La dignidad bajo ataque

México entró al siglo XXI caminando por la ruta progresiva de crear una nueva cultura para la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Sin embargo, desde 2018, el país ha ido en sentido contrario.
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El 10 de diciembre de 1948 se firmó en París, Francia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el fin de establecer un sistema en el “que la libertad, la justicia y la paz en el mundo”tuvieran“por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. En el documento se garantiza el disfrute de la libertad de palabra, de autodeterminación y de creencias, gracias al establecimiento de la dignidad humana como el máximo valor relativo de algo que es bueno en sí mismo, y la convergencia de tres principios fundamentales en ella: la autonomía de la persona, el principio de beneficencia (que encierra el derecho del acceso a un trabajo digno remunerado, la salud, educación y expresión de las ideas para la convivencia armónica y el sano desarrollo social, entre otros) y el principio de privacidad en el individuo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido base para más de setenta tratados sobre derechos humanos a nivel mundial, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. México se adhirió formalmente a esta convención en 1981, lo que a la postre dio origen a la reforma constitucional publicada el 10 de junio del año 2011, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, que incorporó a la Constitución mexicana en sus primeros 28 artículos todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales como derechos constitucionales, y sentó el mandato de crear una nueva cultura para la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Culminaba así una larga historia de luchas ciudadanas por el respeto y la garantía de los derechos políticos y las libertades individuales y colectivas, que en su momento dieron origen a la creación de organismos autónomos como la CNDH en 1990, el IFE en 1996 o el IFA en 2002. México entró al siglo XXI caminando por la ruta progresiva de la protección del derecho a ser único, distinto e igual ante la ley de cada hombre y mujer nacido en este país, así como al reconocimiento de la vulnerabilidad de determinados grupos minoritarios para su protección especial con miras a alcanzar la equidad y la paridad.

Sin embargo, desde 2018, el país ha ido en sentido contrario. Hay que decirlo claro: a lo largo de cuatro años en el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado sistemáticamente imponer la política del miedo. Para ello, ha echado mano principalmente de dos recursos: primero, ha atacado insistentemente la expresión de la autonomía individual, política y social ciudadana con un discurso violento a través de la máxima plataforma de comunicación social del gobierno. En segundo lugar, ha desaparecido, debilitado y sustituido los planes, programas e instituciones autónomas creadas para la defensa de los derechos de las minorías, por razones de mero corte ideológico.

Así, desde el ataque sistemático a la dignidad personal de los individuos –sea en el ejercicio de la libertad de expresión, de elección de una profesión, de asociación para un fin legítimo para el beneficio colectivo, de la libertad religiosa o de la legítima aspiración a la mejoría–, hemos sido testigos de las agresiones contra periodistas como Carmen Aristegui o Carlos Loret de Mola, a quien el presidente amenazó con hacer públicos sus ingresos, sin reparar en que tal revelación constituye en sí un delito penal o fiscal; contra intelectuales como Héctor Aguilar Camín, a quien expuso en una conversación que compete al ámbito privado del individuo; contra legisladores de oposición, como la senadora Xóchitl Gálvez, a la que, luego de una calumnia, le negó el derecho constitucional a la réplica.

López Obrador ha acusado de traición a la patria a los diputados que han votado en contra de sus iniciativas, a pesar de que el derecho a deliberar y votar en contra es facultad constitucionalmente protegida a favor de los parlamentarios. Ha calificado de “aspiracionista” a la clase media, y ha condenado a quienes buscan mejorar sus habilidades profesionales en el extranjero. En su momento, acusó a las feministas de intentar desestabilizar a su gobierno siguiendo “intereses oscuros”; llamó “mercantilistas de la salud” al personal médico en plena pandemia. Bajo el pretexto de una política incongruente de austeridad, redujo salarios a burócratas, ha retenido aguinaldos y ha quitado derechos adquiridos, en franca violación a la ley laboral. Acusó a los padres de niños y niñas enfermos de cáncer de ser títeres de las farmacéuticas, ante la crisis del desabasto de medicamentos oncológicos.

Ha sometido en lo particular a jueces de distrito al escarnio y al linchamiento mediático por actuar en ejercicio de sus funciones y en defensa del orden constitucional, lo que constituye también una indebida injerencia en la esfera de competencia del poder judicial. Desde hace poco más de un año, institucionalizó la sección “Quién es quién en las mentiras”, en la que una vocera, con recursos públicos y el respaldo de su presencia, pretende instaurar como única verdad la visión presidencial de los hechos, al tiempo que exhibe y expone al repudio social a ciudadanos y colectivos que, en ejercicio de su derecho de vigilancia del poder, expresan su desacuerdo con las decisiones de quien tiene a su cargo la administración pública. Si atendemos a los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos estos actos constituyen claros abusos de poder por el atropello a la dignidad y libertad humanas tendientes a establecer la previa censura, contraria a todo régimen que se precie de ser democrático.

Por el lado de la desaparición, debilitamiento, manejo y sustitución de los programas sociales, basten dos ejemplos. Nunca antes padres de familia habían tenido que accionar la justicia a través del juicio de amparo para que sus hijos infantes y adolescentes pudieran vacunarse en medio de una pandemia mundial que cobró la vida de más de 600 mil mexicanos hasta la primera mitad de 2021. La desaparición del Sistema Nacional de Vacunación, otrora modelo mundial, junto con el manejo político electoral de las vacunas, socavó la dignidad humana de los ciudadanos que debieron pelear por su derecho de acceso a la salud; a la fecha, solo el 27% de los infantes en México tienen el cuadro completo de vacunación básica.

El tamiz neonatal fue suprimido en las instituciones de salud pública y, más tarde, utilizado como promesa de campaña por el partido en el poder. Los programas sociales de apoyo a adultos mayores, a jóvenes estudiantes de niveles básico e intermedio, así como la conservación de la fuente de trabajo, son utilizados como medio de coerción para el engrosamiento de las movilizaciones sociales a favor del presidente, de acuerdo con la evidencia que ciudadanos proporcionaron en redes sociales para la marcha del poder del 27 de noviembre. A principios de 2020, la repentina y deficiente implementación del Insabi en sustitución del Seguro Popular dejó a miles de derechohabientes en el desamparo absoluto.

Con la ilegal designación de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la indefensión ciudadana ha alcanzado un nuevo nivel. En los últimos tres años al mando de una incondicional de López Obrador, la CNDH ha guardado silencio ante los asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos, ante las demandas de salud de los ciudadanos o ante las agresiones, acusaciones sin fundamento y señalamientos que cada mañana realiza el presidente en contra de distintos sectores sociales. No conforme con eso, la CNDH de Piedra, sin estar facultada para ello, emitió la recomendación 46/2022, en la que insta a legisladores federales a reformar el Instituto Nacional Electoral, violando de paso el artículo 102 constitucional, inciso B, párrafo tercero, que establece expresamente la incompetencia del organismo en materia electoral.

Aún no todo está perdido. A pesar de lo desolado que pueda presentarse el panorama, la dignidad humana contiene en sí misma el derecho a equivocarse. Y equivocarse protege el derecho al aprendizaje empírico y al cambio de decisión para corregir el rumbo. Así lo han expresado más de un millón de mexicanos y mexicanas que salieron a la calle en distintas ciudades el pasado 13 de noviembre, en una marcha de proporciones históricas. En ese acto, los ciudadanos manifestaron el sentido de comunidad y el respeto a la diversidad de los otros, a quienes reconocen como pares. Esos millones que, ya sea en las calles o en otros ámbitos, manifestaron su defensa de las instituciones han dejado también en claro que la razón para defender un instituto electoral es que la libertad de elegir simboliza el resto de las libertades. ~


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