que, de hecho, nos alejan del objetivo a alcanzar.” Es el discurso clásico y cínico de los independentistas: las decisiones se valoran estratégicamente, no “éticamente”. El 2017 fue solo un error “estratégico”, no ético.
Si yo prometo que voy a pagar impuestos, no estoy haciéndole un favor al Estado. Estoy cumpliendo con mi obligación. Si el independentismo promete cumplir la legalidad (algo que solo sugiere al reivindicar un referéndum pactado, que de momento es anticonstitucional), no está haciéndole un favor al Estado y al gobierno. Es su obligación cumplir la ley. Por lo tanto, la cesión de los independentistas ha de producirse después de admitir que cumplirán la ley. Y hay muchas cosas en las que aún no cumple la ley. Por ejemplo, en los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes.
Derechos lingüísticos. A finales de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a todos los centros catalanes a “adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”. En Cataluña, los castellanoparlantes, que son mayoría (un 52,7% afirma que es su lengua materna, frente a un 31,5% que dice que es el catalán), no tienen derecho a escolarizar a sus hijos en su lengua. La gran mayoría de alumnos catalanes solo reciben clase en castellano cuando estudian Lengua Castellana (dos horas a la semana en primaria y tres en secundaria). Existe una situación similar en las universidades (un 75,6% de los grados son en catalán, frente a un 13,7% en castellano). ¿Va a cumplir las sentencias judiciales la Generalitat? Parece que no. Y nadie en el gobierno se lo exige.
¿Autodeterminación o referéndum? Junqueras mezcla ambas cuestiones interesadamente. Dice que defiende la autodeterminación porque quiere “que toda la ciudadanía de nuestro país pueda decidir” si quiere un Estado independiente o seguir formando parte de España. Obviamente la autodeterminación no permite decidir. La autodeterminación es siempre una imposición. Es el referéndum el que, aparentemente, permitiría decidir, aunque tampoco es una solución viable ni democrática (como señalan en esta tribuna en El País Pau Marí-Klose e Ignacio Molina; también Salvador Illa se ha pronunciado en contra). En el mismo párrafo, Junqueras dice que “tres cuartas partes de la ciudadanía de Cataluña defienden que la solución al conflicto político existente se resolverá votando en un referéndum. No podemos negar la realidad, nadie. No podemos actuar como si estos consensos no existieran. Nadie.” A Junqueras parece que le queda poco para admitir la realidad completa (pero nunca lo hará, porque su trabajo depende de ignorar esto): que hay más catalanes que prefieren quedarse en España, o mayor autonomía, o federalismo, que independentistas. El independentismo morirá cuando acepte el pluralismo político.
El gobierno no metió a los independentistas en la cárcel. Un discurso extendido en el independentismo, y que el catalanismo y algunas partes de la izquierda han comprado, es que el gobierno tiene que ceder hoy para compensar el haber metido a los independentistas en la cárcel.
Pero no fue el gobierno el que lo hizo. Fue la ley. El indulto no busca compensar un supuesto error político pasado; busca rectificar una decisión judicial. Es decir, el gobierno no debe sentirse presionado por “mover ficha”. ¿Por qué ha de mover ficha? En todo caso, ha de exigir al independentismo una serie de condiciones para sentarse a negociar. El gobierno se ha creído el discurso de los independentistas de que es Madrid quien tiene que hacer algo, mientras los independentistas apenas hacen nada (porque, de nuevo, prometer cumplir la ley no es “mover ficha”). Es el eterno problema a la hora de abordar el conflicto en Cataluña: verlo como un problema entre España y Cataluña, y no entre catalanes. Junqueras promete a Pedro Sánchez no defender la vía unilateral. ¿Qué promete Junqueras a los catalanes no independentistas? Es un avance empezar a ver que hay muchos catalanes contrarios a la independencia (“quiero volver a extender la mano a todos aquellos que se hayan podido sentir excluidos”, dice Junqueras). Ahora tiene que admitir que esos ciudadanos son la mayoría, y no solo “una parte de Cataluña”.
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).
