¿Cómo se gestó la crisis de ingobernabilidad que está próximo a enfrentar el estado de Nuevo León cuando el próximo 2 de diciembre, a partir de las 00:01, sean dos las personas que reclamen el título de gobernador interino del estado?
Vamos por partes. La gestión de Samuel García a lo largo de sus dos escasos años de gobierno no se ha caracterizado por la conciliación política con los otros dos poderes del Estado. Como resultado, nadie ha sido designado como fiscal del estado y la titularidad del Poder Judicial de la entidad está a cargo de un encargado de despacho. Pese al cálculo responsable de pesos y contrapesos de los ciudadanos neolenses, que eligieron como titular del ejecutivo a un representante de Movimiento Ciudadano y para diputados al Congreso mayoritariamente a representantes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, la colaboración entre ambos poderes dista de ser armónica.
Hay que decirlo claro: el estilo del gobernador García no es uno que contemple la negociación ni el cabildeo político de sus propuestas. Ha acusado al Congreso del Estado de ser un dique permanente a sus requerimientos, pero lo cierto es que el terrorismo político ha sido la estrategia constante en su intento de avasallarlo. El gobernador ha ordenado auditorías agresivas a los miembros del Congreso, con el fin de intimidarlos; ha suspendido el servicio de agua potable –lo que constituye en sí mismo un delito– a los diputados de las bancadas de oposición y sus familiares; ha retenido el depósito de los fondos a los municipios encabezados por alcaldes opositores y los fondos necesarios para el pago de la nómina de los trabajadores de órganos autónomos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el propio Congreso.
A la fecha, Samuel García tampoco ha presentado al Congreso la propuesta del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024. Faltando a su obligación constitucional, omite publicar deliberadamente los instrumentos emanados del Congreso con los que no está de acuerdo, desacatando incluso resoluciones de orden federal que han resultado de las acciones jurídicas emprendidas por los diputados ante esta grave omisión. Resulta sencillo comprender que no cuente con el respaldo del Congreso y que haya roto de muchas maneras los puentes de comunicación necesarios entre ambos poderes.
Lo que ha seguido es de todos conocido. Faltando a su palabra de cumplir con su mandato por seis años como gobernador, Samuel García decidió lanzarse como precandidato presidencial único por Movimiento Ciudadano –una precandidatura que, por cierto, obtuvo a partir de la violación de derechos políticos electorales de otros aspirantes del mismo partido, entre ellos la senadora Indira Kempis, por parte de su dirigencia. Esta aspiración contradice la crítica encarnizada que Samuel García lanzó cuando el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” decidió dejar su cargo para contender por la presidencia, que incluso se tradujo en que fuera el único legislador que votó en contra de su solicitud de licencia.
Lo que es peor es que, desde el momento en que anunció su intención de pedir licencia por las aspiraciones presidenciales, García dio a conocer su propósito de imponer al gobernador interino por los 6 meses que requería ausentarse del cargo, lo que constituye una violación al texto constitucional estatal y el rompimiento de la división de poderes en Nuevo León, al usurpar atribuciones que solo le corresponden al Congreso.
En su desesperación por seguir controlando al gobierno del estado a través de un afín, Samuel García generó una crisis de gobernabilidad tan grave como innecesaria en Nuevo León, boicoteando al mismo tiempo sus propias aspiraciones. Primero decidió solicitar directamente al Tribunal Electoral la licencia por seis meses y la validación del nombramiento de Javier Navarro, su secretario de Gobierno, como gobernador interino. El Tribunal rechazó sus pretensiones, por ser ambas cuestiones de la competencia en primer lugar del Congreso de Nuevo León, al que no había sido dada participación.
Después, el 25 de octubre, García solicitó la licencia al Congreso, mediante un escrito que contenía la afirmación impositiva de Navarro como interino. El Congreso le concedió la licencia solicitada, a partir del 2 de diciembre del presente año y hasta el 2 de junio del siguiente, designando en ese acto como interino a José Arturo Salinas, entonces magistrado presidente del Poder Judicial del estado, quien estaba impedido constitucionalmente para tal fin precisamente por ser titular del tercer poder. A su vez, García designó directamente a Javier Navarro como su interino. Ambos nombramientos quedaron sin efecto por las acciones ante la Suprema Corte de Justicia emprendidas tanto por el ejecutivo como por el legislativo estatales, con el mandato expreso por parte de la Corte de que la facultad para designar al gobernador interino recae única y exclusivamente en el Congreso local, sin atribuir la obligación de que este emanara de las filas del partido del gobernador.
Por su parte, Javier Navarro obtuvo ante el Juzgado Tercero de Distrito en materia del Trabajo de la Ciudad de México la suspensión definitiva que supuestamente le permite ejercer el interinato por violación a sus derechos laborales. Sin embargo, dicha suspensión quedaba supeditada a la resolución definitiva de la Corte, la que ya decidió que tal nombramiento es facultad del Congreso, al tiempo que el Tribunal competente ha establecido que esta designación pertenece al ámbito de lo electoral, y no de lo laboral.
Por su parte, Samuel García ha persistido en su intento de imponer su voluntad a través de los órganos electorales, pasando por encima de las facultades del Congreso. A través de una consulta realizada al INE (INE/CG610/2023) y del recurso promovido contra el Acuerdo resultado del estudio de dicha consulta ante el Tribunal Electoral (tramitado bajo el número de expediente SUP-JDC-536/2023 y acumulados), pretendió una vez más imponer el interinato de Navarro en su ausencia. Como resultado, el Tribunal también dejó claro que tal facultad es de la competencia exclusiva del Congreso en total libertad. La magistrada Janine Otálora expresó públicamente a través de su cuenta en la red social X al gobernador García que en ningún momento se ordenó que el gobernador interino debía surgir de las filas de Movimiento Ciudadano. También, durante la sesión del pleno del Tribunal, se estableció claramente que dicho nombramiento debía ser por consenso, es decir, por mayoría de votos y no por unanimidad, como alevosamente argumentan tanto García como Navarro en sus intervenciones ante medios.
Fue así como, la tarde del pasado 29 de noviembre, la Comisión de Gobernación del Congreso de Nuevo León aprobó un dictamen con 13 propuestas para ocupar el cargo de gobernador interino. Cuando iniciaba la sesión en el pleno, servidores públicos y militantes de Movimiento Ciudadano asaltaron con violencia el recinto legislativo; rompieron las puertas de acceso; estallaron bombas de humo una vez dentro; rompieron mobiliario y micrófonos del salón del pleno.
A pesar de este asalto aparentemente orquestado desde el partido en el poder y, podría suponerse, el propio ejecutivo, el Congreso determinó, por una mayoría de 25 votos a favor, 11 nulos y 3 reservados, elegir al ex vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino para el período ya mencionado, conforme a la solicitud de licencia que concedió el mismo Congreso a Samuel García. Esa misma noche, en medio de la policía ministerial que fue llamada para recuperar el orden de la sesión y la policía de seguridad del estado que rodeaba al recinto en su exterior, le fue tomada la protesta de ley a Orozco que lo faculta constitucionalmente para ejercer el cargo de Gobernador interino a partir del primer minuto del próximo sábado, hasta por seis meses.
Por su parte, el secretario Javier Navarro anunció esa misma noche que el gobierno no reconoce a Luis Enrique Orozco como gobernador interino, y que será él quien ejercerá tal función, conforme a la voluntad expresa y por designación directa del propio Samuel García, a pesar de que tal designación contraviene lo dispuesto específicamente en las fracciones XXI y XXIV del artículo 96 así como el artículo 122 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León y resoluciones diversas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que vendrá a continuación será el ataque abierto a las instituciones, el orden constitucional y el rompimiento definitivo de la división de poderes, a partir de la obstinada misión de allegarse indebidamente del interinato por parte de Navarro. Algunas voces han advertido sobre la posible desaparición de poderes en Nuevo León. Esta circunstancia es improbable e improcedente, pero sí es probable que Samuel pierda no solo la gubernatura interina, sino a todo su gabinete, en caso de que el mismo desconozca a Orozco como titular interino en ejercicio.
Según lo establece la fracción LIII del artículo 96 de la Constitución de Nuevo León, es facultad del Congreso “ejercer moción de censura para destituir, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a uno o varios secretarios de Estado o a la totalidad del gabinete”. Esta facultad no se encuentra sometida a ninguna otra condición para su ejercicio en el mismo texto constitucional. También, tanto el Congreso como el ejecutivo estatal podrían solicitar la intervención del Senado de la República para la resolución del conflicto político en términos de la fracción VI del artículo 70 de la CPEUM, lo que sin duda dejaría claro que Samuel es un político incapaz para resolver los conflictos al interior de su estado, debilitando su perfil en la contienda presidencial.
El propio gobernador interino ha promovido una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por la suspensión que el Juez Tercero de Distrito en materia del trabajo en la Ciudad de México otorgó a Javier Navarro, por actuar fuera del ámbito de su competencia. El Juez Séptimo de Distrito en Reynosa dejó sin efecto la suspensión a Javier Navarro, acatando lo resuelto por la Corte. La estrategia de Samuel para retener el gobierno de Nuevo León de forma remota es insostenible.
Cualquiera que sea el resultado, García pierde. Su talante autoritario ha quedado al descubierto. Su inescrupulosa decisión de destruir y atropellar a las instituciones que no se sometan a su voluntad está expuesta. Su incapacidad para conciliar y negociar en un marco de convivencia democrática, también. Y si ha quedado claro que no es un político apto para gobernar un Estado, cuantimenos lo será para gobernar un país.
México requiere urgentemente una política de reconciliación nacional y colaboración para el mayor bienestar entre todas las fracciones del espectro político. La ciudadanía ya ha tenido suficiente de mentiras, violencia y asaltos institucionales tras cinco años de una administración federal que así ha gobernado. De un solo golpe, literal y figurado, a García se le escapa Nuevo León y la aspiración presidencial. ~
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
