El 10 de diciembre de 1948 se firmĆ³ en ParĆs, Francia, la DeclaraciĆ³n Universal de los Derechos Humanos, con el fin de establecer un sistema en el āque la libertad, la justicia y la paz en el mundoātuvieranāpor base el reconocimiento de la dignidad intrĆnseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humanaā. En el documento se garantiza el disfrute de la libertad de palabra, de autodeterminaciĆ³n y de creencias, gracias al establecimiento de la dignidad humana como el mĆ”ximo valor relativo de algo que es bueno en sĆ mismo, y la convergencia de tres principios fundamentales en ella: la autonomĆa de la persona, el principio de beneficencia (que encierra el derecho del acceso a un trabajo digno remunerado, la salud, educaciĆ³n y expresiĆ³n de las ideas para la convivencia armĆ³nica y el sano desarrollo social, entre otros) y el principio de privacidad en el individuo.
La DeclaraciĆ³n Universal de los Derechos Humanos ha sido base para mĆ”s de setenta tratados sobre derechos humanos a nivel mundial, entre ellos la ConvenciĆ³n Americana sobre Derechos Humanos. MĆ©xico se adhiriĆ³ formalmente a esta convenciĆ³n en 1981, lo que a la postre dio origen a la reforma constitucional publicada el 10 de junio del aƱo 2011, durante la presidencia de Felipe CalderĆ³n Hinojosa, que incorporĆ³ a la ConstituciĆ³n mexicana en sus primeros 28 artĆculos todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales como derechos constitucionales, y sentĆ³ el mandato de crear una nueva cultura para la promociĆ³n, defensa y protecciĆ³n de los derechos humanos. Culminaba asĆ una larga historia de luchas ciudadanas por el respeto y la garantĆa de los derechos polĆticos y las libertades individuales y colectivas, que en su momento dieron origen a la creaciĆ³n de organismos autĆ³nomos como la CNDH en 1990, el IFE en 1996 o el IFA en 2002. MĆ©xico entrĆ³ al siglo XXI caminando por la ruta progresiva de la protecciĆ³n del derecho a ser Ćŗnico, distinto e igual ante la ley de cada hombre y mujer nacido en este paĆs, asĆ como al reconocimiento de la vulnerabilidad de determinados grupos minoritarios para su protecciĆ³n especial con miras a alcanzar la equidad y la paridad.
Sin embargo, desde 2018, el paĆs ha ido en sentido contrario. Hay que decirlo claro: a lo largo de cuatro aƱos en el poder, el presidente AndrĆ©s Manuel LĆ³pez Obrador ha intentado sistemĆ”ticamente imponer la polĆtica del miedo. Para ello, ha echado mano principalmente de dos recursos: primero, ha atacado insistentemente la expresiĆ³n de la autonomĆa individual, polĆtica y social ciudadana con un discurso violento a travĆ©s de la mĆ”xima plataforma de comunicaciĆ³n social del gobierno. En segundo lugar, ha desaparecido, debilitado y sustituido los planes, programas e instituciones autĆ³nomas creadas para la defensa de los derechos de las minorĆas, por razones de mero corte ideolĆ³gico.
AsĆ, desde el ataque sistemĆ”tico a la dignidad personal de los individuos āsea en el ejercicio de la libertad de expresiĆ³n, de elecciĆ³n de una profesiĆ³n, de asociaciĆ³n para un fin legĆtimo para el beneficio colectivo, de la libertad religiosa o de la legĆtima aspiraciĆ³n a la mejorĆaā, hemos sido testigos de las agresiones contra periodistas como Carmen Aristegui o Carlos Loret de Mola, a quien el presidente amenazĆ³ con hacer pĆŗblicos sus ingresos, sin reparar en que tal revelaciĆ³n constituye en sĆ un delito penal o fiscal; contra intelectuales como HĆ©ctor Aguilar CamĆn, a quien expuso en una conversaciĆ³n que compete al Ć”mbito privado del individuo; contra legisladores de oposiciĆ³n, como la senadora XĆ³chitl GĆ”lvez, a la que, luego de una calumnia, le negĆ³ el derecho constitucional a la rĆ©plica.
LĆ³pez Obrador ha acusado de traiciĆ³n a la patria a los diputados que han votado en contra de sus iniciativas, a pesar de que el derecho a deliberar y votar en contra es facultad constitucionalmente protegida a favor de los parlamentarios. Ha calificado de āaspiracionistaā a la clase media, y ha condenado a quienes buscan mejorar sus habilidades profesionales en el extranjero. En su momento, acusĆ³ a las feministas de intentar desestabilizar a su gobierno siguiendo āintereses oscurosā; llamĆ³ āmercantilistas de la saludā al personal mĆ©dico en plena pandemia. Bajo el pretexto de una polĆtica incongruente de austeridad, redujo salarios a burĆ³cratas, ha retenido aguinaldos y ha quitado derechos adquiridos, en franca violaciĆ³n a la ley laboral. AcusĆ³ a los padres de niƱos y niƱas enfermos de cĆ”ncer de ser tĆteres de las farmacĆ©uticas, ante la crisis del desabasto de medicamentos oncolĆ³gicos.
Ha sometido en lo particular a jueces de distrito al escarnio y al linchamiento mediĆ”tico por actuar en ejercicio de sus funciones y en defensa del orden constitucional, lo que constituye tambiĆ©n una indebida injerencia en la esfera de competencia del poder judicial. Desde hace poco mĆ”s de un aƱo, institucionalizĆ³ la secciĆ³n āQuiĆ©n es quiĆ©n en las mentirasā, en la que una vocera, con recursos pĆŗblicos y el respaldo de su presencia, pretende instaurar como Ćŗnica verdad la visiĆ³n presidencial de los hechos, al tiempo que exhibe y expone al repudio social a ciudadanos y colectivos que, en ejercicio de su derecho de vigilancia del poder, expresan su desacuerdo con las decisiones de quien tiene a su cargo la administraciĆ³n pĆŗblica. Si atendemos a los criterios de la ComisiĆ³n Interamericana de Derechos Humanos, todos estos actos constituyen claros abusos de poder por el atropello a la dignidad y libertad humanas tendientes a establecer la previa censura, contraria a todo rĆ©gimen que se precie de ser democrĆ”tico.
Por el lado de la desapariciĆ³n, debilitamiento, manejo y sustituciĆ³n de los programas sociales, basten dos ejemplos. Nunca antes padres de familia habĆan tenido que accionar la justicia a travĆ©s del juicio de amparo para que sus hijos infantes y adolescentes pudieran vacunarse en medio de una pandemia mundial que cobrĆ³ la vida de mĆ”s de 600 mil mexicanos hasta la primera mitad de 2021. La desapariciĆ³n del Sistema Nacional de VacunaciĆ³n, otrora modelo mundial, junto con el manejo polĆtico electoral de las vacunas, socavĆ³ la dignidad humana de los ciudadanos que debieron pelear por su derecho de acceso a la salud; a la fecha, solo el 27% de los infantes en MĆ©xico tienen el cuadro completo de vacunaciĆ³n bĆ”sica.
El tamiz neonatal fue suprimido en las instituciones de salud pĆŗblica y, mĆ”s tarde, utilizado como promesa de campaƱa por el partido en el poder. Los programas sociales de apoyo a adultos mayores, a jĆ³venes estudiantes de niveles bĆ”sico e intermedio, asĆ como la conservaciĆ³n de la fuente de trabajo, son utilizados como medio de coerciĆ³n para el engrosamiento de las movilizaciones sociales a favor del presidente, de acuerdo con la evidencia que ciudadanos proporcionaron en redes sociales para la marcha del poder del 27 de noviembre. A principios de 2020, la repentina y deficiente implementaciĆ³n del Insabi en sustituciĆ³n del Seguro Popular dejĆ³ a miles de derechohabientes en el desamparo absoluto.
Con la ilegal designaciĆ³n de Rosario Piedra Ibarra al frente de la ComisiĆ³n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la indefensiĆ³n ciudadana ha alcanzado un nuevo nivel. En los Ćŗltimos tres aƱos al mando de una incondicional de LĆ³pez Obrador, la CNDH ha guardado silencio ante los asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos, ante las demandas de salud de los ciudadanos o ante las agresiones, acusaciones sin fundamento y seƱalamientos que cada maƱana realiza el presidente en contra de distintos sectores sociales. No conforme con eso, la CNDH de Piedra, sin estar facultada para ello, emitiĆ³ la recomendaciĆ³n 46/2022, en la que insta a legisladores federales a reformar el Instituto Nacional Electoral, violando de paso el artĆculo 102 constitucional, inciso B, pĆ”rrafo tercero, que establece expresamente la incompetencia del organismo en materia electoral.
AĆŗn no todo estĆ” perdido. A pesar de lo desolado que pueda presentarse el panorama, la dignidad humana contiene en sĆ misma el derecho a equivocarse. Y equivocarse protege el derecho al aprendizaje empĆrico y al cambio de decisiĆ³n para corregir el rumbo. AsĆ lo han expresado mĆ”s de un millĆ³n de mexicanos y mexicanas que salieron a la calle en distintas ciudades el pasado 13 de noviembre, en una marcha de proporciones histĆ³ricas. En ese acto, los ciudadanos manifestaron el sentido de comunidad y el respeto a la diversidad de los otros, a quienes reconocen como pares. Esos millones que, ya sea en las calles o en otros Ć”mbitos, manifestaron su defensa de las instituciones han dejado tambiĆ©n en claro que la razĆ³n para defender un instituto electoral es que la libertad de elegir simboliza el resto de las libertades. ~
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
