en memoria de Alejandro Hope, con cariño.
El próximo lunes 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia dará inicio a la discusión del proyecto de resolución por el que se declara la invalidez de la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por López Obrador y su partido. El proyecto, presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, analiza las violaciones a las reglas del proceso legislativo que tuvieron lugar en el Congreso rumbo a la aprobación y publicación de esta parte del paquete de reformas.
Todo parece indicar que estas serán suficientes para resolver la invalidez de todo lo aprobado el pasado diciembre. La Corte ha establecido desde hace varios años el criterio según el cual, si se constata que las violaciones al proceso legislativo alegadas por una de las partes pasan por encima de los principios de deliberación y pluralidad que rigen al parlamentarismo, el resultado –es decir, las leyes o reforma de leyes– de ese proceso deliberativo viciado debe considerarse inválido.
En la normalidad de la discusión parlamentaria, la disrupción del proceso legislativo debería ser la excepción. Sin embargo, desde que Morena y sus aliados tienen la mayoría simple en ambas cámaras del Congreso, el desdén por el proceso se ha convertido en la regla. La aprobación de 20 iniciativas de leyes y reformas a leyes en la Cámara de Diputados y el Senado durante los últimos días de abril es muestra indiscutible del vértigo legislativo que ha mareado a esa mayoría.
Lo ocurrido en las últimas horas del período ordinario de sesiones debe prender las alarmas en todo promotor y defensor de las libertades democráticas. En la Cámara de Diputados, entre otras cosas, se desairaron los parlamentos abiertos pendientes de desahogo sobre la Ley de Ciencia y se obvió la rendición de cuentas de por lo menos 500 mil millones de pesos, que era obligatoria antes de decretar la desaparición del INSABI.
En el Senado, por su parte, hubo reformas e iniciativas de ley aprobadas cada 20 minutos en promedio, con un quórum que, tras la argucia que excluyó a los senadores de la oposición, fue más parecido a una asamblea de partido que un foro deliberativo plural y diverso. No hubo discusión en pleno y se dispensaron, sin justificación, trámites fundamentales para la debida validez del proceso legislativo.
La convocatoria a la sesión en una sede alterna, luego de que la tribuna de la sede principal del Senado fue tomada por la oposición, se hizo con minutos de anticipación, y cuando las vías que dan a la antigua sede del Senado en la calle de Xicoténcatl estaban cerradas, debido al concierto de la cantante Rosalía en el Zócalo. Los senadores del partido en el poder se habían trasladado a Palacio Nacional para un despliegue de unidad con el presidente, desde donde salieron rumbo a la sesión programada a las 10 de la noche.
Durante la sesión celebrada en el patio se podrían haber cometido delitos por servidores públicos, ante la posibilidad de que dos senadoras por Morena, Claudia Balderas y Tanya Viveros, ejercieran la titularidad sobre un mismo escaño simultáneamente, por lo que, al menos por 48 horas, el Senado constó de 129 Senadores y no los 128 que establece el texto constitucional; también, por la duda en torno a la firma de la senadora por el PVEM, Sandra Lagunes, quien, sin estar presente en el Senado, ni pasar lista o votar, firmó la convocatoria a sesión de comisiones durante la madrugada, a fin de que la Ley de Ciencia, que desaparece al CONACYT, pudiera ser aprobada.
Con el desprecio al diálogo y el debate y el sometimiento de la mayoría legislativa al poder Ejecutivo, la República se tambalea.
Los senadores de oposición han anunciado doce acciones ante la SCJN por violaciones al debido proceso legislativo y por inconstitucionalidad de las normas. El rompimiento del orden constitucional ha colocado en el centro de la atención al poder judicial, que a diferencia de los otros poderes no tiene más que sus sentencias para defenderse y que se verá sometido a las agresiones desde las conferencias mañaneras. Si el presidente logra que los mexicanos pierdan la confianza en la Suprema Corte, habrá logrado abatir al último dique del pacto constitucional que contiene su impulso autoritario.
La balanza entre la democracia y la desaparición de las libertades la inclinará la capacidad de resistencia de la ciudadanía. Esa ciudadanía que hoy anticipa con ansiedad los efectos que tendrían las reformas votadas y las que están por venir, y que sale en defensa de los centros de investigación académica; de las mujeres que impulsan que la violencia de género y alimentaria no sea recompensada con el fuero a través de un cargo público; de la transparencia, ante el ímpetu presidencial para desaparecer al INAI. La ciudadanía preocupada por la conservación de los bienes públicos; de la naturaleza civil del Estado Mexicano, que no aprueba que el Ejercito tenga la concesión de un proyecto como el Tren Maya por tiempo indefinido y el manejo de 80% de los recursos generados por el turismo extranjero, menos aun sin rendición de cuentas con transparencia. La ciudadanía que son los campesinos que se quedan sin estímulos al campo, los enfermos sin paliativos como el fentanilo de uso clínico. La ciudadanía que permanecerá expectante, en medio de la incertidumbre durante los tiempos de ley que lleven a la resolución de las irregularidades del desaseo legislativo que les niega el derecho a la certeza jurídica, a la participación democrática en los asuntos de interés público, el acceso a la información y a la dignidad en sí misma.
Hay que decirlo claro: el proceder de los grupos parlamentarios del partido en el poder ha sido escandaloso, propio de forajidos que operan al margen de la ley y no de los representantes populares y de la Federación que protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Estamos en la antesala de la imposición del régimen opaco y autoritario que es el mundo ideal del líder y el partido en el poder. ~
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
