Es posible que, para millones de ciudadanos, el rasgo con que mejor se identifica al actual gobierno sean sus múltiples deficiencias. Pero tal vez el aspecto que lo distingue, uno que nadie puede escatimar, y quizá su único mérito, es que el gobierno de López Obrador es un fenómeno comunicacional. A través de símbolos o mediante el uso de la palabra en las conferencias mañaneras, la narrativa oficial ocupa un lugar predominante día con día.
El discurso del opositor bien intencionado –del que no ha prescindido a pesar de ser hoy el hombre que detenta el mayor poder en México– sigue mermando nuestra capacidad de analizar de manera objetiva los actos y datos duros del gobierno. Y en esta épica del desencuentro que constituye la principal actividad del presidente, los mensajes sin palabras, que pueden constituir verdaderos focos rojos para la vida de la República y de nuestros derechos ciudadanos, se desechan rápidamente como ocurrencias.
Un ejemplo de ello lo tenemos en el anecdotario de la semana que concluye. Desde el domingo 5 de febrero se han escrito numerosos artículos y columnas; se han sostenido apasionadas conversaciones y se han emitido contundentes posicionamientos por el desprecio, visible en el acomodo de los participantes en el presídium, que mostró el titular del ejecutivo a los titulares de los poderes legislativo y judicial durante la ceremonia de conmemoración por los 106 años de vigencia de nuestra Constitución.
En las redes sociales, el vocero de la presidencia quiso poner énfasis en la inexistente falta al protocolo de la ministra presidenta Norma Piña, quien decidió no ponerse de pie ante Andrés Manuel, el hombre, sino hacerlo únicamente ante el anuncio de los honores al representante de uno de los tres poderes federales. Pero la intervención del vocero desató una amplia defensa de la ministra, que a 38 días de haber asumido el cargo ya ha sido ignorada, retada y menospreciada por un presidente que odia los contrapesos y frente al cual, una vez más como lo ha hecho desde su discurso de toma de protesta, ha defendido la autonomía e independencia judicial.
Pero también distrajo nuestra atención de un gesto que resulta particularmente preocupante en un país democrático compuesto por instituciones civiles en su fundamento. Al enfrascarnos en la defensa de Norma Piña, soslayamos otra pregunta importante: ¿por qué y para qué, por primera vez en nuestra historia, durante un acto solemne de la nación y por tanto, de los representantes de los tres poderes de gobierno, considerados como pares, las fuerzas militares se ubicaron al centro del presídium, en las posiciones de mayor importancia después del propio presidente y el secretario de Gobernación? ¿Quién consideró que este mensaje sin palabras, esta omisión del protocolo establecido para esta clase de eventos, era oportuno? No olvidemos que ocurrió, también, a pocos días de que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, tuvo que impedir la entrada al salón del pleno a la Banda de Música del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, que acudió para llevar a cabo los honores a la bandera portando armas, violando con ello el reglamento de la Cámara, que prohíbe la entrada a toda persona armada al recinto de la misma.
En el gobierno del presidente López Obrador, los militares han acumulado un enorme poder a partir del control que ejercen en amplias áreas de la vida pública civil –están a cargo, entre otros, de la construcción de las obras públicas emblemáticas del gobierno, la administración de aduanas, la construcción de los Bancos del Bienestar, de la seguridad aérea– y de la extensión de su participación en tareas de seguridad pública. ¿Quién pudo considerar que poner a las fuerzas militares por encima de los representantes de dos de los máximos poderes civiles no causaría alarma, justo en el día que los mexicanos celebramos la promulgación del documento fundacional que tuvo por propósito sentar las bases para detener el derramamiento de sangre entre mexicanos, militares y civiles, de todos los bandos? ¿Cómo podría este acto simbólico, esta variación al orden de precedencia, abonar a la necesidad urgente de paz y tranquilidad, de protección a la vida y la integridad, que por años ha sido una de las demandas más contundentes de la ciudadanía a los distintos gobiernos?
Las respuestas a nuestro alcance no pasan de ser especulaciones. Pero lo cierto es, que en el mes de los símbolos patrios y de reafirmación de los valores democráticos y republicanos, el gobierno de López Obrador dejó claro el lugar central que los militares tienen en él.
Y esa, con todo el respeto que merecen nuestras fuerzas armadas, desde los aprendizajes del pasado y las lecciones desde el entorno latinoamericano, nunca será una buena señal para México. ~
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
