El artículo 49 constitucional establece la división republicana de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Esta división se justifica por la necesidad funcional y de mutuo control que busca el equilibrio y la armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos, al tiempo que se protegen los derechos individuales frente a la regla de la mayoría. La observancia y el respeto a la independencia de cada poder sustentan el equilibrio que es la base de la República misma.
En ese balance el papel del poder judicial cobra especial importancia, ya que se constituye primordialmente en el “guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias, manteniendo el equilibrio necesario (entre el legislativo y el ejecutivo, y entre el ejercicio del poder público frente a los ciudadanos, añado)que requiere un Estado de derecho”.
El ministro o la ministra presidente (presupuesto de género que sigue siendo una deuda histórica en México) de la Suprema Corte de Justicia es la máxima autoridad del poder judicial. El presidente de la mesa directiva del Senado, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el presidente del poder ejecutivo y el ministro presidente de la Corte tienen el mismo rango, ninguno de ellos está subordinado jerárquicamente al otro.
En México, sin embargo, los ciudadanos han tenido históricamente la noción de que el titular del ejecutivo tiene preponderancia sobre los otros. El presidencialismo que regía en el México del siglo XX, debido al avasallamiento del resto de los poderes, conformados por servidores públicos emanados todos del mismo partido en el poder (el PRI), que reproducían la misma estructura vertical partidista, normalizó el desbalance republicano.
El México del siglo XXI, con su incipiente democracia y alternancia de partidos, demandó el cambio en estas reglas. Si bien el equilibrio ideal establecido en el mencionado artículo 49 no se alcanzó a plenitud durante los primeros 18 años de este siglo, lo cierto es que en los últimos casi cuatro años el fantasma del presidencialismo priista ha vuelto para instalarse en el país sin discreción ni decoro.
El famoso “carro completo” que en las elecciones de 2018 otorgó a Morena el Ejecutivo y la mayoría calificada en el legislativo (que perdió en 2021) tuvo como resultado un Congreso vasallo, que aprobó reformas abiertamente inconstitucionales, recortes al presupuesto en partidas fundamentales para el bienestar ciudadano, como la educación o la salud, y la desaparición de fideicomisos creados para hacer frente a desastres naturales o para atender enfermedades catastróficas como el cáncer.
Los ministros de la Suprema Corte no son elegidos por votación popular. Esto es fundamental para asegurar su independencia y autonomía, necesarias para constituirse en justos jueces frente a las controversias que puedan surgir entre los otros dos poderes.
Sin embargo, en estos cuatro años hemos visto y escuchado a López Obrador amenazar y arrojar al linchamiento social y mediático a juzgadores federales como Juan Pablo Gómez Fierro, juez que suspendió la reforma constitucional en materia eléctrica –el presidente solicitó personalmente que se abriera investigación ante el Consejo de la Judicatura contra él, y lo hizo a través de canales no previstos como procedimiento en la ley de la materia– o al acusar de formar parte del “conservadurismo” al Juez Sexto de Distrito que otorgó la suspensión provisional del plan educativo piloto de la SEP, por considerarlo inconstitucional. El gobierno federal, con el visto bueno y la justificación del presidente en las mañaneras, ha pasado por encima de las determinaciones de los jueces federales, prosiguiendo con planes y obras de gobierno cuya suspensión se ha ordenado por considerarlas violatorias de derechos humanos o por no cumplir con los requisitos de ley. Incluso, el presidente dio a la Secretaría de Seguridad Pública la orden de desobedecer expresamente las resoluciones judiciales que determinen la libertad de un reo. Todo esto, frente al ensordecedor silencio del ministro presidente.
Como integrante del pleno de la Corte en años anteriores, Arturo Zaldívar tuvo una trayectoria relevante. Varios de sus proyectos de resolución constituyen referentes obligados en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a actos de autoridad; se ha declarado defensor de la igualdad y la dignidad ciudadana y aliado de las causas de los grupos sociales históricamente vulnerables. Sin embargo, ha sido omiso en la defensa activa y manifiesta de la autonomía e independencia del poder judicial y sus miembros frente a las descalificaciones y embates del Ejecutivo. Incluso, ha pronunciado discursos de corte ideológico afines al proyecto federal de gobierno en ceremonias institucionales, contrarias a la imparcialidad que la envergadura de su cargo requiere.
El ministro Zaldívar ha declarado en diversas entrevistas que el poder judicial mantiene su independencia frente a los otros poderes, y ha acusado a la oposición de intentar convertir al poder judicial en parte de sus filas. Lo cierto es que los señalamientos de sumisión que académicos y especialistas han emitido no se refiere al poder judicial en sí mismo –que defiende y preserva el orden constitucional en cuestiones trascendentales como la militarización de la seguridad pública por el decreto que somete a la Guardia Nacional al mando de la Sedena, a través de la suspensión concedida dentro de un juicio de amparo por la Jueza Noveno de Distrito en Guanajuato–, sino a la omisión del pleno de la SCJN para resolver la controversia constitucional presentada en 2020 por la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, contra el acuerdo emitido por el titular del ejecutivo el 11 de mayo del 2020. Zaldívar justificó dicha omisión bajo el argumento de que el proyecto respectivo no había sido elaborado tras dos años de estar congelado en la Corte.
La exigencia social tampoco demanda que un poder se oponga al otro como regla: lo que se reclama es que el titular del poder judicial no se oponga expresamente a la indebida injerencia del titular del ejecutivo, y que no salga en defensa de la imparcialidad e independencia con que el resto de los juzgadores sigue actuando, sin que eso les acarree presión y la amenaza constante de escarnio y linchamiento público.
Al ministro presidente le quedan menos de 30 días para cambiar la percepción que la ciudadanía tiene hoy del papel que la SCJN juega en la destrucción institucional y las violaciones al estado de derecho. Pero quizá su legado se concentre en seguir acumulando seguidores en TikTok.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
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