Foto: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Nuevos vientos en la Corte

La designación de Norma Lucía Piña como presidenta de la SCJN es una defensa contundente de la autonomía judicial, que se ha visto maltratada en el sexenio actual. Frente a los retos que enfrentará, la ministra ofrece un plan de trabajo esperanzador.
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En la Atenas del siglo V a. C., Sócrates definió al buen juzgador a partir de cuatro virtudes: “escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”. En el México del siglo XXI, tales características están presentes en la figura de la recién elegida presidenta del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura por un período de cuatro años. A la reivindicación de estos valores fundamentales se añade la circunstancia histórica de que ella es la primera mujer que detenta dicha posición de liderazgo en los más de 200 años de historia de la propia Corte. La ministra Norma Lucía Piña Hernández conjunta una postura abiertamente feminista con la tradición que imparte justicia desde las virtudes socráticas.

Norma Lucía Piña no es ninguna improvisada: por el contrario, su designación es también un pronunciamiento de la Corte en varios aspectos. Por principio, el reconocimiento al mérito y la trayectoria de más de 30 años en el poder judicial de una abogada que ha sido jueza, magistrada, secretaria de estudio y cuenta y ministra en una profesión predominantemente masculina, y que lo ha hecho además desde la coherencia de los principios de paridad, equidad y protección a los derechos de los ciudadanos que abiertamente ha promovido y defendido con integridad y excelencia. Seguir el desempeño judicial de la ahora ministra presidenta es comprender que es posible que los extremos converjan en la congruencia; que una jurista que aboga abiertamente por las libertades de hombres y mujeres lo haga desde el más irrestricto respeto a la norma constitucional, y que la visión formalista de las reglas del proceso convive dignamente con la naturaleza progresista de los derechos humanos.

La designación de la ministra presidenta expresa también la convicción de por lo menos diez de los ministros en la prevalecencia del poder que es punto de equilibrio entre los poderes de la República, y en la certeza jurídica desde las instituciones de justicia.

En una votación de tres rondas que finalmente ganó Norma Lucía Piña por 6 votos, contra 5 a favor de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la sesión del pleno de la Corte del 2 de enero del 2023 es histórica también por el interés público que despertó. La expectativa generada sobre el perfil de quien sucedería a Arturo Zaldívar no obedecía solo al entusiasmo, sino a la crisis institucional sin precedentes que rodeaba a la sesión, desatada por el aberrante proceder de Yasmín Esquivel, sobre quien pende la acusación de plagio de su tesis profesional, y que en el afán de diluir su responsabilidad ha llegado a extremos escandalosos para inculpar al presunto plagiado y afectado, afán en el cual ha tenido el apoyo de un notario público y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La designación de la ministra Piña es la defensa más contundente de las instituciones, de la autonomía judicial y del servicio público de carrera, tan maltratado en este sexenio. De paso, es la legitimación de una ciudadanía harta de impunidad y sedienta de justicia, que ve en Piña los frutos del esfuerzo y la recompensa a la integridad, la congruencia y la conciencia cívica, democrática y por la libertad.

No son pocos los retos a los que se enfrentará la nueva presidenta de la Corte, por lo menos durante los primeros dos años de su gestión, que son los últimos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dada la abierta posición feminista de Piña –que constituye en sí casi una afrenta para el presidente que más ha desprotegido a las mujeres en nuestra historia reciente–, así como el sentido de sus votos como ministra –de 18 iniciativas y acuerdos con efecto de decreto que han sido promovidas por el titular del Ejecutivo y que terminaron controvertidas a la consideración de la Corte, Piña solo ha votado a favor en tres ocasiones, menos que el resto de los ministros–, el sometimiento de la Corte al proyecto de gobierno se antoja prácticamente imposible bajo su liderazgo.

También los tres ejes del plan de trabajo de la ministra presidenta son esperanzadores. Se centran  en el combate a la corrupción, los derechos humanos y la igualdad de género (en su discurso de toma de protesta reconoció asumir una doble responsabilidad, por un lado, hacia sus colegas ministros; por el otro, a las mujeres, por las que se siente acompañada), y en la independencia del poder judicial y la defensa de la dignidad  de las personas juzgadoras, crucial en un momento en que jueces de distrito y magistrados han sido acechados por la actitud invasiva, irresponsable y autoritaria del gobierno en turno, y se sienten ignorados y desprotegidos desde la presidencia anterior del pleno de la Corte. Aquí, nuevamente, los extremos del perfil de la ministra favorecen la restitución de la fortaleza del sistema de justicia, pues siendo una abogada conocida por su empatía, su sensibilidad e inteligencia, ofrece arropar a los juzgadores con firmeza ante los embates iracundos del presidente que desprecia los marcos jurídicos y todo lo relacionado con ellos.

Finalmente, como presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña tiene la facultad de autorizar la lista de los asuntos sometidos a consideración del pleno, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones. Asume esta facultad con temas trascendentales para el país de control constitucional, herencia por rezago de su predecesor, como la iniciativa presidencial por virtud de la cual la Guardia Nacional queda bajo el mando de la Sedena (cabe decir a este respecto que la ministra acompañó el acuerdo militarista de López Obrador). También, en momentos en que México enfrenta una grave amenaza a la libertad democrática, por el paquete de iniciativas inconstitucionales en materia electoral promovidas por el presidente, cuya discusión en las Cámaras del Congreso se reanudará el próximo primero de febrero.

Si la ministra presidenta conserva la contundencia e integridad que votó en contra de la consulta popular sobre los expresidentes, por la inconstitucionalidad de la pregunta, y abrió la puerta a denunciar la violación del derecho humano a un medio ambiente sano; la que se opuso abiertamente a la prisión preventiva oficiosa, a la que definió como “violatoria de derechos humanos”; la que votó en contra de la reforma eléctrica y del Padrón Nacional para Usuarios de Telefonía y a favor de la despenalización del aborto y el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas trans, los mexicanos y mexicanas podremos tener cierta tranquilidad. Vigilar el desempeño de la ministra con atención y confianza en sus determinaciones y buenos oficios, pero sin la ansiedad que hemos experimentado los últimos cuatro años.

El punto de equilibrio de los extremos personales de la ministra –su compromiso con visiones progresistas y su rigor como juzgadora– ha sido su propia coherencia. Y eso es lo que más precisamos de las instituciones en México: coherencia y certeza, imparcialidad y objetividad.

Nuevos vientos soplan en la Corte. Que nos lleven a buen puerto.


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