Todos los gobiernos entrantes en cualquier parte del mundo buscan establecer nítidos contrastes entre su gestión y la de la administración pasada. Para ello exageran los fracasos ajenos y los efectos esperados de las buenas intenciones y planes propios. La idea de un reajuste es común a todas las alternancias. La diferencia en México es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha llevado este contraste entre administraciones entrantes y salientes a una oposición irreductible expresada en términos absolutos: no solo el gobierno anterior, sino todos los gobiernos del “neoliberalismo” fueron inherentemente malos, y el gobierno actual, el primero de un nuevo régimen llamado Cuarta Transformación, representa el triunfo final del bien.
En la nueva historiografía oficial el neoliberalismo inició el 1 de diciembre de 1982, con la llegada a la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado en medio de la peor crisis económica de la segunda mitad del siglo XX, y terminó el 1 de diciembre de 2019, con la toma de protesta de López Obrador. En esta larga noche de seis sexenios, sigue el relato, nada ocurrió que sea rescatable y digno de continuidad. Al contrario, la política económica fue uniformemente empobrecedora, la justicia se vendió al mejor postor y la sociedad entera terminó por compartir una pérdida generalizada de “valores”. Como en la película Volver al futuro, la cuarta transformación parte de la premisa de que México se desvió de su línea temporal en 1982 y es preciso regresar en el tiempo para reencauzar al país en el camino que le es propio, cualquiera que este sea. En el año 0 de la cuarta transformación (1983 en el viejo calendario), la prioridad del gobierno en funciones es borrar todo lo que ocurrió durante los últimos 36 años.
Ello es problemático por varias razones: porque es imposible, en primer lugar, pero también porque ese periodo ahora condenado al incinerador de la memoria ha sido uno de las más dinámicos en la historia de la sociedad civil en México. En otro texto escribí que una de las características del periodo neoliberal en México, no del todo diferente a otros países de América Latina, fue que las reformas económicas coincidieron con la apertura política. Decenas de experiencias de movilización social, la autogestión chilanga durante los sismos de 1985 y 2017, las insurgencias cívicas contra el fraude electoral, la campaña por la paz con justicia y dignidad de los 90, el fin del régimen colonial del gobierno federal sobre la Ciudad de México, la pluralidad legislativa, la multiplicación de las organizaciones de derechos humanos y rendición de cuentas, las caravanas de las víctimas de la guerra contra las drogas, son todos ejemplos de la gran vitalidad de la sociedad civil mexicana que dejó profundas huellas en las instituciones y las formas de hacer política en México.
Ahora todo ello se quiere hacer irrelevante de un plumazo. Desde su púlpito mañanero, el presidente se ha embarcado en el muy pernicioso ejercicio de negar el pasado cuando ni él ni sus huestes tuvieron protagonismo. Por ejemplo, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en mayo una recomendación contra la decisión del gobierno federal de cancelar estancias infantiles, López Obrador acusó a la comisión de guardar silencio durante la tragedia de la guardería ABC en 2009. En realidad, la CNDH también había emitido una recomendación contra la administración de Felipe Calderón por las graves omisiones de las autoridades que resultaron en la muerte de 49 infantes. De igual forma, el presidente acusó a la prensa de callar ante los actos de corrupción de sexenios anteriores, a pesar de que los medios impugnados estuvieron entre quieres destaparon varios casos emblemáticos de corrupción, como la llamada “estafa maestra”.
Al tratar de invisibilizar el pasado que no se ajusta a su relato, estos excesos presidenciales alientan falsificaciones verdaderamente grotescas entre sus propagandistas. Recientemente, el señor Abraham Mendieta, asesor de Morena en el Senado, entre otros encargos, escribía que al entregar libros de texto de primaria, a destiempo y sin cobertura nacional completa, el gobierno de AMLO estaba resolviendo una de las “grandes deudas del estado mexicano”. Tuvo que venir Luis Hernández Navarro, colaborador de La Jornada y veterano de décadas de lucha social, a informarle que los libros de texto gratuitos se entregan en México desde 1960.
Al presidente que quiere abrir un agujero de gusano entre 1982 y 2019 le entregaron una administración pública con muchísimos problemas, con mejoras recientes y no pocos retrocesos, pero que camina y exige cierta continuidad para cumplir con funciones básicas, como permitirles a niños con cáncer seguir recibiendo su tratamiento. Existe en el gobierno en funciones una enorme tensión entre el afán de borrón y cuenta nueva y la realidad de los problemas que exigen continuidad con algunos programas iniciados en el pasado reciente, que no por caer, según el relato oficial, en los años oscuros del neoliberalismo dejan de cumplir una función social de vital importancia.
En el área de la seguridad pública y el combate al crimen organizado esta tensión que menciono raya en la esquizofrenia. El presidente que iba a desmilitarizar al país para borrar el legado neoliberal, le golpeó con tal fuerza la brutal situación de violencia que tuvo que resignarse a proseguir con la estrategia militar de sus dos predecesores en el cargo, para luego acordarse de tanto en tanto que su relato blanco-negro sobre el pasado le exige repetir el mantra de que no “usará al Ejército para reprimir al pueblo”. Las organizaciones criminales, que entienden poco sobre hegemonía postneoliberal, pero captan a la primera cuando el discurso traiciona las dudas, indecisiones y falta de compromiso del presidente, han tomado estas vacilaciones del gobierno como una señal para continuar la temporada de caza. Como resultado, los índices de violencia en el país rompen récords todos los meses.
Al país le está costando muy cara esta fantasía presidencial del cambio de régimen, repetida ad nauseam por los propagandistas del nuevo gobierno, y el rechazo de bulto a todo lo que se denuncia como “legado neoliberal”, sea la corrupción de Pemex o las becas de posgrado en el extranjero. La oposición a este estado de cosas pasa por insistir en la complejidad de los saldos de las últimas décadas en México y el balance entre las continuidades y los cambios.
Politólogo, egresado de la UNAM y de la New School for Social Research.
