Desde el principio de su gobierno, López Obrador tomó la determinación de que él no acallaría a la prensa, él no impondría censura alguna. El suyo sería un nuevo periodo liberal.
Se trataba, por supuesto, de una simulación. Para evitar la censura optó por la deslegitimación de periodistas, medios e intelectuales. Desde los primeros días de su mandato exhibió en sus conferencias contratos, listas, tuits, grabaciones, artículos, y sueldos de una multitud de personas con presencia en los medios y adversarios de su gobierno. De muy poco sirvió que los aludidos respondieran desmintiendo en sus medios al presidente. La desproporción entre la difusión de los dichos del presidente y la de los agraviados es inmensa.
Una estrategia eficaz que ha seguido López Obrador es la de dirigirse siempre a su público. Lo explica Avidel Villarreal, experto en campañas políticas, en entrevista: “Creo que es un error tratar de valorar lo que el presidente hace y dice en función de los parámetros que tiene la clase más informada. López Obrador dirige sus mensajes hacia donde se encuentran los posibles electores”.
Con frases simples, y con frecuencia mentirosas, el presidente se dedicó con laboriosidad y malicia a arrojar lodo y sospechas a un conjunto selecto de comunicadores e intelectuales. Su argumento más contundente es que son corruptos. Para probarlo exhibe tablas, listas, videos, grabaciones, documentos de ilegal obtención y especiosas mentiras. Su objetivo es sembrar la mente de sus “posibles electores” con verdades, medias verdades y francas mentiras, y repetirlas sin fatiga. Cientos de veces se ha referido a Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Raymundo Riva Palacio, Carmen Aristegui, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín. En cada ocasión los dichos del presidente han sido reproducidos masivamente por las granjas de bots impulsadas desde la presidencia de la república. El objetivo del presidente y de su equipo de comunicación social es manchar, enlodar la reputación de los mencionados, y lo que es más importante: deslegitimar las opiniones futuras que pudieran emitir.
No censurar, deslegitimar. ¿Para qué tomarse la molestia de correr del país al periodista o intelectual si el presidente puede lograr mediante la propaganda calumniosa que sea repudiado por una franja importante de ciudadanos, principalmente por sus “posibles electores”?
Es mentira rotunda que las conferencias matutinas sean un “ejercicio circular”, un debate entre los periodistas y el presidente. El presidente contesta a sus críticos con calumnias y exageraciones. El derecho de réplica no existe. Muchos lo han solicitado. A nadie (salvo a Denise Dresser) lo ha concedido. Ejemplo máximo de esto es el caso de Xóchitl Gálvez, a quien el presidente aludió con una mentira (que la senadora había votado a favor de desaparecer los apoyos sociales), que ella intentó aclarar en el mismo espacio en el que fue emitida esa falsedad. El presidente se negó a recibir a Xóchitl Gálvez, ella se amparó, Presidencia apeló y finalmente otro juez le dio la razón a la senadora. De nada sirvió. El presidente se entercó. Por encima de él, nadie, ni siquiera esa cosa vaporosa que los mexicanos poco aprecian: la ley. La necedad presidencial llevó a Xóchitl Gálvez a abrirse paso a empujones hasta la puerta de Palacio, y ante la persistente negativa, hasta la candidatura de la presidencia por el Frente Amplio. Todo con tal de no concederle el derecho de réplica.
Si el presidente no “concede” el derecho de réplica, si la desproporción entre el mensaje del presidente –que se vale de todos los recursos del Estado–y de sus “adversarios” es enorme, ¿para qué censurar? Esa es precisamente la función de la propaganda: anular a los que el presidente considera personas y medios de oposición. ¿Para eso deben emplearse los recursos del Estado? ¿En eso debe invertirse el tiempo del presidente?
Un periodista puede realizar una acuciosa investigación. De nada sirve, el presidente al día siguiente afirmará que el periodista trabajó en el gobierno de Salinas de Gortari… hace más de treinta años.
Al presidente le gusta mucho citar a Goebbels, aquello de que mil mentiras repetidas que se hacen verdad. Omite mencionar que se trata de mil mentiras repetidas desde el poder, con los medios del poder.
Debemos a un eficaz manejo de las mentiras y la propaganda la popularidad del presidente, que se debe en gran parte a su conferencia matutina. Un espacio sin ley. Foro de más de ciento diez mil mentiras y/o imprecisiones (según la agencia Spin). Teatro en el que el presidente ríe, sermonea, regaña, calumnia, pone canciones, brinda cursos de la historia de bronce. Sus subordinados despliegan la información en pantallas mientras el presidente construye su narrativa histórica de tono pedagógico. De vez en cuando algún periodista lo confronta utilizando datos del propio gobierno. El presidente suele en esos casos valerse del recurso conocido como “los otros datos”. Expone información y encuestas que solo él conoce.
Ha dicho el presidente que sin la mañanera no hubiera podido gobernar. La mañanera es parte del gobierno. Aunque no está regulado, es un espacio oficial. Y como tal debe de tratarse. No sé de alguien que haya demandado a las mañaneras por abuso del poder, que lo es.
El presidente habla de siete a diez de la mañana –a veces más–, como ha ocurrido en las últimas semanas. Ha dicho que quisiera extender las conferencias a los fines de semana. Su modelo, como en tantas otras cosas, es el programa que Hugo Chávez sostenía los sábados en Venezuela.
La oposición en cinco años no ha podido contrarrestar el impacto propagandístico de la conferencia matutina. Al principio del gobierno se trató de hacer una contramañanera, pero nadie le aguantó el paso. El trabajo que hizo la diputada panista Kenia López tuvo muy poca difusión. Kenia López es una política seria de oposición; López Obrador bromea, mete canciones, poemas, divaga, es decir, realiza un espectáculo atractivo para muchos.
Si la oposición no ha podido crear una alternativa noticiosa, queda la opción jurídica. Considerar las mañaneras un ejercicio de gobierno, sujeto a leyes y obligaciones; sujeto a denuncias y a exigencias de derecho de réplica y de transparencia.
La mañanera es el más efectivo de los instrumentos de propaganda del gobierno. La oposición debe concentrarse jurídicamente en ese espacio. Hay videos y transcripciones oficiales que muestran al presidente violando la ley, en vivo. Todo lo relacionado con el manejo de la explosión de Tlahuelilpan, con la estrategia contra el covid-19 (los detentes del presidente por ejemplo) y la liberación de Ovidio Guzmán, debe ser sujeto de estudio de responsabilidad jurídica.
La creación de una atmósfera de odio desatada en la mañanera ha dejado una secuela que nos ha llevado a ser el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, atmósfera que condujo hace casi un año al atentado contra Ciro Gómez Leyva. Esta responsabilidad también debe ser analizada jurídicamente.
No censurar, deslegitimar a los opositores. No cerrar los medios, obligarlos a la afirmación positiva oficialista. No la transparencia sino la opacidad y la mentira. Tizna, que algo queda. ~
