Según estimaciones del Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el costo de la corrupción en México ronda entre el nueve y el diez por ciento del PIB, lo que significa que de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía, 10 se pierden por la corrupción. Se trata de un tema crucial dentro de la agenda electoral, pero hasta ahora ha sido tratado de manera tangencial por los precandidatos
La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción estaba prevista para antes del 18 de julio de 2017, pero el Senado tiene pendientes los nombramientos de Fiscal General, Fiscal Anticorrupción y magistrados, lo que ha impedido que el organismo cumpla con sus tareas. A unos días de que Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), concluya su gestión, en entrevista con René Delgado, señaló que “hay un pacto de impunidad […] entre las distintas fuerzas políticas”, el cual ha impedido el nombramiento del fiscal especial anticorrupción.
José Antonio Meade hizo un llamado a precandidatos, coaliciones y partidos para concretar los nombramientos del SNA. Su iniciativa contra la corrupción se concentra en la confiscación de bienes a políticos corruptos, penas máximas de cárcel a los culpables y declaración patrimonial y de ingresos obligatoria para todos los servidores públicos. En conferencia de prensa, acompañado por los líderes del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, y el Senado, Emilio Gamboa, expresó: “No voy a esperar a que termine la elección para trabajar una iniciativa formal que acabe, de una vez por todas, con la corrupción. En lugar de prometer hay que ponernos a trabajar”.
A pesar de las declaraciones del precandidato de la coalición Todos por México, para sus críticos y opositores, son las fuerzas políticas que lo respaldan las responsables del freno al SNA. Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad e impulsor del sistema “Tres de Tres”, calificó su iniciativa como insuficiente, pues “[a]umentar las penas de prisión como solución del problema deja mucho que desear”. Además recordó que el precandidato es el único que no ha presentado su declaración “Tres de Tres”.
En respuesta a la propuesta de Meade, Ricardo Anaya aseguró que el “PRI se muerde la lengua”, pues “deberían de pedir disculpas por todo lo malo que han hecho y por toda la corrupción del gobierno”. Luego de señalar que es “fundamental entrar a la reforma del [artículo constitucional] 102, que tengamos fiscalías que sean profesionales y verdaderamente autónomas e independientes”, Ricardo Anaya comentó que para acabar con la impunidad y la corrupción en el país, se requiere una reforma integral, no un ‘iluminado’ que determine a quién sí y a quién no se le aplique la ley.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su Plan Nacional para la Procuración de Justicia, Combate a la Corrupción y Democracia, el cual propone una reforma al artículo 108 para poder juzgar al presidente por los delitos de corrupción y violación de derechos político electorales”. Además, dio los nombres de sus candidatos para ocupar la fiscalía general, la fiscalía anticorrupción y la Fepade.
No obstante, sus ternas han sido criticadas por incluir a personajes con los que tiene vínculos cercanos –como Verónica de Gyves, una de sus propuestas para fiscal general, esposa de Rafael Guerra Álvarez, su abogado durante el proceso de desafuero, o Bernardo Bátiz, el procurador de justicia durante su gobierno en la Ciudad de México–, lo que violaría la autonomía de los fiscales para ejercer sus tareas. De acuerdo con Anaya, esta actitud del tabasqueño demuestra su desconocimiento de la ley “porque –si no se ha enterado– ya no le corresponde al presidente de la República iniciar el procedimiento proponiendo ternas”. Solamente el Senado tiene la facultad de emitir una convocatoria y dar una lista de candidatos.
Los aspirantes independientes a la Presidencia no han participado activamente en el debate sobre las estrategias para luchar contra la corrupción. Armando Ríos Piter menciona a la corrupción como el primer punto de su #10de10 para transformar a México, pero no ha dado más detalles sobre cómo hacerlo. A su vez, Margarita Zavala dio a conocer, en un video publicado el 11 de noviembre, su Estrategia Nacional contra la Corrupción, la cual consiste en el fortalecimiento de los valores, la creación de una oficina de ética, el cierre de espacios a la corrupción y el castigo a los funcionarios corruptos.
En otra entrevista, Peschard recordó que el nombramiento del fiscal no depende de la convocatoria de un solo partido o de un solo candidato, debe ser en total autonomía y de manera transparente para la sociedad: “[En el Comité de Participación Ciudadana] estamos en la lucha contra la corrupción y eso lo apoyaremos de un partido de otro, de un gobierno de otro sin distingos. No podemos inclinarnos a favor de unos o en contra de otros”. El dedazo o la manipulación de las instituciones serían perjudiciales para la lucha contra la corrupción.
En el mismo sentido, Luis Pérez de Acha, también miembro del Comité de Participación Ciudadana, concluye su evaluación de lo conseguido por el SNA: “La falta de resultados, la ficción surrealista del discurso oficial, la demora en la implementación del SNA y la indolencia con las propuestas del CPC evidencian que el combate a la corrupción no es un compromiso genuino de Estado”. Está por verse si será un compromiso de los aspirantes presidenciales, o si el tema será solamente una ventana para buscar fáciles ganancias electorales.
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